Actualización: 27 de febrero de 2024 - 9:50 a.m.

 

Este lunes 26 de febrero, la Comisión Permanente del Congreso debatirá y votará el informe final que recomienda la destitución e inhabilitación de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Si la propuesta, elaborada por el congresista Esdras Medina Minaya (Unidad y Diálogo), se concreta, la JNJ se quedará sin quórum para realizar sus actividades debido a la edad de tres de los siete miembros suplentes, es decir el criterio argumentado contra una de las actuales integrantes. 

En otras palabras, esto implicaría la paralización de nombramientos y ratificaciones de jueces y fiscales, de los miembros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), así como de los 187 procesos disciplinarios que actualmente se encuentran en curso en la institución. 

El 16 de febrero pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó el informe final con los votos de las bancadas Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre y Alianza Para el Progreso, vinculadas en procesos contra la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas. 

VOTACIÓN. La Comisión Permanente debatirá, este lunes, el informe que recomienda la destitución e inhabilitación de todos los miembros de la JNJ. 

Foto: Congreso de la República

 

Menos de una semana después, el presidente del Legislativo, Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso), también mencionado en las declaraciones de Jaime Villanueva, lo incluyó en la agenda de la Comisión Permanente. En caso se apruebe, el documento pasará al Pleno, donde necesitará los dos tercios del número legal de congresistas, es decir 67 votos, pues ya no cuenta a los miembros de la Comisión Permanente.

“Creo que hay interés de remover a la Junta [Nacional de Justicia] por muchas razones. En su momento, creo que fue para proteger a la señora [Patricia] Benavides, y no descartaría que ese siga siendo un motivo. Si llegan a removerlos, los que vengan podrían, más bien, restituirla en sus funciones, pese a las acusaciones que hay sobre ella. Creo que hay un afán de protegerla, porque es una forma de protegerse a sí mismos”, señaló la abogada constitucionalista y exministra de Justicia, Ana Neyra Zegarra.

Tras la renuncia del magistrado Henry José Ávila Herrera —involucrado en una presunta negociación indebida, según el testimonio pendiente de corroboración del exasesor de Patricia Benavides Vargas—, la JNJ cuenta con seis miembros titulares. La institución ya convocó a su reemplazo, el abogado Abraham Siles Vallejos. Pero, hasta el cierre de este informe, el mismo no había asumido el cargo. 

Una eventual destitución de la JNJ afectará 187 procesos disciplinarios que se encuentran en curso en la institución".

Aunque a la actual JNJ le queda poco menos de un año de gestión, la eventual remoción de todo el colegiado —una medida cuestionada en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— implicaría una afectación al sistema de justicia y a los principios de separación de poderes e independencia judicial. 

“Es un escenario [el de la remoción de la JNJ] que no está previsto porque, en teoría, no deberías remover jamás a todo el Pleno. Esto es adrede, los suplentes están para cubrir plazas individuales. En los estándares interamericanos se ve con sospecha porque, cuando se busca remover a todo un colegiado, usualmente, no hay algo fundado, sino más bien pretextos”, explicó la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez Huaroto. 

A esto se añade, como se mencionaba, la posible afectación de procesos disciplinarios en trámites. Entre ellos los que existen contra los fiscales supremos Patricia Benavides Vargas y Pablo Sánchez Velarde; los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, y también otros cuatro procesos contra los jueces y fiscales involucrados en el caso Cuellos Blancos. 

“Me parece que impedir que haya un pronunciamiento en estos temas lo que generaría es que estas denuncias prescriban”, remarcó la abogada Úrsula Indacochea.

La denuncia constitucional que dio origen al informe que se pondrá a votación el 26 de febrero no es la única que existe en la SAC contra la JNJ. Según información de la propia institución, existen otras tres en etapa de calificación. Es decir, la fase en la que se verifica si cumplen con los requisitos del Reglamento del Congreso. 

PERÍODO. La gestión de los miembros actuales de la Junta Nacional Justicia culmina en enero del 2025.

Foto: Andina

 

Asimismo, en los últimos días, se conoció la existencia de un proyecto de ley del congresista Jorge Montoya (Renovación Popular), que plantea reorganizar la Fiscalía y, con ello, cesar a todos los fiscales supremos. 

El fiscal de la nación interino, Juan Carlos Villena, rechazó la propuesta, a través de un pronunciamiento. El titular de la entidad sostuvo que se trata de un intento de algunos sectores del Congreso de interferir en el Ministerio Público para detener las investigaciones contra altos funcionarios y, con ello, quebrar el principio de separación de poderes. 

