Alrededor del 80% de ciudadanos peruanos afirman sentirse inseguros ante la posibilidad de un asalto, según la última encuesta que el Instituto de Estudios Peruanos realizó sobre el tema en junio. En medio de esta situación, un grupo de políticos de la derecha peruana ha comenzado a mencionar el llamado Plan Bukele, como denominan al método que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha impulsado con la supuesta premisa de enfrentar la delincuencia de las pandillas organizadas. Sin embargo, sobre estas acciones del presidente salvadoreño recaen una serie de denuncias de violaciones de derechos humanos.

En en este contexto, los últimos días, arribaron a nuestro país autoridades de El Salvador para participar de la X Misión Internacional de Ciudades Seguras, un encuentro sobre seguridad ciudadana organizado por la Coordinadora para la Inversión y el Trabajo (CIT Perú).

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue parte de uno de los eventos y, pese a que anteriormente había marcado distancia de la propuesta, esta vez se mostró a favor del plan instaurado por el presidente de El Salvador y señaló que habían “temas rescatables” que podían aplicarse en Perú. Al igual que él, lo hicieron otros alcaldes de distritos limeños como de Los Olivos, Felipe Castillo Oliva; de Jesús María, Jesús Gálvez Olivares; de San Miguel, Eduardo Bless Cabrejas, y de Magdalena, Francis Allison Oyague, entre otros.

Pero la estrategia también ha recibido críticas en el ámbito internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a El Salvador para que restablezca la vigencia de los derechos de las personas. En este informe, explicamos en cinco claves todo lo que debe conocer sobre esta supuesta efectiva estrategia de seguridad ciudadana.

“El mejor plan de seguridad del mundo”

En marzo del 2022, el presidente Nayib Bukele puso en marcha un proyecto que él denominó su estrategia para frenar la ola de criminalidad desatada por las pandillas en El Salvador. Tras decretar un régimen de excepción, una medida extraordinaria que significaba la suspensión de garantías constitucionales como el derecho a la defensa y la libertad de asociación, comenzaron a ejecutarse una serie de detenciones arbitrarias y encarcelamientos con abusos y sin respeto a los derechos humanos.

Amnistía Internacional identificó que, en las más de 66 mil detenciones que realizaron la Policía o la Fuerza Armada de El Salvador, había un patrón: bastaba ser de las comunidades estigmatizadas por la presencia de las pandillas y tener antecedentes penales previos, alguna supuesta denuncia anónima o simplemente contar con tatuajes en el cuerpo.

Una de las personas que fue detenida contó su testimonio al medio de comunicación digital El Faro. Según narró, cuando se dirigía a trabajar, junto con su familia, la Policía los detuvo, asegurando que llevaba una orden para la captura.

EN LIMA. El alcalde salvadoreño de Santa Ana, Gustavo Acevedo (el cuarto desde la izquierda), ofreció una conferencia en el Congreso de la República.

Imagen: CIT Perú

“Le dije que quería saber cuál era el motivo por el que ellos quedaban arrestados. Vino el señor bien enojado y me dijo que era un gran remetido [sic] y que por esas circunstancias me iba a detener también. En el papel que supuestamente llevaba los nombres (de los que debían ser detenidos), era un papel en blanco”, afirmó. 

Las detenciones tienen un patrón: residir donde hay pandillas, registrar antecedentes penales o simplemente llevar algún tatuaje.

Las personas son encarceladas sin comprobar si son culpables o inocentes. Además, la directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, Katya Salazar, cuestiona que las audiencias ante el juzgado se realizan en grupos de procesados en simultáneo, sin una defensa plena. A fines de agosto, el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó que se habían liberado a 7.000 inocentes. 

“Estas detenciones se han dado en base a una legislación que viola derechos fundamentales, desde el derecho a ser detenido por una causa conocida, hasta el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial e identificado y el derecho a ser juzgado por razones concretas”, indica Katya Salazar.En las cárceles, además, se cometen abusos y asesinatos. En enero de este año, Bukele inauguró por todo lo alto el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), con capacidad para 40.000 delincuentes. Este proyecto fue difundido como símbolo de la guerra del gobierno contra las pandillas y como un logro de su gobierno. Sin embargo, la realidad de esa prisión esconde violaciones a los derechos humanos, torturas y agresiones. 

