Los esfuerzos por reducir la criminalidad organizada en Perú se ven avasallados por el robustecimiento de actividades ilícitas. El año pasado, de acuerdo al reporte del Ministerio del Interior sobre el seguimiento a su plan estratégico institucional, se desarticularon 222 organizaciones. Aunque se trata de una cifra importante, implica un retroceso respecto a las 234 bandas desbaratadas en 2021. 

El narcotráfico —una de las actividades que sostiene economías criminales que se interceptan entre sí, como la trata de personas o la pesca ilegal— también ha tenido un repunte en el último año. Según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), los cultivos de hoja de coca pasaron de 80.681 hectáreas, en 2021, a 95.008, el año pasado. 

En este contexto, Sonia Medina Calvo fue designada, en marzo pasado, como directora general de la Dirección General Contra el Crimen Organizado, en el Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior. Esta oficina es la encargada de plantear las políticas sectoriales para luchar contra la drogas, el crimen organizado y el terrorismo.  

Previamente, la abogada se desempeñó como magistrada en la Corte Superior de Justicia de Lima y estuvo a cargo de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas por dos décadas. En 2022, este último organismo atendió 106.263 procesos. “Esa cifra [en sí misma] nos indica la fuerte incidencia del narcotráfico en el Perú”, dijo Medina Calvo en conversación con OjoPúblico.

En 2022, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas atendió 106.263 procesos".

¿Cómo afectó la crisis sanitaria a los recursos disponibles y comprometidos para combatir el crimen organizado y el narcotráfico?

Los presupuestos no variaron, pero sí mermó el trabajo procesal. Por la emergencia sanitaria, nos encerraron a todos y se suspendieron los procesos. En marzo y abril de 2020 no trabajamos y, en mayo, empezamos a regularizar los procesos que se habían dejado, [pero] recién en julio se reinició la etapa procesal judicial. 

En temas de lavado de activos, algunos procesos nos han tomado mucho tiempo en terminar. Otros, no. Le voy a poner un caso específico: el de los Sánchez Paredes, que fue materia de lavado de activos con delito precedente de tráfico ilícito de drogas. [En este caso], el juicio oral inició en el 2017. Por temas de la pandemia, no se avanzó en 2020 y 2021. En 2022, se reinició de manera remota y, para este año, se prevé terminar el proceso.

El caso Sánchez Paredes es un buen ejemplo de los procesos a presuntas organizaciones criminales que se extienden hasta por décadas. ¿Hay riesgo de que se anule o archive por la demora del juicio?¿Los peritajes practicados demuestran un desbalance proveniente del narcotráfico?

Este proceso, en efecto, es uno de los que más ha sufrido dilaciones en el tiempo. Se inició la investigación preliminar en el año 2007 o 2008, si mal no recuerdo. Terminó esta etapa y se alcanzó casi toda la evidencia: manifestaciones de los imputados, testimonios, pericias oficiales practicadas por la PNP y, definitivamente, sus resultados fueron contundentes.  

En el año 2010 se da inicio a la etapa de instrucción en despacho judicial, recayendo imputabilidad sólo en cinco personas naturales y 11 personas jurídicas. En esta etapa fueron actuadas diligencias con la intervención fiscal y la Procuraduría Especializada Antidrogas. El proceso retornó al Ministerio Público [y], por la lamentable decisión de una representante del Ministerio Público, se archivó. 

No voy a dar más detalles, [pero el tema] mereció batallar procesalmente [y se lograron] resultados positivos de la propia Fiscalía Suprema y de la Corte Suprema.

RETRASO. Juicio contra hermanos Sánchez Paredes inició en 2017 y aun no concluye. 

Foto: Andina

Con esto, se da la acusación. Pero hubo una inexplicable dilación. Digo esto porque la etapa de juzgamiento recién se inicia en enero de 2017 y, hasta la fecha, aún se encuentra en la etapa de alegatos de la defensa técnica de los acusados.

