Actualización: 22/03/24 a las 17:22 p.m.

 

Dos nuevas universidades y otras cinco privadas que no lograron obtener su licenciamiento han presentado su solicitud para ser evaluadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y obtener la autorización que les permita brindar el servicio educativo.

OjoPúblico ha podido conocer que seis de estas siete universidades presentaron el pedido entre setiembre de 2023 y enero de 2024, durante la gestión del nuevo consejo directivo de la Sunedu, conformado tras la aprobación de la ley que debilita la reforma universitaria.

De acuerdo con la información a la que accedió este medio, hasta el 7 de marzo de 2024, se encontraban en evaluación la Universidad Privada de Trujillo, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Peruana Austral del Cusco, la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y la Universidad Peruana del Centro. Esta última —vinculada a Perú Libre y a la familia Cerrón— es la única que presentó su solicitud el 16 de agosto de 2022, antes del cambio de gestión en la superintendencia.

A ellas se suman las dos nuevas instituciones con solicitud de licenciamiento: la Universidad Alfred Nobel y la Universidad Politécnica del Perú (UPP). 

En este contexto, OjoPúblico ha podido determinar la estrecha relación que existe entre la UPP —constituida el 13 de abril de 2023— con la Universidad Alas Peruanas (UAP), que tiene en su historial dos licenciamientos denegados por la Sunedu.

REGISTRO. En el primer directorio de la Universidad Politécnica del Perú figuran tres miembros del directorio del periodo 2022-2023 de la UAP.

Documento: Sunarp

 

Según los registros públicos, la Universidad Politécnica del Perú S.A. tiene como entidad promotora a la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas (Coopalaspe). Esta última, a su vez, se ha identificado como propietaria de acciones de la Universidad Alas Peruanas. 

Además, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), ambas registran como gerente general a César Augusto Cabrera Cabrera Escudero. Asimismo, la UPP tiene como domicilio fiscal un local usado por la UAP, en el distrito limeño de Pueblo Libre. 

En el primer directorio de la Universidad Politécnica del Perú figuran tres miembros del directorio del periodo 2022-2023 de la UAP, según sus partidas registrales. Asimismo, el único socio fundador de la UPP —Martín Antonio Campos Parodi— también es gerente general de Coopalaspe. 

Seis universidades presentaron su solicitud entre setiembre de 2023 y enero de 2024, durante la nueva administración de la Sunedu".

El 24 de diciembre de 2019 y el 16 de noviembre de 2022, la Universidad Alas Peruanas —con alrededor de 6.500 estudiantes matriculados en el ciclo 2022-2— no logró su licenciamiento por incumplir las condiciones básicas de calidad. Entre estas, las vinculadas al financiamiento y sostenibilidad, a investigación y a contratación de docentes, de acuerdo a las resoluciones de Sunedu.

Por otro lado, el 15 de enero de 2024, la Universidad Politécnica del Perú, con la misma gerencia que la UAP, presentó su solicitud de licenciamiento a la actual gestión de Sunedu como nueva casa de estudios.

En diálogo con OjoPúblico, el gerente general de la UAP y de la UPP, César Augusto Cabrera Cabrera Escudero reconoció que ambas están vinculadas al tener al mismo promotor: la Cooperativa Alas Peruanas. Añadió que la cooperativa creó a la Politécnica del Perú luego de que, por segunda vez, se le denegara “injustamente” el licenciamiento a Alas Peruanas.

 

El caso UAP

Según registros públicos, la Universidad Politécnica del Perú S.A. se constituyó ante notario el 13 de abril de 2023, dos días después del allanamiento de bienes e inmuebles de la Universidad Alas Peruanas por la investigación fiscal contra el exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez y su familia, por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude. 

En esta investigación, la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos incluyó a 14 personas naturales y 30 jurídicas, todas vinculadas a la UAP. Entre los investigados se encuentran miembros de la familia Ramírez, así como Keiko Sofía Fujimori Higuchi y su asesor Pier Paolo Figari Mendoza, quienes son considerados “brazos políticos” de una presunta organización criminal integrada por la familia Ramírez. 

