Han pasado siete años desde que comenzó el caso Lava Jato, el mayor esquema de sobornos liderado por la empresa Odebrecht y que involucró a funcionarios de todos los niveles, incluidos candidatos presidenciales y expresidentes en Perú. En diciembre de 2016, Odebrecht confesó ante la justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos por un total de USD 788 millones en 12 países de Latinoamérica y África.

En Perú, los principales líderes políticos, entre ellos cuatro expresidentes y una candidata presidencial están siendo procesados por haber recibido dinero ilícito de la empresa brasileña: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. El Ministerio Público sostiene que entre ellos recibieron al menos USD 45 millones solo de Odebrecht, pues en el caso también intervienen otras empresas brasileñas. 

Uno de los últimos expresidentes que ahora deberá responder a la justicia peruana en medio de una prisión preventiva es Alejandro Toledo Manrique, que esta semana arribó al Perú tras ser extraditado desde Estados Unidos, luego de un proceso que se prolongó durante 5 años. A él se lo investiga por haber recibido presuntos sobornos para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica. Solo por este caso, los delitos que se le imputan son lavado de activos y colusión por el presunto cobro de USD 31 millones a la empresa Odebrecht durante su gobierno (2001-2006).

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, ha solicitado 20 años y 6 meses de prisión para Toledo Manrique.

RETORNO. Alejandro Toledo fue extraditado al Perú luego de permanecer en Estados Unidos desde el año 2017, cuando se le dictó prisión preventiva. 

Foto: PNP

Al fundador de Perú Posible también se le investiga por dos casos más: Ecoteva, por el cual la Fiscalía ha solicitado 16 años de pena privativa de la libertad, y por la también presunta corrupción en el tramo 4 y 5 de la carretera Interoceánica, por el que se pide 35 años de cárcel. Ambos casos tienen sus procesos de extradición en marcha y están a la espera de que los jueces de Estados Unidos tomen una decisión al respecto. Mientras no haya un pronunciamiento sobre ellos, los fiscales peruanos no podrán consultar ni procesar a Alejandro Toledo por estos temas.

Por el caso 2 y 3 de la Interoceánica, la Fiscalía sostiene que tiene evidencia suficiente para confirmar los delitos por los que acusa a Toledo. 

“En ese proceso [en Estados Unidos], [Marcelo Odebrecht] reconoció haber pagado coimas por la Interoceánica al expresidente [Toledo]. También están las irregularidades en la licitación, las cuales quedaron advertidas en un informe de la Contraloría. Finalmente, ha sido muy importante la colaboración eficaz de Josef Maiman, que narra la ruta del dinero de la coima que pagó la empresa Odebrecht”, explica a OjoPúblico la exprocuradora del caso Lava Jato, Katherine Ampuero.

"A Alejandro Toledo también se le investiga por el caso Ecoteva y por la Interoceánica tramos 4 y 5".

El expediente fiscal contiene tres declaraciones claves en este caso: la primera de Marcelo Odebrecht, quien reconoció haber pagado coimas por la Interoceánica a Alejandro Toledo; luego está el testimonio de Jorge Barata, quien aseguró que le entregó USD 31 millones a través de intermediarios y la declaración de Josef Maiman, amigo personal del expresidente, quien confirmó recibir esa cantidad de dinero de Odebrecht.

Según la Fiscalía, Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenburg, utilizaron el dinero para comprar inmuebles con la intención de blanquear el dinero ilícito, a este caso se le conoce como Ecoteva. 

A su llegada al Perú, Alejandro Toledo fue recluido en el penal de Barbadillo, donde también se encuentran los expresidentes Pedro Castillo (detenido por el intento de golpe de Estado e investigado por corrupción) y Alberto Fujimori (condenado por violación de derechos humanos y corrupción). 

Control de acusación

El caso de Alejandro Toledo por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica fue uno de los primeros en comenzar, pero el proceso se demoró porque el expresidente decidió quedarse en Estados Unidos y no someterse a la justicia peruana alegando persecución política. Actualmente, su investigación se encuentra en la etapa intermedia, específicamente en la fase de control de acusación. 

En esta fase, los abogados defensores de los imputados y el juez pueden realizar observaciones y solicitar correcciones, desde la redacción de la acusación hasta la modificación o aclaración de los medios probatorios.

No existe un límite de tiempo en el Código Procesal Penal para la etapa de control de acusación. El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, señaló que en el caso de Alejandro Toledo podría culminar a fines de este año. No obstante, eso dependerá del juez Richard Concepción Carhuancho.

El pasado martes 25 de abril, el juez le otorgó el plazo de 5 días hábiles a la Fiscalía y a la Procuraduría para que resuelva unas observaciones hechas por los abogados de las partes, con respecto a la falta de claridad en las imputaciones y al monto de la reparación civil.

HISTÓRICO. El penal de Barbadillo alberga a tres expresidentes: Alberto Fujimori, Pedro Castillo y ahora también a Alejandro Toledo. 

Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo

Así como Toledo, el caso de la excandidata presidencial, Keiko Fujimori también se encuentra en la etapa de control de acusación desde marzo de 2021, fecha en la que se presentó formalmente la acusación y se solicitó 30 años de cárcel para la fundadora de Fuerza Popular e hija de Alberto Fujimori. 

La exprocuradora Lava Jato, Katherine Ampuero señaló a OjoPúblico que el proceso se ha estancado en esta fase, debido a que la acusación fiscal ha tenido falencias que hasta ahora continúan corrigiéndose. 

Keiko Fujimori es investigada como presunta líder de una organización criminal al interior de su partido, dedicada a blanquear dinero recibido de manera irregular de Odebrecht para financiar sus campañas electorales del 2011 y 2016. 

