La magistrada Juana Mercedes Caballero García, nueva presidenta del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que verá el caso Cócteles, ha sido cuestionada por votar a favor de la revocatoria de una prisión preliminar contra procesados por tráfico de drogas en 2018, pese a la evidencia policial obtenida a través de videovigilancia. 

A estos caso, se suman los antecedentes polémicos de sus abogados: tras revisar documentos fiscales, OjoPúblico encontró que Caballero García tiene como representantes legales a David Jhovanny Morales Huamán, quien fue investigado por sus vínculos con una presunta organización criminal en Huaura (Lima), y a Edgar Maykol Dávila Cobos, quien no informó sobre la culminación de sus servicios como abogado de Caballero García, incluso después de haber asumido como fiscal de crimen organizado. 

De acuerdo a documentos a los que accedió este medio, ambos asumieron la defensa de la actual jueza del caso Cócteles en una querella contra un periodista de Huaura, Carlos Yofré López Sifuentes, por un caso de presunta difamación. Morales Huamán también es su abogado en otra querella presentada por Caballero García en 2022, en esa oportunidad contra la abogada Eva Magaly Gomero Calderón, también por supuesta difamación.

CLAVE. La jueza Juana Caballero García es la nueva presidenta de la sala que verá el caso Cócteles. 

Foto: Poder Judicial

 

Este último jurista fue investigado por el Ministerio Público por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Desquiciados de Barranca, dedicada al marcaje, robo agravado, receptación agravada, extorsión y tráfico de drogas. 

La Fiscalía formalizó la investigación en julio de 2022, luego de obtener evidencias a partir de la interceptación telefónica de los investigados. Inicialmente, tras el análisis de las escuchas, el Ministerio Público sostuvo que Morales Huamán colaboró con la organización criminal, a través de asesoría legal en favor de los detenidos “tergiversando hechos e invocando tener influencias en el Poder Judicial”, con el objetivo de liberarlos y proceder irregularmente para obstruir con la justicia en el desarrollo del juicio oral.

A través de las llamadas también se pudo evidenciar las presuntas coordinaciones con la familia de uno de sus defendidos —el supuesto líder de una organización criminal— para obtener un documento falsificado que confirmara su arraigo laboral, así como una supuesta intervención para que dos testigos cambien sus declaraciones en un juicio oral. A partir de estas pruebas, ese mismo mes, se allanó la vivienda del abogado y se detuvo a los otros presuntos integrantes de la banda. 

La jueza Juana Caballero García es cuestionada por integrar una Sala que liberó a investigados por tráfico de drogas en 2018".

Pese a ello, un año después, la Fiscalía solicitó el archivo del caso para algunos de los investigados, entre ellos el abogado David Morales Huamán. La decisión fue aprobada por el juez Ruben Cotrina Paredes, en diciembre de 2023. 

Tanto el fiscal como el juez argumentaron el archivo sosteniendo que, en las llamadas interceptadas, no se había probado que el abogado haya invocado influencias en el Poder Judicial, para favorecer a su defendido.

Sin embargo, ninguno hizo referencia a las presuntas coordinaciones con integrantes de la organización criminal para obtener un documento adulterado que iba a servir para liberar al líder de la banda. Sobre el segundo hecho, en simultáneo, indicaron que las denunciantes se habían retractado antes de que él asuma la defensa del imputado. 

DEFENSA. En 2019, la jueza Juana Caballero formalizó su defensa conjunta en una querella interpuesta contra un periodista de Huaura. 

Documento: OjoPúblico

 

Para el abogado y exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado Paredes, en cualquier caso, la coordinación para falsificar un documento que será presentado en un proceso y las presiones hacía los testigos para que estos se retracten de sus testimonios configuran delitos.

Aun así, reconoció que, en el país, se ha normalizado no investigar a los abogados que infringen las normas. “Son prácticas delictivas. La Fiscalía debería investigar, pero en el Perú no se sanciona a los abogados que vulneran la ética profesional”, dijo. 

Por otro lado, el actual fiscal Edgar Maykol Dávila Cobos —quien asumió la defensa de la magistrada durante un breve período en el que estuvo fuera del Ministerio Público— retornó a la institución sin presentar ningún escrito para alejarse del proceso de querella en el que era defensor de Caballero García, de acuerdo al expediente del caso. 

David Morales Huamán fue investigado por sus presuntos vínculos con una organización criminal".