Los agraviados, según la tesis fiscal, eran los socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas.

PERSONAJE. En 2023, la Fiscalía y la Policía allanaron locales de la UAP por investigación contra Joaquín Ramírez, con quien la universidad deslinda vínculos.

Composición: OjoPúblico / Jhafet Ruíz Pianchachi

 

El 11 de abril de 2023, dicha cooperativa manifestó ser la única propietaria de la UAP desde su creación y rechazó que esta pertenezca a la familia Ramírez. Además, en un comunicado, calificó de “irregular” la incautación de bienes y señaló que se les quitaba la posesión de activos universitarios con los que brindaban servicios educativos a miles de estudiantes, que resultaban afectados.  

En la partida registral de la Universidad Politécnica del Perú (UPP) figura como socio fundador Martín Antonio Campos Parodi, en representación de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas y de Inversiones Educativas Iescoop S.A.C. La UPP se creó con un capital social de S/20.000.

Según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), la UPP —que tiene como objetivo la prestación de servicios de educación superior en pregrado, posgrado y formación continua, tanto en la modalidad presencial como virtual— empezó sus actividades el 3 de abril de 2023. En Sunat, en tanto, figura como fecha de inicio el 11 de julio de 2023.

De acuerdo a su estatuto, dicha casa de estudios puede desarrollar programas académicos, crear centros, escuelas e institutos de desarrollo académico, profesional y empresarial en todos los niveles, así como realizar actividades de investigación científica e innovación tecnológica, servicios de consultoría y asistencia técnica.

Martín Antonio Campos Parodi, único socio fundador de esta casa de estudios, también figura como presidente del primer directorio de la UPP. Además, ocupa la presidencia del consejo de administración de la Cooperativa Alas Peruanas. 

PARTIDA. En el directorio designados para 2022-2023 de la UAP figura Martín Campos, quien luego se convirtió en socio fundador de la UPP.

Documento: Sunarp

 

Campos Parodi también figura como presidente del directorio para el periodo 2022-2023 de la Universidad Alas Peruanas. No obstante, según registros públicos, el 22 de febrero de 2023, durante una sesión ordinaria del directorio, se declaró su cese en el cargo de presidente ejecutivo.

Por otro lado, en el primer directorio de la UPP están registrados como directores Esteban Ydelfonso Matías Loza y Raúl Tomás Pinto Rodríguez. Ambos aparecen, también, entre los siete miembros del directorio de Alas Peruanas para el periodo 2022-2023. Pinto Rodríguez es vicepresidente del consejo de administración la Cooperativa Alas Peruanas, mientras que Matías Loza figura como tercer vocal.

Otro elemento en común es que ambas universidades cuentan con el mismo gerente. César Augusto Cabrera Cabrera Escudero ocupa ese cargo en la UPP desde el 8 de mayo de 2023, mientras que en la UAP lo hace a partir del 13 de enero de 2021, según Sunat.

El domicilio fiscal de la UPP se ubica en la calle Pedro Ruiz 251, en el distrito limeño de Pueblo Libre. En ese mismo local, como pudo comprobar este medio el último viernes, también opera la Universidad Alas Peruanas. No obstante, se tiene previsto que, desde el lunes 18 de marzo, las oficinas administrativas se trasladen a Surco.

COMÚN. Local de la Universidad Alas Peruanas, ubicado en Pueblo Libre, también figura como domicilio fiscal de la Universidad Politécnica del Perú.

Foto: OjoPúblico / Milagros Berríos

 

OjoPúblico pudo conocer que nueve meses después de su constitución —es decir, el 15 de enero de 2024—, la UPP presentó su solicitud física de licenciamiento institucional, exigencia para empezar a brindar el servicio educativo. No obstante, según información de la Sunedu, el 28 de febrero de 2024, la UPP también presentó otra solicitud, pero en formato digital.

Ante ello, el último 7 de marzo, la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu le pidió a la universidad, a través de un oficio, que precise cuál de las dos solicitudes deberá ser tomada en consideración para la evaluación de su procedimiento.

