La nueva administración de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) acaba de archivar un procedimiento sancionador contra la Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB), fundada por el congresista de Podemos Perú, José Luis Elías Ávalos. Se trata de un caso abierto durante la anterior gestión por el presunto uso de recursos para fines distintos a los educativos.

Para el archivamiento, la Sunedu tuvo como principal sustento la donación de una parte de un inmueble de Elías Avalos, en favor del centro de estudios donde tiene acciones.  Esta transferencia —valorizada en más de USD 3,7 millones— permitió la recuperación de activos, según la resolución del Consejo Directivo que revisó OjoPúblico. 

Los vínculos entre la universidad San Juan Bautista y José Luis Elías Ávalos son estrechos. En registros públicos aparece como director ejecutivo del primer consejo directivo de la UPSJB y socio fundador inscrito el 2003.

Además, es accionista, socio y trabajador de dicha casa de estudios desde el 2013, de acuerdo a su declaración jurada de intereses de este año. También ha sido presidente del directorio desde el 2014, de acuerdo a la hoja de vida, presentada el 2020, ante el Jurado Nacional de Elecciones. 

El legislador de pasado fujimorista ha declarado también que, al menos, seis familiares suyos trabajan en la universidad: dos hermanos —uno de ellos, el excongresista Miguel Ángel Elías Ávalos—, tres de sus hijos y su cuñada.

DECLARACIÓN JURADA. El legislador Elías Ávalos declara contar con acciones en la Universidad San Juan Bautista desde diciembre de 2013.

Imagen: Contraloría General de la República

 

La investigación a la universidad se remonta al 5 de octubre de 2021, cuando la Dirección de Supervisión de la anterior gestión de la Sunedu recomendó abrir un procedimiento administrativo sancionador, debido a que durante el 2017 y 2018 usó presuntamente parte de sus activos para fines distintos a los universitarios. 

Un año después, el 29 de diciembre de 2022, la Dirección de Fiscalización y Sanción de la superintendencia decidió iniciar el referido proceso, en el que imputó cuatro hechos vinculados a préstamos a su personal y a la Asociación Promotora San Juan Bautista, así como a otros desembolsos de dinero.

En sus descargos del 1 de febrero de 2023 —que figuran en la resolución de la Sunedu— la universidad reconoció conductas en las que no contaba con sustento o justificación para acreditar la finalidad educativa.

Sin embargo, también argumentó que, a través de una donación, logró recuperar esos activos y sus intereses, lo cual no solo implicaba un incremento en el patrimonio de la universidad, sino también la ampliación de sus campos demostrativos para algunas carreras.

Dicha donación se formalizó después de la primera alerta de la Sunedu (2021) e involucró al legislador de Podemos Perú.

Según el informe, el 30 de noviembre de 2022, la Junta General Universal de Socios aceptó “la transferencia a favor de la universidad, en calidad de donación, del 10,1% de acciones y derechos del socio accionista J.L.E.A., respecto del inmueble de su propiedad, ubicado en sector Yanquiza/Predio Normita Sub Lote N° 2, distrito de San Juan Bautista, provincia y departamento de Ica, valorizado en USD 3’762.448,40 o S/14’481.663,89”.

En esta resolución, si bien la Sunedu optó por colocar solo las iniciales del accionista, en vez de consignar el nombre completo, OjoPúblico pudo comprobar, a través de la revisión de registros públicos, que dicho inmueble figura en el historial de propiedades de José Luis Elías Ávalos. Se registró a su nombre en mayo de 2014. 

OPACIDAD. En su resolución de setiembre de 2023, la Sunedu solo consignó las iniciales del legislador. 

Imagen: Sunedu

 

Luego, desde el 2018 hasta el 2022 se registraron otros movimientos en ese predio: cesión de uso por cinco años de 300 metros cuadrados a favor del centros de estudios, herencias anticipadas para sus hijos y la compraventa por parte de la universidad del 1,4% de acciones por S/236.507.

El 2 de febrero de 2023 se inscribió en registros públicos la donación de 10,10% de acciones y derechos del inmueble de Elías Ávalos a favor de la universidad San Juan Bautista.

