Actualización: 13 de octubre de 2022 - 7:40 p. m.

Entre febrero y mayo de 2022, el partido del virtual alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, contrató a una empresa de Luis Gustavo Gutiérrez Ticse, actual magistrado del Tribunal Constitucional (TC). Se trata del estudio Gutiérrez Ticse Abogados & Consultores Asociados S.R.L., al cual Renovación Popular pagó con fondos del Estado un total de S/19.600 por cuatro asesorías en “materia constitucional y electoral”.

Así figura en el reporte de gastos de la agrupación política realizados entre enero y junio de este año y presentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el pasado 21 de julio.

De acuerdo con dicho reporte, el comprobante de pago por la primera asesoría fue emitido el 19 de febrero de este año; el segundo, el 28 del mismo mes; el tercero, el 30 de marzo, y el cuarto, el 2 de mayo. Cuando el estudio empezó a brindar estas consultorías, Luis Gustavo Gutiérrez Ticse ya era candidato para ocupar un puesto en el TC y, para abril, ocupaba el segundo lugar en el cuadro de mérito del concurso realizado por el Congreso de la República para elegir a los nuevos magistrados de la institución.

Renovación Popular pagó con fondos públicos un total de S/19.600 al estudio de Gutiérrez Ticse por asesorías legales.

Gutiérrez Ticse Abogados & Consultores Asociados fue inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) en 2015, por Luis Gustavo Gutiérrez Ticse y su hermana Kennia Cóndor Ticse, según las partidas revisadas por OjoPúblico. Aunque Kennia Cóndor es la gerenta general de la firma, el magistrado es el propietario del 90% de las participaciones*, de acuerdo con los folios registrales.

En su declaración jurada de intereses (DJI), presentada este año ante la Contraloría General de la República, Gutiérrez Ticse sostuvo que se había desprendido de esas participaciones el 12 de mayo. Sin embargo, en los registros públicos de la empresa no se encuentra reporte alguno sobre esa modificación en el estudio legal.

La relación de Gutiérrez Ticse con Rafael López Aliaga y Renovación Popular no es nueva. En su DJI, el abogado consignó también que —entre mayo y agosto de 2021— asesoró al virtual alcalde en “materia constitucional”.

Sin embargo, el ahora magistrado omitió detalles sobre su relación con Renovación Popular: entre febrero y junio de 2021, Gutiérrez Ticse se presentó ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como abogado de la agrupación política en un proceso de exclusión contra Clara Mera de Díaz, quien entonces era candidata del partido al Legislativo.

PROPIETARIO. Luis Gustavo Gutiérrez Ticse cuenta con el 90% de las participaciones del estudio jurídico contratado por Renovación Popular.

Fuente: Sunarp

Lo mismo ocurrió en una causa seguida contra López Aliaga por infringir las normas de propaganda electoral durante las elecciones presidenciales de 2021.

A pesar de estos vínculos, Jorge Montoya, congresista y vocero de la bancada de Renovación Popular, fue elegido vicepresidente de la comisión especial del Congreso encargada de la elección de los magistrados del TC, y no se abstuvo de participar en el proceso de evaluación de Gutiérrez Ticse.

Este hecho en particular fue denunciado, en su momento, por el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción, el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) y la Asociación Nacional de Centros. Aún así, el 10 de mayo de este año, día en que el Pleno del Congreso eligió a los nuevos magistrados, los nueve parlamentarios de la bancada de Renovación Popular votaron a favor de que Gutiérrez Ticse reemplace a Eloy Espinoza Saldaña en el TC.

Además de los servicios prestados por Gutiérrez Ticse Abogados & Consultores Asociados SRL, Renovación Popular pagó otras cinco asesorías legales durante el primer semestre de 2022. Dos de ellas fueron realizadas por el abogado Renatto Carlo Llerena Prado, cuñado de Luis Gustavo Gutiérrez Ticse, según la información consignada en la DJI del actual miembro del TC.