Al ser consultado por OjoPúblico, el gerente general de la UPP y la UAP, César Cabrera Cabrera Escudero señaló, de forma escrita, que “a raíz de que denegaron injustamente por segunda vez el licenciamiento a la UAP, la cooperativa creó una nueva universidad, que se encuentra en proceso de licenciamiento”.

Según el gerente general, la creación de UPP responde al daño reputacional de la UAP. “Lamentablemente, la incautación de locales complicó mucho, es por eso que se optó por esa decisión, la cual es totalmente legal”, añadió. Consultado sobre la posibilidad de que transfieran los bienes de la UAP a la UPP, Cabrera Cabrera Escudero señaló que se trata de información de carácter privado. 

AVISO. El último viernes, en el local de Pueblo Libre, la UAP adelantaba que las oficinas administrativas se trasladarán a Surco. 

Foto: OjoPúblico / Milagros Berríos

 

Para Joseph Dager Alva, exsecretario general de la Sunedu, es necesario que esta figura —esté vinculada a una estrategia legal o de imagen— sea transparentada ante la ciudadanía para que los estudiantes que se matriculen conozcan los antecedentes de la institución. 

“En esta universidad hubo cuestionamientos, incluso, de mal uso de recursos (...). La imagen de la UAP, donde además hubo una incautación y procesos judiciales, evidentemente estaría muy cuestionada para presentarse a un licenciamiento. Probablemente, no solo no lograría el licenciamiento, sino tampoco la preferencia del público. Quizá por eso usa esta figura, pero es muy importante que se pueda evidenciar esta relación para advertir a los estudiantes del riesgo”, remarcó.

La UPP, al igual que las otras seis universidades, debe someterse al proceso de licenciamiento correspondiente a universidades nuevas y denegadas, donde la Sunedu evaluará el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para autorizar el funcionamiento de cada institución. La licencia tiene una vigencia de seis años.

El proceso de licenciamiento para este tipo de casas de estudios tiene dos etapas principales.

En la primera —instrucción de procedimiento— la Dirección de Licenciamiento revisa la documentación, hace una verificación presencial, elabora un informe técnico y remite un expediente a la superintendencia, entre otras actividades. Para ello, además, se requiere la opinión favorable de la oficina de Asesoría Jurídica, hoy a cargo del exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Mesía Ramírez.

CARGO. La UPP y la UAP tienen como gerente general a César Cabrera Cabrera, quien señaló que la primera fue creada tras la "injusta" denegatoria de la segunda.

Documento: Sunat

 

En la etapa resolutiva, en tanto, el Consejo Directivo —actualmente encabezado por el superintendente Manuel Enemecio Castillo Venegas— emite la resolución en la que aprueba o deniega la licencia.

Este procedimiento se debe llevar a cabo en un máximo de 120 días hábiles, aunque el cómputo del plazo se puede suspender ante supervisiones o presentación de información por parte de las universidades.

Todas las casas de estudio pueden presentarse, de forma voluntaria, a una nueva evaluación desde que se les deniega la licencia. Deben hacerlo, además, antes de que concluya su plazo de cese de actividades; es decir, cuando dejan de operar y brindar el servicio. 

En el caso de la UAP, su cese de actividades está programado para el 22 de marzo de 2025, de acuerdo a su declaración jurada.

Este medio intentó comunicarse con Martín Campos Parodi, socio fundador de la UPP y gerente general de Coopalaste. Sin embargo, refirió que se encontraba en una consulta médica y, luego, al devolverle la llamada, ya no contestó.

 

El rol del Congreso

El 7 de marzo pasado, mientras se desarrollaba este proceso, el legislador Esdras Medina Minaya (hoy no agrupado) presentó dos proyectos de ley que buscan modificar otros aspectos de la reforma universitaria. 

El primero de ellos pretende la reelección de rectores de universidades públicas, y el segundo busca la creación del Consejo Nacional de Universidades del Perú, que le resta rectoría al Ministerio de Educación (Minedu) en la educación superior. 