“Se ha hecho público uno más de los proyectos de ley que, claramente, pretenden quebrantar el orden constitucional y democrático, con el propósito de volver a los inicios de los años 90, cuando se destituyó a muchos fiscales titulares del Ministerio Público, con las consecuencias que todos conocemos”, advirtió. 

 

Cuestionamientos al informe final

El origen del informe que se someterá a votación está en una denuncia constitucional presentada por el congresista Jorge Montoya Manrique (Renovación Popular), en mayo de 2023. Posteriormente, la presidenta de la SAC, Lady Camones Soriano, encargó la investigación del caso al parlamentario Esdras Medina. 

El informe final, elaborado por este último, sostiene que los miembros de la JNJ infringieron el artículo 156° de la Constitución. “Para ser miembro de la JNJ se debe ser mayor de 45 años y menor de 75 años”, señala.

No obstante, diversos especialistas han cuestionado la solidez jurídica del informe. La abogada Beatriz Ramírez Huaroto, por ejemplo, indicó que el parlamentario establece como argumento la interpretación literal de la Constitución, pese a que existen diversas posturas en torno a la lectura de la Carta Magna. 

“La interpretación [de Esdras Medina] es que solo puede hacerse de manera literal, y eso es un error. Cualquiera que trabaje derecho constitucional te va a decir que no es así, que la literalidad no es el punto final, sino el punto de inicio, y que hay que tener una mirada sistemática para la interpretación constitucional”, detalló. 

ANTECEDENTE. La JNJ cuestionó la encargatura del informe final al congresista Esdras Medina debido a que había adelantado opinión a favor de la remoción.

Foto: Andina

 

Además, en opinión de Ramírez Huaroto, el congresista se equivoca al comparar la vacancia de un magistrado por sentencia firme con el factor edad, pues la primera está contemplada como causal de remoción en la Ley Orgánica de la JNJ, pero la segunda no. “En ninguna parte de la ley dice que, si pasa los 75 años, te tienen que sacar. Eso incluso se podría ver como discriminación por edad”, agregó. 

En la misma línea, Ana Neyra Zegarra indicó que el Congreso insiste con un hecho que, si bien puede ser debatible, no constituye una causa para remover a todo un colegiado.

“Puede ser discutible si la señora Tello podría permanecer con más de 75 años, [pero] creo que, como antes decíamos que no era causa grave de remoción [en caso de la investigación sumaria], en este caso tampoco estamos ante una infracción a la Constitución que pueda ameritar destitución total de la JNJ y, además, una inhabilitación por 10 años. Claramente, hay una valoración desproporcionada, inmotivada”, dijo. 

El informe final de la SAC sostiene que los magistrados de la JNJ no pueden tener más de 75 años".

La abogada Úrsula Indacochea también remarcó que, si el Congreso aprueba la remoción bajo esos argumentos, tendría que presentar denuncias constitucionales contra los miembros de la Comisión Especial que avalaron la designación de los magistrados de la institución. 

“Las primeras personas que hicieron una interpretación del tema de la edad, como un requisito para acceder y no para permanecer, fueron los miembros de la comisión especial que nombraron a la JNJ, entre ellos, el señor Ernesto Blume Fortini. Esas personas también son posibles de una denuncia y de ser sancionadas políticamente en el Congreso. Sin embargo, nadie les ha iniciado una acusación constitucional. Me parece que ahí es claro que esto no es un mecanismo neutro”, precisó Indacochea. 

DENUNCIANTE. Jorge Montoya (Renovación Popular) presentó la denuncia constitucional contra la JNJ, que se votará este lunes en la Comisión Permanente.

Foto: Andina

 

En la SAC existen otras tres denuncias constitucionales, las cuales fueron presentadas por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), entre mayo y julio del año pasado. 

La parlamentaria ha sido mencionada por Jaime Villanueva Barreto, exasesor de la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides Vargas, como la persona con la que coordinaban las denuncias constitucionales contra la JNJ, y de la denuncia por prevaricato contra la sala que otorgó una medida cautelar a favor del colegiado. 

La primera de las denuncias constitucionales fue presentada el 24 de mayo del año pasado contra los siete miembros de la JNJ por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento del cargo. Esto a raíz del comunicado que emitió la entidad en el contexto del proceso de inhabilitación contra la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos Rivera. 

DENUNCIAS. La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó tres denuncias constitucionales contra la JNJ, entre mayo y julio de 2023.

