El 8 de enero de 2024, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, abrió investigación preliminar contra la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, luego de recopilar mayor información en el marco del caso “La fiscal y su cúpula de poder”. 

La indagación contempla los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo, falsedad ideológica y encubrimiento real y personal.

El documento fiscal, al que accedió OjoPúblico, indica que Patricia Benavides Vargas es señalada por participar en ocho supuestos hechos delictivos: el liderazgo de una presunta organización criminal al interior del Ministerio Público, la remoción de la exfiscal Bersabeth Revilla Corrales y las presuntas negociaciones ilícitas con el congresista José Balcázar Zelada.

Patricia Benavides es señalada por participar en ocho supuestos hechos delictivos".

A estos se suman la elección del defensor del pueblo, la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, el intento de remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la suspensión del fiscal Rafael Vela Barba, y los presuntos actos de encubrimiento para contrarrestar la Operación Valkiria. 

Dicha operación, realizada a finales del año pasado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficoop) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), reveló las presuntas negociaciones que realizaban los asesores Jaime Villanueva Barreto, Miguel Girao y Abel Hurtado, a pedido de Benavides Vargas, con diversos congresistas para favorecer a la entonces fiscal de la nación.

A cambio, según la tesis fiscal, la organización criminal se había comprometido a archivar investigaciones. 
 

Los nuevos elementos

El despacho de la fiscal Delia Espinoza Valenzuela, ahora a cargo de la investigación, ha obtenido nuevos elementos sobre la participación de Patricia Benavides Vargas en los presuntos hechos delictivos mencionados, especialmente de dos testigos: el abogado Eduardo Roy Gates y la fiscal Carmen Miranda Vidaurre.

Además se menciona más detalles declarados por Jaime Villanueva Barreto sobre la negociación con los congresistas Patricia Chirinos Venegas (Avanza País), José María Balcázar (Perú Bicentenario), Katy Ugarte (Unidad y Diálogo), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Germán Tacuri (Bloque Magisterial), César Revilla (Fuerza Popular), José Jerí (Somos Perú), Luis Cordero (Unidad y Diálogo), José Williams (Avanza País), y con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

En el testimonio del exasesor se aborda, asimismo, el rol que cumplieron, presuntamente, los funcionarios Abel Cartolin Príncipe (exjefe de la oficina de productividad fiscal) y Rudy Aguedo Del Castillo (secretario de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial), entre otros. 

La tesis fiscal sostiene que Benavides buscó remover a Revilla Corrales para poner a un fiscal que solicitara el archivo del caso de su hermana".

En el caso de la remoción de Bersabeth Revilla Corrales, la investigación preliminar recoge la declaración de Eduardo Roy Gates, abogado de Enma Benavides, quien confirmó ante el despacho de la fiscal Delia Espinoza Valenzuela, que el 1 de setiembre de 2023 fue convocado a una reunión en el estudio jurídico del abogado José Luis Hauyón Dall'Orto, donde ya se encontraba la fiscal Patricia Benavides y sus asesores Jaime Villanueva Barreto y Miguel Girao Isidro. 

Roy Gates narró a la Fiscalía que le solicitaron que se pronunciara públicamente sobre la destitución de la doctora Bersabeth Revilla Corrales y sobre el caso de Enma Benavides. Para ello, le entregaron una ayuda memoria, en el que se encontraba un informe de productividad emitido por Abel Cartolin Príncipe, entonces gerente de control de productividad fiscal.

VÍNCULOS. El abogado Eduardo Roy Gates reveló que Patricia Benavides le solicitó que se pronunciara en medios sobre la remoción de Betsabeth Revilla. 

Foto: Andina

Sobre este caso, la tesis fiscal sostiene que al asumir como fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas buscó remover a la fiscal Revilla Corrales con el objetivo de poner a un fiscal afín que solicitara el archivo del caso de su hermana, Enma Benavides Vargas.

El documento indica que Miguel Girao Isidro, entonces asesor de la suspendida fiscal de la nación, fue quien le propuso a Benavides Vargas emitir un informe de baja productividad para justificar la remoción de Revilla Corrales.

Ante ello, según la tesis fiscal, Patricia Benavides habría decidido encargar el documento a Abel Cartolin Príncipe, quien materializa el oficio. El mismo fue publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de julio de 2022.