El partido político contrató a Llerena Prado entre mayo y junio de este año por cerca de S/11.000, financiados con fondos públicos.

Demandas que resolverá el TC

El año pasado, el líder de este partido político y excandidato presidencial, promovió una campaña de desinformación en torno a las elecciones y denuncia un supuesto fraude en las elecciones presidenciales a pesar de que no había evidencia. 

En este contexto, al que se sumaron varios políticos de su partido, la excandidata presidencial Keiko Fujimori y otras organizaciones políticas, se presentaron, por lo menos, 16 demandas de amparo que buscaban anular los resultados de los comicios generales de 2021. De ese total, cinco fueron declaradas improcedentes, siete se encuentran pendientes por resolver en el Poder Judicial y cuatro han sido derivadas para que sean precisamente evaluadas por el Tribunal Constitucional que integra Gutiérrez Ticse.

Entre las acciones de amparo en evaluación del Poder Judicial, se encuentra la presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma de la Cruz. Aunque inicialmente su recurso fue declarado improcedente, Vilcatoma de la Cruz apeló la decisión y, en marzo pasado, la Segunda Sala Constitucional programó una nueva audiencia para el próximo 8 de noviembre.

En paralelo, dentro del grupo de acciones de amparo declaradas improcedentes se encuentra la planteada por la abogada y excandidata presidencial Lourdes Flores Nano. En este caso, la decisión fue tomada por el 7° Juzgado Especializado en lo Constitucional, el último 30 de setiembre. Sin embargo, el sistema del Poder Judicial muestra que Flores Nano ingresó un recurso de apelación por mesa de partes, el 7 de octubre pasado.

Entre mayo y agosto de 2021, Gutiérrez Ticse asesoró al virtual alcalde de Lima en “materia constitucional”.

Si los pedidos de Vilcatoma y Flores Nano son declarados, de nuevo, como improcedentes, todavía podrían recurrir a otra instancia. Los cuatro recursos de amparo derivados al TC, por ejemplo, llegaron hasta allí luego de que el Poder Judicial concediera recursos de agravio constitucional a quienes pedían la nulidad de elecciones.

OjoPúblico solicitó una entrevista con el magistrado Gutiérrez Ticse para consultarle sobre estos eventuales conflictos de interés. Sin embargo, desde el área de prensa del TC, indicaron que el magistrado estaba participando en conferencias internacionales y no habían podido comunicarse con él.

NEXOS. La bancada de Renovación Popular votó a favor de que Luis Gustavo Gutiérrez Ticse (derecha) sea elegido como nuevo magistrado del TC.

Foto: Andina 

Contratos con la asociación de López Aliaga

El informe de gastos de financiamiento público presentado por Renovación Popular ante la ONPE también muestra que el partido desembolsó más de S/123.000 a Promotora de Desarrollo, Educación y Cultura (Prodec), una asociación civil sin fines de lucro vinculada al Opus Dei y de la cual Rafael López Aliaga es presidente. Estos contratos, también financiados con dinero público, fueron realizados entre marzo y junio de este año por el alquiler de inmuebles para locales partidarios.

Según información de su sitio web, Prodec administra tres instituciones educativas: Nido Alamitos, Colegio Los Álamos y Colegio Montealto. Se describe como una asociación católica sin fines de lucro cuyas actividades “están inspiradas en las enseñanzas de San Josemaría Escrivá [fundador del Opus Dei] sobre la educación y la familia”.

La asociación tiene entre los integrantes de su directiva a Francisco José Bobadilla Rodríguez (director ejecutivo), Luis Miguel Padilla Flores (vicepresidente) y David Kuoman Saavedra (vocal). Este último postuló sin éxito al Congreso por Renovación Popular en las elecciones generales de 2021.

Renovación Popular pagó con fondos públicos más de S/123.000 a una asociación civil presidida por López Aliaga.

