En los próximos días, el Congreso debatirá la inhabilitación de Zoraida Ávalos, exfiscal de la nación entre el 2019 y el 2022, luego que la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) y Gladys Echaíz (Renovación Popular) presentaran una denuncia constitucional en su contra, al considerar que no tuvo intención de investigar al expresidente Pedro Castillo tras conocerse indicios de corrupción al interior de su gobierno en el año 2021. 

En entrevista con OjoPúblico, la actual fiscal suprema de la Segunda Fiscalía Suprema Penal responde a las acusaciones, analiza la coyuntura actual del sistema de administración de justicia y se pronuncia sobre la actuación de un sector del Congreso que ha tomado decisiones cuestionadas y, ahora, pretende su inhabilitación. 

“Sería la primera vez en la historia que destituyen a un magistrado o fiscal por su criterio jurídico”, señaló la extitular de la Fiscalía de la Nación, al considerar que la acusación en su contra representa un precedente negativo para el sistema de justicia. 

¿Por qué la quiere inhabilitar este Congreso que tiene un 6% de aprobación?

Han presentado una acusación constitucional contra mí, diciendo que he infringido el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución. Falso. Este inciso dice: “es deber del Ministerio Público conducir la investigación desde un principio”. Eso es lo que he hecho: yo inicié investigación el 10 de noviembre de 2021 por los hechos en los que estaría inmerso el expresidente Pedro Castillo. 

La estrategia fue investigar a los altos funcionarios y a la gente de su entorno. Por eso, la investigación se inició por el caso de ascensos irregulares en las fuerzas militares y policiales, en el que estaban comprometidos el exministro Walter Ayala y su secretario general [del exmandatario], Bruno Pacheco. 

No es verdad que infringí la Constitución. Tampoco es verdad que me haya demorado".

En ese interín, me llegan documentos importante de las fiscales provinciales anticorrupción, tres documentos, con los cuales, el 4 de enero de 2022, inicio una investigación contra el expresidente Castillo, abro una carpeta fiscal en el que incluyo el caso ascensos irregulares, Puente Tarata y Biodiésel. No es verdad lo que dice esta denuncia [del Congreso] de que infringí la Constitución.

Tampoco es verdad que me haya demorado, porque también quieren levantarme el antejuicio diciendo que he cometido delito de demora y retardo. Abrí investigación contra el expresidente [Castillo] en menos de dos meses. Para una investigación en la que se hicieron varias diligencias, eso no es retardo. 

Yo tengo denuncias constitucionales que he presentado al Congreso en el 2019 y 2020. Todavía siguen ahí guardadas, y a nadie se le ha ocurrido denunciar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por demora. 

VOTACIÓN. El Congreso de la República votará en los próximos días la inhabilitación de la exfiscal de la nación, Zoraida Ávalos.

Foto: Andina

 

Usted ha dicho que detrás de esto hay una venganza política. ¿A quiénes se refiere?

Yo digo que el origen de todo esto son las 43 denuncias constitucionales que he presentado en mi gestión versus a las anteriores gestiones, en las que lo máximo que un fiscal de la nación presentó fueron tres denuncias. 

La doctora Gladys Echaíz [exfiscal de la nación] creo que presentó solo dos. Una denuncia constitucional es la que se hace contra altos funcionarios, sean ministros, congresistas, fiscales o vocales supremos, etc. y que se envían al Congreso. 

Pero, de las 43 denuncias que yo presenté, qué casualidad que muchas estén archivadas, otras ni se han visto. Entre las archivadas están las tres denuncias que presenté contra Edgar Alarcón [excontralor de la república], también contra el señor Jorge del Castillo, Javier Velásquez Quesquén, Luciana León y Manuel Merino, entre otros.

¿Considera que el archivamiento de estas denuncias ha tenido sustento o corresponde más a intereses políticos?

Para mí, ha habido mucho de criterio político. Ese es el origen de por qué me gané muchos enemigos.

