A más de dos años de la segunda vuelta en las Elecciones Generales 2021, los tres organismos electorales que jugaron el rol más fundamental para enfrentar las falsas acusaciones de fraude —el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)— atraviesan un punto de fricción. OjoPúblico accedió a información oficial que revela que el Reniec quiere dejar de verificar la autenticidad de las firmas ciudadanas que acompañan el registro de nuevas organizaciones políticas, con el argumento de que no les alcanza el presupuesto.

A través del Oficio N°000134-2023/JNAC, el Reniec, a cargo de la abogada Carmen Velarde Koechlin, comunicó de manera imprevista, el pasado 20 de junio, al JNE su decisión de dejar sin efecto el convenio suscrito entre ambas organizaciones, en agosto del 2016, y que le otorga la función de verificación de las firmas de los planillones.

Según un documento, al que tuvo acceso OjoPúblico, este convenio establece que es Reniec la entidad encargada “de verificar la autenticidad de las firmas de afiliados". Es decir, le corresponde al registro civil verificar si cada uno de los militantes presentados por las agrupaciones políticas son realmente ciudadanos que querían afiliarse a la organización y que sus datos e información son válidos, o —como ha ocurrido en varios casos— se trata de datos falsos.

Para el JNE, este proceso de verificación de firmas es fundamental porque otorga “seguridad jurídica” a la inscripción de las organizaciones políticas, pues con esta validación la ciudadanía tiene la certeza de que “solo quedarán inscritos como afiliados aquellos ciudadanos que consciente y voluntariamente suscribieron una ficha con dicha finalidad”.

Al interior del máximo ente electoral se ha señalado que, sin este apoyo del Reniec, el JNE no podrá asegurar la identidad de los ciudadanos que son presentados como afiliados de cualquier organización política, pues no cuenta con los mecanismos para hacerlo. Para los funcionarios consultados para este artículo, la marcha atrás del Reniec incrementará la probabilidad de la presentación de datos adulterados, afectándose el sistema y debilitando el sistema de partidos.

La intención del Reniec —de dejar sin efecto el convenio en cuestión— impacta no solo en la inscripción de nuevos partidos y movimientos regionales —actualmente se requieren alrededor de 25.000 militantes para el registro—, sino también en los procesos de democracia interna. Abre las puertas a quejas y denuncias por afiliación indebida o al bloqueo malicioso de candidaturas durante un proceso electoral.

La intención del Reniec impacta no solo en la inscripción sino también en los procesos de democracia interna".

Especialistas consultados por OjoPúblico, sostienen que el Reniec se está sustrayendo de una función fundamental para la ciudadanía. El director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, consideró que se trata de “una falta de capacidad de gestión”.

“La Junta Nacional de Justicia debería evaluar si le vuelve a dar la confianza a un funcionario que no quiere cumplir con una función fundamental que es la de ayudar a la inscripción de los partidos. Más allá de que no sea su función legal, ella aceptó a través de un convenio y, además, tiene el padrón, el know-how y la logística para hacerlo”, enfatiza.

Por su parte, el exjefe de Reniec, Jorge Yrivarren, consideró que esta entidad estaría buscando deslindarse de su participación en temas electorales. “No me extrañaría que [Carmen Velarde] esté actuando hoy en día, bajo el argumento del presupuesto, para ir minimizando su presencia en las actividades electorales”, señaló.

SORPRESA. La decisión de la jefa de Reniec, Carmen Velarde, tomó por sorpresa al resto de organismos electorales. 

Imagen: Andina

Al ser consultados sobre las razones detrás de esta decisión, representantes del Reniec argumentaron problemas de presupuesto y que, además, "se tomó la decisión de rescindir el acuerdo ya que [Reniec] debe afrontar nuevos retos institucionales que involucran la transformación digital, la modernización de los DNI, la descentralización de centros de impresión, y el cierre de brechas de identificación que se incrementaron durante la pandemia”, explicaron.

El presupuesto pendiente

En el oficio enviado al JNE, el Reniec asegura que deja sin efecto el convenio para la verificación de las firmas debido, entre otros ‘factores externos’, a una asignación de presupuesto insuficiente. 

Ante ello, por acuerdo plenario, desde el JNE se ha cursado al despacho del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, un oficio exponiendo la situación y requiriendo la emisión de un Decreto de Urgencia para la asignación de recursos al Reniec a fin de que esa entidad pueda seguir cumpliendo su labor de verificación de firmas y, con ello, no interrumpir el actual proceso de afiliación a las organizaciones políticas. De lo contrario, nadie verificaría los nuevos registros.

ONPE considera que las razones presupuestales no justifican decisión de Reniec".

