Luego de una investigación de casi siete meses, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder del Ministerio Público, liderado por la fiscal Marita Barreto, y la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía (Diviac), reveló la existencia de una presunta organización criminal liderada por la propia fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, e integrada por sus tres asesores de confianza: Jaime Villanueva Barreto, Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza.

La investigación fiscal por organización criminal y tráfico de influencias, iniciada el 5 de mayo de este año, sostiene de manera preliminar que los asesores, principalmente Jaime Villanueva, que aseguró tener la autorización de Patricia Benavides para coordinar en su nombre, negociaron con congresistas la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo, la inhabilitación de la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos y el intento de remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, con el objetivo de mantener a la fiscal de la nación en su cargo, a cambio, ella se comprometía a archivar sus investigaciones fiscales. 

ORGANIZACIÓN. Un agente especial en el Congreso ayudó a revelar la presunta organización criminal liderada por Patricia Benavides y sus tres asesores.

Documento: Operación Valkiria

 

Las pruebas obtenidas durante la investigación, señalan que la presunta organización criminal tenía en la mira a 42 congresistas con la intención de conseguir los votos necesarios para la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera. Estos fueron clasificados en “Niños 1”, “Niños 2” y “Niños 3” por el asesor, y eran justamente aquellos que tenían una investigación abierta por supuestamente haber negociado sus votos para favorecer al expresidente Pedro Castillo y su ministro de Transporte, Juan Silva, en procesos de censura en años anteriores. 

Los congresistas que aparecen en estos listados pertenecen a las bancadas de Acción Popular, Podemos Perú, Bloque Magisterial, Unidad y Diálogo, Perú Libre, Alianza Para el Progreso, Perú Bicentenario, Cambio Democrático y no agrupados. 

Veintidós de estos congresistas votaron a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos, según el cuadro de votación del Pleno del Congreso: María Aguero (Perú Libre), Américo Gonza (Perú Libre), Alfredo Pariona (Perú Libre), Kelly Portalatino (Perú Libre), Wilson Quispe (Perú Libre), Luis Aragón (Acción Popular), Ilich López (No agrupado), Pedro Martínez (No agrupado), Karol Paredes (No agrupado), Magaly Ruiz (APP), Rosio Torres (APP), Cheryl Trigozo (APP), Heidy Juarez (Podemos), Carlos Zeballos (Podemos), Jorge Marticorena (Perú Bicentenario), Katy Ugarte (Unidad y Diálogo), Paúl Gutiérrez (Bloque Magisterial), Francis Paredes (Bloque Magisterial), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Edgar Tello (Bloque Magisterial) y Oscar Zea (Bloque Magisterial). 

Investigación fiscal reveló una presunta organización criminal liderada por Patricia Benavides"

La tesis fiscal apunta que los asesores intentaron negociar con estos congresistas a cambio de liberarlos de su investigación fiscal. La prueba central fue que el 15 de junio, días antes de la votación de la inhabilitación de Zoraida Ávalos, la fiscalía de la nación emitió una resolución en la que dispuso no haber mérito para promover una investigación preliminar contra los 26 congresistas de la lista “Niños 3”.

La investigación también expone los registros de visitas de los asesores de la fiscal de la nación a congresistas que no aparecen en los tres listados, como la parlamentaria Gladys Echaíz, de Renovación Popular; Lady Camones, de Alianza Para el Progreso y José Balcázar, de Perú Bicentenario, en el año 2022. Así como las reuniones con Isabel Córtez, Eduardo Salhuana, Diana Gonzales y a los asesores principales de las congresistas Patricia Chirinos y Katy Ugarte, este año.

NIÑOS ORGANIZADOS. Jaime Villanueva Barreto clasificó a los congresistas investigados por tráfico de influencias como Niños 1 y Niños 2. 

Documento: auto que autoriza la Operación Valkiria

NIÑOS 3.Congresistas beneficiados con la disposición fiscal que archiva su investigación por supuestamente favorecer al exministro Juan Silva. 

