Vladimir Cerrón Rojas y siete exfuncionarios de su primera gestión como gobernador regional de Junín fueron absueltos del delito de malversación de fondos que estaban destinados al proyecto de Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro que iba a beneficiar a cuatro provincias y 27 distritos de la región.

El juez Guido Arroyo Ames decidió no dictar prisión efectiva por dos años y 11 meses, así como no inhabilitar de la función pública por el mismo tiempo, contra Cerrón Rojas y el resto de implicados. El magistrado resolvió también archivar definitivamente el proceso y anular los antecedentes penales y policiales contra los ocho imputados. Tras la lectura de la sentencia, el segundo despacho de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Junín, que dirige la fiscal Bonnie Bautista Catunta, informó a OjoPúblico que apelará la decisión.

La investigación del Ministerio Público gira en torno al desvío de S/ 2’880.088 de un proyecto de reforestación hacia otras obras en el 2012 cuando Vladimir Cerrón Rojas, actual líder de Perú Libre, era gobernador regional de Junín. Por este caso, fueron acusados el propio Cerrón Rojas, Henry López Cantorín, Julio Matos Gilvonio, Ofelia Ríos Pacheco, Estela Baldeón Hormaza, William Acosta Laymito de ser autores del delito, y a Ulises Panéz Beraún y Rocío Bonifacio Aliaga de cómplices primarios. 

Como parte de sus alegatos finales, la fiscal Bautista Catunta indicó que el dinero del proyecto fue desviado para obras populistas como el Puente Comuneros, por lo que solicitó al juez Arroyo Ames actúe con rigurosidad. “La sociedad espera, señor juez, que su despacho emita una sentencia justa con respecto a estos hechos”, finalizó en su sustentación. 

El caso se remonta al 6 de enero del 2012 cuando el entonces gerente de Recursos Naturales, Ulises Panéz, solicitó a Henry López, quien era gerente general, el encargo para ejecutar el citado proyecto de reforestación que estaba en manos de la Dirección Regional de Agricultura. La solicitud fue aceptada y ratificada por el expresidente regional Vladimir Cerrón, pese a que el proyecto no era competencia de esta gerencia. 

A solo tres días de obtenido el proyecto bajo encargo, Panéz Beraún, sin contar con sustento técnico, solicitó a Henry López la modificación del presupuesto y desviar S/ 600.000 a otra obra. La solicitud fue admitida y más tarde formalizada por Cerrón Rojas, quien aprobó destinar este dinero al proyecto emblemático de Perú Libre, el Puente Comuneros, conocido como el Monumento a la Corrupción, por presuntas irregularidades en torno a su construcción. 

APELARÁ. La fiscal Bonnie Bautista Catunta, titular del Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, indicó que apelará la decisión del juez Arroyo Ames.

Foto: Yoselin Alfaro

Según la investigación del fiscal Orlando Lara, en torno al caso Antalsis, Vladimir Cerrón, Henry López y Jason Saavedra Paredes, director de Servicios Industriales de la Marina (SIMA – Perú) concertaron para favorecer a la empresa Antalsis Perú S.A.C vinculada a Martín Belaunde Lossio para realizar el Puente Comuneros.

La obra en mención debía ser culminada en 2014, pero fue entregada en 2019 y aún se trabaja en sus accesos. El presupuesto inicial para su ejecución fue de S/ 50 millones, pero terminó costando S/ 100 millones y es considerado uno de los puentes más caros de la región. 

Posteriormente, Vladimir Cerrón, emitió otra resolución para modificar la encargatura del proyecto a la transferencia completa del mismo a la Gerencia de Recursos Naturales, así como el presupuesto restante. Como parte de esta transferencia, la supervisora del proyecto emitió un informe dirigido a Ulises Panéz, detallando las deficiencias que tuvo el proyecto en el periodo 2009-2011 y propuso estrategias para su mejora. 

En atención a este informe Rocío Bonifacio, subgerente de Recursos Naturales, recomendó la liquidación del proyecto. Dicha propuesta fue aceptada por Ulises Panéz y notificada a Henry López, quien en su condición de gerente general autorizó proseguir con la liquidación y el cierre del proyecto. 

Más adelante, Henry López ordena a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, dirigida por Ofelia Ríos, la liberación del presupuesto del proyecto de reforestación, sin embargo, el subgerente de Inversión Pública le informa que no hay documentación suficiente para el cierre. Por ello, Ríos Pacheco solicita al gerente de Recursos Naturales emitir un informe físico y financiero del referido proyecto. 

En respuesta a este requerimiento la subgerente de recursos naturales, Rocío Bonifacio, remite el cronograma de gastos y la modificación del marco presupuestal, el cual determina el saldo de libre disponibilidad de S/ 2’280.457 y mediante un proveído, Ulises Panéz, remite esta información a la Gerencia de Planeamiento indicando que el proyecto estaba en proceso de cierre. 

El hecho doloso que encuentra el Ministerio Público es que este dinero, conforme a la normativa, no podía ser utilizado mientras se encontrara en proceso de cierre, lo que fue alertado por el subgerente de Inversiones Públicas a Ofelia Ríos y William Acosta Laymito, sin embargo, el gerente general, Henry López, participó en la solicitud y formalización de las modificaciones presupuestales, ignorando el respeto a procedimiento.

En su defensa, el líder de Perú Libre insistió en que las modificaciones presupuestales fueron válidas y que estos cambios fueron realizados porque el proyecto de reforestación había perdido sostenibilidad. Asimismo, indicó que no estaba de acuerdo con el pago de la reparación civil de S/ 100.000 en forma solidaria, propuesta por el procurador, ya que, según su versión, no hay daño patrimonial al Estado. 

Por su parte, Henry López Cantorín, afirmó que no había dado ninguna orden de modificación presupuestal y que solo había emitido proveídos. También argumentó que la decisión de modificar el presupuesto fue debido a informes que indican que el proyecto no estaba funcionando y que había una tasa de mortalidad del 70% de plantones. 

Este es uno más de los casos de corrupción que involucra a Vladimir Cerrón y a Henry López, quienes fueron sentenciados en el 2019 por el delito de negociación incompatible en el saneamiento de La Oroya, y por el que han tenido que pagar una reparación civil de S/ 850’000.00 ha sido incautada tras las sospechas de un posible origen ilícito. Por este mismo caso, los dos involucrados deben cumplir con normas de conducta, para evitar que la comparecencia con restricciones sea revocada por pena efectiva. Otros casos en los que ambos están involucrados son Aeródromo Wanka y el Caso Antalsis por los delitos de negociación incompatible y asociación ilícita para delinquir, respectivamente.

En el caso de Henry López, la fiscal Bonnie Bautista ha indicado que espera la respuesta del Poder Judicial para conocer si el exalcalde de Huancayo pidió permiso para ausentarse de su domicilio, ya que en el contexto del allanamiento de su vivienda y orden de detención preliminar en su contra, por liderar la presunta organización criminal  'Los tiranos del Centro', no fue hallado. “Si se comprueba que López Cantorín se ausentó de su domicilio faltando a sus reglas de conducta, el Ministerio Público solicitará la revocatoria inmediata de su pena suspendida por pena efectiva”, informó la fiscal.