La segunda y frustrada moción de vacancia contra el presidente de la república, Pedro Castillo, incluyó acusaciones de presunta corrupción en su entorno cercano. Durante la exposición que hizo ante el Congreso el pasado lunes 28 de marzo, el mandatario se defendió de los 20 cuestionamientos imputados asegurando que se tratan de hechos no corroborados, especulaciones basadas en notas de prensa y que carecen de sustento legal. “Todos los casos relatados en la moción están en fase de investigación preliminar, es decir, los fiscales ni siquiera han denunciado, ni mucho menos, formulado acusación”, sostuvo.

Su abogado, el constitucionalista José Félix Palomino Manchego siguió la misma línea argumental e insistió en que no se le debería imputar al mandatario actuaciones de terceros. "En la moción, las personas referidas están siendo investigadas por el Ministerio Público (...) Se ha dispuesto darles todas las facilidades para el ingreso a Palacio de Gobierno, y se han entregado la documentación, videos y lista de testigos (...) La responsabilidad penal es individual”, agregó.

Solo horas antes de estos discursos, el Ministerio Público lideró operativos de detención preliminar contra el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco; dos de los sobrinos del jefe de estado, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez; y otras ocho personas involucradas en presuntos actos ilícitos que salpican a Castillo Terrones.

Del total de 11 procesados que forman parte del entorno presidencial investigado, cinco figuran desde el pasado miércoles en el Programa de Recompensas. Se trata de Bruno Pacheco, Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y los exfuncionarios de Provías Descentralizado Edgar Vargas Mas y Alcides Villafuerte Vizcarra. Este último investigado se entregó el pasado viernes 1 de abril a las autoridades en la ciudad del Cusco. ¿Qué se sabe de estos personajes vinculados al presidente?

RECOMPENSAS. El Ministerio del Interior incluyó a los sobrinos del presidente, al exsecretario Bruno Pacheco y a otros involucrados en el caso Puente Tarata III en el Programa de Recompensas.

Captura: Ministerio del Interior.

1. Los casos penales que involucran al presidente Pedro Castillo

En enero de este año, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar al presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado en dos concursos públicos; y por su supuesta autoría en hechos contra la administración pública y patrocinio ilegal en ascensos militares.

En el primer caso se le atribuye haber intervenido indebidamente en la licitación del proyecto Puente Tarata III, un viaducto que se construiría sobre el río Huallaga, en la región San Martín, valorado en S/ 232,5 millones. La licitación se realizó entre el 1 de mayo y el 28 de noviembre de 2021 y fue dirigida por Provías Descentralizado, una entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), dando como ganador al Consorcio Puente Tarata III. Según la tesis fiscal, la empresaria y lobista Karelim López Arredondo realizó gestiones con el presidente Castillo para propiciar dicha adjudicación, pues era asesora de una de las compañías consorciadas.

El segundo hecho por el que se acusa al jefe de estado es su supuesto rol en facilitar que la empresa Heaven Petroleum Operator gane, en octubre del 2021, un contrato de venta de Biodiesel B100, valuado en USD 74 millones. En esta operación también habría participado López Arredondo, pues la fiscalía determinó que ella visitó Palacio de Gobierno el 18 de octubre pasado, a la misma hora que lo hicieron el gerente de la compañía, Samir Abudayeh Giha, y el entonces gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, quien debía emitir la orden de compra.

Tres días después de estas visitas, la petrolera estatal inició el proceso de adquisición que terminaría favoreciendo a Heaven Petroleum Operator. En diciembre, Petroperú anuló el contrato porque se detectó que ningún notario participó en la etapa de recepción de propuestas. Sin embargo, en enero se realizó otra convocatoria y se le volvió a dar como ganador. El 20 de marzo, Chávez Arévalo renunció al cargo.

PROCESOS. Los presuntos hechos de corrupción en la licitación del Puente Tarata III reúnen a varios personajes del entorno presidencial. 