Entre mayo y julio de este año, Renovación Popular también requirió los servicios de Energetik Opinion S.A.C. para realizar dos estudios de opinión pública en Lima Metropolitana, de acuerdo con el reporte enviado a la ONPE. Por este trabajo, el partido político pagó más de S/48.000, también con fondos públicos.

Energetik Opinion S.A.C. es una empresa que terminó su inscripción en registros públicos el 12 de mayo de 2022, seis días antes de emitir el primer comprobante de pago a Renovación Popular.

La compañía fue fundada por Andrea Jazmín Girón Saavedra y José Manuel Saavedra Molina —exmilitante de Solidaridad Nacional (ahora Renovación Popular) y Unión por el Perú y gerente titular de la encuestadora CIT Opinión & Mercado, la cual fue suspendida durante 30 días calendario por el JNE en octubre de 2021—.

Aunque Saavedra Molina tiene el 92% de las acciones de Energetik Opinion S.A.C., él figura como subgerente de la empresa; mientras que Girón Saavedra, con el 8% de las acciones, es la gerenta general.

OjoPúblico se comunicó con José Saavedra Molina para consultarle mayores detalles sobre los estudios realizados para Renovación Popular. En dicha comunicación, el subgerente de la encuestadora indicó que estos se trataron de estudios sociales sobre “la situación económica” de Lima Metropolitana.

Financistas de López Aliaga

En el marco de los recientes comicios subnacionales, tanto las organizaciones políticas como los candidatos tienen que presentar dos reportes sobre ingresos y egresos registrados en sus campañas electorales. El plazo para la presentación del primero de estos informes venció el pasado 16 de setiembre.

En la rendición partidaria, Renovación Popular declaró no haber percibido ingresos ni haber realizado ningún gasto como organización política hasta el 2 de setiembre último. Rafael López Aliaga, en cambio, declaró como candidato que obtuvo más de S/656.000 en ingresos de campaña, entre el 4 de enero y el 2 de setiembre. En el mismo periodo, según declaró, gastó una cantidad similar en alquilar propaganda política.

López Aliaga aportó a su propia campaña más de S/229.000. Sin embargo, su máximo contribuyente fue el virtual teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien donó paneles publicitarios valorizados en S/230.000. Otro de los aportantes destacados en la campaña de López Aliaga fue Julio Gagó Perez, virtual regidor de Lima Metropolitana y excongresista de Fuerza Popular. Él aparece consignado a través de una donación de paneles publicitarios valorizada en S/120.000.

Renzo Reggiardo, virtual teniente alcalde de Lima, donó paneles publicitarios valorizados en S/230.000 para la campaña de López Aliaga".

Tanto Renzo Reggiardo como Julio Gagó declararon que no registraron ingresos ni gastos durante la campaña para las elecciones municipales en el primer informe financiero que presentaron a la ONPE por sus propias candidaturas.

Por último, entre los principales aportantes a la campaña de López Aliaga se encuentra el empresario Henry Salazar López. Al igual que en los casos anteriores, su aporte fue a través de la donación de paneles de propaganda política, valorizados en más de S/76.000.

Salazar López es gerente de H.S. Producciones y también de Roju Producciones. Entre 2008 y 2022, de acuerdo con el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, estas dos empresas facturaron en conjunto más de S/7’630.000 por contratos con el Estado. 

Aunque OjoPúblico intentó contactar al virtual alcalde de Lima Metropolitana y presidente de Renovación Popular, no obtuvo respuesta hasta el cierre de este reportaje.

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*Nota de redacción: En una versión anterior de este informe, se consignó la palabra "acciones". Dado que el estudio jurídico del magistrado Luis Gustavo Gutiérrez Ticse es una sociedad comercial de responsabilidad limitada (SRL), el término correcto es "participaciones". La transferencia de estas participaciones se registran en las partidas registrales de la SRL.