De probarse la declaración de Roy Gates, esta información será clave para confirmar el grado de participación directa de Benavides Vargas en la remoción de la fiscal que investigaba a su hermana. 

Eduardo Roy Gates reveló detalles sobre la participación de Patricia Benavides en el caso de Bersabeth Revilla".

Por otro lado, la investigación preliminar contra la suspendida fiscal de la nación también revela el nivel de coordinación con la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos Venegas, en el proceso que buscaba la remoción de los miembros de la JNJ. 

De acuerdo a la indagación realizada por el despacho de la fiscal Delia Espinoza Valenzuela, la denuncia por prevaricato presentada por la congresista Chirinos Venegas, el 8 de noviembre de 2023, contra los magistrados de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, fue proveída por la entonces fiscal de la nación, Patricia Benavides, y sus asesores.

Como se recuerda, esta Sala había concedido, previamente, una medida cautelar a la miembros de la JNJ, que paralizó todo intento de remoción por parte del Congreso. 

La denuncia contra los magistrados Néstor Paredes Flores, José Velarde Acosta e Iván Cabrera Giurisich fue atendida el mismo día de su presentación por el fiscal Miguel Vegas Vaccaro, designado por Patricia Benavides como fiscal adjunto supremo de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos. Lo que, de acuerdo a la tesis fiscal, revela una coordinación entre diversos actores para acelerar los procesos que la beneficien directamente. 

NEXOS. Se reveló que Patricia Benavides le entregó a Patricia Chirinos la denuncia por prevaricato contra magistrados que otorgaron una medida cautelar a la JNJ. 

Foto: Andina

Mientras que, en el caso de las presuntas negociaciones ilícitas para la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera, la Fiscalía recoge las declaraciones de Jaime Villanueva Barreto para especificar las presuntas negociaciones ilícitas que se realizaron con, al menos, ocho congresistas. 

Por ejemplo, se menciona que la legisladora de Unidad y Diálogo, Katy Ugarte, habría ofrecido ejercer sus influencias sobre cinco o seis parlamentarios para que voten a favor de la inhabilitación de Ávalos Rivera. A cambio de ello —siempre según la tesis fiscal— solicitaba que la ayuden con los casos denominados “Mocha sueldos” y “Niños 2”. 

De igual modo, se indica que el congresista del Bloque Magisterial, Edgar Tello Montes, habría condicionado su voto a la ayuda en un caso que se encontraba a cargo de la entonces fiscal de la nación.

Para garantizar su respaldo, se realizaron gestiones para contar con la validación del fiscal adjunto supremo a cargo de dicha denuncia (el documento fiscal no menciona su nombre), quien había confirmado que el archivo lo realizaría a mediados de 2024. 

Lo mismo habría hecho el congresista del Bloque Magisterial, Germán Tacuri Valdivia, de acuerdo a la investigación preliminar. El documento sostiene que el parlamentario negoció por él y en nombre de ocho de sus colegas, a cambio del archivo de las investigaciones que tenían en su contra. 

Jaime Villanueva reveló detalles sobre los pedidos que realizaban los congresistas a cambio de sus votos".

Los congresistas César Revilla Villanueva, de Fuerza Popular, y José Jerí Oré, de Somos Perú, también se reunieron con Jaime Villanueva Barreto, según la investigación fiscal. Estos le habrían solicitado ayuda con el caso del exgobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, quien cumple prisión preventiva por su participación en un presunto caso de corrupción. 

Mientras que el parlamentario de Unidad y Diálogo, Luis Gustavo Cordero Jon Tay, habría solicitado —también de acuerdo a la tesis fiscal—, al entonces asesor, enviado por Benavides Vargas, Jaime Villanueva Barreto, el archivo de una investigación que lo involucra con Jorge Hernández, alias el Español.

Al congresista se le investiga por su presunta participación en las negociaciones para la compra de un equipo de espionaje durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. 

La investigación preliminar menciona, además, que el congresista no agrupado Ilich López Ureña habría solicitado el archivo del caso “Los Niños”, en el que se encuentra involucrado.

En contraparte, también se indica que el parlamentario de Avanza País, José Williams Zapata, le había solicitado a Villanueva Barreto la formulación de la denuncia constitucional contra los congresistas Ilich Lopez Ureña, Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi y Raúl Doroteo para garantizar su voto y los de otros colegas.

