El 9 de julio del 2014 se publicó la Ley N° 30220, también conocida como Ley Universitaria, para normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades a fin de promover el mejoramiento de la calidad educativa superior. Veinte días después se presentaron dos denuncias de inconstitucionalidad alegando que la norma vulneraba la autonomía universitaria. Ambas demandas fueron declaradas infundadas por el Tribunal Constitucional al año siguiente. Sin embargo, desde esa fecha han existido diversas iniciativas legislativas para evitar la reforma de la educación universitaria en el Perú. 

El último viernes 10 de diciembre, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte aprobó dos dictámenes que buscan cambiar la conformación del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y ampliar el plazo a las universidades desaprobadas para que obtengan el licenciamiento. El exministro de Educación Ricardo Cuenca Pareja señaló a OjoPúblico que se pretende “interrumpir la reforma universitaria que empezó hace siete años y se desarrolla de manera correcta”.

Cuenca Pareja explicó que entre las razones para irrumpir la reforma universitaria están las ideológicas, que creen que el Estado no debe regular la educación. “Aun cuando se ha demostrado que el mercado no es buen regulador y la Asamblea Nacional de Rectores del Perú (ANR) no velaba por la calidad educativa”, dijo. A esto se suman las motivaciones  políticas de congresistas o candidatos que prometen implementar universidades en sus regiones y los intereses económicos de grupos empresariales que no quieren que se afecten sus inversiones. 

En el 2014, las bancadas de Fuerza Popular y Solidaridad Nacional (ahora Renovación Popular) firmaron la denuncia de inconstitucionalidad; hoy estos mismos grupos impulsan los cambios en la Ley Universitaria con el apoyo de Acción Popular y Perú Libre. Ante esto, dieciséis universidades: dos públicas y catorce privadas se pronunciaron recientemente señalando que los proyectos de ley debilitan el rol de la Sunedu.

RECLAMO. Hoy organizaciones estudiantiles y colectivos ciudadanos marcharán en contra de los dictámenes del Congreso que modifica la Ley Universitaria.

Foto: Andina

“Los primeros logros de la reforma universitaria han sido alcanzados en razón de la independencia, imparcialidad y calidad profesional de la Sunedu y de su Consejo Directivo, atributos que han servido para otorgar el licenciamiento de las universidades que cumplieron con las condiciones básicas de calidad. Ningún cambio legislativo debe afectar estas características esenciales del ente supervisor”, se lee en el comunicado emitido el lunes 13 de diciembre. 

Asimismo, ocho colectivos de estudiantes universitarios han convocado para hoy una marcha en contra de los dictámenes que buscan cambiar la conformación de la Sunedu. “La Ley Universitaria ha afectado intereses económicos porque ahora a los privados se les exige invertir para cumplir con estándares de calidad, por eso la intención de desnaturalizar la reforma universitaria”, dijo a OjoPúblico Micaela Bazalar, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Debate en el pleno

Si bien ambos dictámenes de la Comisión de Educación aún no fueron agendados para tratar en el Pleno, la ampliación de la primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2021 - 2022 del Congreso hasta el 17 de enero deja abierta la posibilidad de que el tema sea debatido en los próximos días. La congresista Flor Pablo Medina señaló que de tratarse el tema en este periodo, pese a los pronunciamientos de universidades y  estudiantes y sin un debate adecuado, será responsabilidad de la mesa directiva, liderada por María del Carmen Alva, porque sus miembros definen la agenda. 

La también exministra de Educación explicó a OjoPúblico que ambos dictámenes significan un retroceso en la autonomía del órgano técnico de la Sunedu y la mejora de la educación superior, porque al ampliar el plazo para el licenciamiento se permitirá que las universidades que no cumplen con los  estándares de calidad educativa vuelvan a funcionar. Si bien estas pueden volverse a presentarse al proceso de licenciamiento, actualmente hay indicadores más rigurosos en cuanto al modelo educativo, infraestructura, oferta educativa, propuesta de investigación,  responsabilidad social, entre otros, pero las universidades denegadas quieren ser evaluadas con los criterios anteriores. 

Además, para evitar controles posteriores buscan tener mayoría en el Consejo Directivo volviendo al sistema de representación. “Actualmente de los siete integrantes del Consejo de la Sunedu, cinco son por concurso, lo que permite la independencia en las decisiones, no como sucedía antes en la ANR”, anotó. 

La Sunedu resaltó la autonomía de la institución porque sus funcionarios fueron elegidos por concurso público".

Oswaldo Zegarra Rojas, titular de la Sunedu, señaló en una reciente conferencia de prensa que "desde la creación de la Sunedu se ha trabajado con una visión técnica y ajena a cualquier influencia política o económica para lograr los avances que vemos". El superintendente resaltó que la autonomía de la institución está asegurada porque los cargos fueron asumidos por concurso público. 

Zegarra Rojas informó que el 85% de las universidades públicas han conseguido sus licencias cumpliendo ajustadamente las condiciones básicas de calidad. “Las universidades tienen autonomía para desarrollar sus actividades, la Sunedu supervisa que se cumplan las condiciones básicas de calidad que la ley universitaria establece”, agregó.

Hasta el cierre de esta edición, 21 congresistas mostraron su oposición en contra de estos dos dictámenes. Sin embargo, las bancadas de Acción Popular, Fuerza Popular y Renovación Popular mantenían su apoyo a las contrarreformas universitarias. Una de las instituciones que también se mostró en contra de la Sunedu fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que está convocando para este jueves una marcha por la “autonomía universitaria”. 

