Con información de Ralph Zapata, Aramis Castro y Elizabeth Salazar
Veinte días duró el Gabinete de Pedro Cateriano. La mañana del martes, luego de un debate que se prolongó durante la madrugada, el Congreso de la República decidió no darle la confianza al equipo ministerial, que solo obtuvo 37 de los 125 votos válidos. El Gobierno denunció el cálculo político de un sector del Legislativo por pretender negociar su apoyo a cambio de frenar la reforma educativa.
El presidente Martín Vizcarra señaló este conflicto en su Mensaje a la Nación, y el mismo Cateriano, en una entrevista con El Comercio, indicó que el titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, le dijo que no “había consenso para extender el voto de confianza por la presencia y ratificación del ministro de Educación”.
Sin embargo, son varios los factores detrás de esta crisis en el Ejecutivo. A la exigencia de la salida del ministro de Educación, Martín Benavides, impulsada por un bloque del Congreso vinculado al lobby contra la reforma universitaria, se suman las agendas regionales pendientes, la fragmentación de intereses en el Congreso y el anuncio de una reactivación económica que podría reducir los estándares sociales y ambientales.
Congreso fragmentado y agenda regional
De acuerdo con los resultados de la votación, los congresistas que apoyaron al Gabinete Cateriano pertenecen a agrupaciones políticas que llegaron al poder con un importante apoyo de la capital, como el Partido Morado, Fuerza Popular y Somos Perú. En tanto, las agrupaciones que concentraron el voto en contra o se abstuvieron fueron el Frepap, Unión por el Perú (UPP), Acción Popular y el Frente Amplio. El 70% (61) de los que no respaldaron el pedido de confianza son parlamentarios que representan a regiones fuera de Lima y Callao.
El actual Congreso nació fragmentado, con representantes de nueve partidos, con sus propias facciones, que mantienen agendas distintas y donde las bancadas más numerosas lograron llegar a sus curules con el apoyo de las bases provinciales. Es el caso de UPP, donde el 84% de los votos provinieron de las regiones; o del Frepap, que le debe el 59% de su apoyo a localidades fuera de Lima, sobre todo de la frontera amazónica.
Según la información recogida por OjoPúblico, el discurso del presidente del Consejo de Ministros no caló en este bloque regional, porque consideran que los anuncios le daban privilegios a la reactivación económica antes que la contención de la Covid-19 en las provincias, pese a que en localidades como Arequipa, Cusco, Puno y Huánuco los sistemas sanitarios han colapsado.
PREOCUPANTE. Los congresistas lamentaron que Cateriano no haya priorizado la atención de la pandemia en las regiones.
Foto: OjoPúblico/ Diego Ramos
Al respecto, el economista José de Echave señaló, durante el programa OjoPúblico-Pregunta, que en el discurso de Cateriano se percibió una desconexión respecto a la realidad que afrontan las regiones, como la crisis sanitaria y el conflicto minero en Espinar. “Poner la economía del país, priorizar la reactivación económica con la receta de la Confiep por encima de la salud explica el fracaso del Gabinete Cateriano”, dijo.
El congresista de Acción Popular por Huánuco, Wilmer Bajonero, explicó que votó en contra porque Cateriano no mencionó en su discurso a las ciudades que están siendo golpeadas por la Covid-19, entre estos su región, pese a reportar más de 13 mil contagios y 365 fallecidos. Su bancada se plegó a un voto opositor, pero no fue en bloque: nueve se pronunciaron en contra y 12 se abstuvieron.
El actual Congreso nació fragmentado, con representantes de nueve partidos que mantienen agendas distintas.
El vocero de este partido, Otto Guibovich, confirmó que el rechazo a la propuesta del Ejecutivo provino mayoritariamente de sus colegas de provincia. “Ha sido determinante el voto de regiones; los voceros de Huánuco, Arequipa y Puno han manifestado su indignación porque el Ejecutivo no ha explicado cómo van a responder en los próximos meses para evitar más muertes. El plan que trajo el Gabinete ha sido muy superficial y centralista”, indica el congresista por Áncash que se abstuvo de votar.
El lobby educativo
Horas antes de recibir el rechazo del Congreso, Pedro Cateriano se pronunció en el Pleno dando a entender que sabía que no reuniría los votos necesarios, pero lo atribuyó a presiones de un sector del Legislativo para condicionar la reforma universitaria. Incluso dijo que “no aceptará ningún tipo de amenaza” a cambio de obtener la confianza.
