Han transcurrido 19 años desde que se promulgó la Ley N° 27651, conocida como la Ley de formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal, pero los avances de este proceso han sido pocos: en casi dos décadas solo 1.607 mineros han formalizado sus actividades, mientras que 88.302 mineros figuran como inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un padrón que se creó con el objetivo de incentivar la formalización de la minería ilegal, pero que, en la práctica, permite que esta actividad ilícita se siga realizando.

“Un fiscal no te puede denunciar si estás inscrito en el Reinfo en proceso de formalización”, refiere el abogado en materia ambiental César Ipenza a OjoPúblico. Por ello, explica, la ampliación de la formalización minera es una forma de impunidad porque los daños ambientales que se causan no tienen responsables.

Pese a que la formalización minera ya se ha extendido en cuatro oportunidades desde que el proceso se inició en el 2002, el Legislativo recientemente volvió a ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre del 2024 para que los mineros informales —aquellos que no operan en zonas prohibidas (las riberas de los ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas ) ni utilizan maquinaria pesada— sigan el proceso de formalización. 

Del total de inscritos de Reinfo, solo 28.44 están vigentes y 60.158 suspendidos por no presentar su Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom) o acreditar el registro de insumos químicos. La suspensión significa que están fuera de plazo para la formalización, pero siguen en el registro, por lo que son beneficiarios de la reciente ampliación y no serán procesados por causar daños ambientales. Aunque el fiscal advierta que los mineros no están cumpliendo con requisitos mínimos de cuidado ambiental no pueden ser denunciados y continuarán operando, refiere Ashley Mamani Dávila, especialista del programa Derechos y Justicia Ambiental de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). 

DESTRUCCIÓN. La minería informal usa dragas que contaminan los ríos amazónicos.

Foto: Andina

El dictamen de la Comisión de Energía y Minas fue un consolidado de los proyectos de ley presentados por los congresistas Eduardo Salhuana Cavides (Alianza Para el Progreso), José Marticorena Mendoza y Víctor Raúl Cutipa Cama (Perú Libre) entre el 11 y 16 de noviembre de este año. Apenas dos días después, el jueves 18, dichos proyectos ya estaban en comisión para su análisis. 

El 9 de diciembre, la comisión dirigida por el parlamentario Carlos Alva Rojas e integrada por otros 18 congresistas titulares aprobaron por unanimidad el dictamen que pasó al Pleno el último jueves donde fue aprobado con 103 votos a favor, cinco en contra y una abstención. 

La ley que prorroga la vigencia del proceso de formalización minera integral solo señala la ampliación al 31 de diciembre del 2024 y encarga al Ejecutivo presentar la propuesta normativa Ley de pequeña minería y minería artesanal en un plazo de 180 días hábiles después de publicada la norma.

“Cuando se aprueba el dictamen no fue publicado en el portal del Congreso, sino que se esperó hasta su aprobación para hacer público el documento. En menos de un mes este proyecto de ley ha sido aprobado (...) [porque] existen intereses económicos y políticos”, señala Mamani Dávila. La abogada ambiental también cuestiona que la norma no explica cómo se realizará el nuevo proceso de formalización y solo se aprobó un plazo para que el Ejecutivo dicte una nueva ley. 

Las ampliaciones a través de los gobiernos 

En el 2002, cuando se da la Ley N° 27651, se crea el proceso ordinario que permitía realizar el trámite administrativo y asumir los compromisos ambientales y de seguridad en el trabajo a los mineros para su legalización. 

Sin embargo, en el 2012, al ver que no se obtuvo los resultados esperados se crea el proceso extraordinario a través del Decreto Legislativo N° 1105, durante el gobierno de Ollanta Humala, donde se define qué es la minería informal: actividad realizada con equipo y maquinaria que no corresponde o sin cumplir con las exigencias administrativas, técnicas, sociales y medioambiental, y son considerados informales los que hayan iniciado un proceso de formalización. A través del Decreto Supremo N° 032-2013-EM se establece que los mineros que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Declaración de Compromisos y cuenten con títulos de concesión minera o contratos de explotación podrían trabajar hasta el 19 de abril de 2014. 

Pero nuevamente el plazo fue ampliado hasta el 2016 y se aprueba la Estrategia de Saneamiento del proceso de formalización a través del Decreto Supremo N° 029-2014-PCM. Ya para el 2016, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski crea el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), a través del Decreto Legislativo N° 1293, que vuelve a  ampliar el plazo para la formalización hasta el 2019 y donde se simplifica el proceso de formalización solicitando únicamente un número de RUC y una declaración jurada de compromisos para iniciar la formalización. 

“Al año siguiente es que se modifica el Código Procesal Penal y se permite a los mineros informales trabajar sin ser denunciados solo por estar en el Reinfo. Aunque se advierte que ellos no siguen las medidas de cuidado ambiental y en muchos casos no cumplen los plazos del proceso y son desactivados del registro, pero ni aún así pueden ser juzgados”, comentó a OjoPúblico Érick García Cerrón, representante de Interacción Ambiental, iniciativa para la educación en temas ambientales.

El Congreso ha aprobado hasta el 2024 la ampliación del plazo para la formalización minera en el Perú".