Usted ha señalado, también, que el hecho de abrir investigación contra presidentes en funciones, pese a que luego fueron suspendidas, marcó un hito en el sistema de justicia peruano. ¿Cree que sus sucesores dieron un paso más o solo continuaron ese camino?

Yo fui la única fiscal que se atrevió a romper un precedente, una posición jurídica que había durado 39 años, de los 42 que tenemos como vida institucional. La posición de ese entonces era archivar todos los casos contra presidentes en funciones. No la critico, era una posición que se tenía en ese momento. Sin embargo, en el año 2020, rompí esta posición jurídica, justamente con el expresidente Martín Vizcarra, por el caso Richard Swing. 

Yo decido abrir investigación, evito que haya impunidad y que el caso prescriba, pues, cuando se archivaba de plano, ya no se podía investigar al presidente en funciones y tampoco se le podía investigar cuando dejaba de ser presidente, porque no se podía reabrir el caso. 

Por eso, decido abrir la investigación, pero la suspendo contra los expresidentes por el mandato del artículo 117 de la Constitución. [Este mandato] implica que no se le podía dictar una medida limitativa, no se le podía ordenar una detención. Tampoco se podía pedir impedimento de salida del país y, eso, tampoco lo pudieron hacer mis colegas que me sucedieron. 

Por criterio jurídico jamás ha habido una destitución a un magistrado".

¿Qué hicieron sus sucesores, entonces?

Yo di el primer paso, el doctor Pablo Sánchez dio otro paso: abrió una investigación preliminar [al dejar sin efecto la suspensión de la investigación contra Pedro Castillo]. Pero, hasta donde yo sé, el doctor Sánchez dio esta disposición cuando ya estaba terminando su gestión, creo que no hizo ninguna diligencia o llamó a declarar [a Pedro Castillo] y el expresidente no vino, pues como imputado puede negarse. 

En cambio, en la investigación que hice, él sí vino a declarar, pues estaba como testigo y, por tanto, no podía negarse. La doctora Patricia Benavides siguió el paso que el doctor Sánchez abrió.

¿Entonces, el doctor Pablo Sánchez dio un paso más que usted?

El doctor Sánchez dejó en suspenso la [posibilidad de abrir] investigación preliminar y, luego, la Corte Suprema ha dicho que sí se puede hacer una preliminar [contra un presidente en funciones]. Me parece bien, pues los tiempos cambian, como bien ha dicho la Corte Suprema, el derecho es dinámico. 

Los primeros archivaban porque era la posición de ese entonces. Luego, yo dije que no podía seguir así, que había que evitar que prescriban estos casos, y el doctor Sánchez avanzó con la preliminar.

Sabemos que los casos que inicia el fiscal de la nación contra altos funcionarios tienen que pasar por el Congreso a través de las denuncias constitucionales. Sin embargo, ¿los fiscales de la nación son los únicos que pueden presentar denuncias constitucionales?

El artículo 89 del Reglamento del Congreso dice claramente que los que pueden presentar denuncias constitucionales son, primero, los congresistas; segundo, el fiscal de la nación, y por último, el directamente afectado. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué la señora Gladys Echaíz o los demás congresistas no presentaron una denuncia directa contra el expresidente Castillo, como lo han hecho conmigo? 

Ellos han presentado una denuncia constitucional que no ha pasado por la Fiscalía, sino directamente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Será porque sabían que tenían el impedimento del artículo 117 de la Constitución? 

Este caso de Castillo estaba en poder del Congreso, ellos pudieron agregarle dos supuestos más al artículo 117: uno [para investigar a un presidente en funciones] por derechos humanos y otro para temas de corrupción. No se hizo. 

Ahora, me quieren inhabilitar por un criterio jurídico que es, en realidad, un despropósito. Ni siquiera se puede abrir procedimiento sancionador por criterio jurídico, menos llevarte a una acusación constitucional, eso sería abrir una puerta muy peligrosa. 