Documento: Auto que autoriza la Operación Valkiria

 

Asimismo, existen chats de Jaime Villanueva, obtenidos por el equipo fiscal de Marita Barreto y la Diviac, en los que el asesor le dice a un parlamentario, que actuó como ‘agente especial’ en la investigación, que requiere una entrevista con el fallecido congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra. 

También existen mensajes en donde señala que ya había hablado con “[Luis] Aragón, [Pedro] Martínez e Ilich [López]” y otro que dice “He hablado con algunos y conseguido a Somos [Perú], [María del Pilar] Cordero y los 4 niños”, y también un mensaje en el que asegura tener el apoyo de la congresista Patricia Chirinos para conseguir más adeptos a sus fines: “Patty Chirinos dice que ya tiene al Bloque Magisterial”. Así como el mensaje del 5 de junio en el que señala haber logrado más acuerdos “Ya hablamos con PL [Perú Libre] (Vlady), Bloque [Magisterial] y [José] Luna”. 

De acuerdo a la investigación del Equipo Especial, estas negociaciones permitieron que se apruebe la inhabilitación de la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos con 71 votos a favor, los cuales se lograron con la luz verde de 17 miembros de Fuerza Popular, 7 de Perú Libre, 8 de Acción Popular, 8 de Alianza Para el Progreso, 6 del Bloque Magisterial, 6 de Renovación Popular, 6 de Avanza País, 3 de Podemos Perú, 1 de Perú Bicentenario, 4 de Somos Perú y 5 no agrupados. 

El equipo de la fiscal Marita Barreto sostiene que la misma práctica fue llevada a cabo para las otros hechos delictivos expuestos en el caso, es decir para lograr la elección de Josué Gutiérrez Cóndor como defensor del Pueblo y el intento de conseguir los votos para remover a la Junta Nacional de Justicia, que investiga a Patricia Benavides por diversos hechos. 

PRUEBAS. Los chats de Jaime Villanueva revelan las coordinaciones que realizaba con congresistas para favorecer a Patricia Benavides.

Documento: Operación Valkiria

 

Con el pasar de los días, también se conocieron audios de Jaime Villanueva en la que se escucha coordinar con el ‘agente especial’ para conseguir más apoyo para sus objetivos. “Te pido que por favor nos ayudes porque es importante sacar los votos (...) Nosotros nos estamos reuniendo y asegurando algunos votos también”, se escucha en un audio obtenido por OjoPúblico.

Además, la fiscalía y la Diviac encontraron documentos importantes en la oficina de Abel Hurtado durante su allanamiento. Por ejemplo, un cuaderno bajo el título  “Ataques o cuestionamientos del poder ejecutivo contra el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación”, otro con la cinta de “Escándalo de los señores 130 congresistas”. En el lugar también había un hoja con el listado de denuncias constitucionales presentadas por la fiscal de la nación contra Pedro Castillo, Betsy Chávez, Roberto Sánchez, Willy Huerta y contra los congresistas considerados “Los Niños”.

Mientras que en el tacho de basura se halló una resolución de la Autoridad Nacional de Control en pedazos. Sin embargo, la Policía pudo identificar una parte que decía “Barreto Rivera”, en referencia a la fiscal Marita Barreto Rivera, a cargo del Plan Valkiria.

Ante los graves hechos denunciados que ubican a la fiscal de la nación como líder de una presunta organización criminal, la tarde del martes 28 de noviembre, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia informó el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario inmediato, que prescinde de la investigación preliminar, contra Patricia Benavides, por la presunta comisión de faltas disciplinarias muy graves establecidas en los numerales 6, 11, 13 del artículo 47 de la ley de carrera fiscal. 

Esto es por interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano fiscal o la función fiscal; establecer relaciones de carácter extraprocesal con las partes o terceros, que afecten su objetividad e independencia, o la de otros, en el desempeño de la función fiscal; y por incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo. 

Un día después, el 29 de noviembre, la instructora del caso, la magistrada Imelda Tumialán, solicitó como medida preventiva la suspensión provisional de Patricia Benavides como fiscal suprema mientras dure el proceso disciplinario. La medida se decidirá este 6 de diciembre, luego que la fiscal de la nación emita sus descargos, según el reglamento de procedimientos disciplinarios de la JNJ. 

