El pasado 7 de marzo, el Congreso consumó su ataque a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al principio de separación de poderes, al aprobar la remoción de dos miembros de la entidad: Aldo Vásquez Ríos, vicepresidente del colegiado, e Inés Tello de Ñecco, a través de un proceso y una votación cuestionados.

Esto ocurrió apenas una semana después de que el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela incluyera a 14 congresistas en la investigación del caso La Fiscal y su Cúpula de Poder. Entre estos se encuentran Martha Moyano Delgado (Fuerza Popular) y Patricia Chirinos Venegas (Avanza País), a quienes se las señala como presuntas coautoras del delito de organización criminal.

Dentro de los hechos indagados en el caso destacan las supuestas negociaciones entre la cúpula del Ministerio Público, liderado por la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides Vargas, y los parlamentarios, gracias a la coordinación de Moyano Delgado y Chirinos Venegas. 

Martha Moyano y Patricia Chirinos son investigadas como coautoras del presunto delito de organización criminal".

En la disposición fiscal, a la que accedió OjoPúblico, se señala que la suspendida fiscal de la nación contactó, a través de su exasesor Jaime Villanueva Barreto, a las congresistas para “concretar los fines propios de sus intereses particulares y los de la organización criminal”. Además, el documento precisa que ambas “habrían desempeñado los roles de puntos nodales en el Parlamento”. 

En otras palabras, la Fiscalía considera que ambas congresistas participaron activamente en las negociaciones de votos para el proceso de inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Avalos Rivera, y en la búsqueda de remoción de la JNJ. Moyano Delgado, por su parte, también es investigada por las presuntas presiones que ejerció para remover a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez.

“Claramente queda reflejado que han sido operadoras políticas. La realidad muestra que lo que buscaban era controlar el sistema de justicia para velar por sus intereses, que no sigan investigaciones contra ellas y personas cercanas. Han estado jugando el rol de ser las heroínas de un sector, pero en realidad buscaban paralizar investigaciones y escapar de la justicia”, sostuvo Marylia Cruz Sarmiento, politóloga y docente en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

REMOCIÓN. El pasado 7 de marzo, el Pleno del Congreso inhabilitó a dos magistrados de la JNJ: Aldo Vásquez e Inés Tello.

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En el caso de Zoraida Ávalos Rivera, la disposición fiscal expone nuevos detalles sobre la participación de Moyano Delgado y Chirinos Venegas en el proceso legislativo que culminó con su inhabilitación. La primera de ellas, según el avance de las investigaciones, intervino en la reprogramación de la votación para la inhabilitación de la fiscal suprema. 

Esto, de acuerdo a la tesis fiscal, se organizó porque, para el 24 de mayo de 2023 —día en el que, inicialmente, se abordaría el tema en el Pleno—, la presunta organización criminal no había conseguido los votos requeridos. 

¿Cuál fue el rol de Moyano Delgado? De acuerdo al documento fiscal, coordinó con el ponente del caso, Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular), para que este presentara una licencia médica. Todo ello con el objetivo de que la votación sea reagendada para un mes después, mientras la presunta organización criminal negociaba votos con otros legisladores.

La Fiscalía alega que la participación de Moyano Delgado se realizaba a cambio de que la entonces fiscal de la nación remueva a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato. Este, como se recuerda, está a cargo del caso contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

Chirinos Venegas, en tanto, ayudó a captar más congresistas para que voten a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos Rivera, según la indagación. Entre otras cosas, el documento señala que la congresista fue el nexo entre Jaime Villanueva Barreto y Luis Aragón Carreño (Acción Popular) para concretar una reunión en la que se negoció su voto a cambio del archivo de una investigación en su contra. Esa reunión, según la disposición fiscal, se realizó en mayo de 2023 en la casa de la legisladora de Avanza País. 

Moyano y Chirinos habrían funcionado como puntos nodales de la presunta organización criminal en el Parlamento".

Sobre la búsqueda de remoción del colegiado de la JNJ, los documentos a los que tuvo acceso este medio, también revelan detalles importantes, a partir de las declaraciones de Villanueva Barreto. 

Entre ellos, sobresalen las coordinaciones entre los asesores de Benavides Vargas y la congresista Patricia Chirinos Venegas para presentar una moción, en agosto de 2023, que buscaba remover a los miembros de la JNJ por causa grave. Y, también, el ingreso de una denuncia contra los jueces que concedieron una medida cautelar a favor de la JNJ, en noviembre del año pasado. 