En la misma línea, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció ayer en contra de “los intereses subalternos” que buscaron condicionar el apoyo al Gabinete a la continuidad de Benavides. “El cálculo político que no busca el bienestar de la población no será aceptado, los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Desde aquí seguiremos impulsado la reforma universitaria porque los jóvenes son el presente y futuro de este país y merecen contar con una educación de calidad. La reforma universitaria no se negocia”, añadió.
Las bancadas de Alianza para el Progreso, liderado por César Acuña Peralta, dueño de la Universidad César Vallejo; y Podemos Perú, encabezado por José Luna Morales, gerente general de la Universidad Telesup, han manifestado su oposición a la permanencia del ministro Benavides en la cartera de Educación, sobre el que pesa un pedido de interpelación.
INTERESES. Vizcarra y Cateriano dijeron que el Congreso intentó condicionar el voto de confianza a la permanencia del ministro de Educación, quien impulsa la reforma universitaria.
Foto: Andina
El rechazo es por su rol cuando fue jefe de la Superintendencia Nacional de Universidades (Sunedu), donde se promovió el licenciamiento de universidades que cumplen con la normativa de calidad. Sin embargo, las desavenencias y los conflictos entre la Sunedu y el Congreso se agudizaron estos meses, cuando está por finalizar el proceso de licenciamiento de universidades públicas y privadas.
La Comisión de Educación está integrada por parlamentarios vinculados, laboralmente o a través de sus partidos, con centros de estudio que están sujetos a la supervisión de Sunedu. En este grupo se encuentran Rubén Ramos Zapana, de Unión Por el Perú (UPP); Julio Condori Flores y Napoleón Puño Lecarnaqué, ambos de Alianza para el Progreso; y María Gallardo Becerra, de Podemos Perú.
Precisamente, el parlamentario por Alianza para el Progreso, Moisés González Cruz, presentó en junio un proyecto de ley con el fin de prorrogar la moratoria para crear más universidades privadas y públicas. La propuesta se integró a otra que impulsó el Ejecutivo con el mismo fin, pero cuya redacción final -a cargo de la Comisión de Educación- generó cuestionamientos por parte de la Sunedu porque podría beneficiar a centros de estudios con licencias denegadas.
La Comisión de Educación está integrada por parlamentarios vinculados con universidades sujetas a la supervisión de Sunedu.
A inicios de julio, la mencionada comisión recibió facultades investigadoras para indagar sobre presuntas irregularidades en el licenciamiento de universidades privadas. El hecho se originó en junio, cuando el parlamentario Orestes Sánchez, de Podemos Perú, pidió que se investigue a la supervisora del sector educativo. El hecho desencadenó el pedido y posterior aprobación de la interpelación del titular de Educación, Martín Benavides, exjefe de Sunedu.
Acción Popular, que cuenta con cuatro congresistas en la Comisión de Educación, tiene como financista del partido a Raúl Diez Canseco, fundador de la Universidad San Ignacio de Loyola. Este partido afronta un resquebrajamiento en su dirigencia, con vertientes enfrentadas que votan de forma opuesta en el Congreso. Junto a Diez Canseco están el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, el excandidato Alfredo Barnechea y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells.
En otro frente se encuentra el excongresista Yohnny Lescano y sus aliados legislativos en provincia; y en paralelo están el gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, y el mismo presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, quien llamó a Cateriano para decirle que no tendría los votos suficientes debido a la permanencia de Benavides.
El voto contra la propuesta minera
Pedro Cateriano, quien ha debido poner su cargo a disposición luego de estos resultados, mencionó en su discurso que una de las medidas para acelerar la inversión privada durante la pandemia iba a ser el impulso de proyectos mineros. Para ello, anunció una serie de modificaciones a las normas de procedimientos y exploraciones mineras, con el fin de agilizar nuevos proyectos, pero también reducir los plazos de la consulta previa en las comunidades que puedan verse afectadas.
