Las declaraciones sobre presuntos casos de corrupción en el gobierno que brindó a la Fiscalía la empresaria y lobista Karelim López, como parte del proceso para ser admitida como colaboradora eficaz, se han incorporado a un nuevo pedido de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Este pedido ha sido redactado por la bancada de Renovación Popular, partido que viene solicitando la salida de Castillo desde que este asumió la presidencia.

El analista político Fernando Tuesta Soldevilla explica que el Gobierno de Castillo puede evitar que prospere esta vacancia, pues cuenta con el apoyo de las bancadas de Perú Libre, Perú Democrático y Juntos por el Perú, y solo le resta un par de votos que podría obtener de Acción Popular, donde algunos de sus integrantes han sido vinculados a los hechos de corrupción que denunció  Karelim López. 

“Si estos bloques votan en contra o en abstención, ya es suficiente para que Castillo se libre de la vacancia. Es muy difícil que se consigan los 87 votos. Lo máximo que se podría lograr es llevar al presidente o a su abogado al Pleno del Congreso para cuestionarlo de manera pública. Este es un gobierno que en solo siete meses de gestión ha alcanzado un nivel de desaprobación mayúsculo, pero las posibilidades de adelantar el fin de su mandato están bloqueadas”, señaló Tuesta Soldevilla.

Para que la vacancia se someta a debate requiere 52 votos, pero para su aprobación 87".

Pero no es la primera vez que el Congreso plantea la vacancia de Pedro Castillo. A fines de noviembre pasado la vicepresidenta del Congreso Patricia Chirinos impulsó la misma demanda, sin éxito. Según el artículo 113 de la Constitución Política, un jefe de Estado puede ser apartado del cargo por cinco motivos: fallecimiento, renuncia, si sale del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresa dentro del plazo fijado, si es destituido por una infracción constitucional y por “permanente incapacidad moral o física”.

Sobre este punto, el constitucionalista Francisco Eguiguren sostiene que en el Perú se ha distorsionado la figura de la vacancia por incapacidad moral, porque se usa como un procedimiento de sanción ante la imposibilidad de someter a un presidente al antejuicio, debido a que posee inmunidad. 

“La vacancia se consigue con menos requisitos, no es un procedimiento donde se discuten pruebas, es una especie de censura y retiro de confianza, donde los votos se consiguen por acuerdos políticos. Tras la vacancia de Martín Vizcarra el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre este mecanismo, y poner parámetros claros, pero no lo hizo”, señaló.

Denuncia de una presunta mafia

El conocimiento –tras ser publicados en diferentes medios– de parte de las aseveraciones que hizo Karelim López ante la fiscal de lavado de activos Luz Taquire Reynoso, respecto a que en el gobierno existe una mafia que direcciona millonarias licitaciones del Ministerio de Transportes, realiza nombramientos indebidos y busca favorecer a empresas de sus allegados ha reactivado el pedido de vacancia en el Congreso.

MOCIÓN. El informe con el que se busca captar los votos para al vacancia señal 20 presuntas irregularidades en la gestión de Castillo. 

Documento: Congreso.

La propuesta de moción de vacancia de Renovación Popular se encuentra en fase de recolectar las 26 firmas necesarias para que inicie su trámite y plantea 20 puntos que buscan argumentar “la permanente incapacidad moral del presidente”.

Entre los aspectos resaltados en la moción están las designaciones de diez ministros con cuestionamientos o denuncias a cuestas, presuntos nombramientos irregulares en las Fuerzas Armadas y pedidos de sobornos para ascensos policiales, así como la existencia de un gabinete paralelo y las sospechas que recaen por las reuniones que sostuvo el mandatario en una casa de Breña.

También se incluye como factor para la vacancia la entrevista que dio el presidente Castillo a la cadena CNN, sobre su interés por darle una salida al mar a Bolivia; “el silencio del mandatario” tras el hallazgo de USD 20.000 en el baño del despacho del exsecretario general, Bruno Pacheco; las denuncias de corrupción en Petroperú y las recientes revelaciones de Karelim López, entre otros.

