Actualización: 09 de abril del 2022 a las 00:53 p.m.

*Con apoyo de David Díaz

En las últimas dos semanas el gobierno del presidente Pedro Castillo ha enfrentado paralizaciones de diversos gremios en el centro, norte y sur del país que exigen la reducción del precio del combustible y de los productos de primera necesidad, entre otras demandas. Las protestas iniciaron el 28 de marzo con bloqueos de vías en las regiones de Junín, Arequipa, Piura, Cajamarca, Ayacucho, Áncash, Apurímac, Puno y Cusco por parte de los transportistas de carga pesada. 

Aunque el gobierno adoptó algunas medidas para llegar a una tregua en el paro de transportistas, como el aumento del sueldo mínimo a S/1.025 (a partir del próximo 1 de mayo) y la exoneración del impuesto selectivo (ISC) al consumo al diésel y la gasolina de 84 y 90 octanos, la baja en los precios no se trasladó de manera inmediata a los grifos y, este lunes 4, las protestas se extendieron a, al menos, 14 regiones del país, en algunos casos de manera virulenta.

Cerca de la medianoche del lunes 4, el jefe de Estado anunció, en un breve Mensaje a la Nación, que se decretó el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, y se declaró la inmovilidad ciudadana desde las 2 a.m. hasta las 11:59 p.m. del martes 5 de abril. La decisión, argumentó, se adoptó frente “a los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo del libre tránsito en los accesos a las provincias de Lima y Callao”. 

En las primeras horas del 5 de abril, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presentó —ante un juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima— un recurso de hábeas corpus para dejar sin efecto el estado de emergencia, declarado por el presidente. En la demanda, Gutiérrez señaló que "no se ha sustentado válidamente cómo la medida de inamovilidad permitirá proteger los derechos a la vida y a la salud de los/as peruanos/as; o los bienes jurídicos de orden público ni orden interno".

El politólogo José Alejandro Godoy consideró que la medida anunciada por el presidente Castillo era inconstitucional y que, además, si existía algún informe de inteligencia donde se mencione la posibilidad de saqueos se podría "haber tomado otras medidas que no impliquen que toda la ciudad de Lima se vea restringida con un toque de queda". Godoy también sostuvo que la orden dada era "desproporcionada y pone al presidente Castillo en una forma de alienación frente a su base electoral".

INJUSTIFICADA. Diversos especialistas señalaron que la inmovilidad social obligatoria declarada en Lima Metropolitana y Callao fue una medida inconstitucional y desproporcionada.

Foto: Andina/Renato Pajuelo

Hasta el mediodía del martes 5 se mantenían bloqueos en 22 puntos de vías nacionales, de acuerdo con información de Provías Nacional. Las regiones afectadas eran: Piura, Cusco, Ica, Huancavelica, Huánuco, Ucayali, Amazonas y Piura. En las ciudades de Arequipa y Trujillo los gremios de taxistas realizaron marchas exigiendo que los grifos bajen el precio del combustible, tras la exoneración del ISC. 

Sobre las 3 p.m., el mandatario Pedro Castillo y sus ministros se presentaron en el Congreso de la República para mantener una reunión con la Mesa Directiva del Legislativo y voceros parlamentarios. Durante el encuentro, el presidente anunció que se levantaría la inmovilidad social obligatoria para Lima Metropolitana y Callao. Poco después, abandonó el Parlamento para firmar la derogatoria de la medida, según indicó. Sin embargo, esto nunca se concretó.

Mientras se registraba la reunión en el Congreso, ciudadanos se convocaron para realizar manifestaciones descentralizadas en distritos de Lima y, luego, se movilizaron hacia la Plaza San Martín. Otro punto de concentración en el centro, fue la avenida Abancay. Un grupo de personas intentó llegar a Palacio de Gobierno y fue repelida con bombas lacrimógenas en el jirón Azángaro. Los enfrentamientos también se registran en la avenida Abancay con el jirón Miro Quesada. Un grupo de vándalos atacó la Corte Superior de Justicia de Lima, el Jurado Nacional de Elecciones y comercios de la zona.

Muertes confirmadas 

Durante los últimos días, a partir de información brindada por funcionarios del Gobierno, se ha mencionado la existencia de seis fallecidos en el contexto de las protestas. Sin embargo, hasta el momento solo se ha corroborado el fallecimiento de cinco personas. 