APELACIÓN. Ávalos asegura que en caso se apruebe su inhabilitación llevará su caso ante el TC y organismos internacionales.

Foto: OjoPúblico / Abel Cárdenas

 

Usted ha contado en otras entrevistas que solicitó una Junta de Fiscales Supremos para requerir el apoyo de sus colegas en la redacción de un pronunciamiento “en defensa de la institucionalidad”. ¿Recibió el apoyo? 

La semana pasada presenté una solicitud a la fiscal de la nación para que convoque a una junta extraordinaria, ella me contesta que tengo que presentar la solicitud con la firma de otro fiscal supremo, pese a que el reglamento [del Ministerio Público] dice que ella la puede convocar. 

Pero, para no hacerme problemas, le dije al doctor Juan Carlos Villena y él aceptó. No obstante, en el día de la junta, no se llegó a ningún consenso y no salió ningún pronunciamiento. 

El Congreso está siendo cuestionado por ciertas decisiones que, en opinión de algunos analistas políticos, forman parte de una estrategia de acaparamiento de las principales instituciones del Estado. ¿Considera que hay un desequilibrio de poderes a favor del Legislativo?

Considero que lo que pretende hacer un sector del Congreso es muy peligroso, porque atenta contra la democracia. La democracia es la división de poderes, equilibrio de poderes, el respeto a cada institución. 

Y esto que pretenden hacer [en mi caso] abre una puerta peligrosa que está atacando al sistema de administración de justicia, que es el pilar fundamental de una democracia fuerte y sólida, porque ataca la independencia y autonomía de una institución, como el Ministerio Público, titular de una acción penal. 

Sería la primera vez en la historia que destituyen a un magistrado o fiscal por su criterio jurídico. Eso no se sostiene. No ha sucedido, por criterio jurídico no se puede. 

¿Apelará al Tribunal Constitucional en caso la inhabiliten?

Por supuesto que apelaría al TC e, incluso, lo llevaría a organismos internacionales, porque hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que avalan esta posición. Si mal no recuerdo, hay una sentencia de la Corte que establece que, por criterios jurídicos, no se puede abrir proceso, ni siquiera procedimientos disciplinarios sancionadores. 

Lo que pretende hacer un sector del Congreso atenta contra la democracia".

La Junta Nacional de Justicia emitió un pronunciamiento en el que señalan que la actitud del Congreso atenta contra la independencia de jueces y fiscales. Poco después, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una denuncia constitucional contra los miembros del JNJ. ¿Qué opina sobre esto?

Si ustedes leen el comunicado de la JNJ, se entiende que no me están defendiendo a mí, lo que dice es que, de acuerdo a la Constitución, esas competencias le corresponden a la Junta Nacional de Justicia y piden que se reflexione sobre el tema. No obstante, lo que pretende hacer un sector del Congreso es quebrar el sistema de administración de justicia. 

¿Considera que un sector del Congreso tiene la intención de llegar a controlar la JNJ, como han advertido abogados y analistas políticos, al haber elegido a un defensor del pueblo que tiene diversos cuestionamientos, como presunta falta de idoneidad y conflictos de interés?

No conozco mucho la historia del nuevo defensor del Pueblo [Josué Gutiérrez]. Lo que sí te puedo decir es que he pensado presentar una carta pidiendo al defensor del pueblo que se pronuncie en defensa de la institucionalidad, y ahí veré. 

¿Considera que hay una demora en la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes y lesiones en las protestas? ¿Cómo evalúa el trabajo del Ministerio Público en ese caso?

No conozco la carpeta fiscal, no sé qué investigaciones han avanzado. Lo único que sé, por información periodística, es que la han llamado a declarar. 

Los hechos ocurrieron en diciembre del año pasado, ¿la demora no le llama la atención?

No sé, no podría pronunciarme sobre ese caso. 