Asimismo, Moyano Delgado, como integrante de la Comisión de Justicia del Congreso, a cargo de la investigación sumaria contra la JNJ, fue quien solicitó que se modificaran las recomendaciones del informe final que disponía archivar las denuncias contra los miembros de la JNJ, por la remoción total de sus miembros. En ese momento, el documento fue cuestionado porque el grupo de trabajo lo aprobó con cargo a redacción. 

“Estamos hablando de dos congresistas que, por su propia experiencia política, tienen mucho más posibilidad de haber cumplido este presunto rol que le imputa el Ministerio Público. Son dos personas [Moyano y Chirinos] que, obviamente, conocen estos manejos, mucho más cercanos entre los sistemas de justicia y el mundo político. No sorprende que estén involucradas en este tipo de caso”, sostuvo el politólogo de la PUCP, José Alejandro Godoy.

 

La inhabilitación de Zoraida Ávalos

El 28 de diciembre de 2021, la congresista Patricia Chirinos Venegas interpuso una denuncia constitucional contra la exfiscal de la nación Zoraida Avalos Rivera por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Esto por la supuesta tardanza en la indagación fiscal contra el expresidente Pedro Castillo Terrones. 

La investigación contra la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides Vargas establece, coincidentemente, que la presunta organización criminal al interior del Ministerio Público habría iniciado sus acciones en diciembre de ese año. 

A la mencionada denuncia constitucional se sumó otra presentada por el procurador general del Estado, Javier Pacheco Palacios, contra Zoraida Ávalos Rivera. En este caso por los presuntos delitos de cohecho, abuso de autoridad, encubrimiento real y organización criminal, por presuntos vínculos con el caso Cuellos Blancos. 

Durante ese último año, ambas denuncias fueron tramitadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. La entonces presidenta de este grupo de trabajo, Lady Camones Soriano (APP), le encargó a Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular) elaborar el informe final del caso.

Finalmente, en agosto de ese año, el parlamentario presentó un documento en el que recomendaba acusar constitucionalmente a Zoraida Ávalos Rivera e inhabilitarla de la función pública por cinco años. Entonces, el Consejo Directivo del Congreso acordó que el debate y la votación en el Pleno se realizaría el 25 de mayo de 2023.

LICENCIA. La Fiscalía sostiene que Martha Moyano coordinó con su colega Ernesto Bustamante para presente una licencia por salud en el Pleno del 25 de mayo. 

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En ese contexto, según la declaración en calidad de testigo de Jaime Villanueva Barreto del 7 de febrero pasado, él mismo se comunicó con la congresista Moyano Delgado, quien supuestamente le indicó que se encargaría de conseguir los votos del Bloque Democrático, en referencia a las bancadas de derecha. 

Asimismo, Villanueva Barreto aseguró que la parlamentaria “lo orientó respecto de con qué congresista conversar, planteándole en concreto la captación de los congresistas investigados por el caso de Los Niños”. 

“Me dijo que había una gran incomodidad en el Congreso por el previo [la investigación] que se había abierto a los 40 congresistas [Niños 3] creo que era y que, básicamente, era por su voto. Ella es la que me dice que es indispensable que eso se archive para poder tener la votación [para inhabilitar a Zoraida Ávalos Rivera], sino no había manera”, declaró el 5 de febrero último. 

Días después, al acercarse la fecha del Pleno y no tener los votos requeridos para la inhabilitación de la fiscal suprema —según su testimonio— Moyano Delgado coordinó con Ernesto Bustamante Donayre para que “solicite una licencia por salud, siendo ello la justificación para reagendar la votación y así lograr los votos requeridos”. 

En conversación con OjoPúblico, Bustamante Donayre negó haber realizado alguna coordinación con su colega de bancada para la reprogramación de la votación. Mencionó, asimismo, que él no solicitó el cambio de fecha, sino que le permitan sustentar su informe de manera virtual, hecho que no fue aceptado por la Mesa Directiva. 

“No he coordinado con ella [Moyano Delgado] ni he simulado una dolencia. No he querido que se postergue [el Pleno del 25 de mayo]. Si se postergó, es porque la presidencia del Congreso, que presidía el señor [José] Williams [Zapata], decidió que mejor no se hacía la sustentación de manera virtual”, dijo. 

En efecto, el entonces presidente del Congreso reprogramó la sesión para el 21 de junio de ese año, es decir, casi un mes después. No obstante, es importante señalar que la vicepresidenta del Legislativo, en ese momento, era la congresista Moyano Delgado. 

Hasta ahora, 14 congresistas han sido incluidos en la investigación del caso La Fiscal y su Cúpula de Poder".