El Equipo Especial Lava Jato sostiene que la hija de Fujimori recibió USD 1,2 millones de la empresa Odebrecht y USD 3,65 millones de la compañía Credicorp, uno de los grupos económicos y financieros más grandes del país. 

Respecto al caso Metro de Lima, que involucraba al expresidente Alan García, fallecido en abril de 2019, ya cuenta con acusación y se encuentra a la espera que el Poder Judicial inicie con el control de acusación. Con el suicidio del líder del Partido Aprista la acción penal sobre él queda extinta, el proceso continúa contra los demás investigados, entre ellos todo su círculo cercano durante su segundo gobierno (2006 - 2011).

A García Pérez, la Fiscalía lo investigaba por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión. La tesis fiscal sostenía que el expresidente concertó con Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, la modificación de las normas para favorecer a la empresa brasileña en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, por el cual recibió USD 100.000 bajo la fachada de una supuesta conferencia realizada en Brasil en el año 2012.

La Fiscalía también sostiene que posteriormente Odebrecht pagó sobornos de más de 4 millones de dólares a García Pérez a través de intermediarios, entre los que se encuentran Luis Nava Guibert, Miguel Atala Herrera, Samir Atala Nemi y José Nava Mendiola, por el apoyo que les brindó con el proyecto de la Interoceánica.

Finalmente, Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú, aseguró que pagó USD 200.000 para la campaña presidencial de Alan García del 2006.

Juicio oral

La investigación contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadie Heredia es uno de los casos más avanzados que tiene el Equipo Especial Lava Jato. En febrero de 2022 se inició el juicio oral por el delito de lavado de activos agravado, en la modalidad de conversión, por recibir presuntos aportes del gobierno de Venezuela y pagos ilícitos de la empresa Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales del 2006 y 2011. 

Sobre el caso de Odebrecht, el expediente fiscal sostiene que la expareja presidencial recibió tres millones de dólares de la empresa brasileña para financiar la campaña electoral de 2011. La fiscalía ha pedido 20 años de carcel para el expresidente Humala y 26 para Heredia.

El juicio oral inició con el proceso relacionado a los aportes recibidos desde Venezuela; sin embargo, cuando se iba a comenzar con el caso de los aportes de Obrechecht, para la cual se tenía programadas entrevistas a Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros directivos, la fiscalía tomó conocimiento, en noviembre del 2022, que la Fiscalía brasileña había suspendido la declaración de los directivos luego de que la empresa denunciara que se había vulnerado el acuerdo de colaboración eficaz vigente.

"Para Ollanta Humala se ha pedido 20 años de cárcel y para Nadine Heredia 26".

La empresa brasileña sostenía que los fiscales peruanos estaban utilizando sus declaraciones, brindadas a través del acuerdo de colaboración, para sustentar delitos en su contra en un juicio que se encuentra en medio de un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por el caso Gasoducto Sur. 

Las declaraciones se suspendieron y los jueces las programaron para llevarse a cabo entre el 16 y 25 de enero de 2023. No obstante, esta vez el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil dispuso nuevamente la suspensión de las declaraciones atendiendo un pedido del expresidente Ollanta Humala, quien solicitó que los interrogatorios se realizaran en Brasil. 

Los jueces Nayko Coronado Salazar, Raúl Caballero Laura y Max Vengoa Valdiglesias volvieron a reprogramar la audiencia para marzo; sin embargo, nuevamente se generó un inconveniente, debido a que el  Supremo Tribunal Federal de Brasil indicó a los jueces peruanos que las declaraciones debían darse por la vía de carta rogatoria, es decir a través de una solicitud formal entre tribunales de ambos países. 

“[Ollanta Humala y Nadine Heredia] Quieren que la autoridad brasileña interrogue [a los directivos de Odebrecht] allá [en Brasil], es un absurdo, se tiene que aplicar las reglas del juicio oral peruano. Las diligencias se pueden realizar vía zoom, ya hemos visto que se pueden realizar interrogatorios con esta herramienta”, sostiene la exprocuradora Ampuero.

Finalmente, los jueces decidieron programar las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros altos directivos de la empresa brasileña para septiembre de este año.

PRISIÓN. Alejandro Toledo cumplirá sus 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo. 

Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo

El proceso que avanza más lento es el que involucra al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien es investigado por las asesorías que brindaron sus empresas a la brasileña Odebrecht en los casos del proyecto Interoceánica tramos 2 y 3 y el proyecto Olmos. 

Actualmente, el caso contra PPK se encuentra en etapa de investigación preparatoria, fase en que la fiscalía realiza la búsqueda de evidencias sobre sus imputaciones. Al culminar esta fase, el fiscal a cargo tiene dos opciones: solicitar el sobreseimiento (archivo del caso) o presentar acusación formal contra el expresidente. 

Las pesquisas del Equipo Especial Lava Jato ya han encontrado pagos del 2004 al 2007 de las empresas ganadoras de la licitación de la Interoceánica, entre ellas Odebrecht, y del proyecto Olmos, a la firma Westfield Capital, de propiedad de Kuczynski, por un monto ascendente a USD 782.207.  

Odebrecht también confirmó ante el Congreso peruano que entregó USD 4,9 millones a la empresa First Capital, de propiedad del socio de PPK, Gerardo Sepúlveda, entre el 2004 y el 2013 por servicio de asesorías, que, según la Fiscalía, luego habrían ido a las cuentas del exmandatario.

Además, también se le imputa haber recibido USD 300.000, a través de la empresaria Susana de La Puente, para la campaña presidencial de Alianza por el Gran Cambio en el año 2011. Actualmente, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se encuentra en prisión domiciliaria.