Con el aumento y la recuperación de los activos, producto de esta donación, de acuerdo a la nueva Sunedu, la universidad subsanó voluntariamente las conductas imputadas por los desembolsos sin fines educativos, antes de que inicie el procedimiento sancionador; es decir, previo al 29 de diciembre de 2022. 

Ante ello, el Consejo Directivo —integrado por el superintendente Manuel Castillo Venegas, así como por los consejeros Miguel Vallejos Flores, Andrés Ramos Salas, José Sardón y Taboada— votó de forma unánime por archivar el proceso abierto por la Dirección de Fiscalización de Sunedu en diciembre de 2022. Esto contó con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica, la cual está dirigida por Carlos Mesía Ramírez, excongresista fujimorista y exmagistrado del Tribunal Constitucional.

Elías Ávalos ha sido uno de los políticos que más se ha opuesto a la reforma educativa que promovían la Ley Universitaria y la Sunedu. Hace una década, en el 2014, cuando fue legislador fujimorista, votó en contra de la creación de dicha norma y, el siguiente año, impulsó una iniciativa para crear el Consejo Nacional de Educación Universitaria (Conedu) en reemplazo de la naciente superintendencia. 

 

El proceso

El 29 de diciembre de 2022, la Dirección de Fiscalización y Sanción de la anterior gestión de Sunedu inició un procedimiento administrativo sancionador a la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, en el cual se le imputó cuatro hechos.

El primero, de acuerdo a la resolución, era que habría utilizado parte de sus activos, al cierre del ejercicio 2018, para solventar S/313.746 en préstamos al personal.

Un segundo hecho hacía referencia al presunto uso de parte de sus activos, al cierre del ejercicio 2019, para solventar S/217.076 en préstamos a la Asociación Promotora San Juan Bautista. 

Un tercero se sustentaba en desembolsos a accionistas y personal administrativo, al cierre de 2018, por S/3’558.849, registrados como saldos en la cuenta “Entregas a rendir”. En otras palabras, se le entrega dinero al personal para que este luego rinda cuentas del gasto.

El cuarto hecho era que la universidad habría realizado desembolsos, también al cierre de 2018, por S/54.622 registrados en la cuenta N° 93501053 de Gastos personales y familiares.

ESCENARIO. La universidad Privada San Juan Bautista cuenta con más de 20.000 alumnos y 9 locales, en Lima e Ica, según el registro hasta 2022-2.

Foto: OjoPúblico / Gianella Rojas

DOCUMENTO. En 2003 se inscribió en registros públicos el primer consejo directivo de la universidad, donde Elías Ávalos era director ejecutivo.

Imagen: Sunarp

 

Según la Sunedu, en ninguno de estos casos se había cumplido un fin universitario. Y, por cada uno de ellos, a excepción del préstamo vinculado a la asociación promotora que ameritaba otro tipo de sanción, correspondían multas que varían entre las 100 UIT (S/495.000 al valor actual) y las 300 UIT (S/1’485.000) e, incluso, la cancelación de la licencia de funcionamiento si se aprobaban las sanciones.

Estas infracciones son consideradas muy graves. El artículo 116 de la Ley Universitaria establece que las casas de estudio privadas deben usar sus bienes exclusivamente para fines educativos. Esto también incluye contratación de servicios como seguridad, equipamiento, publicidad o remuneraciones a sus autoridades, personal docente y administrativo. 

Como parte de sus descargos, presentados el 1 de febrero de 2023, la universidad señaló, con base a un informe de su Dirección de Recursos Humanos, que los préstamos efectuados a trabajadores tuvieron por finalidad atender casos de “apoyo social”. No obstante, precisa el informe de la superintendencia, reconoció que no logró ubicar el sustento correspondiente de dichos préstamos, lo cual generó un perjuicio a la universidad. 

Señaló, además, que desde el 2017 hasta el 29 de noviembre de 2022, los préstamos al personal, sin observar sus políticas internas, representaban un adeudo total de S/835.262, que incluía intereses generados con una tasa del 19%.

La universidad dijo que los préstamos eran de apoyo social, pero reconoció que no cumplían fines educativos.

