En los últimos cuatro meses, la atención se ha centrado en el nuevo consejo directivo de la Sunedu, cuestionado por conflictos de interés, polémicas designaciones y reuniones con rectores. Sin embargo, existen aún otras amenazas que ponen en riesgo lo que queda de la reforma universitaria.

OjoPúblico ha identificado una serie de visitas de representantes de universidades con licenciamiento denegado a la Sunedu y al Congreso, así como iniciativas legislativas que pretenden otorgar una segunda oportunidad para que, en dos años, subsanen solo las exigencias incumplidas y no pasen por todo el proceso de evaluación. 

Una de ellas es el dictamen que le da un salvavidas a 11 universidades sin fines de lucro (asociativas), como la Inca Garcilaso de la Vega y la Andina Néstor Cáceres Velásquez, de Puno. Esta iniciativa acumula los proyectos de los legisladores Esdras Medina (ex Renovación Popular), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Wilson Quispe (Perú Libre) y Darwin Espinoza (Acción Popular). Los tres primeros estudiaron en universidades no licenciadas. 

La iniciativa ha pasado desapercibida tras la aprobación de la contrarreforma universitaria, en julio de 2022, pero aún sigue en la agenda del Pleno y puede ser debatida en cualquier momento.

Al menos, ocho universidades privadas sin licencia ingresaron a la Sunedu para tener, en su mayoría, reuniones de orientación técnica".

El 15 de marzo pasado, después de la reconfiguración de la Sunedu, también apareció otro proyecto con similares intenciones. A través de este último, el legislador de Perú Libre, Waldemar Cerrón, busca darles una segunda oportunidad a las universidades privadas y convierte a sus entidades promotoras en órganos máximos de gestión y conducción.

Este congresista ha sido uno de los principales defensores de la contrarreforma universitaria. Además, la familia Cerrón y Perú Libre tienen vínculos con la Universidad Peruana del Centro (Upecen), una casa de estudios que tampoco logró el licenciamiento y que integra la Asociación de Universidades Asociativas sin Fines de Lucro (AUF Perú), un colectivo que le insistía al Congreso por un salvataje para su licenciamiento.

La Upecen es la universidad denegada que más visitas registra (seis) en la Sunedu desde el 23 de febrero, cuando se designó al nuevo superintendente Manuel Castillo Venegas.

Hasta el cierre de este informe, al menos, ocho casas de estudio privadas sin licencia han ingresado a la superintendencia para sostener, en la mayoría de casos, reuniones de orientación técnica con la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu, de acuerdo al registro oficial. 

VISITAS. La Upecen, de la familia León Untiveros, registra el mayor número de reuniones técnicas presenciales en Sunedu. A la derecha, José Luis León Untiveros.

Foto: Facebook de la Upecen

 

Además de la Upecen, también figuran otras casas de estudio, como la Garcilaso de la Vega, de Lima, la Científica del Perú, de Loreto, y la Católica los Ángeles de Chimbote (Uladech), con sede central en Áncash.

Durante estos encuentros, a los que se suman otros virtuales, los técnicos de la superintendencia debían orientar sobre el proceso de licenciamiento y otras observaciones, como ha ocurrido en gestiones pasadas. 

Sin embargo, esta vez —según las actas a las que accedió OjoPúblico a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública— universidades como Néstor Cáceres Velásquez, de Puno, y la Upecen, de Junín, también han mostrado sus cuestionamientos en torno al futuro de las denegadas, que ahora está a cargo de la nueva Sunedu.

“La universidad indicó que se encuentra elaborando documentos para ingresar su solicitud [de licenciamiento]. Sin embargo, señaló que esperaba que se aplique un modelo de licenciamiento distinto al vigente, teniendo en consideración lo señalado por el [nuevo] superintendente en cuanto a que la entidad había sido draconiana y policiaca”, se lee en el acta de la reunión virtual del 10 de abril. 

REPORTE. Parte del acta de la reunión virtual sostenida entre la Sunedu y la universidad denegada Néstor Cáceres Velásquez.