Tras ello, el exasesor Jaime Villanueva Barreto se reunió con 10 congresistas: Katy Ugarte Mamani (Unidad y Diálogo), Edgar Tello Montes y Germán Tacuri Valdivia (Bloque Magisterial), César Revilla Villanueva (Fuerza Popular), José Jerí Oré (Somos Perú), Luis Cordero Jon Tay, Jorge Luis Flores Ancachi y Luis Aragón Carreño (Acción Popular), Ilich López Ureña (no agrupado) y Patricia Chirinos Venegas (Avanza País).

Sobre Chirinos Venegas y Aragón Carreño, la disposición fiscal recoge la declaración de Jaime Villnauvea del 14 de diciembre de 2023, en condición de colaborador eficaz. En la misma aseguró que la congresista de Avanza País se comunicó con él, en mayo de ese año, con la intención de presentarle al parlamentario de Acción Popular antes de que se desarrolle el Pleno en donde se votaría la inhabilitación de Zoraida Ávalos Rivera.

Según su declaración, Chirinos Venegas le indicó que Aragón Carreño “tenía una investigación y deseaba que lo favorezcan a cambio de que emita su voto a favor de la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera”. Para ello, de acuerdo al acta fiscal, la congresista de Avanza País le propuso reunirse en su domicilio, en el distrito limeño de Jesús María. 

De acuerdo a Villanueva Barreto, la reunión se llevó a cabo en mayo de 2023, en la vivienda de la congresista. En ese encuentro, siempre según el exasesor, Aragón Carreño le solicitó el archivo del caso 204-2022, conocido como Los Niños 2, donde lo investigaban por las presuntas negociaciones con el expresidente Pedro Castillo Terrones para votar en contra de su vacancia. A cambio de eso, recoge la disposición fiscal, el parlamentario se comprometía a votar a favor de la inhabilitación. 

REUNIÓN. De acuerdo a la Fiscalía, el congresista Luis Aragón solicitó una reunión con Jaime Villanueva para que lo favorezcan con el archivo de una investigación.

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Finalmente, el 21 de junio de 2023 el Pleno del Congreso logró 70 votos a favor, tres votos más del mínimo requerido para la inhabilitación de Zoraida Ávalos Rivera. De estos, 17 fueron de la bancada de Fuerza Popular y seis de Avanza País. 

Además, 12 de los 14 congresistas incluidos en la investigación votaron a favor, ya sea en la Comisión Permanente o en el Pleno: Martha Moyano Delgado, Patricia Chirinos Venegas, Luis Aragón Carreño, Alejandro Soto Reyes, José Williams Zapata, Luis Cordero Jon Tay, Katy Ugarte Mamani, César Revilla Villanueva, Germán Tacuri Valdivia, Edgar Tello Montes, José Jerí Ore e Ilich López Ureña.

“Se les está imputando [a Martha Moyano y a Patricia Chirinos] ser partícipes de una organización criminal y, además, con un rol funcional de coordinadoras. Ambas para poder gestionar votos que necesitaban, de acuerdo a lo señalado por Villanueva, para lograr los objetivos de la exfiscal Patricia Benavides”, explicó el abogado penalista Gilmar Andía Zuñiga. 

Según Jaime Villanueva, su reunión con Luis Aragón se produjo en la casa de la congresista Patricia Chirinos".

Asimismo, la politóloga Marylia Cruz Sarmiento indicó que, actualmente, el Congreso busca someter a las demás instituciones, agudizando la crisis política. 

“Los vínculos de congresistas con presuntos hechos ilícitos no son algo nuevo. Pero sí llama la atención cómo han hecho alianza por detrás para la destitución, por ejemplo, de la fiscal Zoraida Avalos, además de los lobbys para controlar ciertas instituciones. Todo eso da cuenta de que el Congreso, cada vez, está tomando más poder de lo que le corresponde. Esto afecta al equilibrio de poderes, a la democracia y nos pone a la deriva institucional”, dijo.

OjoPúblico solicitó descargos a Luis Aragón Carreño. En un primer momento, el parlamentario pidió que se le llame en un horario determinado debido a que, en ese momento, se encontraba ocupado. Sin embargo, desde entonces, no contestó las llamadas, a pesar de la insistencia.

De igual modo, este medio intentó comunicarse con el congresista José Williams Zapata. Hasta el cierre de este informe, no contestó.

 

Coordinaciones para la remoción de la JNJ

Otro de los hechos que recoge la investigación del despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela es la presunta participación de las congresistas Patricia Chirinos Venegas y Martha Moyano Delgado en la remoción de los integrantes de la JNJ. Este objetivo, finalmente, se consumó —al menos parcialmente—, el pasado 7 de marzo, con la inhabilitación por 10 años de los magistrados Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez Ríos, vicepresidente del colegiado.