De esos cinco casos que OjoPúblico pudo confirmar, cuatro coinciden con el reporte de la Defensoría del Pueblo del jueves 7 de abril. Dos de ellos murieron, de acuerdo a información de esta entidad, en el contexto del conflicto social: Candy Magali Hinostroza de la Cruz, quien falleció el 28 de marzo luego de ser atropellada en la región Junín; y un adolescente de 13 años, que murió ahogado en el río Yacus, el 1 de abril, mientras escapaba de las bombas lacrimógenas que lanzó la policía cerca del aeropuerto de Jauja, también en la región Junín.

Las otras dos víctimas fatales confirmadas por la Defensoría del Pueblo —al igual que por la Red de Salud de Ambo (Huánuco), el Gobierno Regional de Ica y Codehica— fallecieron durante enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Ellos son Alexander Trujillo Nolasco, quien murió el 5 de abril en la toma del peaje de la provincia de Ambo, en Huánuco; y Yhony Quinto Contreras, quien falleció el 6 de abril mientras se desplazaba por la Panamericana Sur, en Ica. 

El quinto deceso no consta en los registros de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el Ministerio Público informó que el ciudadano Jorge Maldonado Landeo habría fallecido el fin de semana pasado por no haber recibido oportunamente su tratamiento de hemodiálisis en el hospital de EsSalud-Huancayo. “Este deceso no fue reportado por los familiares a la PNP del sector, ni al Ministerio Público”, indicaron. Al cierre de esta actualización, la Oficina de Comunicaciones y Protocolo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) confirmó a OjoPúblico la muerte de esta persona “a partir de información proporcionada por el Ejecutivo y la Policía Nacional del Perú (PNP)”. 

Hasta el momento se ha corroborado el fallecimiento de cinco personas".

La eventual existencia de un sexto caso, que no se ha confirmado hasta el momento, surgió a partir de información brindada por cuatro ministros. El día 3 de abril, Alfonso Chávarry Estrada (Interior), Roberto Sánchez Palomino (Mincetur) y Alejandro Salas Zegarra (Cultura) indicaron, durante una conferencia de prensa, que había una víctima fatal adicional a Candy Magali Hinostroza de la Cruz en el contexto de un accidente de tránsito durante el paro en la región Junín. “Es una persona que estaba sacando una llanta, de acuerdo a la información que hemos tenido, para poder ponerlas en las pistas y prenderlas, y lamentablemente el camión retrocedió”, dijo, entonces, el titular de la cartera de Cultura. El cuarto ministro que hizo referencia al supuesto caso fue José Luis Gavidia Arrascue (Defensa), durante declaraciones a medios de comunicación realizadas el 4 de abril. “[Hay] dos [fallecidos en] accidentes de tránsito, que los atropellaron los mismos vehículos que estaban en la huelga”, sostuvo.

Teniendo en cuenta que este eventual caso no figura en los registros de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público informó que no recibió información respecto a una supuesta víctima adicional en la región Junín, OjoPúblico se contactó con la Presidencia del Consejo de Ministros y las carteras de Interior, Cultura, Mincetur, y Defensa (Mindef) para solicitar mayor información sobre el tema. Al cierre de esta actualización solo se recibieron los descargos del Mincetur.

La Oficina de Comunicaciones y Protocolo del Mincetur indicó, a partir de información proporcionada por el Ejecutivo y la PNP, que tenían constancia de cinco personas fallecidas (las detalladas en los párrafos previos). “Si hubo una diferencia de números [en lo informado previamente] es que, a veces, en estos sucesos, las instituciones no coinciden y/o con el transcurrir de las horas se conoce que la persona está solo herida o al revés (...) Siempre será compleja esta situación”, señalaron al ser consultados sobre la referencia que hizo el ministro Sánchez Palomino a una supuesta muerte adicional en Junín.

Además del accidente de tránsito que ocasionó el deceso de Candy Hinostroza de la Cruz, el Ministerio Público informó que, en las protestas de Junín, se registraron los atropellos de Diego Quispe Cruz, de 21 años, y su padre Armando Quispe Moscoso, de 53 años, quienes fueron embestidos en el distrito de Pilcomayo por el conductor de una camioneta que huía de una turba de manifestantes. Ambos fueron trasladados al hospital Daniel Alcides Carrión. El área de Imagen Institucional de dicho hospital informó a este medio que Quispe Moscoso se encuentra estable, mientras que su hijo fue dado de alta.

Problemas desatendidos

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, considera que el Ejecutivo ha descuidado la atención de estas demandas que, desde algunos meses, han sido anunciadas. "Los continuos cambios en la conducción del manejo de los conflictos han desencadenado en esta situación”, dijo en conversación con OjoPúblico.  