A estos se suma el impulso, también desde el Congreso, de un dictamen que favorece a 11 universidades asociativas (sin fines de lucro) con licencia denegada.

Este último, incluido en la agenda del Pleno, acumula cuatro propuestas legislativas —una de Medina Minaya, otra de Edgar Tello Montes (Bloque Magisterial), una más de Darwin Espinoza Vargas (Acción Popular) y otra Wilson Rusbel Quispe Mamani (renunciante a Perú Libre)— que plantean darle un plazo adicional de dos años a estas casas de estudio para que subsanen solo las exigencias incumplidas.

Según la iniciativa, que data de 2021, esto implica que lo hagan bajo el esquema anterior y no con el actual procedimiento ―más exigente― que debe ejecutar la Sunedu, y por el que pasaron, por ejemplo, las universidades nacionales San Luis Gonzaga, de Ica, y Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque.

Tello Montes, Espinoza Vargas y Quispe Mamani figuran entre los 17 congresistas que han sostenido reuniones en la Sunedu con el superintendente Manuel Enemecio Castillo Venegas tras la reconfiguración del órgano máximo que aprueba licenciamientos y sanciones para las universidades.

Medina Minaya, en tanto, ha sido condecorado por Castillo Venegas en una reciente ceremonia por el primer año de la nueva Sunedu. “Para la promulgación de la ley hubo muchas personas y muchas instituciones (...) que pugnaron, perseveraron, para que se promulgue esta ley. Una de ellas, desde su posición en el Congreso, es Esdras Medina”, dijo el superintendente el último 23 de febrero. 

CERCANÍA. El superintendente Manuel Castillo Venegas condecoró a Esdras Medina Minaya, el principal promotor de la reconfiguración de la Sunedu.

Foto: Twitter Esdras Medina Minaya

 

En opinión del exministro de Educación Ricardo Cuenca Pareja este Congreso ha debilitado todos los procesos de políticas públicas, incluida las reformas educativas, sin un contrapeso desde el Ejecutivo. 

En el caso del dictamen para universidades denegadas, el investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) recuerda que todas las universidades ya cuentan con nuevas oportunidades, por lo que la iniciativa solo confunde a la opinión pública.

“De hecho, algunas [universidades] en una segunda instancia han logrado licenciarse, como la San Luis Gonzaga, de Ica. Entonces, esto [las iniciativas] dan vueltas y van a dar vueltas permanentemente porque, en el fondo, lo que quieren es licenciarse (...). El principal riesgo es que las familias y los jóvenes pierden la garantía del Estado de asegurarles que, por lo menos, tienen condiciones básicas de calidad”.

 

Más universidades denegadas

Además de la Politécnica del Perú, otras seis universidades buscan su licenciamiento. De estas, cinco no lograron superar la evaluación de la anterior gestión. Por lo tanto, quedaron prohibidas de convocar procesos de admisión y recibir nuevos alumnos. Ahora, se someten al proceso con la nueva administración. 

Una de ellas es la Universidad Privada de Trujillo (Uprit), a la que se le denegó su licencia el 15 de enero de 2020. Tres años después, el 27 de setiembre de 2023, esta casa de estudios asociativa (sin fines de lucro) presentó su solicitud para volver a ser evaluada. 

De acuerdo a la declaración jurada de plazo de cierre, esta universidad tenía previsto dejar de prestar servicios el 3 de octubre de 2023. Según la Sunat, la casa de estudios tiene como presidente a Juan Mauricio Noriega Escobedo. 

Este último registra visitas, en febrero de 2022, a los parlamentarios Esdras Medina Minaya, entonces presidente de la Comisión de Educación, y Jorge Montoya Manrique (Renovación Popular). Ambos son autores de la denominada contrarreforma universitaria, también conocida como ley de autonomía universitaria, que reconfiguró la Sunedu. 

CITA. Representantes de universidades con licencia denegada, entre ellos Mauricio Noriega y Emilia Untiveros se reunieron con Tania Ramírez.