Al ser consultado por el tema, el abogado penalista César Azabache Caracciolo remarcó que es obligatorio presentar un escrito de renuncia a la defensa. Además, precisó que, al hacerlo, no es necesario detallar los motivos. 

En esa misma línea, la abogada Úrsula Indacochea explicó que, en cualquier caso, si no se presenta un escrito renunciando formalmente a la defensa de un acusado, este continúa como abogado en el proceso. “Si no lo presentan, podría haber dejado de ser abogado de manera interna, pero para efectos del proceso lo sigue siendo”, dijo.

 

Interceptaciones telefónicas

En julio de 2022, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura formalizó la investigación preparatoria contra 26 presuntos integrantes de la organización criminal Los Desquiciados de Barranca. 

La evidencia recogida en la investigación preliminar —que incluyó interceptaciones telefónicas— le permitió a la Fiscalía conocer la estructura de la organización criminal. Y, además, identificar a Guillermo Garro Aranda, alias Cañón, como líder de la banda. 

De igual modo, el fiscal estableció que la organización tenía diversos subgrupos con tareas específicas, como el brazo armado, la custodia de armas, los transportistas y los colaboradores. En este último, se identificó a David Jhovanny Morales Huamán, abogado de la nueva jueza del caso Cócteles.

El documento fiscal precisa que Los Desquiciados de Barranca se dedicaban a diversos actos ilícitos, entre ellos, la extorsión, el robo agravado y el tráfico de influencias. En dos de los 24 presuntos eventos criminales identificados, el Ministerio Público describe algún tipo de intervención de Morales Huamán.

ANTECEDENTES. El abogado David Morales Huamán fue investigado por sus vínculos con una presunta organización criminal dedicada al robo y la extorsión.

Documento: OjoPúblico

 

El primero de estos se dio en el contexto de su defensa al presunto líder de la banda criminal, Guillermo Garro Aranda, por el robo de un camión que transportaba alrededor de 800 jabas de paltas, en marzo de 2022, valorizadas en más de S/50.000. Garro Aranda fue detenido un día después del hecho, en un vehículo que contenía una parte del producto robado y tres municiones de armas de fuego. 

La Policía también obtuvo el celular del detenido y, tras su análisis, la Fiscalía encontró llamadas con varios integrantes de la presunta organización criminal. También halló conversaciones por WhatsApp sobre temas que el Ministerio Público consideró como compra y venta de drogas, y adquisición de armas de fuego. 

David Morales es abogado de la nueva jueza del caso Cócteles, Juana Caballero García, por lo menos desde 2018".

Pese a la evidencia que había contra Guillermo Garro Aranda, el 20 de abril de 2022, el abogado David Jhovanny Morales Huamán, —es decir, en el mismo periodo en que llevaba la defensa de la jueza Juana Caballero García— asumió el caso.

Poco después, por medio de una interceptación telefónica autorizada en el marco de la investigación preliminar, la Fiscalía detectó coordinaciones entre el abogado de la jueza y los presuntos miembros de la organización criminal. 

La disposición de formalización de la investigación, de julio de 2022, precisa que el abogado le solicitó a la hija de su defendido que consiguiera un contrato de arrendamiento de tierras a favor del procesado, con el fin de sustentar su arraigo laboral y, así, revocar su detención. 

LLAMADA. La Fiscalía halló presuntas coordinaciones de David Morales con otros miembros de la organización criminal para obtener un documento falsificado.

Documento: OjoPúblico

 

Posteriormente, Nelly Santi Rojas, otra presunta integrante de la banda, le informó al abogado que el contrato que habían conseguido para sustentar el arraigo laboral de Garro Aranda tenía la firma del dueño del terreno falsificada. 

A pesar de eso, Morales Huamán le indicó a Santi Rojas que se tenía que presentar ese mismo contrato de arrendamiento firmado por el mismo señor u otra persona. “El papá de la chica o busca a otra persona [para] hacer que él [Garro Aranda] arriende la chacra al que la arrienda”, dice el jurista en la llamada.

Más adelante, el abogado le volvió a pedir a la presunta integrante de la banda que convenciera al propietario del terreno, pese a que ella le informó que la firma del hombre había sido falsificada por su hija. “Pero no es que se presente, se hace el contrato nada más de compra y venta, y yo le ofrezco como testigo y puede declarar por celular, decir ‘sí, yo lo conozco’”, detalla otra transcripción incluida en la carpeta fiscal.