En respuesta a ello, la fiscal de la nación, solicitó ese mismo día a la jueza Jacqueline Carrillo, del Sexto Juzgado Constitucional, para que amplíe la medida cautelar que suspendió todas las investigaciones que tenía en la Junta Nacional de Justicia con el fin de paralizar también este proceso disciplinario inmediato en su contra.

DETENIDO. Jaime Villanueva Barreto, uno de los principales involucrados en la Operación Valkiria, fue detenido el lunes 27 de noviembre. 

Foto: Andina

 

La actual titular de la fiscalía tiene cuatro investigaciones preliminares suspendidas en la Junta Nacional de Justicia: una por remover a la fiscal Betzabé Revilla, que investigaba a su hermana Emma Benavides; otra por el caso de la desaparición de sus tesis; otra por haber recibido una condecoración del alcalde de Lima, Rafael Lopez Aliaga, investigado por lavado de activos; y una última por sus llamadas con el empresario Antonio Camayo, investigado en el caso Cuellos Blancos.

“Los hechos imputados son gravísimos. Estamos hablando de una situación en la cual se está traficando con influencias en procesos fiscales de congresistas, a cambio de votos para proteger la posición de la propia fiscal de la nación y para facilitar la captura de las instituciones públicas. En una república saludable, la propia fiscal habría dado por decencia un paso al costado”, señaló el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta. 

El operativo Valkiria, aprobado por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, inició a las 4:00 de la mañana del lunes 27 de noviembre con los allanamientos de las oficinas y domicilios de los asesores, y la búsqueda de Jaime Villanueva Barreto para su captura. 

La tesis fiscal indica que los asesores negociaban con los congresistas para lograr mantener a Patricia Benavides en el cargo"

No obstante, se pudo conocer que, horas antes del inicio de la operación, la fiscal de la nación y su círculo más cercano, funcionarios y fiscales, se reunieron en el noveno piso de la sede del Ministerio Público, fuera del horario laboral. 

Los videos de las cámaras de seguridad, a los que accedió OjoPúblico, muestran a Patricia Benavides ingresar a las 8:48 de la noche del domingo 26 de noviembre. Posteriormente, a las 9:08 p.m. se puede apreciar la llegada del fiscal Daniel Jara.

La bitácora de asistencia reveló que también acudieron a la cita nocturna los fiscales Marena Mendoza, Elmer Ríos, Francisco Avellaneda, así como los funcionarios Miguel Girao, Fiorella Casique, Héctor Abanto y Rosalyn Aranda, entre otros. Las cámaras de seguridad confirmaron que el encuentro duró aproximadamente hasta las 4:00 de la mañana del lunes. 

Entre esas horas, la fiscalía de la nación emitió dos resoluciones dejando sin efecto las designaciones de Jaime Villanueva Barreto, como gerente central del despacho de la fiscalía de la nación, y a la fiscal Marita Barreto, como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder. 

Tras esa decisión, Benavides intentó buscar un reemplazo para la fiscal removida. Primero designó al fiscal José Miguel Cuya, pero éste desistió de asumir el puesto. Luego, se nombró en el cargo a Daniel Jara, quien había estado reunido con la misma fiscal de la nación la madrugada del lunes 27 de noviembre, pero este también decidió no asumir la responsabilidad. 

Ante esa situación, Patricia Benavides decidió nombrar al fiscal Fredy Gutiérrez Crespo como nuevo coordinador del equipo especial que la investiga. A diferencia de los dos primeros reemplazos, el nuevo encargado era parte del equipo de fiscales que trabajaban con Marita Barreto. Fuentes de la Fiscalía informaron que la decisión se debería a la posición que tomó el propio grupo de no aceptar a un fiscal que no sea del mismo equipo. “En ese sentido es una derrota [para Benavides]”, indicó un fiscal. 

ANTESALA. Integrantes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder junto a policías de la Diviac la noche previa a la Operación Valkiria. 