Los congresistas de Acción Popular por Cusco, Jorge Vásquez Becerra; y del Frente Amplio por Apurímac, Lenin Checco, lamentaron este enfoque del mensaje, pues esperaban que se aborde el conflicto minero. “Espinar está en conflicto. En Las Bambas se espera el cumplimiento de varios acuerdos. Queremos un primer ministro que sea capaz de concertar con todas las fuerzas políticas y sociales del país, para plantear una propuesta de salvataje en salud, pero también para la pequeña agricultura y mejoras en el trabajo”, añadió Checco.
Para Hugo Ñopo, investigador de Grade, es urgente que se instale un espacio de diálogo en el ámbito minero. “Entendamos que sin minería será muy difícil viabilizar mínimamente la economía de los peruanos. Es cierto que la manera en que lo planteó Cateriano fue polarizante, pero ahora toca escuchar y construir espacios de confluencia entre los diversos actores”, dijo durante OjoPúblico-Pregunta.
PARO INDEFINIDO. Uno de los problemas no incluidos en el discurso de Cateriano fue el conflicto en Espinar, que ya lleva más de 20 días sin solución.
Foto: OjoPúblico/ Álvaro Franco
Por su parte, José De Echave indicó que el Ejecutivo debería concretar un acuerdo para empujar los proyectos mineros que cuentan con licencia social, como Quellaveco, Mina Justa, la ampliación de Toromocho y otros. “Esa debería ser la agenda alrededor de la cual la Sociedad Nacional de Minería y el Ejecutivo se pongan de acuerdo. Pero escuchamos al señor [Roque] Benavides impulsando que salga Conga, Tía María [que no tienen licencia social], decir que hay demasiada regulación ambiental y social y que se deben flexibilizar los trámites. Este año debemos empujar los proyectos que ya tienen viabilidad”, comentó.
El papel del Frepap
De acuerdo con la votación de hoy en el Congreso, los 13 parlamentarios del Frepap que asistieron al hemiciclo se pronunciaron en contra y en bloque. Las razones coinciden con una serie de acciones que han venido impulsando durante los últimos meses: la fiscalización de los grupos económicos, la promoción de la agricultura antes que la minería, la lucha contra la pobreza y la defensa de los pequeños empresarios.
“La minería no es una bendición de Dios. Con la minería los agricultores pierden sus terrenos, la gente toma agua contaminada en Espinar (Cusco), por ejemplo. Nuestra mirada es a favor de la agricultura porque la minería se acaba, pero la agricultura no. En esta pandemia quienes nos han alimentado fueron los pequeños agricultores. El plan de gobierno de Cateriano beneficiaba a las grandes empresarios, no a los pequeños emprendedores”, indicó el congresista del Frepap por Cusco, Juan Huamán Champi.
José De Echave dijo que hay que prestarle mucha atención a las organizaciones políticas que están trabajando en los territorios, como el Frepap y el etnocacerismo.
Para Hugo Ñopo, el Frepap se caracteriza por tener una agenda propia, consecuente y predecible, por lo que su voto solo refleja esta postura. “El carácter agrario y rural del Frepap, es un llamado de atención en Lima. La votación del Frepap fue rural, de regiones, pero también de la periferia urbana de Lima. En un contexto donde la pobreza urbana crecerá por efectos de la pandemia, quienes van a recoger los reclamos de estas personas será el Frepap; un grupo orgánico y disciplinado”.
Por su parte, José De Echave dijo que hay que prestarle mucha atención a las organizaciones políticas que están trabajando en los territorios, como el Frepap y el etnocacerismo. “Hay un abismo entre la política que hacen desde Lima y su burbuja y quienes están construyendo proyectos políticos desde los territorios de las regiones. Los viejos partidos políticos no tienen capacidad de cubrir estos territorios, que son aprovechados por otros grupos políticos que están demostrando mucha iniciativa y asumiendo agendas. Y eso hay que mirarlo con respeto pero también con mucha preocupación”, dijo.
En ese contexto donde la pandemia avanza en las regiones del país y los conflictos sociales crecen, ambos investigadores coincidieron en la urgente necesidad de convocar a un amplio pacto político, que permita la gobernabilidad y el diálogo permanente. “El país necesita un acuerdo de gobernabilidad no solo para los próximos meses, sino para los próximos años que serán difíciles. Hay que identificar cuál es la agenda legítima que el país necesita empujar y buscar actores que tengan la capacidad de enfrentar una crisis sin precedentes”, dijo Echave.