Documento: Sunedu

 

La afirmación de los representantes de esta universidad puneña, donde estudiaron Esdras Medina y Wilson Quispe, hace referencia a lo dicho el 12 de mayo por el titular de la Sunedu, Manuel Castillo Venegas, en una mesa de trabajo con rectores de universidades privadas. 

En ese evento, donde le pusieron alfombra roja a las autoridades, Castillo Venegas también calificó a la anterior gestión de la Sunedu de persecutoria, coactiva y sancionadora. Y dijo, además, que revisará el reglamento con el que se sanciona a las universidades.

Por su parte, el 3 de marzo de 2023, la Upecen, consultó en una reunión virtual sobre el estado de su procedimiento tras la declaración de principios del nuevo consejo directivo “acerca de no licenciar a las universidades denegadas”.

Luego, el 24 de abril, manifestó en una cita presencial, su “preocupación por las declaraciones del consejo directivo en torno a las universidades con licencia denegada”, según se lee en actas.

La universidad esperaba un licenciamiento distinto, ya que el nuevo superintendente dijo que la entidad había sido policiaca."

En todas las reuniones entre la Upecen y la Dirección de Licenciamiento, registradas por Sunedu desde febrero hasta la fecha, asistió José Luis León Untiveros, también decano de la facultad de Ingeniería e hijo de los representantes legales de la universidad. 

Su madre, Emilia Untiveros Peñaloza, también rectora de dicha casa de estudios, ha asistido a la mayoría de reuniones, donde además, la universidad ha reconocido ―según la Sunedu― que en la actualidad no cuenta con docentes investigadores.

De acuerdo a la superintendencia, esta universidad presentó, en agosto de 2022, su solicitud para volver a ser evaluada, así como otras cinco casas de estudio. De estas, dos ya han sido licenciadas (Pedro Ruiz Gallo y San Luis Gonzaga de Ica, ambas públicas). Otras 37 aún se encuentran en proceso de orientación.

Emilia Untiveros junto a su esposo, Telésforo Epifanio León Colonia, fueron gerente general y vicepresidente académico, respectivamente, de la comisión organizadora de la Upecen en 2009. Miguel Ángel León Untiveros, otro de los hijos de la pareja, ha formado parte del consejo directivo. Su hija, Gina Fiorella, es decana de Ciencias de la Salud y su hijo, Paul Albert, figura como asesor en las reuniones con Sunedu.

Paul Albert León Untiveros postuló, en 2021, al Congreso en la lista presidida por Waldemar Cerrón, en Perú Libre. En julio de 2022 trabajó como asesor de esta bancada. Actualmente, se encuentra afiliado a dicho partido, donde, además, registra aportes. En un diálogo anterior con OjoPúblico el representante de la universidad ratificó la cercanía de su familia con los Cerrón.

VÍNCULOS. Paul León Untiveros postuló en 2021 al Congreso por Perú Libre y, un año después, trabajó como asesor para esa bancada.

Foto: Facebook de Paul León Untiveros

 

De manera paralela a las visitas en Sunedu, los León Untiveros también han acudido al Congreso, donde se han reunido con asistentes de congresistas de la Comisión de Educación del Congreso. Entre ellos destaca el caso de Raúl Huamán, de Fuerza Popular, uno de los legisladores que más ha acudido a la nueva Sunedu.

La primera visita del año de este grupo familiar se registró, justamente, después de la reconformación de la Sunedu. El 23 de febrero de 2023, Paul Albert y José Luis León Untiveros sostuvieron una reunión, en representación de la Universidad Peruana del Centro, con una técnica del despacho de la presidenta de la Comisión de Educación, Gladys Echaíz.

El 1 de marzo de este año, Paul León Untiveros registró otra reunión con Marco Antonio Chire Villafuerte, asesor II de Raúl Huamán Coronado, congresista de Fuerza Popular y miembro titular de la Comisión de Educación. 