Las llamadas revelaron presuntas coordinaciones irregulares del abogado con miembros de la organización criminal".

Frente a esta indicación, Santi Rojas le volvió a explicar al abogado que la firma del propietario había sido falsificada. “Es que no quiere, [no quiere que lo] involucren en nada, sino que hemos hecho el contrato de alquiler con su nombre (...), con su DNI del señor, pero la hija lo ha falsificado, [¿] me entiende [?]”, le dijo. 

Su interlocutora refirió, asimismo, que podía consultar con un primo, que también tenía tierras. Ante esa propuesta, el abogado asintió y le detalló que también se podría hacer el documento con esa persona. “Lo hacemos con el primo”, replicó. 

Finalmente, el propietario del terreno declaró ante los fiscales que él no alquiló su terreno a ninguna persona, y menos a Guillermo Garro Aranda. “No lo conozco”, le dijo al fiscal del caso.

A partir de las escuchas, la Fiscalía solicitó el allanamiento de la vivienda del abogado de la jueza Juana Caballero García y otros investigados, además de la detención de estos últimos. El abogado apeló la medida, pero esta fue confirmada por las salas superiores. 

CERCANÍA. David Morales Huamán también es abogado de la jueza Juana Caballero en otra querella interpuesta por la magistrada en 2022. 

Foto: Facebook Poder Judicial de Huaura

 

El 15 de julio de 2022, por medio de un vídeo en una página de noticias local de Huaura, el abogado David Morales Huamán negó las imputaciones de la Fiscalía. Sobre este caso, sostuvo que de las llamadas no se desprende que haya prometido solicitar apoyo a jueces y fiscales para liberar a Guillermo Garro Aranda. 

En la misma línea, el 13 de julio de 2023, el fiscal Oswaldo Huanilo Perez solicitó el archivo de las acusaciones contra Morales Huamán argumentando lo mismo que el abogado en el vídeo.

Cinco meses después, el juez Rubel Cotrina Paredes, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Barranca, declaró fundado el pedido. Ninguno de ellos hizo referencia a las coordinaciones respecto a los presuntos documentos falsificados.

Pese a la evidencia, la Fiscalía solicitó el archivo de las imputaciones contra David Morales Huamán en 2023".

En 2020, el magistrado Cotrina Paredes fue incluido en una investigación fiscal por sus presuntos vínculos con la organización Los Nuevos Gatilleros de Barranca. Esta banda, dedicada al robo, la extorsión y el secuestro, según el Ministerio Público, tenía nexos en el sistema de justicia.

Al ser consultado por el tema, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado Paredes explicó que la práctica de coordinar la elaboración de algún documento falso para presentarlo debe ser investigada. “Se estaría incurriendo en un delito de falsificación de documentos o de falsedad ideológica en general. La Fiscalía debería abrir proceso en caso suceda eso”, detalló. 

Según el artículo 62° del Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima “[el abogado] no debe participar en la falsificación o adulteración de pruebas, ni obtenerlas vulnerando los derechos de terceros”.

 

Obstrucción a la justicia

Durante el análisis de las interceptaciones telefónicas a los investigados como presuntos integrantes de los Desquiciados de Barranca, el fiscal José Antonio Silva Vidal también halló información sobre otra presunta actuación irregular del abogado David Morales Huamán. Esta vez relacionada a obstrucción a la justicia.

El hecho se dio cuando Morales Huamán ejercía la defensa de Felix Severo Gomero Sánchez, un procesado por actos contra el pudor de menor edad, en agravio de la menor de iniciales NSGS. 

En concreto, la Fiscalía obtuvo conversaciones del abogado con la abuela de la niña, a quién le pidió que se aprendiera de memoria un escrito que le había remitido con los detalles para cambiar su testimonio inicial contra el imputado. 

David Morales fue investigado por una supuesta presión a dos testigos para que se retracten en un juicio oral".

Además, de acuerdo al acta fiscal, el abogado le pidió a la testigo que asegure que su denuncia se había debido a una enemistad con el investigado, por problemas en la herencia de unos terrenos.

“Que eso es mentira, que yo lo he hecho por odio porque a mi hermano le dieron la mejor parte del terreno y, ahora, yo pido a mi hermano que me perdone. Ya que lo veo acá perdóname, hermano. Así nada más”, le indicó el abogado David Morales Huamán a la abuela de la menor en una llamada telefónica, de acuerdo a la transcripción de las interceptaciones.