“Cuando uno ingresa al penal, ahí empieza lo brusco y los golpes. Lo que le piden a uno es que no levante la cabeza. Con medio movimiento que uno hace hay golpe con las macanas en las costillas (...) cuando yo le he relatado a mis compañeros lo que había pasado, me decían que no era nada comparado con lo que ellos habían vivido (...) a ellos eran golpes para romperles los labios”, cuenta Andrés, un sobreviviente de la cárcel de Mariona.

Al respecto, el internacional Farid Kahhat señala que “no hay forma de saber quiénes son culpables allí adentro, porque el estado de excepción permite detener sin ninguna orden judicial y sin expresión de motivos, entonces lo peor del caso es que el maltrato lo pueden estar recibiendo inocentes”. 

Farid Kahhat: 'No hay forma de saber quiénes son culpables allí adentro [en el Cecot]'."

Todavía hasta hoy continúa el régimen de excepción en el país centroamericano, bajo esas mismas consideraciones, tras haber transcurrido cerca de un año y medio desde su primera aplicación. La medida se ha prorrogado en 17 ocasiones. La última fue la disposición del 10 de agosto, en la que se dispuso que se extienda por 30 días, bajo el argumento de que ha brindado “tranquilidad y seguridad” al país. Y es que el mismo Nayib Bukele ha afirmado en reiteradas ocasiones que su estrategia es el mejor plan de seguridad del mundo, pese a las denuncias de organizaciones de defensa de derechos humanos, como Cristosal y ALAC El Salvador.

Llegada al poder e inicios del Plan Bukele

Nayib Bukele asumió como presidente de El Salvador en el 2019. Llegó al poder como un outsider, lejos de las tradicionales y establecidas posiciones de los partidos Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN), de izquierda, y el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de derecha. En sus redes, intentó un acercamiento con los jóvenes, vendiendo la imagen de un presidente “cool”, pero la inseguridad ciudadana era uno de los temas sobre los que el joven mandatario tenía que tomar pronta acción.

Ante el desbordante número de asesinatos que se registraba en el país, Bukele negoció dentro de las cárceles —tal como documentó El Faro— con las tres principales pandillas: Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños.

El pacto que propuso el gobierno de Bukele consistió en que las pandillas reducirían los crímenes y su grave accionar en las calles de El Salvador, a cambio de mejoras en las condiciones carcelarias, así como de beneficios para los miembros de los grupos que se encontraban en libertad.

Fueron meses de reuniones y visitas a los penales hasta que, en marzo del 2022, el acuerdo se rompió. En un audio revelado por El Faro, se escucha al director de Reconstrucción del Tejido Social del gobierno de Bukele, reconocer que el pacto se había quebrado y responsabilizaba al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. El punto de inflexión habría sido la detención de unos miembros de la Mara Salvatrucha-13 y la extradición de uno de sus líderes, Elmer Canales, alias Crook de Hollywood.

“Incumplieron, hicieron capturas que no tenían que hacer, donde ellos dijeron ‘lleguen a tal lugar, vamos a dialogar’ y en lugar de dialogar, capturaron”, contó otro líder de la Mara Salvatrucha-13, cuyo nombre se mantuvo en reserva. Lo siguiente, como represalia de parte de las pandillas, fue el asesinato de más de 70 personas, indiscriminadamente, en menos de 48 horas. Fue el último fin de semana de marzo de 2022, cuando El Salvador sufrió uno de los días más violentos en materia de inseguridad y criminalidad. 

Ante la ola de crímenes, Nayib Bukele decretó el régimen de excepción, que desde entonces ha conllevado a abusos contra ciudadanos salvadoreños.