[En esta] etapa, lamentablemente, también se han provocado dilaciones. Si bien un proceso de lavado de activos con delito precedente de tráfico ilícito de drogas resulta ser muy complejo, (...) han transcurrido 15 años desde su inicio.

Aún así, desde mi perspectiva y deseo por haber participado en este proceso de manera activa, creo que el resultado tendría que ser favorable a los intereses del Estado Peruano, como consecuencia jurídica. Y bueno, hoy por hoy, todo proceso corre el riesgo del que usted me pregunta.

¿Se está recuperando el dinero del narcotráfico? ¿Cuáles son las dificultades que se tiene para resarcir al Estado?

La Procuraduría [General del Estado] ha tenido muchos problemas en este punto. Cuando un juicio termina con una sentencia condenatoria, lo que sigue es el requerimiento del pago de la reparación civil. Se realiza el apercibimiento al condenado tres veces, como establece la norma, pero muchos de ellos no pagan. 

Generalmente, quienes sí pagan su reparación son los condenados por microcomercialización. Los delincuentes que han recibido una sentencia condenatoria por casos relevantes, simplemente no lo hacen. 

Generalmente, quienes sí pagan su reparación son los condenados por microcomercialización".

Luego, tenemos el otro gran problema, que es la exoneración de pago de la reparación civil para los extranjeros. Esto fue normado [en 2020] con la modificación de la Ley 30219. Y eso, para la Procuraduría, fue un golpe muy fuerte porque tenemos una alta población extranjera que ha delinquido en temas de tráfico ilícito de drogas, [y que están] vinculados a organizaciones criminales.

Este año se cumple una década desde la publicación de la Ley Contra el Crimen Organizado. ¿Qué balance tiene sobre los alcances de esta norma para perseguir y castigar a las organizaciones criminales?

Desde la praxis de la Procuraduría, yo puedo responder que la Policía Nacional [del Perú] ha hecho los suficientes esfuerzos. También el Ministerio Público y el Poder Judicial. Yo creo que sí se han dado buenos golpes al crimen organizado, también considero que el narcotráfico en este momento está en avanzada. 

En materia de lavado de activos y extinción de dominio estamos un poquito rezagados en resultados porque, en Perú, están a flor de tierra los bienes maculados por las organizaciones criminales. 

Creo que ahí debemos tener una mirada de alerta para dar inicio a nuevas investigaciones porque, en definitiva, ellos sí nos llevan una avanzada kilométrica, ya han cambiado de rutas, de modalidades, de estructuras. 

Entonces, hay varios factores por los cuales me atrevo a decir que las organizaciones criminales están en avanzada. Pero bueno, también creo que se está dando la lucha, aún cuando es un tanto desigual, pero [se está dando la] lucha al fin.

Para el 2022, el Gobierno tenía la meta de decomiso de 100 toneladas de drogas, pero cerró el año con 86 toneladas. ¿Por qué no se pudo alcanzar la meta?

Hay varios factores. Si bien es cierto [que] hay temas de presupuesto, también hay temas logísticos. La Dirandro [Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú] puede tener mayor autoridad para hablar sobre este tema. En 2022 se logró que, en un par de semanas, se decomisaran más de nueve o 10 toneladas.  

Entonces, eso quiere decir que las organizaciones criminales estuvieron ubicadas y trabajadas desde la Policía Nacional. Aunque, por ahora, no se han cumplido las metas en tonelaje, sí consideraría que se ha trabajado.

Las organizaciones criminales estuvieron ubicadas y trabajadas desde la Policía Nacional".

Teniendo en cuenta que, según un reporte de la Casa Blanca de 2021, en Perú se producen cerca de 785 toneladas de drogas al año, ¿no son muy conservadoras las metas de decomiso planteadas por el Gobierno?

En 2021, se decomisaron 61 toneladas para el caso de drogas en general y, para el caso de drogas cocainicas, 41 toneladas. En medio de todo, yo me inclino por decirle que sí hay un avance. 