Desde el 2019, el presupuesto asignado al Reniec fue incrementándose, como se observa en el siguiente cuadro. Del 2022 a este año, aumentó en S/ 27'375.507, según el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas. La información detalla que el Presupuesto Institucional Anual (PIA) de la entidad aumentó de S/ 500'988.855 a S/ 528'364.392

La ONPE, a cargo de Piero Corvetto, también ha manifestado que las “razones externas, presupuestales o de nuevos retos internos, no justificaría descontinuar” la labor de identificación y verificación de firmas que venía efectuando el Reniec.

“Ello afectaría la operatividad y funcionalidad del sistema electoral, obstaculizando el cumplimiento de las labores de los demás organismos electorales, tanto para la inscripción y vigencia de agrupaciones políticas como en la organización y fiscalización de los procesos electorales”, remarcaron.

La ONPE recordó que, en el 2020, el Reniec publicó la tercera versión del Reglamento de Verificación de Firmas, establecido de acuerdo al convenio de cooperación interinstitucional con JNE, pero también a las funciones que figuran en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la misma entidad.

"Realizar la verificación de la autenticidad de las firmas de adherentes y afiliados para procesos señalados por la Ley, así como para el ejercicio de los derechos políticos previstos en la Constitución y las Leyes", se lee en el ROF.

Los casos de firmas falsas

En 2019, con la reforma política, se aprobó el cambio de padrón de adherentes por padrón de afiliados como requisito para la inscripción de organizaciones políticas en el Perú. Es decir, ya no se requerirían firmas de cualquier ciudadano para la conformación de una agrupación, sino exclusivamente de aquellos que quisieran ser militantes de la organización. La norma exige actualmente alrededor de 25.000 de estos afiliados. 

Esta modificación en la ley se hizo con la intención de combatir el “mercado ilegal” de firmas falsas, así lo señala el docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fernando Tuesta, quien fue parte de la Comisión de Reforma Política que se encargó de estos cambios.

“Se pedía una suma enorme [de firmas de adherentes]. Nadie conseguía esa cantidad, la gente en el país no firmaba. Y, sin embargo, se presentaban millones para inscribirse (...) con el cambio de requisito por miembros del partido [afiliados] ya era un compromiso, una adhesión institucional donde el ciudadano tiene deberes y derechos”, enfatiza.

La falisificación de firmas para vulnerar la ley y registrar a nuevos partidos políticos ha sido una constante en el sistema político peruano. El año 2000, una investigación periodística del diario El Comercio expuso que Perú 2000, el entonces partido del expresidente Alberto Fujimori, y País Posible (luego Perú Posible), había falsificado una enorme cantidad de firmas.

FAMOSAS FIRMAS. Podemos Perú, del congresista José Luna Gálvez, fue investigado por falsificación de firmas.

Imagen: Facebook

Luego, una investigación también por firmas falsas alcanzó al partido Perú Posible, de Alejandro Toledo, e involucró a su hermana y a 34 personas más por presuntamente haber participado en la falsificación.

Otro caso de falsificación de firmas se registró en 2018. Una investigación del entonces equipo de Canal N reveló que Podemos Perú había solicitado su inscripción con firmas falsificadas de conocidos personajes, como los excandidatos presidenciales Verónika Mendoza y Julio Guzmán, e incluso del futbolista Paolo Guerrero y del chef Gastón Acurio.

Fue ese mismo año que la propia Reniec, con el sistema de software especializado con el que cuenta, identificó firmas falsas en los casos de las agrupaciones políticas Contigo Ciudadano, de Enrique Cornejo, exministro aprista, y de La suma de todos, del exalcalde de Comas, Miguel Saldaña.

¿Quién es la entidad competente?

Durante la inscripción de organizaciones políticas, de acuerdo a la normativa vigente, la verificación de firmas es el proceso a través del cual se corrobora, a través de los mecanismos y logística correspondiente, que los datos y las firmas consignadas en las fichas de afiliados son válidas.

El exjefe de Reniec, Jorge Yrivarren, explica que Reniec es la entidad capacitada para esta función, porque “tiene toda la infraestructura para hacerlo, las reglamentaciones, las normas y todos los detalles, respetando estándares internacionales”. 

Además, agrega que “el padrón general más actualizado siempre es el que tiene Reniec”. “Cada ocho años la gente va a renovar su DNI. Al hacerlo, cambia la foto, la firma, la huella y otros. Entonces, la última versión, la más actualizada de los datos de una persona y, en particular su firma, la tiene Reniec”, señaló.

Reniec es la autoridad competente para la verificación de firmas".

Con el convenio de cooperación interinstitucional entre Reniec y el JNE suscrito en el 2016, la autoridad del registro civil se encargó de la verificación de firmas en las fichas de afiliados, es decir, de los militantes. También lo venía haciendo en otros procesos como las iniciativas de reforma constitucional, acciones de inconstitucionalidad, referéndum, revocatoria de autoridades ediles y regionales, entre otros.