Foto: OjoPúblico

 

Desde que inició su gestión como fiscal de la nación, hace un año y cuatro meses, Patricia Benavides ha sido cuestionada por desarticular investigaciones emblemáticas. Por ejemplo, la remoción del fiscal Frank Almanza, quien estuvo a cargo del caso Sánchez Paredes, archivada por la Corte Superior de Justicia; de la fiscal Magaly Quiroz, responsable del caso Cuellos Blancos; y la última suspensión del fiscal Rafael Vela, a cargo del caso Lava Jato. 

A eso hay que sumarle la salida de Marita Barreto del Equipo Especial de Fiscales contra Corrupción en el Poder y de la fiscal Jhousy Aburto, a cargo de las investigaciones de los muertos y heridos durante las protestas contra el régimen de Manuel Merino, la madrugada del 27 de noviembre.

“Que la propia cabeza de la institución [Patricia Benavides Vargas] lidere una organización criminal y cometa delitos cuyos efectos se extienden más allá de su esfera personal, es gravísimo. Utilizar su poder para archivar investigaciones penales a congresistas, a cambio de votos en el Congreso para incidir en la integración de las instituciones de control como el nombramiento de defensor del pueblo y la remoción de otros fiscales supremos o de los miembros de la JNJ, genera daños profundos a la institucionalidad y a la democracia”, declaró Úrsula Indacochea, abogada especialista en independencia judicial. 

 

“Eligen a Josué [Gutiérrez]”

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) determinó que uno de los hechos presuntamente delictivos fue la coordinación entre los asesores de la fiscal de la nación, especialmente Jaime Villanueva, con diversos congresistas para lograr la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo.

La tesis fiscal sostiene que Patricia Benavides necesitaba que se designe un defensor del pueblo con el que pueda mantener una coordinación en favor de sus intereses, ya que este es el funcionario que preside la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, entidad que tiene a su cargo investigaciones preliminares en su contra. 

“La fiscal de la nación Patricia Benavides en contubernio con sus asesores principales, Jaime Villanueva Barreto, Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza, desplegaron sus pretensiones de contar con un defensor del pueblo a la talla de sus intereses particulares”, remarca la postura fiscal en la resolución del juez José Luis Chávez Tamariz.

PRIORIDAD. La investigación fiscal señala que Patricia Benavides necesitaba un defensor del pueblo —Josué Gutiérrez jura al cargo— que responda a sus intereses.

Foto: Andina

 

Este caso inicia con la llegada de Patricia Benavides al cargo de fiscal de la nación, el 1 de julio de 2022, y posteriormente la designación de Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado como asesores de confianza del despacho de la fiscalía de la nación. 

Al poco tiempo, según muestran los registros de visitas del Congreso, los asesores de Benavides comenzaron a acudir al Congreso para reunirse con diversos congresistas. Por ejemplo, se pudo conocer la visita de Miguel Girao al parlamentario de Perú Bicentenario, José Balcázar Zelada, el 17 de agosto de 2022, un mes y medio después de que Patricia Benavides asuma el cargo. 

Asimismo, también existe una visita de Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado al mismo congresista el 21 de setiembre del mismo año. Al día siguiente, 22 de setiembre, Jaime Villanueva y Miguel Girao visitaron a la congresista Lady Camones, de Alianza Para el Progreso (APP). 

Mientras que el 3 de octubre de 2022, Villanueva Barreto visitó a la congresista Gladys Echaíz y, dos semanas después, se volvió a reunir con ella. Un mes después, esta vez Villanueva Barreto con Girao Isidro acudieron al Parlamento para reunirse con Lizbeth Adrianzen Budiel, trabajadora del despacho de la misma congresista. La visita a la misma funcionaria se repitió el 12 de enero de 2023. 

El EFICCOP sostiene que en dichas reuniones se iniciaron las concertaciones para que el Congreso avanzara con la inhabilitación de la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos y para retomar el proceso de elección del nuevo defensor del pueblo. 