CARTA. Zoraida Ávalos afirmó que enviaría una carta al defensor del Pueblo para que se pronuncie a favor de "la institucionalidad".

Foto: Andina

 

¿Considera que el sistema de administración de justicia está dañado?

El mensaje [que está dando el Congreso] es que sí no sigues los intereses de ciertos grupos te pueden inhabilitar. 

No se han visto novedades sobre el caso Cuellos Blancos. ¿Cómo va el caso? ¿Hay nuevos investigados?

Hace unos meses, vi una entrevista que le hicieron al coordinador de ese caso sobre un operativo grande que había hecho. No sé más. 

En marzo de este año se detuvo al empresario Mario Mendoza, uno de los presuntos involucrados en el caso Cuellos Blancos.

Sí, y uno de los fiscales hace ver que eso no fue producto de los últimos meses, sino de un trabajo que se inició dos años atrás, porque comprenderás que ese es un caso emblemático y no se trabaja en muy poco tiempo. 

También acuérdese que han habido cambios [en el equipo que investiga el caso Cuellos Blancos] y, cuando eso sucede, siempre hay un pequeño retraso, porque el nuevo fiscal que asume tiene que empaparse del tema. 

¿Cambios que realizó la actual fiscal de la nación?

Claro.

¿Usted ve casos de congresistas? ¿Qué tipo de casos?

Solamente veo casos de aquellos congresistas que cometen delitos comunes. No veo casos de congresistas que hayan incurrido en corrupción o delitos de función, eso solo le corresponde a la fiscal de la nación. 

¿Qué casos de congresistas tiene a su cargo?

El caso del excongresista Freddy Díaz por [presunta] violación, también de la excongresista Yesenia Ponce, entre otros. 

Si yo hubiera hecho la tesis, ya la estaría mostrando".

Usted creó la Oficina de Peritajes del Ministerio Público y, actualmente, existe un proyecto al interior de la Fiscalía que plantea su cierre. ¿Qué tan importante es la función de esta área?

En mi gestión se les acondicionó todo un local para ellos. Lo primero que hice fue comprarle equipos de alta gama. Nosotros éramos conscientes de que, en casos de corrupción, si no hay pericias, [estos] se caen. 

Recuerdo haber ido una vez a Tacna y me dijeron que no tenían peritos. Por eso, yo consideré que la Oficina de Peritajes no tenía que estar adscrita al despacho de la fiscal de la nación, sino aparte. El único problema que tuvimos fue el tema presupuestal. Los sueldos de los peritos son muy bajos. 

Usted también ha contado que no tiene tesis, ¿quiere aclarar ese tema?

Yo he hecho estudios en maestría y doctorado, lo que no tengo es el magíster. Lo que digo es que yo, en estos tiempos, me he preocupado mucho porque mi producción laboral siempre esté al día. Nos hemos puesto al día en la carga laboral, eso implica que te pongas a trabajar. 

Desde el 2008 hasta el 2018, yo estaba a cargo de un programa que se llamaba Prevención Estratégica del Delito, y comprenderás que mi trabajo siempre ha estado centrado en la Fiscalía. Pero no es que no tenga cursos, tengo dos años de maestría y doctorado.

Sabe que esto lo podrían usar sus detractores o incluso los congresistas que verán su caso …

Si yo hubiera hecho la tesis, ya la estaría mostrando. Yo he dicho que, para ser fiscal suprema, no te piden tener el magister, pero sí estudios. Para ser fiscal suprema te piden hacer el curso de ascenso y haberlo aprobado. 

¿Qué le diría finalmente a los congresistas?

Espero que la razón prospere. Yo no he cometido ninguna infracción a la Constitución. Es muy peligroso lo que pretenden hacer, eso es un quiebre a la institucionalidad. El Ministerio Público es una institución muy importante y hay que defender la autonomía e independencia de la entidad. 

Además, hay que recordar que, por criterio jurídico, jamás, en los anales de la historia, ha habido una destitución o inhabilitación a un magistrado.