La Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Wilson Salazar Reque, en conjunto con la Dirección Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú, realizaron allanamientos a las sedes de Surco, San Isidro y Jesús María de la Universidad Alas Peruanas, por el caso de lavado de activos que se sigue en contra Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular y sus familiares.

Desde hoy y durante los siguientes días se ha previsto incautar un total de 162 inmuebles, 84 vehículos y 7 avionetas que, según la fiscalía, fueron obtenidos de manera ilícita por una presunta organización criminal en la que Joaquín Ramírez lidera el brazo comercial. De acuerdo al mismo organigrama presentado por el Ministerio Público, Keiko Fujimori y Pier Figari, líderes de Fuerza Popular, constituyen el brazo político de la organización.

AERONAVES. Siete aeronaves, propiedad de Joaquín Ramírez, fueron incautadas en el aeródromo Las Dunas en Ica.

Foto: Policía Nacional del Perú

La fiscalía detalló que las diligencias en Lima se realizarán hasta el 14 abril y en regiones, del 17 hasta al 24 de abril. 

La investigación sobre este caso alcanza a 14 personas naturales y 15 personas jurídicas, en donde se encuentran Joaquín Ramírez, Osias Ramírez y doce familiares más del exfinancista de Fuerza Popular.

El inicio de la investigación

En el 2019, los accionistas de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, conformadas por exintegrantes de las Fuerzas Armadas y dueños de la universidad, denunciarán a Fidel Ramírez y su familia por haber malversado el dinero de la universidad para beneficios propios. 

La tesis fiscal sostiene que la familia Ramírez usó la universidad para hacer negocios con empresas fantasmas, creadas por los hermanos Ramírez, con el fin de obtener dinero y bienes ilícitos. 

Posteriormente, según la misma hipótesis fiscal, parte de ese dinero fue usado para financiar la campaña de Fuerza Popular en el 2011 y 2016. Es por este motivo que la fiscalía también ha incluido en el caso a Keiko Fujimori, excandidata presidencial, y a Pier Figari, exasesor del partido. Ambos son investigados por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de 2011 y 2016, conocido como el caso Cócteles.

Fidel Ramírez, uno de los fundadores de la Universidad Alas Peruanas, murió el 2019, cuando era investigado. La Fiscalía ha podido conocer que en los años anteriores este había logrado traspasar sus bienes a varios de sus familiares, por lo que anunciaron que iniciarán procesos legales para impulsar la incautación de dichos bienes.

MEGA CASO. El Ministerio del Interior informó que el monto involucrado en este caso supera los mil millones de dólares. 

Foto: OjoPúblico / Abel Cárdenas

Actualmente, el caso se encuentra en etapa de investigación preparatoria, luego que en enero de este año, el juez Víctor Zuñiga decidiera extender el plazo de investigación por 27 meses, debido a que en diciembre del 2022 se incluyó el delito de fraude de administración de las personas jurídicas y la fiscalía solicitara un mayor plazo para realizar una serie de pericias. 

A la presentación del caso por parte de la policía, hoy sorpresivamente llegaron a la sede de la Universidad Alas Peruanas, ubicada en la avenida Paseo de la República, los ministros del Interior, Vicente Romero, y de Justicia, José Tello. 

“Después del caso Orellana este es el caso más grande de lavado de activos en el Perú. Más de mil millones de dólares se va a incautar en un promedio de 295 bienes: en edificios, aeronaves, simuladores, etc. Eso nos da a entender la dimensión de cómo se esconde el dinero a través del lavado de activos”, señaló Vicente Romero. 

Por su parte, el ministro de Justicia, José Tello, informó que todas las propiedades incautadas pasarán a cargo del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) con la intención de que sean usados por el Estado para nuevas actividades.

Esta tarde, a través de un comunicado, Fuerza Popular señaló que “se pretende vincular a nuestro partido con un operativo realizado por autoridades judiciales y fiscales en la mañana de hoy”, y que “el señor Joaquín Ramírez no es afiliado ni dirigente de Fuerza Popular desde hace varios años”.

En el mismo comunicado pidieron a las autoridades del actual gobierno que “eviten participar en conferencia de prensa relacionadas a operativos fiscales, pues podría interpretarse como una injerencia en las investigaciones a cargo del Ministerio Público”.

Joaquín Ramírez fue militante, representante legal y secretario general de Fuerza Popular entre el 2014 y el 2016.