Foto: Facebook de la Upecen

 

Noriega Escobedo también registra otras visitas al Congreso. El 22 de noviembre de 2021, por ejemplo, acudió —en representación de la Universidad Privada de Trujillo— a una reunión con Tania Ramírez García (Fuerza Popular), quien también respaldó la iniciativa que debilitó la reforma universitaria. 

Luego, el 31 de enero de 2022 y el 9 de febrero del mismo año, registró dos visitas a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Legislativo. El 10 de febrero de 2022, en tanto, se reunió con Esdras Medina Minaya, entonces parlamentario de Renovación Popular.

El presidente de la Universidad Privada de Trujillo también registra cinco visitas a la Sunedu, tras el ingreso de la nueva administración. Una de ellas, del 19 de setiembre de 2023, es al superintendente Manuel Enemecio Castillo Venegas. Otras dos —27 de abril de 2023 y 2 de octubre del mismo año— a Marco Hernán Pantigozo Loayza, director de documentación e información universitaria y registro de grados y títulos. 

A estas se suman, asimismo, una visita a la Dirección de Supervisión de la nueva Sunedu, el 25 de agosto de 2023, y una más, del 1 de diciembre del mismo año, a la Dirección de Licenciamiento.

Otra universidad que también se encuentra en evaluación es la Inca Garcilaso de la Vega, conocida porque su exrector, Luis Cervantes Liñán, permaneció en el cargo por más de 15 años y fue denunciado por ganar más de S/2 millones mensuales. 

Esta casa de estudios, que atendía a más de 16.000 alumnos, recibió la denegatoria de licenciamiento en octubre de 2019 por no cumplir con ninguna de las condiciones básicas de calidad. Una de las principales deficiencias fue, justamente, la sostenibilidad financiera.

LISTA. La Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con nueva administración, se encuentra en evaluación de licenciamiento institucional.

Foto: Andina

 

Desde el 30 de mayo de 2022, a través de un acuerdo de la junta de acreedores, la empresa liquidadora a cargo de Yuly Herrera Llamocca asumió la administración de la universidad. Casi cuatro meses después, el 23 de setiembre, la junta de acreedores acordó por mayoría que la universidad pase de un esquema de liquidación a otro de reestructuración.

Según los registros oficiales, Herrera Llamocca visitó a Juan Carlos Huamán Condori, asesor II de la Comisión de Educación del Congreso, el 14 de febrero de 2022. 

La administradora también registra ingresos a la Sunedu: el 24 de marzo de 2023, visitó al especialista administrativo III de la dirección de licenciamiento Aldo Óscar Sánchez Benavides, en nombre de la UIGV. Asimismo, hizo tres visitas en 2023 —una en representación de la UIGV y dos a título personal— al jefe de la oficina de Administración de Sunedu, Luis Erick Sierra Yupanqui.

El 13 de enero de 2022, la Asociación Civil de Graduados y Egresados Garcilasinos (Asogeg) presentó un documento dirigido a la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto (por esa fecha parte de la bancada de Acción Popular), para solicitar “su apoyo mediante el voto para la aprobación en el Pleno” del proyecto de ley 815/2021-CR, recaído en el dictamen de mayoría N° 137 y otros. 

A raíz de que denegaron injustamente el licenciamiento a la UAP, la cooperativa creó una universidad", señala el gerente.

Es decir, el que le otorga un plazo adicional a las universidades denegadas asociativas. Lo consideran una solución a un problema político y social debido a los miles de estudiantes afectados. El plazo de cese de actividades de esta universidad está previsto para el 3 de marzo de 2025.

Este medio se contactó con la UIGV y solicitó conversar con un vocero para tener detalles del proceso de licenciamiento. Sin embargo, la oficina de márketing e imagen institucional de la universidad señaló que se encuentran dentro del periodo para cumplir con los requisitos de esta evaluación y, dado que su equipo está concentrado en esa tareas, no era posible coordinar una entrevista.

En la lista de asociativas con licencia denegada también se encuentra la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech). En 2020, OjoPúblico reportó que esta universidad era una de las instituciones con mayores irregularidades detectadas por la antigua Sunedu y que, desde enero de ese año, sus principales directivos —incluido su exrector— eran investigados en el Ministerio Público por conformar una presunta organización criminal de lavado de activos. 