Foto: Andina

 

Posteriormente, el 10 de julio de 2023, Patricia Chirinos presentó la segunda denuncia constitucional, esta vez contra tres miembros de la JNJ: Imelda Tumialán Pinto, María Zavala Valladares y Antonio de la Haza Barrantes por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencia y aprovechamiento indebido del cargo. También pidió su inhabilitación por 10 años. 

La misma hace referencia a la supuesta presión a los miembros de la Corte Suprema para que se pronuncien en el contexto del proceso de inhabilitación contra Zoraida Ávalos Rivera. Este hecho fue negado por el mismo presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela. 

Cuatro días después, Patricia Chirinos interpuso su tercera denuncia constitucional, esta vez contra todos los miembros de la JNJ por el presunto incumplimiento de la entrega de informes anuales de gestión al Pleno del Congreso. La acusación fue por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora en los actos funcionales. Solicitó su destitución e inhabilitación por cinco años.

 

Escenarios ante posible remoción de la JNJ

El pasado 20 de febrero, a pocos días de la votación del informe final de Esdras Medina en la Comisión Permanente, el magistrado Henry Ávila Herrera informó su renuncia a la JNJ. Este hecho se dio tras ser mencionado en las declaraciones que brindó Jaime Villanueva Barreto a la Fiscalía, como parte del caso La Fiscal y su Cúpula de Poder.

OjoPúblico accedió a un fragmento del testimonio de Villanueva Barreto, en el que menciona a Henry Ávila Herrera. En ella, el exasesor describe reuniones entre Ávila Herrera y el exministro de Justicia de Pedro Castillo, Felix Chero Medina, en donde el magistrado supuestamente solicitó apoyo del Ejecutivo para que voten a su favor en la elección del presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) en 2022. Ávila Herrera fue elegido presidente de dicho grupo de trabajo en aquel año. 

Posteriormente, Villanueva Barreto narró que le pidió a Felix Chero Medina que abogue por Patricia Benavides Vargas ante el magistrado Henry Ávila para mantenerla en el primer lugar del concurso para fiscal supremo, que se estaba realizando en ese año. A cambio, según el exasesor de la suspendida fiscal de la nación, el magistrado solicitó apoyo en el caso de una empresa china, en la que él había sido asesor de la gerencia general.

RENUNCIA. Henry Ávila Herrera renunció a la JNJ luego de haber sido mencionado en las declaraciones de Jaime Villanueva Barreto. 

Foto: Andina

 

Ávila Herrera explicó que su renuncia busca “garantizar la integridad, transparencia y la institucionalidad de la JNJ”. Además, señaló que se presentará ante las autoridades para aclarar los hechos. No obstante, su salida ha dejado con seis miembros a la institución. 

El pasado 22 de febrero, el presidente de la JNJ informó que se había declarado la vacancia de Ávila Herrera y que, de acuerdo a su propia norma, procedían a convocar al primer suplente para cubrir la plaza. En este caso, al abogado Abraham Siles Vallejos, docente principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 

Sin embargo, la situación puede ser más compleja si se produce la remoción total de los miembros de la institución encargada de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales. En ese caso, solo podrían asumir cuatro miembros suplentes. Se trata de los abogados Abraham Santiago Siles Vallejo —quien ya fue convocado en reemplazo de Ávila Herrera—, Mónica Roxana Rosell Medina, Marco Tulio Falconi Picardo y Jaime Pedro de la Puente Parodi. 

Una remoción de la JNJ pone en riesgo la ratificación de los titulares de la ONPE y Reniec".

El abogado Marco Tulio Falconi Picardo ha sido cuestionado por registrar llamadas con el exjuez supremo César Hinostroza, líder de Los Cuellos Blancos. Falconi Picardo fue congresista por Perú Posible entre 2011 y 2016, y jefe del gabinete de asesores del exministro de Transporte, Juan Silva Villegas, durante el gobierno de Pedro Castillo. 

Mónica Roxana Rosell Medina es presidenta del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría y Jaime Pedro de la Puente Parodi es vocal titular del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la misma institución.

Los tres suplentes restantes superan los 75 años y no podrían asumir el cargo, según el criterio utilizado en el caso de Inés Tello: Jorge Bayardo Calderón Castillo (75), María del Pilar Tello Leyva (78) y Jacinto Rodríguez Mendoza (76). 

PERÍODO. La magistrada Inés Tello de Ñecco fue elegida miembro de la JNJ por un período de cinco años. 