OBSTRUCCIÓN. La Fiscalía sostuvo, inicialmente, que el abogado David Morales había coordinado con testigos para que cambien su declaración en un juicio oral. 

Documento: OjoPúblico

 

Según el registro de la audiencia del juicio oral, la abuela de la víctima se llegó a retractar de su declaración inicial ante la Fiscalía, tal como coordinó con el abogado. 

Como parte de su defensa, David Morales, en una entrevista con un medio local de Huaura, señaló que no coordinó con las denunciantes para que se retracten, ya que ellas lo habían hecho antes de que asuma la defensa del acusado, y él solo quería que se mantengan con esa nueva versión. 

OjoPúblico se comunicó con el abogado Morales Huamán a través de correos electrónicos para obtener sus descargos. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no se obtuvo respuesta. 

 

Abogado y fiscal

En mayo de 2019, la jueza Juana Caballero García designó a David Morales Huamán y a Edgar Dávila Cobos como sus abogados en la querella que interpuso contra el periodista Carlos Yofré López Sifuentes por presunta difamación. Ese mismo mes, Dávila Cobos participó en una audiencia de juicio oral del caso, confirmando su participación directa en la defensa de la jueza Juana Caballero García. 

La incorporación del jurista en el proceso llamó la atención debido a que se trataba de un exfuncionario y exfiscal del Ministerio Público de Huaura. Entre 2013 y 2018, antes de asumir la defensa de la magistrada Caballero García, había trabajado en la Fiscalía de esa localidad.

A detalle, desde enero de 2013 hasta setiembre del año siguiente, trabajó como asistente fiscal en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura, según el portal de Transparencia del Ministerio Público. Luego, entre setiembre de 2014 y mayo de 2016, se desempeñó como asistente de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Huaura.

Edgar Maykol Dávila Cobos es actual fiscal adjunto provincial de crimen organizado en Lima".

Poco después, entre junio de ese mismo año y mayo de 2018, fue fiscal adjunto provincial de Huaura en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura. Y, tras esa etapa, se desvinculó de la entidad hasta febrero de 2020. En ese intervalo, de casi dos años, asumió la defensa de la jueza Caballero García. 

Sin embargo, tras la revisión del expediente del caso contra Carlos Yofré López Sifuentes, no se ha podido hallar algún documento en el que Dávila Cobos solicite su retiro como defensa de la magistrada, pese a que este es un requisito legal necesario para considerar a un abogado fuera del proceso. 

AUDIENCIA. En mayo de 2019, Edgar Dávila Cobos participó en una audiencia como abogado de la jueza Juana Caballero García.

Documento: OjoPúblico

 

Mientras tanto, Edgar Dávila Cobos continuó su carrera como fiscal. Entre 2020 y 2021, se desempeñó como fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura. 

Posteriormente, en abril de 2021, el abogado de la jueza fue promovido como fiscal adjunto provincial de la 3° Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, en Lima. 

Ese traslado se dio en el contexto de la investigación penal contra los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones de Huaura, entre ellos la jueza Juana Caballero García, por presuntamente haber recibido una coima del líder de la banda Los Diablos del Callejón de los Borregos. 

La jueza Juana Caballero no quiso brindar una entrevista para responder sobre los antecedentes de sus abogados".

OjoPúblico solicitó, vía Ley de Transparencia, la carpeta fiscal de este último caso para conocer mayores detalles sobre los abogados defensores de la magistrada en dicho proceso, entre otros temas.

Sin embargo, el Ministerio Público denegó el pedido alegando que la investigación contenía “información sensible”. Como se recuerda, en 2023, el caso fue archivado por el fiscal Uriel Terán Dandieras, investigado en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder. 

Este medio también intentó comunicarse con el fiscal Dávila Cobos, a través del área de prensa del Ministerio Público. Pero, hasta el cierre de este informe, no hubo confirmación. 

De igual modo, se solicitó una entrevista con la jueza Juana Caballero García para conocer mayores detalles sobre los cuestionamientos de sus abogados. El área de prensa del Poder Judicial informó que la magistrada declinó el pedido.

En su lugar, remitieron, vía WhatsApp, un breve comentario de la jueza en el que señaló que solo tenía conocimiento del archivo de la investigación contra David Morales Huamán y que cualquier otra información se consulte al Ministerio Público. Sobre Edgar Maykol Dávila Cobos no brindó información, a pesar de la insistencia. Tampoco hizo referencia a eventuales cambios en los responsables de su defensa legal.