Desequilibrio de poderes

Para que las medidas de Bukele tengan éxito, necesitaba el respaldo legal y constitucional. A fines del 2020, el presidente ingresó al hemiciclo del Congreso acompañado de la Policía y efectivos militares armados para exigir que se le apruebe un préstamo de USD 109 millones para financiar el Plan de Control Territorial, con el que combatiría a las pandillas.

“Eso [al final] quedó en nada, pero igual fue como una muestra muy preocupante de su talante autoritario. Una vez que ya ganó la mayoría en el Congreso, ahí sí se sintió libre de hacer lo que le provocaba y lo primero que hizo fue empezar a neutralizar aquellas instituciones estatales que lo habían cuestionado o que habían limitado su capacidad de tomar decisiones”, cuenta Katya Salazar.

Lo primero que hizo Bukele fue empezar a neutralizar aquellas instituciones estatales que lo habían cuestionado"

En efecto, en 2021, el partido de Nuevas Ideas, fundado por un movimiento del presidente salvadoreño, obtuvo 64 escaños en el Congreso tras las elecciones, lo que le dio a Bukele el control del Parlamento. Así, una de las primeras acciones del Congreso fue la destitución de los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del titular de la Fiscalía General del Estado, bajo cuestionamientos al supuesto incumplimiento de la imparcialidad en sus labores.

DESPLIEGUE. Las fuerzas del orden se encuentran desplegadas a nivel nacional durante el régimen de excepción para detener a miles de personas sospechosas.

Imagen: Gobierno de El Salvador

Además de ello, Bukele ha empoderado a los miembros de las fuerzas del orden. “Ellos se han sentido absolutamente protegidos —explica Katya Salazar—. Él ha dicho que va a proteger a los miembros de las fuerzas del orden que sean acusados de violar derechos humanos, que les va a pagar abogados, entonces la fuerza del orden se sienten muy empoderadas”.

Medida popular

A consideración de Salazar, las medidas para combatir la inseguridad ciudadana siempre han sido populistas. Esto se debe a que la ciudadanía está cansada de no ver cambios en su entorno. En el caso de El Salvador, los dos principales problemas eran: la pobreza y la inseguridad. En esa línea, comenta que es “entendible” el apoyo ciudadano a Bukele, porque la gente se encontraba “insatisfecha” con los gobiernos que tuvieron.

“Hay que hacer un mea culpa y reconocer que la democracia como sistema de gobierno no ha sido perfecta, sobre todo en un momento de tantas necesidades económicas”, comentó la directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso.

En la actualidad, las pandillas se han desarticulado y los asesinatos han disminuido. Varias calles de El Salvador han quedado libres del control de la delincuencia, así lo constató El Faro tras visitar 14 comunidades que habían estado dominadas por las pandillas.

Katya Salazar: 'Las soluciones planteadas por Bukele solo combaten los síntomas, más no las razones de fondo.'"

Actualmente, a pesar de los abusos cometidos en su gobierno, Bukele cuenta con una aprobación considerable: ha superado el 90% de apoyo en las encuestas y es el presidente latinoamericano con mejor calificación.

No obstante, Salazar recalca que las soluciones planteadas por el presidente salvadoreño no serán sostenibles a largo plazo, en vista de que se están combatiendo los “síntomas”, más no las razones de fondo de la crisis social.

“El problema de la inseguridad en El Salvador tiene que ver con problemas muy complejos, donde la mayoría de la gente señala a las pandillas, pero las pandillas se originan por una situación económica muy mala y por la falta de oportunidades. Esos problemas no están cambiando. Las condiciones que han promovido el surgimiento de las pandillas se mantienen”, explicó. 

¿Un modelo para Latinoamérica?

La estrategia de Nayib Bukele ha llamado la atención de Latinoamérica, región que también se encuentra avasallada por altas cifras de inseguridad y criminalidad, y que hasta ahora sus autoridades no han sabido contrarrestar. Al igual que en Perú, en Argentina, Colombia, Chile y Ecuador se han abierto debates sobre la necesidad y oportunidad de replicar el modelo Bukele, sobre todo, motivados por sectores políticos de ultraderecha.