El pedido de vacancia que promueve la bancada de Renovación Popular es por “permanente incapacidad moral o física” y es bajo la cual se retiró del cargo al expresidente Martín Vizcarra. De acuerdo al procedimiento, una vez que la moción ingresa a trámite se le somete a debate en una sesión plenaria, donde requerirá el apoyo del 40% de congresistas, es decir, de  52 votos, para que se le considere admitida.

Luego de ello, el Parlamento define el día y hora en que se realizará el debate de fondo y votación, y en cuya sesión el presidente de la República tiene el derecho de defenderse junto a un abogado. Tras su presentación, el Pleno requiere alcanzar el voto de las dos terceras partes del número legal de congresistas, es decir 87. De ocurrir ello, la vicepresidenta Dina Boluarte asumirá la presidencia.

La denuncia constitucional 

Además de la vacancia, la legislación permite otros dos caminos para el cese de funciones de un mandatario, estas son: la renuncia, un hecho que el presidente Castillo ha descartado en sus intervenciones públicas; y la acusación por infracción de la Constitución que puede ser impulsada por la Comisión Permanente del Congreso, pero que se ciñe a las cuatro causales indicadas en el artículo 117 de la Carta Magna.

El artículo 117 de la Constitución define los elementos por los que un presidente pierde inmunidad y puede ser denunciado por infracción constitucional. Esto tendría como consecuencia el inicio de un proceso judicial que puede terminar con su destitución del cargo, como parte de uno de los cinco mecanismos que permite la vacancia. 

Según la norma mencionada, un mandatario puede ser denunciado por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en la Constitución; por obstruir el funcionamiento de los organismos del sistema electoral; y por traición a la patria.

Esto último es lo que busca la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que el último lunes aprobó el informe de calificación que plantea denunciar constitucionalmente a Castillo por delito de traición a la patria. El sustento son las declaraciones que brindó en una entrevista concedida a la cadena CNN, y donde  manifestó su intención de darle acceso al mar a Bolivia.

La denuncia fue presentada inicialmente por Lourdes Flores Nano, Francisco Tudela, Fernán Altuve y otros abogados, pero estuvo a punto de ser archivada porque la norma exige que este tipo de afectaciones sea denunciada por personas que tengan cargo de representación. Para continuar con el proceso, los congresistas Norma Yarrow, de Avanza País; y José Cueto, de Renovación Popular, adoptaron la propuesta.

RENOVACIÓN POPULAR. Esta bancada es la que promueve las dos iniciativas para retirar a Castillo del cargo: la vacancia y la denuncia constitucional.

Foto: Andina.

El proceso podría culminar con la destitución, suspensión e inhabilitación de Castillo Terrones en la función pública, pero demanda un procedimiento judicial. El constitucionalista Eguiguren Praeli explicó que el procedimiento que debe seguir la subcomisión implica recabar pruebas y recibir descargos del presidente e información de testigos. Si este grupo de trabajo concluye que hay mérito para que se procese al presidente por traición a la patria el caso se deriva a la Comisión Permanente.

Una vez allí, si se logra el apoyo mayoritario, el informe pasa al Pleno del Parlamento, donde se requiere la mitad más uno de los votos. Al tratarse de un antejuicio político, la Corte Suprema es quien recibe la acusación e inicia el proceso, dentro del cual puede decidir, o no, la suspensión del mandatario mientras dure el caso. De encontrarse culpable procede la vacancia o destitución. “Va a ser difícil demostrar el delito de traición a la patria, pues nunca se concretó una cesión o afectación del territorio, solo fue una declaración de intenciones, y en la misma entrevista Castillo intentó corregir lo dicho”, explica Eguiguren Praeli.

Tuesta Soldevilla indica que el proceso por traición a la patria tardaría no menos de tres meses, pero, nuevamente, se requiere un consenso opositor mayoritario en el Parlamento. Algo que, según dice,  el Legislativo no ha podido demostrar en las mociones de censura a ministros como el extitular del sector Transportes, Juan Silva, y en el voto de confianza a Gabinetes cuestionados. “El Ejecutivo y Congreso comparten una vena antirreformista en materia de educación, transporte, ambiente y seguridad, por lo que se ve muy difícil que prosperen estas medidas”, señaló.