Los asesores de Patricia Benavides se reunieron con los congresistas José Balcázar, Gladys Echaíz y Lady Camones, entre otros"

Sobre este último, justamente, el 5 de enero de 2023, la Junta de Portavoces del Congreso decidió conformar la comisión especial que se encargaría de la elección del reemplazo de Eliana Revollar, en la Defensoría del Pueblo.

Efectivamente, el proceso avanzó, pese a los cuestionamientos, y el 26 de abril de este año, Josué Gutiérrez y Jorge Rioja Vallejos fueron anunciados como los candidatos que pasarían a la etapa final, esto tras la renuncia al proceso del postulante Pedro Cartolín. 

Una semana después, el 4 de mayo, mientras se producía el debate público sobre ambos, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó una proyecto de ley que buscaba modificar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

Esta modificación incorporaba un párrafo en la que se indicaba que en caso de ausencia del defensor del pueblo, el responsable de presidir la elección de los magistrados de la JNJ sea el presidente del Tribunal Constitucional, que también es elegido por el Congreso. 

Un día después, el 5 de mayo, el EFICCOP inició la investigación secreta contra los asesores de la fiscal de la nación. Durante la investigación, el equipo fiscal de Marita Barreto y la Diviad lograron el apoyo de un congresista, al que llamaron ‘agente especial’, que les permitió acceder a chats que mantuvo con el exasesor del despacho de la fiscalía de la nación, Jaime Villanueva Barreto. 

AUTORIZADO. Jaime Villanueva Barreto le indica a su contacto que él es el único autorizado para hablar en nombre de la fiscal de la nación.

Foto: Operación Valkiria

 

La mensajería a la que tuvo acceso el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder revela que la fiscal de la nación, a través de su asesor, buscaba que los congresistas elijan a un defensor con el que se pueda mantener vínculo cercano al sector del Congreso con el que se negociaba, ello les permitiría seguir manteniendo una línea de trabajo coordinado.

“Nosotros apoyamos a la opción que nos garantice un trabajo coordinado”, escribió Villanueva a su interlocutor el 6 de mayo de este año.

Los chats también demuestran que, inicialmente, la fiscal de la nación habría estado a favor de la elección de Jorge Rioja Vallejos. “Ella [Benavides] ha indicado ir por [Jorge] Rioja. Pero quiere su confirmación para estar en coordinación”, se lee en un chat del 9 de mayo. 

Sin embargo, el 17 de mayo, el mismo día de la votación final para elegir al nuevo defensor en el Congreso, Villanueva informó al ‘agente especial’ que la estrategia sería votar por Josué Gutiérrez.

“Esta es la estrategia: eligen a Josué [Gutiérrez], pero quien presidirá la JNJ es el TC [Tribunal Constitucional] y Delia entrará como miembro”, escribió Jaime Villanueva al congresista con el que coordinaba. 

El defensor del pueblo es el encargado de presidir la comisión que elegirá a los nuevos miembros de la JNJ"

La elección de Gutiérrez se produjo con 87 votos a favor, la tarde del 17 de mayo. Al día siguiente, el 18 de mayo, Jaime Villanueva escribe a su interlocutor del Congreso para mostrarle su preocupación por no oficializar al nuevo titular de la Defensoría del Pueblo y aprovecha para señalar los motivos por los que es necesario la defensa de dicha elección.

“Estamos preocupados porque se vaya a caer la elección del defensor. Tener un titular en esa institución es imprescindible pues lo que está en juego es algo mucho más importante, incluso que la misma Defensoría”, dice el asesor principal de Benavides Vargas. 

Más abajo en la conversación, Villanueva remarca su rol de representante de Patricia Benavides, un mensaje que ha sido considerado clave en el caso. “Como ella [Benavides] misma le dijo, yo soy el único autorizado para hablar en su nombre y coordinar con ustedes”. 

Finalmente, el 19 de mayo, se publicó en El Peruano la resolución legislativa que confirma la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo, de esa manera, el EFICCOP concluye que la gestión realizada por Jaime Villanueva a favor de la fiscal de la nación Patricia Benavides logró su objetivo.

