Actualizado: 07-12-2020

Luego de cinco días de protestas y tras la muerte de un trabajador en La Libertad, el último viernes el Congreso de la República derogó la Ley de Promoción del Sector Agrario (27360). La norma fue aprobada en el año 2000, durante el régimen de Alberto Fujimori y firmada por el entonces ministro de Agricultura, José Chlimper, fundador de una agroexportadora.

Esta ley tenía carácter temporal; pero fue extendida durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Martín Vizcarra, hasta el 2031. La misma contemplaba beneficios tributarios para las empresas agroexportadoras y establecía un régimen laboral especial, que recortaba derechos laborales a los trabajadores, con el fin de incentivar a un sector incipiente. 

Una base de datos construida por OjoPúblico, con información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), establece que el sector agrícola y agropecuario accedió desde el 2000 a privilegios fiscales que, solo en los últimos 16 años, le exoneraron del pago de S/ 2.901’139.000 por Impuesto a la Renta, al aportar 15%, mientras el régimen general abona 29,5% por el mismo concepto. Ese monto era suficiente para cubrir, por ejemplo, el 81% del presupuesto del Ministerio de Agricultura de este año. 

Solo en 2019, por ejemplo, las exoneraciones tributarias de todos los sectores alcanzaron los 16 mil millones. De ese monto, 4.311 millones (27%) fueron para las agroexportadoras. Si revisamos únicamente la reducción del impuesto a la renta, durante ese año se les exoneró de S/ 383 millones. En los 16 últimos años, dicha exoneración reporta un acumulado de casi 3 mil millones de soles por este beneficio tributario.

DESPEDIDA. Familiares acompañan a José Muñoz Jiménez, trabajador agrario fallecido por proyectil de arma de fuego, durante el paro agrario en La Libertad

Foto: Pablo Azabache

Con la derogatoria de la ley, también se eliminan estos beneficios. En los próximos 15 días el Congreso de la República presentará una propuesta para establecer una nueva ley agraria. Al respecto, el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Christian Sánchez Reyes, dijo a OjoPúblico que es injusto, inequitativo y que, además, no existía ninguna razón para que las empresas agroexportadoras paguen solo 15% del Impuesto a la Renta. 

“No tiene sentido seguir prorrogando un trato diferenciado a grandes empresas, con grandes ganancias”, señaló. Sánchez indicó, además, que no se puede seguir tratando a las agroexportadoras como si fueran una microempresa o una bodega. En este contexto, OjoPúblico hizo una radiografía de las principales empresas del sector que se beneficiaron con los privilegios fiscales. 

Las principales agroexportadoras

Los reclamos de los trabajadores agrarios de la costa del país no son recientes. En agosto del año pasado, la entonces ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, junto al jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Juan Carlos Requejo, visitaron las instalaciones de las compañías Camposol, Talsa y Hortifrut-Tal S.A.C., en La Libertad, debido a denuncias por bajos sueldos y alta rotación en el trabajo. 

Esos fueron dos de los factores que desataron, el 30 de noviembre, las protestas de trabajadores agrarios en Ica y, luego, en La Libertad. En esta última región, lamentablemente, falleció el joven José Muñoz Jiménez por el impacto de un proyectil de arma de fuego, según consta en el acta fiscal a la que accedió OjoPúblico. Su padre contó al medio periodístico local Sol Tv que su hijo era trabajador de la empresa Camposol. 

Según datos de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo de 2017, el 49% de los trabajadores comprendidos en la Ley de Promoción Agraria (unos 132 mil) estaba concentrado en solo 15 de las 1.205 empresas beneficiadas con dicha norma. En la lista sobresalen Virú, Camposol, Danper Trujillo, Complejo Agroindustrial Beta, El Pedregal, Gandules INC, Tal S.A. y Sociedad Agrícola Drokasa, entre otras.

El 49% de los trabajadores comprendidos en la Ley de Promoción Agraria se concentró en 15 empresas".

Camposol S.A. es la empresa del sector agroexportador con mayores ventas al extranjero. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el año pasado la compañía exportó productos por US$ 292 millones. Entre los principales alimentos que comercializa se encuentran los arándanos, paltas, mandarinas, uvas y mangos.

Su principal sede productiva se encuentra en el distrito de Chao, provincia de Virú, en La Libertad. Pero también tiene otros fundos, en los valles agrícolas de Tambogrande y Sullana (Piura), en Barranca (Lima), Junín, Áncash y Arequipa. Además, posee 1.000 hectáreas en Uruguay (donde cultiva cítricos) y en Colombia (donde produce paltas).

La empresa pertenece al grupo D&C, creado en los años ‘70 por el empresario pucallpino Samuel Dyer Ampudia, fundador de la Corporación Pesquera Inca (Copeinca), una de las más importantes del sector. Actualmente la firma tiene registrados 38.596 trabajadores, según la Sunat.  