Con relación al segundo hecho imputado —los préstamos a la Asociación Promotora San Juan Bautista—, la universidad dijo que, al cierre del 2019, el saldo era de S/112.579, distinto a lo fijado por la Sunedu.

En este caso, señala, no se pactó ningún interés porque cinco años atrás, en mayo del 2014, la junta de accionistas de la UPSJB, había acordado conceder préstamos o créditos sin interés alguno “a los socios accionistas, autoridades y funcionarios que estos indiquen”.

Con ese antecedente, el 18 de julio de 2022 —nueve meses después de que la Dirección de Supervisión de la Sunedu había recomendado iniciar un proceso sancionador— la Junta General Universal de Socios Accionistas dispuso el cobro de intereses mínimos legales y el pago de capital e intereses adecuados al 31 de diciembre de 2022.

Tras ello, los préstamos más los intereses vinculados a la Asociación sumaron S/172.912 que, de acuerdo a la resolución, fueron cancelados el 30 de diciembre de 2022. 

En los otros hechos imputados, referidos a personal, entregas a rendir, y gastos personales y familiares, la universidad tampoco pudo sustentar o justificar el cumplimiento de un fin universitario.

Ante ello, la superintendencia sostiene en su reporte que el socio accionista J.L.E.A. —es decir, José Luis Elías Ávalos— “decidió asumir el total de los importes mediante la transferencia, en calidad de donación, a favor de la universidad, del 10,1% de las acciones y derechos de un inmueble de su propiedad, valorizado en USD 3’762.448,40 o S/14’481.663,89”. 

Según la resolución, esta transferencia fue aceptada por la Junta General de Accionistas el 30 de noviembre de 2022 y el contrato de donación, celebrado el 1 de diciembre de 2022. 

En la partida registral del inmueble ubicado en el sector Yanquiza denominado Predio "Normita" Sub Lote N° 2, distrito de San Juan Bautista (Ica), con un área de 86.632 metros cuadrados, figura la inscripción de la donación en registros públicos el 2 de febrero de 2023.

PARTIDA. José Luis Elías Ávalos donó una parte de su propiedad a la Universidad San Juan Bautista. El título se inscribió en febrero de 2023.  

Imagen: Sunarp

 

De acuerdo al profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, Francisco Avendaño, se trata de una transferencia, vía donación, del 10,1% de la cuota o participación del propietario sobre el inmueble. “La universidad se ha convertido en propietaria de un porcentaje sobre el terreno, no una parte física, sino de un porcentaje”, precisa.

OjoPúblico intentó comunicarse el último jueves, viernes y sábado con el legislador, a través de su asesor Miguel Ibarra, quien indicó que solo responden por temas vinculados a la gestión parlamentaria y sugirieron contactarse con la misma universidad.

Este medio también escribió al personal de prensa y acudió el viernes a la oficina de la bancada de Podemos Perú en el Congreso, la cual nos derivó al despacho del legislador, pero este se encontraba cerrado. Al referir que se estaba buscando una entrevista de descargo, personal del Parlamento compartió el contacto del asesor Ibarra.

La Sunedu concluyó que, a través de la donación, se generó un aumento de los activos fijos de la universidad, lo que implica que adoptó acciones destinadas al recupero de los activos que fueron materia de imputación, como los desembolsos por préstamos al personal, entregas a rendir y gastos personales, así como los intereses dejados de percibir. 

De acuerdo al acta de socios citada por la superintendencia, el inmueble materia de donación servirá para la ampliación del número de campos demostrativos de las escuelas profesionales de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Civil, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Enología y Viticultura, así como implementar áreas recreativas y deportivas de dicho inmueble. Para ello, primero, se debía culminar con el saneamiento registral que se había proyectado para agosto pasado.

La Sunedu sostiene que con el aumento de activos producto de la donación, la universidad subsanó las conductas imputadas.
 

Según el Sistema de Información Universitaria de la Sunedu, San Juan Bautista registra más de 20.500 estudiantes hasta el periodo 2022-2, 16 carreras y opera en nueve locales en Lima e Ica. En esa base de datos figura como uno de los locales el inmueble urbano en el sector Yanquiza/Predio Normita Sub Lote N°1 y N°2 San Juan Bautista, vinculado a la donación del congresista Elías Ávalos. 