Otro aspecto que ha contribuido a que la actual conflictividad social escale en diversas regiones es que el sector transporte es una organización fragmentada y con representaciones dispersas, señala Rolando Luque. Esto se evidenció este lunes 4, en el octavo día de paralizaciones. En Arequipa, por ejemplo, se despejó el bloqueo que se mantuvo desde el inicio del conflicto a la altura del kilómetro 48 de la carretera Panamericana, en la vía de ingreso a la ciudad. Algo que hizo posible que los camiones con alimentos y combustible pudieran abastecer a mercados y grifos de la Ciudad Blanca.  

INMOVILIZACIÓN. El presidente Pedro Castillo anunció la inmovilización social obligatoria en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao este martes 5 de abril.

Foto: Presidencia de la República

Un panorama similar se vio en Junín. Aunque el viernes 1 de abril se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía en esta región, el último lunes se vivía un clima de calma, que se espera dure hasta este jueves, fecha en la que se deben instalar mesas de diálogo para solucionar el pliego de reclamos de los transportistas de servicio de carga y de traslado de personas. Sin embargo, mientras la tranquilidad retornaba a estas regiones, las protestas se alzaron en otras.
"Firmar un acta con alguien en Huancayo no significa que se haya dado fin a la protesta. Los gremios de transporte son diferentes", explicó Lino de la Barrera, especialista en transporte urbano, a OjoPúblico. Al igual que Rolando Luque considera que el problema que enfrenta el Gobierno es que el sector tiene diversos subsegmentos y, por lo tanto, implica a distintos actores: desde dirigentes de buses de transporte urbano e interprovincial, hasta transportistas de carga pesada y colectiveros, entre otros, que tienen sus propias agendas. “No existe un gremio que unifique a todos desde hace más de 20 años”, precisó el experto.

El descontento es mayor en las regiones por las promesas incumplidas de mejor reparto de las riquezas", dijo Paula Távara.

Otro factor que abona a la actual crisis es que el Ejecutivo no ha sabido explicar cómo enfrentará el alza del precio de combustibles y alimentos a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, sostuvo la politóloga Paula Távara Pineda. Esto se evidencia en la participación del gremio agrario en las protestas, a causa del alza en el precio de los fertilizantes. Andrés Poma, dirigente agrícola de Saños Grande, en Junín, indicó a OjoPúblico que un saco de abono pasó a costar de S/60 a S/250.

Távara Pineda considera que el descontento es mayor al interior del país por las promesas incumplidas de mejor reparto de las riquezas que hizo el presidente Pedro Castillo en campaña, especialmente donde obtuvo mayor respaldo. “Esa promesa de cambio no se está realizando porque no hay un programa de gobierno ni medidas técnicas claras desde el Ejecutivo para hacerlas realidad”, agregó la politóloga a este medio. Jean Paul Benavente, presidente del Gobierno Regional de Cusco y cabeza de la Asamblea Nacional de Gobiernos  Regionales indicó en una entrevista radial que su región apoyó la elección de Castillo, pero ahora diversos gremios han agotado su paciencia y están en contra de la gestión.

La insatisfacción se acrecienta, además, por los enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo, las investigaciones por presunta corrupción abiertas por el Ministerio Público al jefe de Estado y a su entorno cercano, y por la falta de un adecuado equipo técnico debido a cambios constantes en los ministerios y nombramientos cuestionados. Todo ello, plantea la politóloga, ha generado que, en pocos meses, la sensación de que el actual gobierno no podrá cumplir sus promesas sea generalizada.

Desde que comenzó el conflicto, el gobierno ha mostrado un manejo errático de la situación, lo que quedó en evidencia una vez más este jueves en la sesión descentralizada del Consejo de Ministros, en Huancayo, en la que participó el presidente Pedro Castillo junto a la vicepresidenta Dina Boluarte, ministros, autoridades locales y líderes sindicales. Los escasos anuncios de la reunión pasaron desapercibidos por las declaraciones del primer ministro Aníbal Torres, quien habló sobre la necesidad de mejorar la infraestructura vial del país y puso como ejemplo a Adolf Hitler. Sus expresiones fueron rechazadas desde amplios sectores y motivaron, incluso, pronunciamientos críticos de las embajadas de Israel y de Alemania en Perú.

