Reforma de las pensiones: proyectos opuestos en el Congreso y demoras en el Gobierno

Dos comisiones del Congreso de la República aprobaron sus dictámenes de la reforma del sistema de pensiones peruano, y se espera su próximo debate en el Pleno. Sin embargo, las propuestas son totalmente opuestas: una plantea fortalecer el modelo actual de las AFP y la otra, cambiar a un sistema de pilares múltiples. Desde el Ejecutivo aún no presentan su propuesta de reforma, que debió ser enviada inicialmente en enero.

JUBILADOS. Actualmente el sistema de pensiones peruano está a cargo de cuatro administradoras privadas (AFP) y una pública (ONP).

JUBILADOS. Actualmente el sistema de pensiones peruano está a cargo de cuatro administradoras privadas (AFP) y una pública (ONP).

Imagen: El Peruano

Entre idas y vueltas, desde el Congreso de la República avanzan dos proyectos de ley totalmente opuestos para una reforma de pensiones en Perú. Esto ocurre mientras que el Poder Ejecutivo lleva cinco meses de retraso y aún no presenta su propuesta. 

El último viernes 9 de junio, la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó por mayoría un dictamen impulsado por la bancada de Fuerza Popular que plantea mantener el actual modelo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Por su parte, dos semanas antes –el 26 de mayo–, la Comisión de Trabajo aprobó en una sesión extraordinaria su propuesta –en este caso, promovida por Cambio Democrático– que plantea un nuevo sistema de reparto de basado en pilares múltiples donde se agrupa a las personas y se maneja el tipo de afiliación según su situación socioeconómica. 

Al mismo tiempo, hay una tercera propuesta analizada y planteada en el Parlamento: la del grupo de trabajo creado en la Comisión de Economía, liderado por el congresista Jorge Montoya, que está enfocado en ampliar la cobertura a los trabajadores informales. Sin embargo, pese a ya tener un informe final, este no fue considerado por la presidenta de dicha comisión para la elaboración del dictamen aprobado. 

Quien hasta el momento no ha presentado su propuesta de reforma del sistema de pensiones es el gobierno, que debió hacerlo hace cinco meses, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El titular del sector, Alex Contreras, señaló hace unas semanas a El Comercio que el Gobierno presentaría su propuesta recién en la quincena de junio. 

"Quien hasta el momento no ha presentado su propuesta de reforma del sistema de pensiones es el gobierno".

Al ser consultado por OjoPúblico sobre si esperarán el proyecto del Ejecutivo para tener un texto final, la presidenta de la Comisión de Trabajo, Sigrid Bazán, cuestionó los retrasos del Gobierno, por lo que considera que será el Congreso el que tome la batuta y que se votarán los proyectos individualmente en el Pleno. 

“Creo que el Congreso no está supeditado a lo que dicte el Ejecutivo. Tiene que trabajar de la mano, sí, porque las pensiones es un tema que va a involucrar a actores del Ejecutivo, pero si va a tener que tomar la batuta como en otras cosas lo ha hecho, pues en este caso va a tener que ser así”, manifestó la congresista. 

En la actual legislatura –que concluye el 23 de junio– están pendientes solo dos Plenos más para debatir las propuestas impulsadas por Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, por un lado, y por Sigrid Bazán, de la bancada Cambio Democrático, del otro. No obstante, como ha ocurrido en otras ocasiones existe la posibilidad de que el Congreso pueda decidir ampliar unos días el periodo de legislatura.

Presidentas de la Comisión de Trabajo y de Economía. Composición: OjoPúblico

PROPUESTAS OPUESTAS. Las congresistas Rosangella Barbarán (Comisión de Economía) y Sigrid Bazán (Comisión de Trabajo) son las impulsoras de las dos propuestas de reforma de pensiones en el Congreso. 
Composición: OjoPúblico

 

Dos propuestas totalmente opuestas: sin visos de consenso

Desde que se creó la Comisión Multisectorial para una Reforma del Sistema Peruano de Pensiones por parte del Ejecutivo en julio del 2022, se planteó que el Gobierno debía presentar su propuesta en enero de este año. Pero esto no fue así, el plazo se amplió, primero hasta mayo y, luego, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, aseguró que lo harían en la quincena de junio. 