Foto: Andina

 

En ese escenario, la JNJ no alcanzaría el quórum obligatorio para realizar sus funciones. De acuerdo a la Ley Orgánica de la institución, el colegiado necesita dos tercios de sus integrantes para sesionar. Es decir, cinco integrantes. 

“Lo que no quieren es que la JNJ culmine su mandato, pues ellos tienen que decidir la ratificación de los titulares de la ONPE y la Reniec. Si la JNJ es desactivada, y estas personas no son ratificadas formalmente, se produciría un vacío en el liderazgo de esas instituciones, que el Congreso aprovecharía para cubrir con alguna regla y, así, podríamos llegar a unas próximas elecciones con autoridades interinas, lo afectará la integridad de los procesos electorales”, sentenció la abogada Úrsula Indacochea.

Este medio solicitó una entrevista con algún representante de la JNJ. No obstante, desde el área de prensa, indicaron que no darían declaraciones. También se buscó a los congresistas Jorge Montoya y Esdras Medina, pero sus equipos de prensa indicaron que no participarían de este informe. 
 

Procesos disciplinarios a la deriva

La posible remoción de miembros de la JNJ también amenaza a los procesos disciplinarios que están a su cargo, por la mencionada falta de quórum. OjoPúblico accedió, a través de la Ley de Transparencia, a todos los procesos disciplinarios abiertos en la JNJ desde que la entidad entró en funciones. Entre estos, los que fueron derivados por el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. 

La entidad informó que los procesos disciplinarios a su cargo, desde que iniciaron sus actividades hasta la actualidad, suman 571. Sin embargo, explicaron que no podían brindar detalles de 105 de ellos porque aún no cumplen seis meses desde su inicio y, por lo tanto, se mantienen en reserva.

Sobre los 466 restantes, en donde se encuentran procesos iniciados entre 2014 y 2023, hay 380 concluidos, tres anulados, uno archivado, 36 con recurso de reconsideración en trámite (apelación) y 46 en trámite. No obstante, a este último número habría que sumar los 105 que aún se encuentran en trámite, pero en reserva, lo que suma 151. 

Los procesos disciplinarios contra Patricia Benavides se verían afectados en caso de una remoción de la JNJ".

Si se tiene en cuenta los 151 en trámite y los 36 procesos que se encuentran con recurso de reconsideración, actualmente hay 187 procesos abiertos en la JNJ, que quedarían en el aire si el Pleno de la institución pierde el quórum. 

Dentro de los procesos abiertos se encuentran los que involucran a fiscales supremos como Patricia Benavides Vargas. La suspendida fiscal de la nación es investigada en la JNJ por remover a la fiscal Betzabé Revilla Corrales, quien investigaba a su hermana Emma Benavides Vargas. 

A este se suma otra por la presunta desaparición de sus tesis, una más por haber recibido una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, investigado por lavado de activos; otra por sus llamadas con el empresario Antonio Camayo, investigado en el caso Cuellos Blancos y, finalmente, una adicional por el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder. 

RIESGOS. Los procesos contra la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, estarían en riesgo ante una eventual remoción de la JNJ. 

Foto: Andina

 

La JNJ también tiene abierto un proceso contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, a raíz de una declaración de Jaime Villanueva Barreto, en la que señaló que él le habría sugerido la designación del fiscal José Domingo Pérez al Equipo Especial Lava Jato y que Sánchez Velarde habría accedido. 

La JNJ también abrió investigación preliminar contra los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez por el mismo motivo. 

A estos hay que sumar los cuatro procesos relacionados a jueces y fiscales involucrados en el caso Cuellos Blancos. Entre estos últimos, los seguidos contra los exjueces César Alberto Arce Villa, Walter Rios Montalvo, Segundo Florencio Jara Peña, Carlos Humberto Chirinos Cumpa, Miguel Angel Soriano Sanchez, Luis David Pajares Narva, Julio César Mollo Navarro y contra el exfiscal Rony Giuseppe Salinas Bedón, de acuerdo a información entregada por la propia entidad a OjoPúblico. 

 

Intentos de remoción paralizados

En un primer momento, los parlamentarios plantearon la remoción de los miembros de la JNJ a través del artículo 157º de la Constitución. Este los faculta para destituirlos, pero solo por “causa grave”, una tipificación que no está especificada en ninguna norma, según el Poder Judicial. 

Hubo dos intentos bajo esa modalidad. El primero fue por medio de una moción presentada por la congresista Patricia Chirinos, en agosto del año pasado. Esa moción se convirtió en una investigación sumaria, encargada a la Comisión de Justicia. Dicho grupo de trabajo aprobó un cuestionado informe final, que recomendaba la remoción de todo el colegiado. 