Una semana después, Raúl Huamán junto a su asesor, Chire Villafuerte, se reunieron con el titular de la Sunedu, Manuel Castillo, en la sede de la superintendencia. En esta cita también estuvo el legislador fujimorista Luis Gustavo Cordero Jon Tay. En una publicación ―luego eliminada― de la Sunedu se hacía referencia a un “intercambio de puntos de vista en pos de continuar con la mejora del sector universitario”.

Luego, el 14 de marzo, Paul Albert sostuvo una reunión con otra técnica del congresista Raúl Huamán Coronado.  Más recientemente, el 9 de junio, Miguel Ángel León Untiveros también acudió a nombre de la Universidad Peruana del Centro para visitar a la legisladora Katy Ugarte Mamani, exintegrante de la bancada de Perú Libre, y hoy no agrupada.

REGISTRO. Una semana después de la visita de los León Untiveros al asesor del congresista Raúl Huamán (izquierda), este se reunió con el titular de la Sunedu.

Imagen: Captura de Twitter de Sunedu

 

Desde antes de que se concretara la contrarreforma, la familia León Untiveros ha mostrado públicamente sus críticas a la labor de la Sunedu. El 22 de noviembre de 2021, durante una sesión en el Congreso, la rectora Emilia Untiveros Peñaloza señaló que la Sunedu debía “dejar de estar haciendo problemas” a las universidades dejándolas sin licencia.

“No puede haber mucho maltrato de Sunedu. No estoy cuestionando a la Sunedu. Estoy pidiendo que reconozca su error”, señaló ante el grupo de trabajo de educación superior para licenciamiento y condiciones básicas de calidad, presidido por la legisladora fujimorista Tania Ramírez, quien también promovió, después, la contrarreforma universitaria.

En esa sesión de noviembre de 2021, el parlamentario fujimorista Raúl Huamán se refirió a la situación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, que en ese momento aún no se había licenciado, y señaló que “el remedio que quisieron hacer con la reforma universitaria está resultando peor que la enfermedad”.

Tres semanas después, el 10 de diciembre de 2021, la Comisión de Educación aprobó el dictamen que le otorgaba una segunda oportunidad a las universidades asociativas. Entre los que votaron a favor figuraban Waldemar Cerrón, Edgar Tello, Raúl Huamán, Darwin Espinoza, Esdras Medina y Tania Ramírez.

 

Defensores de la contrarreforma

“Desde nuestro punto de vista, nunca debieron haberse cerrado las universidades, de lo cual yo estoy en contra. Lo que debió haber hecho el Estado (...) es ver qué universidades estaban con falencias, problemas (...) y ahí tenía que invertir”, dijo hace una semana el congresista Esdras Medina, principal promotor de la contrarreforma universitaria, durante un evento en la Casona de San Marcos. 

En el seminario Calidad y Presupuesto Público 2024, realizado el 12 y 13 de junio, lo acompañaron su colega José Luna Gálvez, fundador de la Telesup ―universidad con licencia denegada―, la rectora de San Marcos, Jeri Ramón, defensora de la ley que reconfiguró la Sunedu, así como el superintendente Manuel Castillo Venegas. 

Luna Gálvez, presidente de la Comisión de Presupuesto, subrayó la “lucha” de la rectora de San Marcos y de Esdras Medina en torno a la denominada ley que “restablece la autonomía de las universidades peruanas”. Añadió que, ahora, se tendrá que trabajar por la autonomía económica. 

CERCANOS. Durante un evento en la Casona de San Marcos, José Luna Gálvez, Jerí Ramón y Esdras Medina defendieron la ley que reconfigura a la Sunedu.

Foto: Twitter de Esdras Medina

 

“En Lima, licenciaban ferreterías de dos pisos, de 300 metros, como universidades, y cerraban la universidad de Ica y la de Chiclayo (...). La educación del Perú y la Ley (Universitaria) realmente les han hecho daño a las universidades. No hemos podido tener universidades de primer mundo”, señaló.

La Telesup, fundada por Luna Gálvez, fue sancionada por la Sunedu en marzo de 2019 con S/ 2’350.939 por brindar el servicio educativo en tres establecimientos sin autorización y, en julio de 2020, con S/ 6’872.000 por no informar sobre su plazo de cese de actividades tras su denegatoria, de acuerdo a las resoluciones del Consejo Directivo 041-2019 y 095-2020. Su proceso llegó al Poder Judicial.