Si bien los productores agrícolas de Junín dieron tregua al gobierno y no hubo manifestaciones a lo largo del jueves 7, sus dirigentes han indicado que retomarán las medidas de fuerza si sus reclamos no son atendidos, indicó Ángel Misayauri Borja, presidente del  Frente de Defensa Agropecuario de Junín. Una situación similar se vive en Ica, donde la Panamericana Sur lució despejada porque los transportistas y trabajadores agrarios han desbloqueado dicha vía a la espera de que sus demandas sean resueltas. Se ha acordado 15 días de tregua entre los manifestantes, la Policía Nacional y representantes de la PCM, informó el gobernador regional Javier Gallegos.

RESTRICCIONES. En Pucallpa, las tiendas y mercados atendieron de manera restringida por temor a saqueos.

Foto: David Díaz.

Pugna entre dirigentes

Entre las organizaciones que lideran las actuales paralizaciones están la Asociación de Transportistas del Perú (Asotrape), dirigida por Javier Corrales, y el Gremio de Transporte y Logística del Perú (GTL), que encabeza Geovani Diez. Javier Corrales fue parte de la convocatoria para la jornada de protestas que se inició el 28 de marzo y estuvo en las negociaciones que se realizaron en Palacio de Gobierno el último 3 de abril, las cuales concluyeron con la firma de un acta con el presidente Pedro Castillo y el primer ministro Aníbal Torres.

Pero, mientras Corrales y otros dirigentes se reunían en Palacio, Geovani Diez se convirtió en la cara visible del paro del 4 y 5 de abril en Lima. El año pasado, este dirigente fue relacionado con un grupo de empresarios denominados La Cofradía del Pisco, que promovía acciones para desestabilizar al Gobierno a través de una chat grupal. En los mensajes filtrados se le cuestionaba a Diez por esperar hasta el 8 de noviembre para realizar una paralización de transportes. 

"La gente de Lima está siendo engañada. Ese señor ha estado manejando paros y fue desenmascarado, está utilizando a mototaxistas y taxistas", señaló Javier Corrales sobre Diez. Además, indicó que los alcances de su acuerdo con el Ejecutivo debían ser acatados a nivel nacional. 

Acuerdos con el Ejecutivo

En el transcurso de las conversaciones con los gremios de transportistas, el Gobierno publicó una norma para excluir a las gasolinas de 84 a 90 octanos y el diésel de la lista de productos gravados con el ISC hasta el próximo 30 de junio. Durante una conferencia de prensa, el ministro de Economía Óscar Graham, informó que esta medida representará un impacto de S/ 250 millones menos de ingreso fiscal.

NEGOCIACIONES. El gobierno llegó a acuerdo con representantes del Frente Nacional de Transportistas y Conductores de Carga Pesada el pasado 3 de abril.

Foto:PCM

Al respecto, Lino de la Barrera indicó que la exoneración no es una solución permanente para un problema que requiere cambios de fondo. "Nuestro transporte ha crecido de manera desordenada, tenemos operadores de todo tamaño, con todo tipo de vehículos, se debe tratar de organizarlos en un esquema lógico. El colectivo, por ejemplo, no es una forma de transporte permitida. Pero estas personas, por temas económicos, quieren que se les autorice. Entonces, hay que atender este tema de fondo", sostuvo.

Los transportistas agrupados con Corrales negociaron otras cinco demandas, que incluyen mejorar el control a vehículos que ingresan con mercadería de Bolivia y Ecuador. Estos vehículos deberían regresar sin carga a sus países, luego de realizar su entrega en Perú, pero aprovechan para transportar carga entre ciudades con un flete menor que los transportistas locales.  

También demandan la evaluación de la obligatoriedad de la reserva de carga y la tabla de valores referenciales para obligaciones tributarias en el transporte de bienes, así como la revisión de concesiones de carreteras y peajes, y el no pago de tasas donde las vías se encuentren en mal estado. Además, han solicitado la ausencia de caducidad de las licencias de conducir de profesionales y la desaparición de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). Ante este último pedido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha propuesto la reestructuración total de dicha entidad. 

En una versión previa de este artículo se indicó de manera errónea que se habían registrado seis muertes en el contexto de las protestas. Dicho conteo incluyó información proporcionada públicamente por los titulares de las carteras de Interior, Cultura, Defensa, y Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) entre el 3 y el 4 de abril. Sin embargo, a la fecha solo se ha corroborado la muerte de cinco personas. Esta información fue rectificada por la Oficina de Comunicaciones y Protocolo del Mincetur, a partir de información proporcionada por el Ejecutivo y la Policía Nacional del Perú, a solicitud de este medio.