De repente, no es lo suficiente, pues el narcotráfico también va en avance, tanto [en] los cultivos ilícitos como [en] la producción de drogas. Pero, definitivamente, sí hay un correlato entre la investigación y los golpes a las organizaciones criminales.

El control territorial del narcotráfico se ha expandido a nuevas zonas en Perú. Ese es el caso, por ejemplo, de algunas áreas de la Amazonía donde se ha empezado a sembrar coca y, sobre todo, en la triple frontera, donde se puede decir que las organizaciones criminales se han asentado.

Reconocemos que el avance del narcotráfico se está dando desde sus primeras etapas. Por ejemplo, para la siembra de la materia prima, que es la hoja de coca. Efectivamente, ha vulnerado nuevos territorios. No cabe duda que la Amazonía es uno de ellos e, inclusive, en casi todo el territorio [nacional] hay un avance de cultivos ilícitos. 

Todos los días se erradica y, pese a eso, tenemos cifras muy elevadas. Las organizaciones criminales han vulnerado, inclusive, zonas protegidas, causando muchos problemas a las comunidades nativas. 

Desgraciadamente, esto tiene su consecuencia con respecto al incremento de la producción. Se está trabajando. Pero, lamentablemente, las organizaciones criminales, vuelvo a decir, nos están llevando en avanzada.

¿Cómo así?

Por ejemplo, para el caso de los cultivos ilícitos se utilizan lugares totalmente inaccesibles, como la Amazonía o la triple frontera. Son territorios donde no hay carreteras. Solamente el traslado se realiza por vía fluvial. 

En la Amazonía compartimos este flagelo con Brasil y Colombia. No se puede acceder tan fácilmente para erradicar esos cultivos ilícitos. No obstante ello, que quede bien claro que la erradicación es diaria, se están cumpliendo las metas fijadas por parte del proyecto Corah [Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga].

AVANCE. Organizaciones criminales tomaron el control en nuevos territorios de Perú. 

Foto: Mininter

¿Cómo se plantea mejorar la presencia del Estado en estas zonas donde sí hay organizaciones criminales que, incluso, generan una infraestructura propia, como trochas y pistas de aterrizaje por las que sacan sus productos ilícitos? 

Yo diría que no generan infraestructura, los criminales nada más vulneran. Las pistas clandestinas no están a la vista de cualquiera, son lugares inaccesibles y, en algunos casos, están en territorios totalmente prohibidos, como [es] el caso de las zonas protegidas. 

En territorios de comunidades nativas los obligan y amenazan para construir sus pistas, que solo son unas trochas usadas para una subida y una bajada de la avioneta, que no demora más de cinco o 10 minutos. Eso no es infraestructura. 

En territorios de comunidades nativas [las organizaciones criminales] los obligan y amenazan".

En el caso de la minería ilegal, hay comunidades indígenas que tienen problemas internos entre integrantes que están en contra de la actividad y otros, que están a favor por ser una fuente de ingresos.

Tenemos que dar una lucha frontal contra la minería ilegal, que también ha llegado a casi la misma vulneración que el narcotráfico, al ingresar a zonas protegidas o afectar a comunidades nativas.

Se han declarado varias zonas en emergencia para dar solución a esta problemática y también se han dado ampliaciones en algunos casos. ¿Estas medidas están siendo efectivas? ¿Hay algún tipo de evaluación después de su aplicación?

[Efectivamente,] se han declarado varias zonas en emergencia, pero esta medida también va acompañada de otras como la interdicción [operativos]. Esto es trabajo del Estado, creo que la responsabilidad es compartida. Lo que le puedo decir es que, desde el lado del Ministerio del Interior, se está trabajando con respecto a eso, pero hay [otras] entidades que también tienen que involucrarse en el tema. 

Esta problemática depende de una multiplicidad de sectores. Por eso, [considero que se debe trabajar] con secretarías técnicas, con la ciudadanía y las empresas privadas. [Además,] yo creo que los gobiernos regionales y los gobiernos locales poco o nada hacen. Todos miran al Ejecutivo.

