Los representantes del Estado peruano y de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta se presentaron hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humano (Corte IDH) para exponer, respectivamente, sus argumentos a favor y en contra del indulto y gracia otorgados al expresidente Alberto Fujimori.

Para el tribunal, la audiencia pública realizada en Costa Rica tuvo como objetivo supervisar la ejecución de las sentencias que emitió el 2001 y 2006, y en las que ordenó al Perú sancionar a los responsables de los crímenes mencionados. Y tanto en el caso Barrios Altos como en La Cantuta, Fujimori fue condenado como autor mediato.

Los primeros en tomar la palabra fueron los abogados designados por el Estado: Jorge Villegas, del Estudio Villegas, Elías y Maldonado; y Adrián Simons, del Estudio Monroy. Ambos defendieron el derecho del presidente Pedro Pablo Kuczynski de otorgar el indulto; pero mientras Villegas apeló al sentido de humanidad, Simons remarcó que el caso no debía ventilarse en fueros internacionales porque aún no se ha buscado el pronunciamiento de la justicia peruana.

"La pena privativa de la libertad no puede ser una pena de muerte. El Estado repudia la Ley del Talión, aún en los condenados por graves violaciones a los derechos humanos (...) Entre la ponderación de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, ya obtenidos con la sentencia del condenado Fujimori, prevalece el derecho a la dignidad y a la vida", sostuvo Villegas.

SESIONES. La audiencia se realizó en la ciudad de San José de Costa Rica, como parte del 121 Período de Ordinario de Sesiones que inició el 29 de enero y acabará el 9 de febrero.

Simons, en tanto, dijo que el indulto no se puede anular en su aspecto administrativo, pero sí es factible su revisión en fueros judiciales peruanos. El abogado citó los casos del exviceministro de Economía fujimorista Alfredo Jalilie y del empresario televisivo Francisco Crousillat, cuyos indultos fueron observados por el Tribunal Constitucional. "La Corte no debe ser usada como un atajo (...) Los denunciantes no estarían permitiendo al propio Estado revisar el indulto a partir de órganos independientes e imparciales", agregó.

Paulo Abrao y Luis Ernesto Vargas, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también participaron en la audiencia y reafirmaron su rechazo a la gracia e indulto otorgados.

"El Estado peruano pudo adoptar multiplicidad de medidas para resguardar la salud Alberto Fujimori, sin ser necesario conceder el indulto y el derecho de gracia (...) La comisión está obligada a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, y eso solo se hará con la orden expresa de revocar el indulto humanitario y el derecho de gracia otorgado a Fujimori", aseveraron.

En defensa de las víctimas participaron Gloria Cano, abogada de los deudos; Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL); Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL; y David Velazco, de FEDEPAZ. Todos coincidieron en señalar que el beneficio obtenido por Fujimori es arbitrario e ilegal.

DEFENSA ESTATAL. Los abogados designados por el Estado: Jorge Villegas, del  Estudio Villegas, Elías y Maldonado; y Adrián Simons, del Estudio Monroy. /Captura CIDH.

Gloria Cano enumeró los cuestionamientos a la Junta Médica que recomendó el indulto, así como los cortos plazos y la opacidad con que se llevó el proceso, en el que incluso participó el oncólogo del propio Fujimori, Juan Postigo. "El Presidente Kuczynski y políticos aliados a Alberto Fujimori negociaron los derechos de las victimas para evitar una vacancia, y han puesto en riesgo que la sociedad acceda a la justicia en otros procesos penales que involucran a Fujimori", denunció Cano.

Para tratar de desvirtuar esta presunta parcialidad, los abogados del Estado indicaron que el cáncer ocupa el sexto lugar en la lista de 10 enfermedades diagnosticadas por la Junta Médica para recomendar el indulto. Las cuatro principales afecciones, dijeron, son cardiacas y "podrían desencadenar una muerte súbita en las condiciones carcelarias" en las que se encontraba Fujimori.

Rivera, por su parte, recordó que tales condiciones carcelerias no se asemejaban a las de ningún preso en América Latina. "Tenía un amplio espacio, talleres de arte, enfermería las 24 horas, seguro médico particular y mantenía reuniones políticas". "Fujimori se reunió en el Penal Barbadillo con cinco congresistas que al final votaron en contra de la vacancia. Y el propio Fujimori, con un celular que sacó de no se sabe dónde, llamó desde el penal a otros legisladores para convencerlos. El señor Fujimori se estaba autoindultando y lo logró", dijo, citando parte de las investigaciones hechas por Ojo-Publico.com.

Luego de dos horas de audiencia, el presidente de la Corte IDH, Eduardo Ferrer Mac Gregor, agradeció a los presentes e informó que en los próximos días analizarán la información presentada para adoptar una decisión. No se especificó fecha de respuesta, pero los familiares de las víctimas estiman que será en un mes o antes.