En mayo de 2019, se le denegó el licenciamiento por no cumplir con las condiciones básicas de calidad. Incluso, durante una diligencia del ente supervisor, se detectó una falsa pared que simulaba un edificio de siete pisos en el local de San Juan de Lurigancho.

Durante el evento en la casona de San Marcos, el titular de la Sunedu, Manuel Castillo Venegas, reiteró que el consejo directivo se ha comprometido ante los rectores de universidades públicas y privadas a coadyuvar para que “las condiciones básicas de calidad se mantengan en el tiempo”. 

No obstante, en mayo pasado, el superintendente también anunció que iban a reorganizar y reestructurar la Sunedu. “Voy a fomentar la iniciativa de revisar de manera inmediata el reglamento de infracciones y sanciones”, señaló ante los rectores.

 

Riesgos desde el Congreso

Esta semana, en la agenda del Congreso aún figura el dictamen que acumula los cuatro proyectos de ley de Esdras Medina, Edgar Tello, Darwin Espinoza y Wilson Quispe, quienes plantean otorgar una segunda oportunidad a las universidades privadas asociativas con licencia denegada. 

La iniciativa, que data del 2021, les da un plazo adicional de dos años para que subsanen las exigencias incumplidas. Esto implica que lo hagan bajo el esquema anterior y no con la nueva evaluación ―más exigente― que debe ejecutar la Sunedu, y por la que pasaron, por ejemplo, las universidades nacionales San Luis Gonzaga de Ica y Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque.

El 25 de enero de este año, Segundo Quiroz Barboza, congresista del Bloque Magisterial, también presentó el proyecto de ley 4052 que establecía, por única vez, un “plazo de emergencia”, y adecuación de dos años para que las universidades asociativas puedan realizar “las acciones necesarias para alcanzar las condiciones básicas de calidad, de conformidad con la resolución del consejo directivo 111-2018- Sunedu”. Sin embargo, retiró la propuesta al día siguiente, tras las críticas.

PRESENCIA. Emilia Untiveros (al centro), de la Upecen, y otros representantes de universidades han asistido a grupos de trabajo del Congreso.

Foto: Facebook de Paul León Untiveros

 

El exministro de Educación, Ricardo Cuenca, recordó que las universidades denegadas actualmente cuentan con la opción de volver a presentarse a un proceso de licenciamiento ante la Sunedu. No obstante, para ello, primero deben cumplir con exigencias, como el cese de actividades.

“El tema se vuelve peligroso cuando esa idea de salvataje supone flexibilizar las condiciones básicas de calidad, de tal manera que, sin hacer los esfuerzos que originalmente se le solicitaba, puedan conseguir su licenciamiento. Ese es el punto complicado (...). El problema es que se relajen, flexibilicen o se bajen las exigencias”, indicó a OjoPúblico.

Las universidades denegadas ya tienen la posibilidad de volver a ser evaluadas por la Sunedu, pero deben cumplir con exigencias".

El también investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) señaló que en este contexto, donde el Congreso, las universidades privadas denegadas y la Sunedu se encuentran alineados en el desmontaje de la reforma, sí existe el riesgo de que esto continúe. Por ello, una eventual flexibilización de las condiciones básicas de calidad puede representar una “estocada final”.

“No me extrañaría que modifiquen una norma para que el licenciamiento sea permanente; es decir, aquellas universidades que tienen el licenciamiento lo tengan para siempre [en la actualidad se da solo por periodos y debe renovarse]. Con esto, a partir del 2026, cuando ojalá podamos retomar la reforma nuevamente, no vamos a poder sancionar a esas universidades porque tendrán un licenciamiento de por vida”, agregó. 

Por otro lado, el proyecto 04487/2022 de Waldemar Cerrón Rojas, de Perú Libre, permanece en la Comisión de Educación desde marzo pasado.