No obstante, la propuesta no pudo votarse en el Pleno debido a que el Poder Judicial concedió una medida cautelar a la JNJ que paralizó todo el proceso mientras se resolvía una acción de amparo. 

El Poder Judicial anuló el procedimiento realizado en la Comisión de Justicia por no estar tipificado en ninguna norma".

En ese contexto, se reveló el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder, tras el operativo Valkiria, en el que se conocieron las presuntas negociaciones entre la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides Vargas y diversos congresistas para inhabilitar a la fiscal Zoraida Avalos Rivera, la elección de Josué Gutierrez como defensor del pueblo y el intento de remoción de la JNJ. 

Tras la suspensión de Benavides Vargas por parte de la JNJ, los congresistas Jorge Montoya y Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentaron otra moción, apelando al artículo 157° de la Constitución, para remover inmediatamente a la JNJ por presuntamente haber incurrido en conflicto de interés al suspender a Benavides Vargas. 

Sin embargo, pese a que fue admitida a debate, esta no pudo ser votada en la última sesión de la legislatura del año pasado porque la JNJ solicitó una reprogramación para ejercer su defensa. Los congresistas promotores de la moción buscaron firmas para la convocatoria de un Pleno extraordinario. Sin embargo, el mismo no se concretó. 

INTENTOS. Desde el año pasado, el Congreso ha intentado remover a la JNJ, primero a través del artículo 157º de la Constitución y, ahora, por el juicio político.

Foto: Andina

 

Finalmente, el pasado 31 de enero, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la demanda de amparo interpuesta por la JNJ contra el informe final de la Comisión de Justicia. 

De este modo, la sala, conformada por los jueces Néstor Fernando Paredes Flores, José Velarde Acosta e Iván Cabrera Giurisich, declaró nulo todo lo actuado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, así como todos los actos posteriores. 

La decisión de los magistrados se sustentó en que no existe una tipificación en ninguna norma, ya sea del Congreso o en la Ley Orgánica de la JNJ, sobre lo que implica “causa grave”. En otras palabras, el requisito para aplicar el artículo 157° de la Constitución. Por ese motivo, el tribunal exhortó al Congreso a legislar para tipificar aquellas conductas que se considerarían “causa grave” de los miembros de la JNJ.

 

Proyecto de ley busca intervenir la Fiscalía

En los últimos días se conoció un proyecto de ley del congresista Jorge Montoya, que busca declarar en emergencia y reorganización el Ministerio Público. OjoPúblico accedió al documento, que aún no ha sido presentado formalmente. El mismo plantea reformar la entidad a través del cese de los fiscales supremos titulares. 

“Dispóngase el cese extraordinario e inmediato de los fiscales supremos titulares al haber perdido la garantía de su permanencia en el servicio por inobservancia de su conducta e idoneidad propias de su función”, se lee en el mismo. 

Asimismo, indica que dichos cargos serán asumidos por los fiscales superiores titulares de acuerdo al orden de antigüedad. Más adelante, menciona que la nueva Junta de Fiscales Supremos tendrá 180 días para evaluar a todos los fiscales y personal administrativo, y separar a aquellos no idóneos. 

El fiscal de la nación rechazó el proyecto de ley del Congreso que busca reorganizar la institución".

Ante esto, el fiscal de la nación interino, Juan Carlos Villena, emitió un pronunciamiento rechazando la propuesta. El titular de la Fiscalía sostiene que un sector del Congreso busca paralizar las investigaciones contra altos funcionarios, que están a cargo de los fiscales supremos.

“Con una medida de esta naturaleza lo que, en verdad, se busca es evitar y frustrar las investigaciones de los altos funcionarios, que se vienen llevando a cabo. Y, con ello, también las que se vienen desarrollando por los equipos especiales: Lava Jato, Cuellos Blancos, casos con víctimas durante las protestas y corrupción en el poder, además de las investigaciones que se tramitan en los sistemas especializados de corrupción de funcionarios, crimen organizado y otros”, dijo. 

Asimismo, indicó que la iniciativa afecta directamente la autonomía del Ministerio Público, entidad encargada de perseguir el delito. “Este proyecto de ley, abiertamente inconstitucional y arbitrario, evidentemente vulneraría el estado constitucional de derecho, la autonomía e independencia del Ministerio Público y el equilibrio de poderes, esencial en una verdadera democracia”, puntualizó.