Mientras el gobierno dilataba este tema, entre febrero y junio de este año, en el Congreso se han llegado a aprobar dos dictámenes muy diferentes, de dos comisiones, que pasarán a ser debatidos en el Pleno. 

La propuesta de la Comisión de Trabajo, liderada por la congresista Bazán, plantea reformar hacia un sistema de pilares múltiples, con la principal participación de un gestor público, complementadas por las administradoras privadas (AFP), según la elección del afiliado. 

Se denomina pilar a la base de cada grupo de afiliados (vulnerables, de ingresos medios y los de salarios más altos) a los que se establecen diferentes criterios de afiliación según su situación socioeconómica. 

La iniciativa de Sigrid Bazán toma de base un primer pilar “no contributivo” dirigido a las personas vulnerables de menores recursos, similar a lo que actualmente se maneja con los programas sociales. 

El segundo pilar es el “contributivo”, administrado por el Estado, donde aportarían los afiliados con ingresos menores a cinco remuneraciones mínimas vitales. Mientras que el tercer pilar complementario, según la propuesta, está dirigido a las personas con mayores ingresos, que ganen más de cinco remuneraciones mínimas vitales, donde el afiliado podrá elegir si sus fondos serán administrados por el Estado o las AFP privadas. 

Esta propuesta fue inicialmente rechazada por la Comisión de Trabajo en marzo, pero luego de dos meses se volvió a votar y se aprobó por mayoría el pasado 26 de mayo. Con ello, está listo para debatirse en el Pleno. 

En el Congreso aprobaron dos dictámenes muy diferentes que pasarán a ser debatidos en el Pleno. 

A contraparte, lo que plantea la comisión de Economía, impulsado por la congresista Rosangella Barbarán, es mantener el modelo actual de las cuentas individuales de las AFP. Con ello, se elimina el modelo de reparto de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y se da apertura a otro tipo de entidades financieras que administren los fondos.

Además, propone que los trabajadores dependientes aporten el 10% de su ingreso mensual. Y se plantea destinar el 3% del Impuesto General a las Ventas (IGV) de todas las adquisiciones que realice el beneficiario con su documento nacional de identidad (DNI). 

También se busca obligar que aporten al sistema previsional a los trabajadores independientes que perciban ingresos mensuales de cuarta o quinta categoría superiores a una remuneración mínima vital (actualmente en S/1.025).  

El 24 de mayo, la congresista Barbarán intentó someter su propuesta al voto sin mayor debate, pero los congresistas de la Comisión de Economía la rechazaron y pidieron que primero se presente el informe final del grupo de trabajo encargado del estudio de propuestas para el fortalecimiento y mejora del sistema de pensiones, creado en esa misma comisión liderado por el congresista Jorge Montoya. 

No obstante, el último viernes 9 de junio, pese a que el congresista Montoya manifestó ya tener el informe final para presentarlo, la congresista Barbarán decidió no tomarlo en cuenta y primero someter a debate y votación el proyecto de la reforma de pensiones. El dictamen fue aprobado por mayoría y está listo también para ser debatido en el Pleno. 

El Ejecutivo participó en el análisis técnico y emitió comentarios a las propuestas del Congreso.

OjoPúblico solicitó una entrevista con la congresista Barbarán para profundizar en este tema, pero no atendió la comunicación.

La propuesta del grupo de trabajo liderado por Montoya planteaba como fin primordial abordar los problemas de los trabajadores de la economía informal a través de cuatro pilares: la pensión para los trabajadores de la economía no formal, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones, el fortalecimiento del Sistema Privado de Pensiones y el fortalecimiento de los regímenes especiales.

El parlamentario aseguró que sostuvo una reunión con el viceministro de Economía sobre esta propuesta y que –según él– le manifestó su posición a favor.

Aunque el Ejecutivo participó en el análisis técnico y emitió comentarios a las propuestas del Congreso, a través de las entidades especializadas adscritas, todavía no se conoce del todo su propuesta. OjoPúblico pudo conocer que plantearían el cambio del modelo actual a un sistema multipilar. 
 