¿El crimen organizado transnacional ha ganado terreno en el país en los últimos años?

Las organizaciones extranjeras, en su mayoría, son las financistas. Los miembros de estas ingresan al Perú para temas muy concretos como, por ejemplo, para ver el avance de la producción de las drogas [que financian]. 

Para el negocio, los capitales pueden llegar desde el exterior, pero también hay capitales nacionales. No podría dar un porcentaje de cuánto es del extranjero y cuánto es nacional. Pero, cuando se realiza una detención, la mayoría de involucrados en la organización son peruanos.  

Sin embargo, no deja de haber extranjeros de todas las nacionalidades. Antes, era muy marcada la intervención a ciudadanos mexicanos, colombianos y ecuatorianos. Ahora, se ve intervención de serbios, croatas, rusos y chinos.

Las organizaciones extranjeras, en su mayoría, son las financistas".

¿Entonces la presencia de los carteles en el país básicamente se limita a ser financistas?

En Perú no ha habido carteles. Hay organizaciones criminales que, posiblemente, respondan a su vinculación con carteles mexicanos o colombianos o de otras nacionalidades, pero acá no ha habido [cárteles]. 

Hay organizaciones criminales muy fuertes y los financiamientos vienen de diversas maneras, en especial a través de sistemas virtuales, como el caso de las criptomonedas.

¿Cuál es la diferencia entre cárteles y organizaciones criminales?

Si bien es cierto que los cárteles y las organizaciones criminales manejan una estructura criminal, los carteles tienen mayor alevosía, tienen ventajas en sus propios países, como es el caso de México o, en su momento, Colombia. Las diferencias que hay son de estructura.

¿El narcoterrorismo en el país no llega a ese nivel de alcance y estructura que tienen algunos carteles?

Tenemos un concepto un poco equivocado. Si bien es cierto que el terrorismo entre las décadas de los 80 y 90 ha tenido estructuras criminales, no se les podría llegar a denominar carteles. 

Del año 95 en adelante, empieza la simbiosis del narcoterrorismo. [De hecho, ese] es un nombre que se le da porque, en su momento, los terroristas buscaban otro tipo de subsistencia, como ser seguridad de narcotraficantes, sin dejar de lado su ideario. 

Así, se han ido involucrando en el narcotráfico, cobraban los cupos y, con eso, hacían sus bolsas que, después, llegaban a los comités nacionales. Poco a poco, fueron invadiendo el negocio: pasaron de ser seguridad a tener sus propios cultivos y ser productores. 

Ahora, los que quedan, todavía tienen algún ideario. Pero, a mi entender, hoy en día su mayor vinculación es con el narcotráfico.

En el Congreso se está discutiendo un proyecto de ley, el N° 3577-2022-CR, que modifica aspectos de la extinción de dominio y ha sido señalado por algunos especialistas como un peligro para la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué es exactamente la extinción de dominio y qué opinión tiene sobre esta iniciativa?

La extinción de dominio es una herramienta legal que nace de la vida jurídica, bajo un marco de política criminal. Afecta a [favor del Estado] los patrimonios, ya sean de una persona natural o jurídica, que han sido adquiridos en el desarrollo de actividades ilícitas de organizaciones criminales.

La extinción de dominio no hace una investigación sobre [el delito de] una persona, para eso ya existe el derecho penal, la extinción actúa sobre los bienes, llámese vehículos, inmuebles, o valores de otros tipos. 

Hay intereses en la publicación del proyecto de ley, porque ellos [los congresistas] plantean que se articule la extinción de dominio con la actividad criminal, bajo el presupuesto de la existencia de una sentencia condenatoria.

Eso significa que volvemos a la figura de pérdida de dominio, en el que previamente necesitamos una condena penal para recién afectar los bienes producto de las actividades criminales y, eso, es retroceder en el espacio ganado desde la dación del Decreto Legislativo 1373. Un proceso penal puede durar 20 años y vamos a esperar a ver si es que termina en una condena.