La disposición fiscal señala que el presunto objetivo ilícito se originó por los procesos disciplinarios desarrollados en la JNJ contra la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides Vargas. 

Entre estos, los iniciados por la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla Corrales, que investigaba a su hermana, Enma Benavides; y el originado por recibir una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sobre quien pesa una investigación por el presunto delito de lavado de activos. 

En esta línea, el 5 de mayo de 2023, la congresista Patricia Chirinos Venegas presentó un proyecto de ley para que cesen de inmediato a los miembros de la JNJ que superen los 75 años. 

Días después, el congresista Jorge Montoya Manrique (Renovación Popular) ingresó una denuncia constitucional contra los miembros de la JNJ por mantener en el cargo a la magistrada Inés Tello de Ñecco tras cumplir 75 años, y por haber emitido una resolución en la que se precisaba que ese límite de edad era para acceder a la entidad, y no para permanecer como integrante de la misma. 

Esta denuncia es, precisamente, la que culminó con la inhabilitación de dos magistrados de la JNJ, el último 7 de marzo.

NEGOCIACIÓN.Fiscalía sostiene que Patricia Chirinos coordinó con la cúpula de la presunta organización criminal las denuncias contra la JNJ. 

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A esa se suman, además, tres denuncias constitucionales contra la JNJ, presentadas por Chirinos Venegas: la primera, ingresada el 24 de mayo, a partir de un comunicado emitido por la entidad un día antes, en el que pedía una mayor reflexión sobre una posible remoción de una operadora de justicia por su interpretación legal. Algo que, señalaron, afectaba la autonomía judicial. 

La segunda, con fecha 9 de julio, hacía referencia a una supuesta presión ejercida contra el presidente del Poder Judicial para que se pronuncie a favor Zoraida Avalos Rivera, algo que fue desmentido por el funcionario. La tercera, del 13 de julio, se refería, por último, al supuesto incumplimiento en la entrega del informe anual al Pleno por parte de la JNJ. 

De acuerdo a la declaración de Jaime Villanueva Barreto, brindada como colaborador eficaz el 3 de diciembre de 2023, la entonces fiscal de la nación Patricia Benavides Vargas quería agilizar la remoción de la JNJ. En ese sentido, se le ordenó que coordine con la legisladora Patricia Chirinos Venegas para que ella presente una moción de remoción apelando al artículo 157° de la Constitución.

“A inicios de agosto de 2023, [Jaime Villanueva Barreto] llamó por aplicativo WhatsApp (...) a la congresista Patricia Chirinos poniéndole en conocimiento el plan que había concertado con la fiscal de la nación(...), consistente en que la indicada congresista presente una moción para la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (...), propuesta que la congresista Patricia Chirinos aceptó y le dijo que le dé unos días, que ella lo haría”, relata la disposición fiscal.

Jaime Villanueva declaró que coordinó con Patricia Chirinos la denuncia contra la JNJ por supuesta causa grave".

Semanas más tarde, el 24 de agosto de 2023, Chirinos Venegas presentó una moción solicitando la remoción de todos los miembros de la JNJ. La misma sostenía que los integrantes de la entidad habían incurrido en una falta grave grave por cinco hechos, como la emisión del comunicado mencionado anteriormente, la permanencia en el cargo de la magistrada Inés Tello de Ñecco y el incumplimiento en la entrega de su informe anual al Pleno, entre otros. No obstante, la tipificación de causa grave no está señalada en ninguna norma. 

Sobre dicha moción, el exasesor de Patricia Benavides Vargas declaró —en calidad de testigo, el 30 de enero de este año— que fue él quien le “alcanzó una ayuda memoria a la congresista Patricia Chirinos Venegas sobre el pedido de remoción de la JNJ, la cual habría sido preparada por Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza”. 

Posteriormente, en la sesión del 7 de setiembre de 2023, el Pleno del Congreso aprobó con 78 votos a favor que la Comisión de Justicia sea la encargada de investigar por 14 días la moción presentada por la congresista Chirinos Venegas. 

Asimismo, como informó OjoPúblico en su momento, el equipo técnico de la Comisión de Justicia, presidido por la congresista Milagros Rivas Chacara (Perú Libre), presentó un informe final que concluía que la JNJ no había cometido causa grave para su remoción. 

No obstante, por solicitud de la congresista Martha Moyano Delgado, con respaldo de la mayoría de los integrantes del grupo de trabajo, se modificó totalmente el informe; y, finalmente, se recomendó la destitución de todo el colegiado.