En su resolución del 18 de setiembre de 2023, la nueva Sunedu resolvió archivar el procedimiento administrativo sancionador, al haberse verificado la subsanación voluntaria de las conductas imputadas en contra de la universidad, con anterioridad al inicio del mismo. Para ello, además, alude al artículo 257 del Texto Único Ordenado de Ley de Procedimiento Administrativo General que va en la misma línea. 

DECISIÓN. El 18 de setiembre de 2023, la Sunedu decidió archivar el proceso contra la universidad al verificar la subsanación de las conductas, según refiere.

Imagen: Sunedu

 

JUNTOS. José Luna Gálvez y José Luis Elías Ávalos, de Podemos Perú, son fundadores de Telesup y San Juan Bautista, respectivamente.

Foto: Facebook de José Luis Elías Ávalos

 

“Antes del inicio del presente proceso, cesó las conductas infractoras (desembolsos realizados sin finalidad universitaria) y recuperó los efectos generados por las mismas (intereses dejados de percibir por los referidos desembolsos)”, señala en su análisis.

Este medio buscó comunicarse con la Universidad Privada San Juan Bautista, a través de llamadas a la central institucional, así como correos electrónicos enviados el último jueves a la secretaría general y dos encargados del área de Comunicaciones e Imagen Institucional, pero no hubo respuesta. También solicitó una entrevista con Sunedu, pero solo indicó que “no se pronunciará sobre documentos que ya son públicos”.

Sin embargo, cuando una periodista de OjoPúblico solicitó, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el expediente completo de este caso, la Sunedu respondió que lo entregará recién en enero de 2024, debido al “significativo volumen de información que deberá revisar a fin de identificar datos protegidos”. 

 

El rol fiscalizador

Una fuente cercana a la Sunedu señaló que, entre los criterios para archivar este tipo de procesos, figuran la devolución de los activos mal usados, la reparación de la conducta, como el pago de interés, y que dicha subsanación se haya ejecutado antes de que se formulen las imputaciones. 

No obstante, subraya que la actual gestión está resolviendo procesos de su predecesora, pero no reporta mayor avance de casos propios, lo cual se evidencia en los informes de acusación y procesos sancionadores abiertos.

Para el exsecretario general de la Sunedu, Joseph Dager Alva, no se evidencia interés de la actual gestión de cumplir con el rol sancionador y fiscalizador que permite, por ejemplo, identificar una de las principales infracciones de las universidades privadas, como el uso de recursos sin fines educativos. 

“En este caso, la anterior gestión hizo su trabajo, la universidad se vio en falta y la misma universidad decidió retrotraer lo mal que había hecho para no ser sancionada. Creo que eso es una reflexión suficiente para insistir en lo importante que es supervisar y fiscalizar”, señala. 

CAMBIOS. El nuevo Consejo Directivo de la Sunedu está encabezado por Manuel Castillo Venegas, designado en febrero pasado.

Foto: Sunedu

Sin embargo, en su primera reunión pública con rectores, tras su cuestionada designación el 23 de febrero pasado, el superintendente Manuel Enemecio Castillo Venegas se refirió a la anterior gestión como “draconiana, policiaca, persecutoria, coactiva y sancionadora”. “Eso ya terminó. Y eso se puede plasmar y se puede objetivar en los S/126 millones en sanciones, multas impuestos a ustedes, a las universidades, de manera desproporcionada”, dijo el 12 abril último. 

Por ello, anunció que revisará el reglamento de infracciones y sanciones. Es decir, la norma con la que se multa a las casas de estudio por incumplir con condiciones básicas de calidad, usar de forma inadecuada sus recursos u otras obligaciones de la Ley Universitaria. 

“Nosotros queremos ser como el paterfamilias, el hombre común y corriente, el padre amoroso. Si bien es cierto, complaciente, cariñoso, pero al mismo tiempo sancionador. Pero sancionador dentro de los parámetros constitucionales y normativos. En esa medida, pasamos de un estado situacional coercitivo [...] a un estado de Sunedu premiador, acompañador”, dijo Castillo Venegas en su primera reunión con rectores.