“Se advierte evidentemente que las influencias ilícitas realizadas por Jaime Villanueva Barreto, siempre estuvieron ejecutadas bajo la dirección de máxima autoridad del Ministerio Público, Liz Patricia Benavides Vargas, puesto que sus intereses es lograr una permanencia excepcional en el cargo de fiscal de la nación, y para ello es necesario que ante una eventual remoción de la JNJ, el defensor del pueblo será quien presida la comisión especial de selección de miembros de esa entidad”, resume en su exposición el equipo que lidera la fiscal Marita Barreto. 

 

“Esto es de vida o muerte”

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder sostiene que otro hecho delictivo negociado por la presunta organización criminal fue la inhabilitación de la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos.

La historia de este segundo hecho comienza con la presentación de la denuncia constitucional de la congresista Patricia Chirinos contra la fiscal suprema Zoraida Ávalos el 28 de diciembre de 2021. Posteriormente, se suma la denuncia presentada por el procurador anticorrupción, Javier Pacheco, del 21 de febrero de 2022, y que la parlamentaria Gladys Echaíz hace suya el 2 de marzo de ese año. 

Estos hechos resultan importantes para entender la presencia constante de los asesores de Patricia Benavides en el Congreso, desde agosto de 2022 a enero de 2023, recogidos en la investigación fiscal. Las tres primeras reuniones, de fecha 17 de agosto y 21 y 22 de setiembre del año pasado se dan con los congresistas José Balcázar y Lady Camones. 

Justamente, el 23 de setiembre, un día después de visitar a la congresista Camones, entonces presidenta de la Subcomisión de Acusación Constitucionales del Congreso, este grupo de trabajo decide aprobar por mayoría las denuncias constitucionales acumuladas contra Zoraida Ávalos Rivera.

Luego de ese hecho, se registran cuatro visitas entre el 3 de octubre del año pasado y el 12 de enero del 2023. Dos de esas reuniones fueron entre los asesores de Benavides y la congresista Gladys Echaíz, promotora de la denuncia constitucional, y dos con su personal de despacho, Lizeth Adrianzen. 

El 16 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso recomendó acusar a Zoraida Ávalos por infracción a la Constitución y por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales al haber suspendido en enero de 2022 las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo Terrones.

PROCESO. El 21 de junio, el Congreso de la República inhabilitó a la exfiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera, por 5 años. 

Foto: OjoPúblico / Abel Cárdenas

 

Unos meses después, se producen dos hechos claves para entender el tráfico de influencia en este caso: el 16 de marzo, el juez Juan Carlos Checkley declara fundado el requerimiento fiscal de allanamiento contra 16 congresistas investigados por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y negociación incompatible por estar involucrados en negociado de votos a favor del expresidente Pedro Castillo Terrones durante un proceso de censura. 

Asimismo, en abril de este año, la Fiscalía decide abrir investigación contra 40 congresistas por supuestamente haber recibido sobornos para salvar de una censura al exministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno del expresidente Pedro Castillo, Juan Silva Villegas, en noviembre de 2021. 

Estas investigaciones, de acuerdo a las pruebas obtenidas por el EFICCOP, le permitió a la presunta organización criminal en la Fiscalía determinar a qué congresistas acudir para negociar su voto a favor de la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos y qué ofrecer a cambio. 

Jaime Villanueva le indicó a su contacto que la inhabilitación de Zoraida Ávalos era un caso de vida o muerte"

En estas fechas, se conoció que el Congreso había programado para el 25 de mayo el debate de la inhabilitación contra la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos. Por eso, días antes, el 19 de mayo, Jaime Villanueva se comunica con su contacto en el Congreso para indicarle que es necesario ponerse de acuerdo por ser un caso “de vida o muerte”.

“Lo importante es que logremos el objetivo. Saliendo de este peligro hay varias cosas que podemos trabajar”, dice Villanueva en su chat el mismo 19 de mayo de este año.