PRESIONES. La congresista Martha Moyano confirmó que solicitó la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. 

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Tras la aprobación de ese último documento en la Comisión de Justicia, la Junta de Portavoces acordó que la votación en el Pleno se realizaría el 8 de noviembre. Sin embargo, un día antes, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia concedió una medida cautelar a favor de la JNJ y paralizó todo el proceso. 

La noche de ese mismo 7 de noviembre, según Villanueva Barreto, la entonces fiscal de la nación le había indicado que ya “había coordinado con la alta dirección del partido político Fuerza Popular y que le habían dicho que ellos, de todas maneras, votarían [el informe final], pero que necesitaban que investiguen a los jueces que dieron la medida cautelar”.

En este contexto, aseguró Villanueva Barreto, se comunicó con la congresista Chirinos Venegas para pedirle que ingrese una denuncia contra los magistrados. “Jaime Villanueva le indicó [a Patricia Chirinos Venegas] que ellos redactarían la denuncia y se la enviaría para que la presentara como suya, precisando que esta se debía presentar rápido, a lo que la citada congresista aceptó”, describe la disposición fiscal. 

En la elaboración y tramitación de la denuncia participaron, según recoge el documento, los exfiscales adjuntos supremos Álvaro Abilio Castañeda Rojas, Miguel Vegas Vaccaro y Gloria Beltrán Espinoza, así como el exasesor de Patricia Benavides, Abel Hurtado Espinoza. 

El 8 de noviembre de 2023, por la mañana, la congresista Chirinos Venegas presentó la denuncia contra los jueces. Solo unas horas más tarde, el exfiscal adjunto supremo Miguel Vegas Vaccaro abrió una investigación preliminar contra el colegiado. 

La Fiscalía también investiga a Patricia Chirinos por la denuncia contra los jueces que otorgaron una cautelar a favor de la JNJ".

Estos últimos hechos originaron, precisamente, la apertura de una nueva carpeta. En la misma, el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela investiga estrictamente las presuntas negociaciones ilícitas en las que están comprendidos la congresista Patricia Chirinos Venegas, la suspendida fiscal de la nación, y los tres exfiscales adjuntos supremos. 

“El tema no solo es la posible sanción penal que las señoras Moyano o Chirinos pudieran tener, en caso que se les encontrara culpables, sino también cómo mejoramos estos mecanismos de coordinación entre el Congreso y el sistema de justicia para evitar que esto se contamine con cuestiones que tengan que ver con injerencias indebidas en investigaciones con procesos judiciales”, sostuvo el politólogo José Alejandro Godoy.

Este medio se comunicó con Patricia Chirinos Venegas para obtener sus descargos, pero no hubo respuesta. También se buscó a su equipo de prensa en el Congreso. Sin embargo, indicaron que la parlamentaria no brindaría entrevistas. 
 

Presiones para remover a fiscales del Equipo Lava Jato

La disposición fiscal que amplía la cantidad de investigados en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder recoge, asimismo, la solicitud de la congresista Martha Moyano Delgado a la suspendida fiscal de la nación para que remueva a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato. Este último, como se recuerda, investiga a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi en el caso Cócteles.

De acuerdo a la declaración de Villanueva Barreto —del 30 de enero de este año, en calidad de testigo— Moyano Delgado “le pidió a Patricia Benavides que saque al referido fiscal [José Domingo Pérez] del equipo Lava Jato, al igual que al fiscal Rafael Vela Barba”. No obstante, Benavides Vargas le habría indicado que era mejor esperar a que se vaya por sus propios méritos. En ese momento, como se recuerda, José Domingo Pérez estaba postulando para juez. 

En esa misma declaración, el exasesor señaló que la parlamentaria fujimorista le había comentado, tras la reunión con Benavides Vargas, que “los de Fuerza Popular estaban muy interesados en que Rafael Vela y José Domingo Pérez salgan de ese equipo, comentándole incluso que le iban a llamar la atención por no haber logrado eso [la remoción de los fiscales]”, detalla el documento fiscal. 

La disposición remarca, asimismo, que dichas coordinaciones fueron aceptadas públicamente por la congresista Moyano Delgado. “Por lo que sí habría existido el pedido de esta congresista para la remoción del coordinador fiscal superior Rafael Vela Barba y del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez del equipo especial de fiscales a cargo del caso Odebrecht, conocido como Equipo Lava Jato”. 

OjoPúblico también solicitó una entrevista a la congresista Martha Moyano, pero no hubo respuesta. Asimismo, se contactó al equipo de prensa de la bancada de Fuerza Popular para insistir con los descargos, sin éxito.