RECLAMOS. La empresa Camposol, con sede en La Libertad, fue una de las agroexportadoras cuestionadas por los trabajadores que acataron el paro. 

Foto: Camposol

La segunda mayor agroexportadora del Perú es Sociedad Agrícola Virú S.A, con exportaciones por US$ 194 millones en 2019, según Mincetur. Fundada en 1994 por Miguel Nicolini de la Puente, la firma tiene fundos en Ica, Lima, Piura y Lambayeque. En total posee 9.600 hectáreas, donde cultiva espárragos blancos y verdes, alcachofas, paltas, pimientos, palmitos y arándanos; y emplea a 25.847 personas, según Sunat. 

En 1994 también se fundó Danper Trujillo, la tercera mayor agroexportadora del Perú, con US$ 187 millones en concepto de ventas al exterior, durante 2019. A mediados de los años noventa, en paralelo, inició sus actividades el Complejo Agroindustrial Beta, empresa que forma parte del Grupo Matta, dueña de la pesquera Exalmar S.A., una de las más importantes del sector.

Victor Matta Curotto, fundador de este último grupo comenzó sus operaciones en Ica. Actualmente la firma registra 25.893 trabajadores en Sunat; y es una de las ocho empresas del sector agrícola que concentra las licencias de agua, según una investigación de OjoPúblico. 

A estas empresas se suma Sociedad Agrícola Drokasa S.A., otra de las agroexportadoras más sólidas del país. Forma parte del grupo Drokasa, fundado en 1951. Hoy cuenta con tres fincas, dos en Ica (Santa Rita y La Catalina) y una en Lima (Las Mercedes), que en conjunto abarcan 3.034 hectáreas, según información de la compañía.

El 94% de las acciones de esta firma son propiedad de Agrokasa Holdings S.A -grupo que tuvo entre sus accionistas fundadores a José Chlimper, exministro del gobierno de Alberto Fujimori, exdirector del Banco Central de Reserva (BCR) y exsecretario general de Fuerza Popular, que además promovió y firmó la ley que benefició al sector agroexportador. 

Sociedad Agrícola Drokasa S.A. tuvo entre sus accionistas fundadores a José Chlimper, exsecretario general de Fuerza Popular".

En el año 2000, durante su breve paso por el Ministerio de Agricultura, dicho empresario firmó un paquete de normas agrarias (Ley 27360) que recortó los beneficios laborales de los agricultores y le entregó a su sector cuatro privilegios tributarios vigentes hasta la derogación de la norma: reducción del impuesto a la renta (de 30% a 15%), depreciación del costo de infraestructura, devolución del IGV y el descuento del 20% de los impuestos por haber invertido en zonas eriazas.

En la lista de las principales agroexportadoras con actividad en el país se encuentran, también, Hortifrut Perú S.A.C., de capitales chilenos; Gandules INC, con sede en Lambayeque; y El Pedregal S.A., con sede en Piura; donde el pasado jueves 3 de diciembre se reportaron protestas por mejoras laborales y reclamos de un aumento del salario básico. 

Por último, Ecosac Agrícola S.A.C. -perteneciente al grupo económico Costa del Sol- es otra de las empresas agrícolas con importantes ventas al extranjero, y una las compañías  acusadas de no detener sus actividades durante el Estado de Emergencia por la Covid-19. Salvo Camposol, Agrícola Cerro Prieto y Sociedad Agrícola Drokasa, otras siete importantes compañías agroexportadoras sí recibieron S/ 10 millones como préstamo del Estado, mediante el programa Reactiva Perú. 

Una norma cuestionada

A diferencia de otros sectores, como el comercio, la minería y los hidrocarburos, la producción agraria no registró caídas tan abruptas en sus ingresos durante la pandemia. De acuerdo con el Informe Técnico de Producción Mensual del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por ejemplo, en abril de 2020, cuando el país afrontaba un confinamiento estricto, la producción nacional registró una disminución de 40%. La producción agropecuaria, en cambio, en ese mismo momento registró un incremento de 0,57% con respecto a abril de 2019; debido a una mayor producción agrícola y pecuaria. 

“La producción agrícola se vio impulsada por el cultivo de tubérculos, cereales, frutos, legumbres, hortalizas y productos agroindustriales”, se lee en el informe. Además, la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Oxfam en Perú y CooperAcción, entre otras instituciones, publicó un informe sobre empresas que incumplieron con el Estado de Emergencia por la Covid-19. Entre estas figuraban compañías agroexportadoras de Piura, Lambayeque e Ica, que no paralizaron sus actividades aunque estaban prohibidas por la ley.   

Veinte años después de la promulgación de la Ley de Promoción Agraria -recientemente derogada por el Congreso-, el exministro de Trabajo, Cristhian Sánchez, cree que no es necesario mantener los beneficios tributarios para este sector. “Siempre pudieron pagar los beneficios del régimen laboral general, más bien han estado acumulando ganancias a costa de los bajos salarios. En ningún país se compite pagando menos a los trabajadores, es una competencia espuria”, aseguró.