El 23 de mayo, el asesor nuevamente se comunica con el agente especial para comunicarle que ya había hablado con “[Luis] Aragón, [Pedro] Martínez e Ilich [López]”. Ese mismo día, le dice que también logró conseguir los votos de “Somos [Perú], [María del Pilar] Cordero y los 4 niños”. Para luego decir que la congresista Patricia Chirinos ya tiene asegurado al Bloque Magisterial. 

“Tenemos que lograr esos votos el jueves [25 de mayo]. El mensaje es claro, se queda Shakira [en referencia a Zoraida Ávalos] y la Junta suspende a [Patricia] Benavides”, dice insistentemente Jaime Villanueva a su interlocutor. 

Al día siguiente, el 24 de mayo, nuevamente el asesor se vuelve a comunicar con su contacto en el Congreso para consultarle si ya se contaba con los votos para la inhabilitación de Ávalos Rivera. 

“¿Cómo vamos con los votos? ¿Llegamos?”, pregunta.  Luego le cuenta las reuniones pactadas para concretar más personas a favor de su objetivo. “Estamos por cerrar con [José] Luna. Estoy yendo ahorita a reunirme con el Bloque Magisterial. Sí. Quieren verme para cerrar”, se lee. 

CARGO. Patricia Benavides Vargas asume como fiscal de la nación el 1 de julio de 2022, luego de haber sido nombrada como fiscal suprema por la JNJ. 

Foto: Ministerio Público

 

Ese mismo día, Jaime Villanueva le comparte a su contacto un cuadro con las proyecciones de la votación del día siguiente, a partir de los acuerdos logrados hasta ese momento. 

El listado tiene una columna de “Observaciones”, en la que se coloca “Niño 1”, “Niño 2” y “Niño 3”, en referencia a los congresistas que tienen investigaciones en la fiscalía relacionados al gobierno anterior.

“Esta cúpula de poder del Ministerio Público se proyectó a obtener los votos de los congresistas investigados, para que voten a favor de la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera y de esa manera evitar que sea la potencial sucesora de Patricia Benavides Vargas ante una posible y legítima destitución por la Junta Nacional de Justicia”, sustenta la fiscalía recogido por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. 

Zoraida Ávalos denunció que los asesores de Patricia Benavides acudían al congreso a negociar su inhabilitación"

No obstante, el 22 de mayo, la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos había solicitado a Patricia Benavides, fiscal de la nación, una sesión de Junta de Fiscales Supremos para evaluar la emisión de un pronunciamiento en defensa de la independencia judicial ante la amenaza del Congreso de inhabilitarla. 

En ese contexto, Jaime Villanueva remite un audio al ‘agente especial’ señalando una estrategia para evitar que los acuerdos de la Junta de Fiscales Supremos pueda interferir en la decisión que tome el Congreso sobre la inhabilitación. 

“La estrategia es haber convocado la Junta [de Fiscales Supremos] a las 4:30 de la tarde para sacar el comunicado recién mañana en la tarde. Lo queremos demorar todo lo posible para que no interfiera en la decisión que tome el Congreso”, se escucha. 

No obstante, el 25 de mayo, el Congreso suspende el debate y votación de la inhabilitación de Zoraida Ávalos. Ante ello, las negociaciones del asesor continuaron. 

El registro de visitas del Congreso muestra que durante el mes de mayo, Abel Hurtado, asesor de Patricia Benavides, se reunió con los congresistas Eduardo Salhuana, Isabel Cortez, y con los asesores de las congresistas Patricia Chirinos y Katy Ugarte.

El 5 de junio, el entonces asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva le escribe a su contacto para indicarle que ya había hablado con “PL [Perú Libre] (Vlady), Bloque [Magisterial] y [José] Luna”. 

Al día siguiente, el 6 de junio, el agente especial le pide al asesor una “señal de archivo de lo que corresponde”, en referencia al archivo de una investigación. A lo que Villanueva indica que “ya está todo listo”, y que se podría sacar el viernes [9 de junio] dicho documento. 

APOYO. Jaime Villanueva Barreto menciona en uno de sus chat que la congresista Patricia Chirinos le ayudaba a conseguir votos. 