En noviembre de este año, la rectora de esta universidad, Jeri Román Ruffner, se mostró a favor de cambiar la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu porque “con la anterior ley, los rectores tenían el mismo nivel de un ministro” y podían plantear directamente al Ministerio de Economía y Finanzas pliegos presupuestarios, mientras que ahora deben realizarlo a través del Ministerio de Educación. Ante esto, Manuel Burga Díaz, exrector de esta casa de estudios, lamentó que Román Ruffner “opte por una posición contra los estudiantes y la calidad universitaria” y señaló que existe un desconocimiento de lo que significa autonomía universitaria e institucional.

PRONUNCIAMIENTO. El Consejo Directivo de la Sunedu rechazó las iniciativas legislativas que afectarían los avances de la Reforma Universitaria.

Foto: Sunedu

El exrector de la San Marcos señaló que la institución ha trabajado durante los últimos 50 años para mejorar la calidad educativa y que “no se puede buscar autonomía borrando un órgano regulador [como la Sunedu]”. Indicó que antes de la Ley Universitaria el 78% de los docentes no tenían el grado de doctores, pero ya eran profesores principales. Ahora se reconocen los trabajos de investigación y un docente puede obtener el incremento del 50% de su salario cuando sus proyectos son buenos. “Las exigencias de la Sunedu hace que la universidad haya sufrido una serie de cambios para bien”, agregó.

Asimismo, el superintendente Oswaldo Zegarra Rojas explicó que la autonomía que reclama la rectora de la San Marcos, Jeri Román, no es una exigencia a la Sunedu, sino al Ministerio de Educación porque ahora deben solicitar proyectos a ellos y no de manera directa al Ministerio de Economía y Finanzas. “[La Sunedu] nunca ha vulnerado la autonomía, esa autonomía que reclama es del Minedu. Lamentablemente, la rectora ha tenido participación en estos dictámenes”, anotó. 

Dos posiciones estudiantiles

Ocho organizaciones estudiantiles de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad Nacional Agraria la Molina, Universidad Nacional del Callao, Universidad de San Martín de Porres, Centro de Estudios de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana se han mostrado en contra de los cambios en la Ley Universitaria que plantea la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y han convocado para hoy una marcha por la defensa de la educación.  

“Nos parece indignante que desde la misma comisión de educación no velen por los intereses de los estudiantes, sino por el negocio de las universidades [...]  al proponer que las universidades sin licenciamiento cuenten con más tiempo para conseguirlo cuando pueden volver a presentarse, pero prefieren evitar gastos mayores”, expresó Micaela Bazalar, presidenta de la Federación de Estudiantes de la PUCP. 

A esta opinión se sumó la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana que ha rechazado el continuismo de las universidades que no cuentan con laboratorios, mallas curriculares y docentes adecuados para la correcta formación de los alumnos. “La Comisión de Educación debería tratar el retorno de la semipresencialidad o evaluar cómo estamos llevando las clases virtuales, porque hay cursos que no se deberían ser virtualizados como anatomía y cirugía, y no estar discutiendo darle oportunidades a universidades bambas que ni siquiera tienen infraestructura”, cuestionó la estudiante de medicina humana Ethel Rodríguez.

Ocho organizaciones de estudiantes han convocado hoy a una marcha por la defensa de la educación". 

La estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos indicó que existe intereses económicos en acelerar la aprobación de estos dos proyectos de ley a diferencia de la propuesta legislativa N° 06969 –que plantea mejorar las condiciones de las prácticas preprofesionales en los hospitales para los estudiantes de las carreras de salud– que demoró más de un año para llegar a un predictamen y finalmente fue archivado en la anterior legislatura a pesar de la urgencia de mejorar las condiciones en pandemia. “Ahora vemos que este Congreso en unos cuantos meses ha logrado llevar adelante varios proyectos de ley que buscan retroceder lo que avanzó la Sunedu”, dice la representante de los estudiantes de medicina humana.

La Coordinadora Nacional de Gremios Estudiantiles (Conage) –que integra a la Federación Universitaria de San Marcos, Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, entre otras– rechaza el papel de la ANR y la Sunedu porque considera que han usado indebidamente los recursos directamente recaudados de las universidades y no han sancionado  a rectores cuando se presentan casos de corrupción, respectivamente.

“Ambos niegan participación en lo normativo, académico, administrativo, económico y político de los estudiantes”, se lee en el comunicado emitido por los gremios estudiantiles el lunes 13 de diciembre. Si bien hay diferencia de opiniones, para David Ramos, presidente de la Asociación de Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), existe la unidad  estudiantil en cuanto a  que “no se puede retroceder en la mejora educativa que trajo al Sunedu”.

Las organizaciones estudiantiles han consensuado que no se puede retroceder en la mejora educativa".

Pero también se debe trabajar en mejorar las condiciones de los estudiantes. Una de las reformas que exigen los gremios es que el voto de los estudiantes tenga un peso similar al de los docentes cuando se elijan a la alta dirección de las universidades porque en la actualidad los rectores son elegidos por el consenso de los docentes aunque exista oposición de los universitarios. 

“La norma es perfectible, no se puede negar que hay aspectos que deben volverse a discutir, pero retroceder en los avances de la Sunedu por la educación universitaria no se puede permitir”, reconoció la exministra de Educación, Flor Pablo. La ahora congresista cuestionó el silencio del actual ministro de la cartera, Carlos Gallardo y el presidente de la República, Pedro Castillo, quienes no se han pronunciado por las reformas planteadas a la Ley Universitaria.