A una semana del encuentro convocado por el gobierno con Pluspetrol, una de las seis empresas que integran el consorcio Camisea, el presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido Ugarte, moderó ayer su tono sobre el tema, aunque no precisó ni dio detalles de los puntos a renegociar. En una conferencia de prensa del gabinete, solo indicó que el gobierno tomará los lineamientos en la propuesta de renegociación, pero será la empresa estatal Perupetro la encargada de ejecutar este proceso.

Desde que Bellido Ugarte anunció en un tuit la renegociación no ha habido más detalles. El presidente Pedro Castillo solo se ha pronunciado sobre el tema también en un único tuit.   

El Consorcio Camisea tiene un contrato vigente hasta el 2040 y el gas que producen genera el 40% de la electricidad que se consume en el país. El proyecto agrupa a cuatro los lotes 88, 58, 57 y 56; los dos últimos destinados principalmente a la exportación y que han generado, de acuerdo a cálculos del consorcio, ingresos al Estado por más de USD 4.300 millones. Asimismo, Camisea produce el 75% de todo el Gas Licuado del Petróleo (GLP) que demanda el Perú.

¿Pero qué implica y qué se quiere renegociar?

UBICACIÓN. Los cuatro lotes del gas de Camisea, cuyo primer contrato se suscribió en el 2004, se ubican en la región Cusco. 

Mapa: Perupetro. 

Sobre la viabilidad de renegociar los contratos, el abogado constitucionalista Francisco Eguiguren indicó a OjoPúblico que todo contrato era “renegociable y modificable” por acuerdo de ambas partes, pero resultaba necesario tener un análisis previo de toda la información técnica del actual contrato y las propuestas que se tienen para renegociar.

De acuerdo a la ley 26221, la empresa estatal Perupetro es la autorizada para suscribir los contratos de exploración y explotación en el sector hidrocarburos, que agrupa a los lotes de petróleo y gas del país. Así ocurrió cuando se aprobó la licencia para el inicio de las operaciones en el Lote 54 en junio del 2004.

La investigadora y economista Marusia Ruiz Caro Reyes, considera que la participación de Bellido Ugarte responde más a una decisión política, pero el representante del Estado en el desarrollo técnico es Perupetro. La también autora de un estudio sobre el gas de Camisea, detalló que la PCM puede aprobar, mediante un decreto supremo, los puntos del contrato que Petroperu renegocie como sucedió en una modificación del 2006 aprobada por el entonces presidente Alejandro Toledo. “Hay un margen que tiene el Ejecutivo para plantear a la entidad del Estado para que renegocie, pero los términos y detalles ya son parte de la negociación de Perupetro”, explicó. 

Por su parte, el economista y exinvestigador del Grupo Propuesta Ciudadana, Gustavo Ávila, señala que la propuesta del gobierno debe ser acordada por ambas partes y que los cambios podrían apuntar al aumento de las regalías con similitudes a lo que ocurrió en Bolivia, donde se buscó que el Estado tuviera una mayor participación en las rentas. 

“Aunque no se han anunciado las características de la renegociación, se entiende que lo que se quiere es aumentar la tasa de regalías que ahora es de 37,24 % del valor del recurso extraído. En Bolivia pasó de 18 % a 50 % y quizá lo que se pretende es seguir esa línea”, explicó.

Respecto a una eventual masificación del gas, el especialista sostuvo que primero se debe analizar las condiciones que había en el país para su implementación y para eso se requería, en principio, promover el uso de autos con gas natural o la instalación de ductos que lleven gas natural a los domicilios. “No se ha generado un mercado para absorber esa oferta [de gas]. Eso no deja de lado la idea de llevar gas barato a los peruanos. Esa idea debe permanecer”, añadió.

No es la primera vez que se menciona un posible cambio en el contrato de Camisea. En enero del 2016 se puso en debate la renegociación de los contratos referentes a la exportación de Camisea. El entonces presidente Ollanta Humala Tasso indicó que ese proceso debía realizarse de forma progresiva.

Durante su gobierno no se llegó a aprobar alguna renegociación, pero sí se aprobó una mejora en la infraestructura de cuatro tramos del gasoducto Sur Peruano, cuyo objetivo era transportar el gas natural de Camisea desde la selva del Cusco al resto del país. Esta licitación, aprobada en junio del 2014, está envuelta en presuntos actos de corrupción vinculados al caso Lava Jato. Según las pesquisas de la Fiscalía, la concesión para mejorar el gasoducto se adjudicó de manera ilícita y favoreció a un consorcio integrado por Odebrecht y Enagás.

En medio de la campaña electoral del 2016, Pedro Pablo Kuczynski Godard también planteó renegociar el contrato de Camisea para masificar el gas y tuviera un valor de diez soles. Sin embargo, en su breve gestión no hubo ningún avance sobre lo prometido. 

Cuando se firmó el contrato, en agosto del 2004, Kuczynski Godard era ministro de Economía de Alejandro Toledo, exmandatario sobre el que pesa un pedido de 20 años de prisión por el caso de corrupción Odebrecht. Kuczynski también fue investigado por un presunto favorecimiento en la adjudicación del Lote 56 al Consorcio Camisea, que tiene entre sus miembros a Hunt Oil, firma donde Kuczynski brindó asesorías en 2003. El caso fue archivado en 2008 y se reabrió en 2018. 

Reacciones en el sector privado

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), Pablo De la Flor Belaunde, a través de un comunicado del último 27 de setiembre, calificó la propuesta de “inconstitucional” y que representaba una "amenaza explícita en torno a una de las inversiones privadas más importantes que se ha registrado en las últimas décadas". Además, De la Flor Belaunde indicó en el pronunciamiento del gremio que las declaraciones del primer ministro difieren “notablemente de lo que viene comunicando el gobierno”. 

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos (SNH), Felipe Cantuarias Salaverry, alertó en una radio local que una eventual expropiación de la concesión gasífera representaría una pérdida de USD 30 mil millones de dólares, un monto equivalente a todo el presupuesto del sector educación, salud y transporte. 

Un día después de los pronunciamientos del sector empresarial, el consorcio Camisea —integrado por las compañías Sonatrach, Hunt Oil Company, Repsol, Tecpetrol, SK Innovation y Pluspetrol— difundió un comunicado donde destacó que el Estado peruano recibe “gran parte de los ingresos totales del consorcio”, en referencia a las regalías (37,24 %) e impuestos a la renta (30 %) que paga de forma directa. 

Según las compañías hay excedentes de gas natural que podían ser destinados a la masificación de este recurso en el Perú. “En Perú hay reservas suficientes para abastecer a más de 20 millones de hogares, cifra que excede los 8 millones de hogares en el país, descontando lo que se exporta”, indicó el consorcio. 

En las últimas horas, autoridades peruanas también mostraron su postura sobre el anuncio de renegociación. Uno de ellos fue el titular de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, quien durante su visita al Congreso para participar en la Comisión de Presupuesto indicó que el anuncio sobre Camisea resultaba necesaria y que lo veían como un “nuevo pacto” y que las condiciones estaban dadas pero que ello no implicaba violar “ninguna norma”. 

Mientras que el gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, indicó en una entrevista televisiva que se podían realizar mejoras al contrato de Camisea para beneficio del país. “Necesitamos mirar algunas variables que están dentro del contrato que permitirían manejar de mejor manera el proceso de aprovechamiento de este recurso tan importante para el país”, expresó.