Ilustración: Claudia Calderón.

El tercer caso por el que se le abrió investigación al presidente Castillo son los supuestos ascensos irregulares de cinco miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú, los cuales habían sido destacados para trabajar en Palacio de Gobierno. En estos hechos, denunciados en noviembre pasado, también están involucrados el exministro de Defensa Walter Ayala y el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. 

En el informe que suscribió en enero de este año la entonces Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para dar inicio a las indagaciones se indica que “existen suficientes elementos indiciarios sobre la presunta participación del presidente de la república, hechos que podrían ser calificados preliminarmente como delito de tráfico de influencias, lo que amerita el inicio de una investigación preliminar en su contra”.

A diferencia del resto de personas investigadas en estos tres casos, las diligencias para determinar la participación del presidente Castillo quedan suspendidas hasta julio del 2026, cuando termina su mandato presidencial. Esto debido a la inmunidad que le otorga la Constitución Política.

2. Karelim López, un personaje central en las denuncias

La lobista y empresaria Karelim López Arredondo, extrabajadora del MTC en el segundo gobierno aprista y aportante de campaña para Keiko Fujimori, es una de las personas que asistió a la casa del jirón Sarratea, en Breña, en donde el presidente Castillo habría sostenido reuniones extraoficiales. 

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción la investiga por el presunto tráfico de influencias en el caso Puente Tarata III, por el rol que ejerció como asesora de una de las empresas consorciadas que ganó la buena pro. Es en el marco de esta indagación que ella solicita acogerse a la colaboración eficaz, proceso que sigue en etapa de verificación.

En su declaración ante el Ministerio Público, López Arredondo indicó que existe una organización criminal en el MTC para intervenir de forma indebida en licitaciones y contratos públicos, y en la cual —dijo— participan el jefe de estado, el entonces ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, y cinco congresistas de Acción Popular a quienes este grupo denomina  “Los Niños” porque obedecen las indicaciones que da el presidente.

Las declaraciones de la lobista y empresaria propiciaron la investigación de diez contratos de obras públicas".

López Arredondo también menciona a Bruno Pacheco, a la exalcaldesa distrital Silvia Barrera, al empresario Zamir Villaverde; al dueño de la casa de Breña, Alejandro Sánchez; al empresario Luis Pasapera, y a los sobrinos del mandatario, Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Rudbel Oblitas Paredes.

Tras sus declaraciones, la fiscalía investiga diez contratos de obras públicas que superan los S/1.100 millones y que fueron adjudicados a consorcios integrados por las empresas China Civil Engineering Construction Corporation, China Railway Tunnel Group y la peruana Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. Una de ellas es la construcción del Puente Tarata III.

3. Las investigaciones contra Bruno Pacheco

Bruno Pacheco Castillo fue designado Secretario General de la Presidencia el 30 de julio de 2021 y renunció el 18 de noviembre. Es uno de los 11 investigados por tráfico de influencias y organización criminal en el caso Puente Tarata III, y pesa sobre él una orden de detención preliminar, pero se encuentra no habido. Según la fiscalía tenía injerencia en la designación de funcionarios claves de Provías Descentralizado y del MTC, y en el direccionamiento de las obras que estaban a su cargo. 

Esta no es la única indagación en su contra, pues la Fiscalía de la Nación lo investiga por enriquecimiento ilícito tras el hallazgo de USD 20.000 en los servicios higiénicos de su despacho. En su declaración jurada, Pacheco Castillo no declaró ingresos por fuente privada. Sin embargo, la información financiera que se incluyó en el expediente fiscal señala que en su cuenta bancaria se encontró unos S/20.000 adicionales a la remuneración total que percibió en el sector público, sin contar los USD 20.000 hallados en el baño.

BRUNO PACHECO. El exsecretario general del Despacho Presidencial no fue hallado por la fiscalía. Pesa sobre él una orden de detención preliminar de 10 días.