Esta iniciativa que, según su enunciado, promueve el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad y medidas para prevenir actos irregulares en las universidades privadas; en la práctica, plantea un plazo de adecuación no mayor de dos años para que estas casas de estudio cumplan con las condiciones básicas de calidad.

Asimismo, señala que el Ministerio de Educación podrá suscribir convenios de colaboración institucional con las universidades privadas a fin de implementar los mecanismos que garanticen la calidad del servicio educativo.

Pero una medida que ha llamado la atención, distinta a la de otros proyectos, es que fija a la entidad promotora ―aquella que impulsó la creación de una universidad privada― como el órgano máximo de gestión y conducción del centro de estudios. 

“Esta iniciativa defiende intereses particulares de personas, congregaciones religiosas o familias que, en su momento, promovieron universidades asociativas (sin fines de lucro) y que ahora pretenden recuperar el control de ellas”, señala el abogado y director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), Jorge Mori Valenzuela en conversación con este medio.

 

Una iniciativa grave

Según la Ley Universitaria, las universidades privadas se constituyen por iniciativa de sus promotores. Pero el derecho de estos últimos de conducir y gestionar la universidad que fundaron, así como la garantía de participación de los docentes, estudiantes y graduados en los órganos de gobierno, depende del estatuto. 

Sin embargo, la iniciativa de Cerrón Rojas busca darles mayor poder a estas entidades promotoras porque serán el “órgano máximo en materia de gestión y conducción” de las universidades privadas. Además, pretende que sean las encargadas de regular la adecuación del estatuto a la Ley Universitaria. 

Para el exdirector de educación superior universitaria del Minedu, Jorge Mori Valenzuela, se trata de una iniciativa grave que busca favorecer a las universidades con licencia denegada y a las entidades promotoras. Esto último, según Mori Valenzuela, evidencia un conflicto de interés de su autor Waldemar Cerrón, vinculado a la familia fundadora de la Upecen. 

Y es que, según explica el abogado, en las universidades asociativas (sin fines de lucro) ―a diferencia de las societarias, donde los dueños están claramente identificados― existe un vacío legal sobre a quién le corresponde la dirección y el control de la institución una vez se dé la denegatoria y un eventual cierre. Es decir, no está definido quién se hace cargo, por ejemplo, de la infraestructura que quedaría sin uso.

“Las asociativas se deben regir por sus propios estatutos, no por una entidad promotora (...). Con esta norma, no solo buscan darles un estatus especial a las privadas con licencia denegada, sino que le pone nombre y apellido a quien quiere beneficiar: a las entidades promotoras dentro de las asociativas para proteger sus intereses y que, probablemente, puedan vender la infraestructura que queda en las universidades que no pudieron tener licencia de funcionamiento”, afirma.

ACUERDOS. En mayo pasado, el superintendente Manuel Castillo señaló ante las universidades privadas que la anterior gestión había sido "draconiana" y "policiaca".

Foto: Sunedu

 

En el Congreso, el legislador de Perú Bicentenario y miembro titular de la Comisión de Educación, Jorge Marticorena, quien se ha opuesto a la contrarreforma universitaria, ratificó que las iniciativas que le otorgan un salvataje a las universidades privadas están listas para ser debatidas en el Pleno y son respaldadas por el mismo grupo que defendió los cambios en la Sunedu.

“La Universidad San Luis Gonzaga solicitó un nuevo licenciamiento. Eso pudieron pedir las universidades privadas, pero no lo hacen. Están buscando una especie de facilismo para que puedan reiniciar sus actividades”, dijo a OjoPúblico. 

El legislador subrayó que, por tercera vez, el titular de la Sunedu, Manuel Castillo Venegas, no ha acudido a las citaciones de la Comisión de Educación. La semana pasada tampoco lo hizo y pidió que se reprograme su citación a partir del 20 de junio. Sin embargo, la legislatura acabará el 23.

Este medio intentó comunicarse con los legisladores Waldemar Cerrón, de Perú Libre, y Raúl Huamán, de Fuerza Popular, así como con voceros de la Upecen y la Sunedu. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.