Foto: Andina

No fue el viernes 9 de junio, pero sí varios días después: el 15 de junio. Ese día, Villanueva le envía a su contacto un documento con el nombre “Disposición N° 2 PDF”, el cual corresponde a la resolución fiscal que declara no haber mérito para promover investigación preliminar contra los 37 congresistas, de los cuales 26 estaban señalados en el listado de “Niños 3”, que Villanueva ya había compartido semanas antes a su interlocutor. 

Finalmente, el 21 de junio, el Congreso aprobó con 70 votos a favor la inhabilitación de la fiscal suprema, Zoraida Ávalos Rivera, por cinco años, así como el levantamiento de su inmunidad para ser investigada penalmente. 

“Las pretensiones desplegadas por esta presunta organización criminal es procurar lograr la permanencia en el cargo de la fiscal de la nación y lograr el control absoluto del Ministerio Público”, indica la resolución judicial, que recoge los postulados del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder.

 

“Análisis caso remoción”

El tercer hecho delictivo de la presunta organización criminal al interior del Ministerio Público, liderado por Patricia Benavides, de acuerdo a la investigación fiscal, fue la negociación de su asesor Jaime Villanueva para lograr la remoción de la Junta Nacional de Justicia, entidad que investiga a la fiscal de la nación por hechos que podrían generar su destitución. 

Este caso inicia luego que el 24 de mayo de 2023, la congresista Patricia Chirinos, mencionada en los chats de Villanueva, presentara una denuncia constitucional contra los miembros de la JNJ por los delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento ilegal del cargo.

Como se conoció posteriormente, el Pleno del Congreso encargó a la comisión de justicia y derechos humanos la investigación y elaboración de un informe final en relación a la investigación sumaria en contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. 

La apertura de dicha investigación contra toda una sala de magistrados, a cargo del nombramiento de jueces y fiscales, fue criticada de arbitraria e ilegal por entidades tanto nacionales como internacionales, al considerarse una amenaza al principio de separación de poderes y por ende al de independencia judicial. El caso mereció la preocupación de funcionarios de la Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

REMOCIÓN. La investigación fiscal indica que la presunta organización criminal también estuvo detrás del intento de remoción de la JNJ.

Foto: Operación Valkiria

 

Posteriormente, tras varios meses en debate sobre la legitimidad de este proceso, el 7 de noviembre, el Congreso programó para el día siguiente, el debate del informe final de la comisión de justicia que recomendaba la remoción de toda la JNJ. 

El mismo 7 de noviembre, el todavía asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, le envía a su contacto en el Congreso un documento bajo el nombre de “Análisis Caso Remoción”, que contenía una propuesta de resolución legislativa que sustentaba la remoción de todos los miembros de la JNJ. 

Sin embargo, ese mismo día, en horas de la tarde, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso la suspensión provisional de todo el proceso contra la JNJ en el Congreso, al concederles una medida cautelar. 

Ante ello, el asesor muestra su rechazo de tal decisión a su contacto. “Esto es un claro prevaricato. Si el Congreso cede no podrán ejercer su función”, se lee en los chats incluidos en la investigación. 

“Jaime Villanueva Barreto condenaba dicha medida judicial como un claro prevaricato, conducta que no hace más que evidenciar una influencia ilícita grave por lograr la remoción de la Junta Nacional de Justicia, y así Patricia Benavides no sea destituida del cargo de fiscal de la nación”, concluye dicho acápite. 

Este medio solicitó una entrevista con la fiscal de la nación, Patricia Benavides, pero la gerente de comunicaciones, Rosalyn Aranda, informó que por ahora no va a dar declaraciones. Asimismo, se contactó con el abogado de Jaime Villanueva Barreto, Luis Capuñay López, pero tampoco quiso brindar declaraciones para esta nota. 

Por su parte, el abogado de Miguel Girao informó que brindaría una entrevista para este informe, pero, hasta el cierre de la nota, ya no volvió a contestar a este medio. Con respecto a Abel Hurtado, se intentó conseguir el contacto a través del área de prensa del Ministerio Público, pero indicaron que el todavía asesor de la fiscal de la nación está actualmente inubicable.