En ese caso, la presunta organización criminal habría trazado la estrategia de desacumular la investigación de Los Niños, para cumplir con la promesa del archivo del congresista Ilich López y, a la vez, continuar con la denuncia constitucional contra los demás involucrados del caso, tal como supuestamente se comprometieron con Williams Zapata. 

SOLICITUD. De acuerdo a la declaración de Jaime Villanueva, Vladimir Cerrón le habría solicitado apoyo con uno de sus procesos a cambio de influir en su bancada. 

Foto: Andina

Para lograr la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Avalos, el asesor también se habría reunido con el líder de Perú Libre, hoy prófugo, Vladimir Cerrón Rojas, quien presuntamente se había comprometido a influir en los parlamentarios de su bancada, a cambio de que lo ayuden con un caso que se le venía siguiendo en la región Junín por hechos de corrupción.

Específicamente, según el documento, solicitaba que se gestione la inasistencia del fiscal responsable de la audiencia de juicio oral del 26 de julio de 2023, con el propósito de que su proceso prescriba.

La tesis fiscal sostiene que Patricia Benavides Vargas necesitaba que se logre inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos Rivera para evitar que llegue, nuevamente, al puesto de fiscal de la nación, en caso la JNJ decidiera removerla de su cargo por cualquiera de los procesos disciplinarios abiertos en su contra. 

En esa línea, el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela también ha logrado esclarecer un poco más el caso relacionado a las presuntas negociaciones ilícitas entre Patricia Benavides y el congresista de Perú Bicentenario, José María Balcázar. 

La investigación preliminar menciona que el parlamentario se había comprometido a votar en contra en las dos denuncias que había contra Benavides en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. A cambio, según la tesis, pidió que se archive una investigación que tiene por el delito de apropiación ilícita en la Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque, a cargo de la fiscal Carmen Miranda Vidaurre. 

El congresista José María Balcázar habría solicitado el archivo de una investigación por apropiación ilícita que tenía en Lambayeque".

El documento fiscal indica que el congresista Balcázar votó en contra en una denuncia constitucional y, en otra, votó en abstención, lo cual comunica a Villanueva Barreto para que se proceda a cumplir con su requerimiento. 

Lo más novedoso en este caso es la declaración que brinda la fiscal superior Carmen Miranda Vidaurre al equipo de Delia Espinoza Valenzuela en relación a las presiones que recibió por parte de Patricia Benavides Vargas, a través de Villanueva Barreto y el fiscal Elmer Ríos, para cumplir el pedido de Balcázar. 

Miranda Vidaurre señaló al equipo fiscal que recibió mensajes y llamadas de Jaime Villanueva Barreto, solicitándole que archive el caso del congresista Balcázar, a lo que ella se negó. Ante esto, Benavides Vargas habría dispuesto el viaje del fiscal Elmer Ríos Luque hasta Chiclayo para que hable directamente con ella. Sin embargo —siempre según su testimonio—, se volvió a negar. 

Además del pedido de archivo de su caso, el legislador Balcázar, de acuerdo a la investigación fiscal, habría solicitado la contratación de la abogada Scarlett Anshy Gálvez Campos en la Fiscalía.

Este hecho se materializó el 18 de setiembre del año pasado, fecha en la que se emitió la resolución que resuelve nombrar a Gálvez Villanueva como fiscal adjunta provisional transitoria del distrito fiscal de Lambayeque. 

PRESIONES. Fiscal de Lambayeque reveló que recibió presión de Jaime Villanueva y del fiscal Elmer Ríos para archivar un caso del congresista José María Balcázar. 

Foto: Facebook de José María Balcázar

La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha citado a varios de los involucrados para recoger sus declaraciones. Entre ellos, resalta la convocatoria al presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, para el 12 de febrero. 

El documento indica que el motivo de la citación es para indagar sobre la célere inclusión de la moción 7565° de la Comisión de Denuncias Constitucionales, presentada por la congresista Patricia Chirinos Venegas, en el Pleno del Congreso del 4 de setiembre de 2023. Dicha moción buscaba la remoción total de los miembros de la JNJ. 

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, fue citado para declarar sobre la inclusión de la moción 7565 en el Pleno".