Foto: Presidencia de la República

Sus estados financieros también muestran un depósito en efectivo de S/ 20.000 realizado por Eric Franco Huaymana Carbajal, quien fue contratado como chofer de resguardo en el Despacho Presidencial. El hallazgo de dinero se realizó como parte de otra investigación que se inició en noviembre pasado, por las supuestas presiones que ejerció Pacheco Castillo a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para favorecer a determinadas empresas.

El cuarto caso por el que se le investiga es por ejercer presiones para promover a oficiales. El excomandante General del Ejército, José Vizcarra, lo acusó de pedir el ascenso de dos miembros de su institución, alegando que lo hacía a nombre del mismo presidente. Pacheco es cercano al jefe de estado desde que este se desempeñaba como líder sindical en Cajamarca.

4. Los sobrinos del presidente

Los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, también son investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible por las presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra Puente Tarata III. Desde el martes 29 pesa sobre ellos una orden de detención preliminar, pero se encuentran no habidos. Pese a ello, el miércoles 30 el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó cinco meses de impedimento de salida del país para ambos.

De acuerdo con la versión de Karelim López Arredondo, la cual forma parte del sustento fiscal, el empresario Zamir Villaverde García se contactaba con personas interesadas en obtener licitaciones en el MTC, y luego los derivaba con los sobrinos del presidente para que continúen las negociaciones. En el expediente, ambos son acusados de tener influencia indebida en el nombramiento de funcionarios de Provías Descentralizado y de formar parte de una red criminal que buscaba direccionar obras.

Los sobrinos del presidente son investigados por presunto tráfico de influencias y negociación incompatible".

Gian Marco Castillo es hijo del hermano del presidente y tiene 23 años. También fue un activo colaborador de Perú Libre en la campaña política. Fray Vásquez Castillo, por su parte, tiene 32 años y es hijo de Adelinda Castillo, hermana del jefe de estado, y es recordado por ser uno de sus principales colaboradores en las elecciones. 

Él registra múltiples visitas a Palacio de Gobierno y también visitó la casa de Breña, como reconoció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. No cuenta con afiliación partidaria ni título registrado ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Según el programa Cuarto Poder, Vásquez Castillo usa una camioneta de placa BWO587, de la empresa Mazavig S.A.C., que tiene como gerente general a Zamir Villaverde García.

5. ¿Quién es Zamir Villaverde?

Zamir Villaverde García es un empresario especializado en seguridad que estuvo vinculado a la empresa que fundó su familia en el mismo rubro: Vigarza S.A.C. Además es gerente general en Mazavig S.A.C y en otras compañías inmobiliarias y estudios de abogados. Precisamente, en su declaración jurada de intereses, Bruno Pacheco registra haber trabajado en Vigarza S.A.C como jefe de selección y capacitación de personal, del 2014 al 2020.

Villaverde García es señalado por Karelim López Arredondo como la persona que captaba a empresarios interesados en ejecutar las obras públicas que se impulsaron desde Provías Nacional y Provías Descentralizado. Según el expediente fiscal que recoge la versión de la lobista, él ofreció diversas adjudicaciones al empresario Luis Pasapera Adrianzén, fundador de Termirex S.A., una de las compañías del Consorcio Puente Tarata III que ahora es investigada por la fiscalía.

En 2012, como parte de un proceso de colaboración eficaz, Pasapera Adrianzén admitió el pago de sobornos al exgobernador de Cajamarca, Gregorio Santos. Ahora también está investigado por tráfico de influencias por el caso Puente Tarata III, junto a Zamir Villaverde García y Héctor Pasapera López, representante del consorcio y directivo de Grupo Arcose S.A.C., para el cual trabajaba Karelim López.

Ambos se pusieron a disposición del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Lima, para cumplir el mandato de detención preliminar. El 4 de abril, el Poder Judicial decidirá el pedido de impedimento de salida del país contra Villaverde García, pues sus abogados solicitaron más tiempo para revisar el expediente.