El negocio de las AFP y la desprotección a los afiliados 

Mientras que la rentabilidad de los fondos de pensiones no presentan su mejor momento y llevan más de un año y medio en pérdidas, un reciente reportaje de OjoPúblico identificó que las AFP en Perú destinaron alrededor de S/14.100 millones de los ahorros de los afiliados en empresas que pertenecen o están vinculadas a sus mismos grupos económicos. 

Estas inversiones se presentaron sobre todo en las empresas vinculadas al grupo económico de Prima AFP, que pertenece al holding peruano Credicorp; seguida de Profuturo AFP, parte del grupo Scotiabank. 

OjoPúblico recogió las opiniones de los diferentes actores del sector, quienes, en su mayoría coincidieron en que se debe crear un Consejo Técnico de inversiones –como sucede en Chile– que se encargue de definir la estrategia de las inversiones de los ahorros de los afiliados y que no quede en manos de las AFP como sucede actualmente en Perú. 

"Es un crédito barato en perjuicio de los afiliados. Se podría estar privilegiando intereses particulares y no el interés del afiliado".

El presidente de la Asociación de exaportantes a las AFP, Ítalo Lezcano, considera que esta práctica representa un potencial conflicto de interés. 

“Es como si yo tuviera un dinero que he recaudado de mis amigos que me encargaron ese fondo para invertirlo en empresas rentables, pero para mí es más fácil darle [ese dinero] a un socio que tiene su empresa y le doy la plata a un interés bajísimo que me va a pagar en 15 años; así hacen las AFP a bancos de grupos económicos a intereses de 1% a 2%”, enfatizó Lezcano.

El excongresista y abogado especialista en derechos del consumidor, Jaime Delgado, recordó que ya en el 2010 alertó sobre los potenciales conflictos de interés en las inversiones de las AFP en empresas vinculadas a sus conglomerados económicos. No obstante, señala que en este tiempo no se plantearon cambios o mayor control en la regulación. 

“Es un crédito barato en perjuicio de los afiliados de los fondos de pensiones. Se podría estar privilegiando intereses particulares y no el interés del afiliado, eso es muy grave”, recalcó a OjoPúblico.

Por su parte el presidente de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú (Cenajupe), Óscar Alarcón, criticó que actualmente sean las AFP las que definan el destino de los fondos previsionales según sus propios criterios. “Ahí no hay opinión, ni siquiera de representación de los afiliados”, señaló. 

Ítalo Lezcano recordó que desde hace tiempo la asociación a la que representa viene solicitando la participación de los afiliados en los consejos de inversión de las AFP donde se definen las estrategias de la colocación de los fondos. 

"Que haya un consejo de inversiones con participación de los afiliados y que tengan opinión sobre el destino de los fondos"

El presidente de Cenajupe coincide con él: “un consejo de inversiones donde haya participación de los afiliados y que ellos tengan opinión sobre el destino de los fondos para salvaguardar que no sea sustraído para negocios particulares sino que redunde en mejorar la pensión de los afiliados”.

En esa línea, Delgado recomienda la creación de un consejo supervisor de los sistemas de pensiones, donde no solo tengan participación los entes estatales o funcionarios públicos, sino también los representantes de los afiliados, ya que son principales actores porque son los propietarios de los fondos de pensiones.

Al respecto, la congresista Sigrid Bazán señaló que su propuesta de reforma incluye un punto para la administración plural de los fondos con la participación de todos los actores involucrados, incluidos los afiliados. 

“Estamos considerando que incluya a representantes de la sociedad civil, pero también a las entidades técnicas institucionales, y haya confluencia para que este sistema no solo esté supervisado sino que garantice la participación e incluso los actores que puedan verse afectados hagan sentir su voz en ese espacio”, apuntó. 

OjoPúblico también pidió opinión al MEF y la Asociación AFP respecto esta situación; sin embargo, al cierre del informe no obtuvimos respuesta. 

 

Reloj Se ha añadido un artículo a su lista de lecturas

Noticias Relacionadas