En el 2019, cuando Martín Vizcarra era presidente, el Congreso aprueba la Ley N° 31007 que reestructura la inscripción al Reinfo y, nuevamente, amplía el plazo para la formalización hasta el 31 de diciembre del 2021.

Estas ampliaciones han significado el fracaso de la formalización minera, según el director de la Iniciativa de Justicia Ambiental, Jean Pierre Araujo Meloni. “Las normas se han ido cambiando con el paso de los gobiernos. Cada uno ha hecho las modificaciones que creyó pertinente y han generado impunidad y competencia desleal entre los mineros que sí cumplen con los requisitos y los que solo aplazan el proceso”, señaló a OjoPúblico.

Con esta nueva ampliación hasta el diciembre del 2024 hay una nueva vulneración a los derechos ambientales y la biodiversidad, resalta Juvenal Silva Beltrán, coordinador de Programas de Frankfurt Zoological Society Perú. “La ampliación es permitir que los mineros incumplan sus responsabilidades medioambientales”, afirmó. Además de la ampliación, uno de los principales problemas para la fiscalización ambiental es que muchos de los mineros informales se superponen a concesiones formales u ocupan áreas de comunidades indígenas y no se les puede exigir los documentos de gestión si no llegan a un acuerdo con el titular del predio, explicó Silva Beltrán. 

La minería informal afecta áreas naturales sin que se pueda hacer mucho al respecto, un ejemplo es el Paisaje Yaguas, corredor biológico entre el sur de Colombia y el norte de Perú. Claus García Ortega, coordinador del lugar a cargo de Zoological Society Perú, indicó que la legislación no permite ejercer medidas de presión a los informales para que se formalicen cuanto antes y, por el contrario, se sigue ampliando los plazos y no hay un control a aquellos que usan mercurio y dañan la vida animal contaminando ríos. 

AMPLIACIÓN. Por cuatro veces se ha ampliado el plazo para la formalización minera en el Perú. 

Infografía: Interacción Ambiental 

El apoyo desde el Viceministerio de Minas

Los mineros se reunieron previamente con el congresista Eduardo Salhuana Cavides, uno de los impulsores de la prórroga de la vigencia de la formalización minera, durante el XIV Congreso Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú, que se realizó del 11 y 12 de este mes en la ciudad de Juliaca (Puno). Durante la actividad, se eligió al primer consejo directivo de la Confederación nacional de pequeños mineros y productores mineros artesanales, la cual es presidida por Máximo Adolfo Franco Becker. OjoPúblico se intentó contactar con el dirigente, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible.

El 13 de noviembre de este año —dos días después que se presentarán los dos primeros proyectos de ley para ampliar el plazo para la formalización minera—, el viceministro de Minas, José Luis Chávez Cresta, acordó con los gremios de los pequeños mineros y mineros artesanales de las regiones La Libertad, Arequipa, Huánuco e Ica "realizar las gestiones que resulten necesarias en el Congreso de la República para impulsar la aprobación del proyecto de ley que aprueba la ampliación del plazo del proceso de formalización minera", según el acta a la que accedió OjoPúblico y que lleva la firma del funcionario. 

Incluso después de la aprobación de la ley que prorroga la vigencia del proceso de formalización minera integral, los miembros de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales del Perú se reunieron con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y el director general de formalización minera para “establecer una agenda de trabajo conjunto”, según la publicación de Facebook del último viernes del dirigente minero Adolfo Luis Valverde Calipuy.

Ante la aprobación de la ley, la Defensoría del Pueblo se pronunció a través de Twitter rechazando la ampliación de la vigencia del proceso por tres años más señalando que “la medida desnaturaliza su carácter excepcional y temporal, siendo perjudicial para la sostenibilidad del país y beneficia a la minería ilegal”.

Asimismo, el Ministerio del Ambiente ha indicado que la ampliación del proceso no ofrece garantías ambientales ni sociales porque es “contraproducente que el proyecto de ley plantee que primero se apruebe una ley y luego la política que definirá los resultados deseables para mejorar el desempeño de las prácticas productivas mineras”. Además, resalta que el problema de la seguridad minera, el daño a la salud por manipular mercurio y la afectación al medio ambiente, entre otros, generan un alto costo a la sociedad. 

El Ministerio del Ambiente ha indicado que la ampliación del proceso no ofrece garantías ambientales ni sociales".

Valverde Calipuy respondió a través de su cuenta de Facebook que “este no es el caso de la minería ilegal porque están en proceso de formalización y ceñidos bajo un marco legal para el desarrollo de su actividad” y pidió a las instituciones supervisar de la misma forma a la gran minería.

El Observatorio de minería ilegal y actividades vinculadas en áreas claves de biodiversidad se pronunció rechazando la decisión del Congreso de la República porque se lleva 19 años en el proceso sin cumplir con el objetivo inicial.

“Los operadores, asesores y representantes de mineros informales aducen ‘lo complejo del proceso’ como una imposibilidad de lograr la formalización, cuando a la fecha hemos visto que sí existen mineros que han logrado resultados”, señala el comunicado emitido por esta organización. Esta postura desincentiva la formalización, genera competencia desleal y empleo informal, afecta la recaudación de impuestos y conlleva a tener mineros ilegales amparados en la formalización, indica documento que lleva la firma de 37 organizaciones de la sociedad civil e indígenas de la Amazonía y cinco ambientalistas.