Desde el 2000 hasta el 2018, Reniec verificó 41’269.415 firmas. Con la nueva norma, en 2019 y de cara a las últimas elecciones generales del 2021, la entidad, a través de la Gerencia de Registro Electoral, corroboró al menos los datos de 76.746 afiliados a partidos políticos y 1.873 a movimientos regionales. En el 2020, lo hizo con al menos 20.017 registros.

“Actualmente, el proceso de calificar la inscripción demora más de medio año. En este momento hay muchos partidos que quieren inscribirse y van a ver que su proceso de inscripción va a demorar, si es que Reniec y el JNE no lo van a poder atender a tiempo”, explica José Manuel Villalobos.

Partidos en busca de la inscripción

A la fecha, existen un total de 415 organizaciones políticas en todo el país que buscan su inscripción. Esta cifra no es una cantidad cerrada aún, debido a que se irá incrementando conforme la Unidad Orgánica de Servicios al Ciudadano siga emitiendo certificados.

Además, son cuatro agrupaciones las que ya han solicitado inscribirse como partidos políticos, entre ellos, Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios, de Antauro Humala, y el Partido Político Popular Voces del Pueblo, de Guillermo Bermejo. Los otros dos son el Partido de las Trabajadores y Emprendedores y el Partido Sí Creo.

BAJO LA LUPA. A la fecha, la agrupación del exmilitar Antauro Humala es una de las que ya ha presentado firmas al JNE para lograr su inscripción.

Imagen: Andina

En el caso de los movimientos regionales, también son cuatro los que buscan inscribirse: de Ucayali, el Movimiento Político Regional El Tacacho, y el Movimiento Político Unidos por el Desarrollo de Huánuco; y por el lado de Huancavelica, el Movimiento Regional Igualdad para Todos, y Pueblo Primero.

De continuar el Reniec con su intención de dejar sin efecto el convenio para la verificación de firmas, el resto de organizaciones políticas que aún no han solicitado su inscripción no estarían sometidas a una adecuada corroboración.

José Manuel Villalobos señala que, a corto plazo, se necesita que el Ministerio de Economía y Finanzas destine un presupuesto adicional a Reniec para que cumpla con realizar el trabajo. Para ello, el JNE le ha solicitado a la entidad que informe sobre sus gastos y el monto que estaría requiriendo para continuar con esta función. 

Para el especialista, el JNE puede presentar "un proyecto de iniciativa legislativa en el Congreso, para que ya Reniec no cumple esa función a través de un convenio, sino que legalmente se le asigne y lo haga con sus recursos o para que en sus partidas esté siempre asignado ese dinero, pero lo inmediato va a ser que se les dé la demanda adicional de dinero”.

En tanto, Jorge Yrivarren consideró como otra salida que sea la ONPE quien asuma esta función, debido a que anteriormente ha realizado una similar. “Si la jefa de Reniec se sigue negando, habría que preguntarle a la ONPE si estaría en condiciones de asumir esta función, de volver a tener una línea de producción de verificación de firmas como lo ha tenido entre el 2004 y 2019. En mi opinión, la respuesta debería ser positiva”, consideró.

La respuesta del Reniec

OjoPúblico buscó la respuesta del Reniec para conocer a detalle los motivos de su decisión. A través de su Oficina de Comunicaciones y Prensa explicaron que a su entender "el convenio se ha desvirtuado" y que "la verificación de 1,7 millones de firmas que realizaron en las últimas elecciones, han tenido que cumplir con acciones adicionales a este tema".

"El ente registral se ha encargado de elaborar informes ante hallazgos de firmas presuntamente falsas y hacer las denuncias ante la Fiscalía, por lo que el personal de la institución es constantemente citado a declarar a las instancias fiscales o judiciales; incrementando con ello la carga laboral y desvirtuando las funciones propias de la entidad", sostienen.

Además, afirman que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE "no cumple con entregar información solicitada" en los plazos previstos para la verificación. En esa línea, aseguran que "el convenio no genera contraprestación alguna y carece de reciprocidad institucional".

Reniec insistió en la falta de presupuesto y agregó que cuentan con sobrecarga de trabajo". 

En esa línea, indican que, además de la sobrecarga de trabajo, no cuentan con presupuesto en periodo no electoral para el traslado del personal encargado de la emisión del DNI, lo que afecta los tiempos de procesamiento de verificación de datos.

Si bien aseguran que, en la última sesión del pleno ampliado del JNE, la jefa de Reniec, Carmen Velarde, propuso "formar un equipo de trabajo técnico, entre ambas instituciones, que pueda elaborar lineamientos necesarios para trabajar en un nuevo convenio o adenda", también insisten en retirarse del acuerdo. Y afirmaron que buscarán centrarse en funciones más ajenas a las que conciernen a las organizaciones políticas.

"Desde Reniec consideramos que este tiempo ha sido suficiente para que el JNE haya podido establecer su propio procedimiento de verificación de firmas de afiliados a partidos políticos; como en su momento, también lo realizó la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE", agregan.