El presidente del Congreso, a través de su cuenta de X (antes Twitter), negó cualquier vinculación con la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, y con sus asesores. Además, indicó que la moción 7565° fue añadida en el Pleno del 4 de setiembre, por decisión del Consejo Directivo del Congreso, ya que no es una facultad del presidente del Legislativo. 

Asimismo, el próximo 25 de enero, Patricia Benavides Vargas tendrá que acudir al Ministerio Público para brindar sus declaraciones. La congresista Patricia Chirinos Venegas, de Avanza País, por su parte, deberá hacerlo el próximo 8 de febrero. 

El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado Paredes, señaló a OjoPúblico que los indicios recopilados hasta la fecha por el Eficoop y, ahora, por el despacho de la fiscal Delia Espinoza Valenzuela permiten establecer la presunta existencia de una organización criminal que debe ser investigada. 

“En cuanto se refiere al delito de organización criminal, me parece que se dan todos los supuestos contenidos en la Ley Contra el Crimen Organizado, Ley 30077, que es la adopción en el ámbito nacional de la Convención de Palermo”, dijo.   

En opinión de Maldonado Paredes, esta investigación está revelando un caso que supera todo antecedente. “En el caso de Blanca Nelida Colan estamos hablando de una persona que fue instrumentalizada en una época de dictadura, mientras que, ahora, estamos hablando de la conducta de una señora en democracia”, dijo. 

 

La defensa de Patricia Benavides

El abogado de Patricia Benavides Vargas, Juan Peña Flores, señaló a este medio que la carpeta fiscal abierta por el despacho de la fiscal Delia Espinoza Valenzuela solo contiene, hasta ahora, declaraciones. Pero no hay pruebas que confirmen los presuntos hechos delictivos. 

“Lo que pasa es que las imputaciones son respecto a dichos, no a documentos que corroboren. No hablo del teléfono [de Jaime Villanueva]. Aparte de los dichos, no hay elementos de convicción que corrobore lo que sostiene: documentos, fotos, etc.”.

Peña Flores indicó, también, que lo señalado por el abogado Eduardo Roy Gates no revela ningún hecho ilícito. Agregó que la fiscal Carmen Miranda Vidaurre tampoco ha comprometido a la fiscal Patricia Benavides Vargas, pues solo ha entregado chats que confirman la presión que recibió de Jaime Villanueva Barreto, pero no de la suspendida fiscal de la nación. 

Una organización criminal

De acuerdo a la investigación preliminar, la presunta organización criminal estaría conformada por Patricia Benavides; sus exasesores Jaime Villanueva Barreto, Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado; el abogado del Sodalicio, José Luis Hauyón; el exministro aprista, Hernán Garrido Lecca; el exsecretario del ANC del Poder Judicial, Rudy Aguedo del Castillo; la abogada y esposa del fiscal Ricardo Dulanto Ysla, Claudia Vanessa Ruiz Mesías; y otros en proceso de verificación. 

El inicio de operaciones de esta agrupación criminal dataría de diciembre de 2021, fecha en la que se abre la convocatoria para postular al puesto de fiscal supremo por la parte de la JNJ.

Sobre dicho proceso, la investigación indica que los abogados José Luis Hauyón y Hernán Garrido Lecca habrían realizado gestiones a favor de Patricia Benavides Vargas para influir en la votación de algunos miembros de la JNJ. 

De acuerdo a la Fiscalía, José Luis Hauyón y Hernán Garrido habrían influido en la JNJ para lograr el nombramiento de Benavides".

A cambio, estos abogados habrían solicitado la remoción del fiscal coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela Barba, donde ambos y gente cercana a ellos tienen procesos en curso. Este hecho fue materializado con la suspensión por ocho meses del fiscal Vela Barba por la Autoridad Nacional de Control en un cuestionado proceso.

Finalmente, se sostiene que la organización criminal habría utilizado el poder que le confiere la Constitución a los altos cargos del Ministerio Público para favorecer a los integrantes de la agrupación o a personajes externos afines. 

“Dicho ente criminal organizado presuntamente habría direccionado y coordinado tareas destinadas a cometer atentados contra la administración pública - corrupción de funcionarios y otros delitos conexos, con la finalidad de beneficiar a la organización y a sus integrantes, diseñando un programa secuencial y articulado, aprovechando indebidamente la facultad constitucional del Ministerio Público de ser el órgano de persecución y conducción del delito”, se lee en el documento fiscal.