El 26 de febrero de 2021, la Sunedu le denegó el licenciamiento por incumplir con las seis condiciones básicas. Entre ellas, las vinculadas a infraestructura y equipamiento adecuado, objetivos académicos, grados, títulos y planes de estudio. 

Seis meses después, el 23 de agosto de 2021, el legislador Darwin Espinoza (Acción Popular), uno de los autores del dictamen que beneficia a las universidades denegadas asociativas —hoy en agenda del Pleno—, se reunió con el actual rector de la Uladech, el padre Juan Roger Rodríguez Ruiz. 

PASADO. En 2021, el legislador Darwin Espinoza se reunió con el rector de la Uladech y, días después, presentó un proyecto a favor de las denegadas.

Foto: Facebook de Darwin Espinoza

 

“Desde mi despacho venimos elaborando un proyecto de ley que establezca un plazo de emergencia [nueva oportunidad de licenciamiento], así como la implementación de medidas estrictas contra la corrupción que existe en muchas universidades”, refirió en su cuenta de Facebook el parlamentario. El 6 de setiembre de 2021 presentó la referida iniciativa.

La Uladech, en tanto, presentó su solicitud para el nuevo proceso de licenciamiento el 26 de setiembre de 2023.

En diálogo con OjoPúblico, Rodríguez Ruiz, también representante de la universidad según Sunat, señaló que se encuentran en la etapa final y que la Sunedu ya realizó la verificación in situ entre el 20 y el 23 de febrero pasados, tras lo cual emitió observaciones que están en proceso de ser levantadas. 

Para este nuevo proceso, agregó, presentaron tres carreras de pregrado: Educación Inicial, Psicología y Contabilidad, en lugar de las 12 con las que contaban inicialmente. 

Consultado sobre las razones por las que solicitaron el licenciamiento dos años después de la denegatoria, el rector hizo referencia al tiempo que demanda la elaboración de un expediente y un informe basado en el nuevo modelo de la Sunedu. 

“Hemos optado por el modelo [actual] 1.5, venimos trabajando en ello (...). En Perú, tiene un peso la parte política, que debe ser al servicio. Pero, lamentablemente, no es así. Estamos en el criterio técnico. Estamos respondiendo de manera acertada a las exigencias de los indicadores del modelo de licenciamiento”, dijo al ser consultado sobre la iniciativa legislativa que plantea una extensión de plazo para que las universidades asociativas subsanen los requisitos incumplidos en la primera evaluación.

En el registro de visitas de Sunedu de 2023 figuran ingresos, a nombre de esta universidad, de Teresa Jesús Villanueva Díaz, Wilder Ananias Narro y Elías García Paredes. Sin embargo, el rector aseguró desconocer a los dos primeros y solo identificó al último. “De los tres, solo uno es de la universidad”, dijo.

OjoPúblico ha reportado, en varios informes, el caso de la Universidad Peruana del Centro (Upecen), que presenta vínculos con la familia Cerrón y Perú Libre. Esta casa de estudios también ha formado parte de la Asociación de Universidades Asociativas sin Fines de Lucro (AUF Perú), un colectivo que ha respaldado la iniciativa que beneficia a universidades asociativas (sin fines de lucro) con licencia denegada, que hoy se encuentra en la agenda del Pleno. 

REUNIONES. La familia León Untiveros y otros representantes de la Upecen registran visitas a Sunedu, entre ellas a la Dirección de Licenciamiento y al superintendente.

Foto: Facebook de la Upecen

 

En el primer año de la nueva administración de la Sunedu, los hermanos León Untiveros, de la Upecen, registran 22 ingresos a dicha entidad. Del total, 14 figuran a nombre de José Luis León Untiveros, decano de la facultad de Ingeniería e hijo de los representantes legales de la universidad. Cinco corresponden a Miguel Ángel, quien ha formado parte del consejo directivo de la casa de estudios, y tres a Gina Fiorella, decana de Ciencias de la Salud.