Hace unas semanas, tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias en Argentina, se conoció que uno de sus diputados, Nahuel Sotelo, viajó a El Salvador para conocer la estrategia de seguridad ciudadana. 

En Colombia, el presidente Gustavo Petro cuestionó las medidas adoptadas por Bukele. En medio de esa discusión, la senadora de extrema derecha, María Fernanda Cabal, quien además ha apoyado abiertamente al partido español VOX, salió en defensa del mandatario salvadoreño.

En Chile, el político de derecha radical y ex candidato presidencial por el Partido Republicano, José Antonio Kast, también mostró simpatía hacia el presidente de El Salvador. A través de Twitter, le sugirió brindarle unos consejos al actual mandatario chileno, Gabriel Boric, para combatir la crisis de seguridad.

Y en nuestro país, el debate viene desde hace meses. En febrero y mayo, autoridades municipales y congresales, como el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo Olivo; del Callao, Pedro Spadaro Philipps; y de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes Barca, viajaron a El Salvador para conocer de cerca esta política instaurada, como parte de eventos coordinados precisamente por CIT Perú.

Esta misma organización realizó el 28, 29 y 30 de agosto, en Lima, el evento X Misión Internacional de Ciudades Seguras, que organizó conferencias, encuentros y firma de convenios de cooperación técnica entre municipios peruanos y el de Santa Ana (El Salvador), que estuvo representado por su alcalde, Gustavo Acevedo.

Precisamente este burgomaestre ofreció charlas sobre seguridad ciudadana en la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Congreso de la República y otros espacios convocados para promover el plan Bukele. Durante su última presentación en el Parlamento, en una exposición coordinada por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), se refirió a los cuestionamientos que ha recibido su país, El Salvador, por violaciones a los derechos humanos al aplicar la señalada estrategia de seguridad ciudadana.

“Los derechos humanos de las personas trabajadoras, de los que quieren sacar El Salvador adelante, los comerciantes, los buenos empleados, los niños que quieren salir adelante y todos los que quieren vivir en un país seguro, esos derechos humanos nos importan más que los derechos de esas ratas, que ya quedaron, que están presos y no van a ver la luz del sol”, señaló en su ponencia.

Gustavo Acevedo: 'Los DDHH de las personas trabajadoras ... nos importan más que los de esas ratas [los detenidos en el Cecot].'"

Sobre estas vulneraciones, Katya Salazar consideró que Nayib Bukele será juzgado por los crímenes cometidos contra inocentes y por no respetar los derechos fundamentales de las personas. Incluso, hizo una semejanza con lo que Perú atravesó hace más de dos décadas.

“La experiencia latinoamericana más parecida a lo que está ocurriendo ahora en El Salvador es lo que pasó en Perú, cuando se aprobó la legislación antiterrorista, con el golpe de Estado del 5 de abril, que significó el fin de la independencia de algunas instituciones, etc.”, expresó. 

En el mismo sentido, el internacionalista Farid Kahhat recordó la época del régimen de Alberto Fujimori en el Perú y cómo su gobierno terminó cayendo y el expresidente siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.

"El Perú ya tuvo su Bukele, fue Fujimori. El candidato que surgía contra una clase política tradicional desprestigiada y que tuvo gran apoyo popular cuando acabó con la división de poderes y tuvo éxitos iniciales en materia de lucha contra el terrorismo y la captura de los líderes del Sendero Luminoso", recordó.

El Perú ya tuvo su Bukele, fue Fujimori."

El internacionalista hizo énfasis en que Fujimori terminó implicado en actos de corrupción y crimen organizado, que luego se revelaron, como los vínculos de su asesor Vladimiro Montesinos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

"Sabemos que [el de Fujimori] fue un gobierno profundamente corrupto (...) Uno sabe cómo surgen estos regímenes autoritarios, pero no cómo terminan ni se sabe cuándo. Entonces habría que ver si los logros de El Salvador perdurarán en el tiempo", aseveró Kahhat.