De los 22 registros totales, cinco corresponden a reuniones con el superintendente Manuel Castillo Venegas. Estas ocurrieron entre setiembre de 2023 y enero de 2024.

En una de ellas, realizada el 30 de enero último, participaron Manuel Castillo Venegas, Miguel Ángel León Untiveros, el legislador Edgar Tello Montes (Bloque Magisterial), su coordinador Luis Antonio Dueñas Ochavano y el personal de seguridad Hugo Walter Avellaneda Silva, según el registro oficial de la Sunedu. Tello Montes es uno de los autores del dictamen a favor de las universidades asociativas.

Esta casa de estudios —como reportó OjoPúblico tras acceder a las actas de reuniones entre Upecen y la Dirección de Licenciamiento de Sunedu— ha hecho cuestionamientos, en reuniones internas, respecto al futuro de las denegadas.

A un año de la nueva Sunedu, el 23 de febrero, el superintendente Manuel Castillo condecoró al legislador Esdras Minaya".

El 3 de marzo de 2023, la Upecen consultó en una reunión virtual sobre el estado de su procedimiento tras la declaración de principios del nuevo consejo directivo “acerca de no licenciar a las universidades denegadas”. Semanas más tarde, el 24 de abril del año pasado, señaló su “preocupación por las declaraciones del consejo directivo en torno a las universidades con licencia denegada”, durante una cita presencial. 

En una sesión del Congreso del 22 de noviembre de 2021, la rectora de la Upecen, Emilia Untiveros Peñaloza, dijo que la Sunedu debía “dejar de estar haciendo problemas” a las universidades dejándolas sin licencia. “No puede haber mucho maltrato de Sunedu. No estoy cuestionando a la Sunedu. Estoy pidiendo que reconozca su error”, afirmó.

Meses antes, el 1 de julio de 2020, la Sunedu había denegado el licenciamiento de la Upecen. La universidad presentó una nueva solicitud de evaluación el 16 de agosto de 2022.

Para Ricardo Cuenca Pareja, exministro de Educación, existen altas posibilidades de que estas universidades obtengan su licenciamiento con la nueva administración de la Sunedu. Esto si, además, se toma en cuenta un contexto donde se busca flexibilizar las condiciones básicas de calidad. 

“Estas universidades tienen derecho [a volver a buscar su licenciamiento], pero también tienen que cumplir con los requisitos (...). El asunto es que son aquellas que han insistido porque siempre han buscado un atajo. Hay otras que cerraron”, señala.

A estos casos se suma el de la Universidad Peruana Austral del Cusco. Esta, a diferencia de las anteriores, es societaria (con fines de lucro) y presentó su solicitud el 7 de setiembre de 2023. Por último, se añade la Universidad Alfred Nobel, que figura como una nueva casa de estudios, y su pedido data del 24 de enero pasado.

 

Nota de redacción: Tras la publicación de este informe, el gerente general de las universidades Alas Peruanas (UAP) y Politécnica del Perú (UPP), César Cabrera Cabrera Escudero, quien ya había sido contactado por OjoPúblico, se comunicó nuevamente con este medio y, de manera presencial, el 21 de marzo, reconoció que la UPP está vinculada a la UAP por compartir el mismo accionista (Cooperativa Alas Peruanas). Añadió que el dueño de la UPP es dicha cooperativa, cuyo representante legal es Martín Antonio Campos Parodi. Cabrera Cabrera Escudero señaló que dejará la gerencia general de la UPP porque existe un conflicto de interés debido a que, en marzo de 2023, denunció penalmente por presunto abuso de autoridad y falsedad genérica a 10 funcionarios de Sunedu, tras la denegatoria de licenciamiento de la UAP. La Politécnica del Perú se ha presentado ante la Sunedu con siete carreras y una proyección de 7.000 estudiantes en cinco años desde un eventual licenciamiento. Reconoce que hará uso del local de Pueblo Libre, por el cual tiene un contrato con la UAP. Agregó que su capital social se elevó a S/9’503.336, en enero de 2024.