EN LA MIRA. Los especialistas consultados por OjoPúblico consideran que las agroexportadoras ya no deben contar con la reducción del Impuesto a la Renta. 

Foto: Camposol

Sánchez remarcó que el monto que dejaron de pagar las agroexportadoras en concepto de Impuesto a la Renta afectó seriamente la recaudación del Estado. “Luego, cuando los jubilados piden aumento, se les dice que no hay dinero. Ya sabemos quiénes no están pagando el dinero que no hay”, dijo. 

Por otro lado, el economista,  docente de la Universidad Pontificia Universidad Católica (PUCP) y exjefe de la Sunat, Luis Arias Minaya, consideró también que las exoneraciones no deben ser permanentes. “Se justifican si cumplieron su objetivo y promueven la equidad. Es decir, si benefician a los más pobres. En ese contexto, la exoneración es una tasa diferenciada para el sector agropecuario, pero en las actuales circunstancias ya no se justifica. No podemos hacer los beneficios permanentes”, explicó. 

Sobre la derogación de la Ley de Promoción Agraria, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) cuestionó la decisión e indicó, mediante un comunicado, que dicha norma “creó el marco regulatorio para el desarrollo formal del sector agrícola”. En ese sentido, dijeron que las empresas de su sector generaron 800 mil puestos de trabajo formal en inversiones superiores a los US$ 13 mil millones durante los últimos 20 años.

El economista Luis Arias Minaya consideró que las exoneraciones no deben ser permanentes".

Sin embargo, son las condiciones de ese trabajo las que impulsaron a miles de trabajadores a paralizar sus labores desde el lunes 30 de noviembre: reclamaban un incremento salarial (de los actuales S/39,19 pasar a S/70 diarios) y mejores condiciones. “No es un tema de S/ 70, con el perdón de las personas. El derecho al trabajo es un pacto social. Pero no puede darse sin que le importe que coma en un táper, comida fría. Eso no es digno. ¿Y , luego, todavía les preguntamos por qué bloquean la carretera?”, cuestionó el exministro. 

Por otra parte, el economista Arias Minaya considera que entre los puntos urgentes a corregir del régimen agrario sobresalen el uso de las services -que, en su opinión, deben eliminarse- e incluir la negociación colectiva. “Este tipo de negociación y la sindicalización son derechos internacionales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Existe en todos los sectores, no debería haber diferencia en el agro”, dijo.

¿Qué se debe mejorar?

En 2017, la población económicamente activa (PEA) ocupada agrícola era de 4 millones de personas. “La mayoría se autoempleadaba y solo 900 mil ganaban un sueldo porque trabajaban para un empleador. De este grupo, sin embargo, solo 270 mil estaban comprendidas en el régimen laboral agrario”, explicó el exministro Sánchez. 

En ese sentido, planteó que la nueva ley agraria debe estar centrada en los trabajadores que realizan labores agrícolas -aquellos que trabajan en los campos de cultivo- y no en los empleados que se dedican a darle valor agregado a los productos -labores que se realizan en las plantas-. “Estos últimos deben pasar al régimen general”, opinó. 

Si bien la naturaleza del trabajo agrícola es temporal, añadió, hay ejemplos internacionales de cómo respetar la estabilidad. Uno de estos es que si un trabajador labora en dos cosechas seguidas para un mismo empleador, este último estará obligado a llamarlo a laborar para sus próximas cosechas, con lo cual conseguirá la anhelada estabilidad.

El exministro Sánchez  planteó que la nueva ley agraria debe contemplar un seguro complementario de trabajo de riesgo".

“Ahí hay un derecho a la estabilidad [en otros países]. Acá no existe eso. Acá usted puede  trabajar en la actividad agrícola y pasarse 20 años siendo temporal y, cuando quiere formar un sindicato, el empleador no le renueva el contrato”, criticó Sánchez.

El exfuncionario precisó, asimismo, que la nueva ley agraria debe contemplar un seguro complementario de trabajo de riesgo, pues las labores en el campo ocasionan varios problemas de salud por las posturas repetitivas, exposición prolongada al sol y contacto con pesticidas, entre otros factores. Por último, para controlar la informalidad del sector, recomendó la creación de un registro nacional de trabajadores agrarios. 

Para el investigador principal del Grupo de Análisis Para el Desarrollo (Grade), Eduardo Zegarra, la Ley 27.360 fue innecesaria y permitió la vulneración de los derechos laborales de los agricultores. “Quizás [la norma] tuvo un sentido en el inicio, pero no debió de extenderse más allá de los cinco primeros años”, dijo a OjoPúblico.

Zegarra considera que la nueva propuesta de Ley de promoción del sector agrario debe eliminar los beneficios tributarios a las empresas agroexportadoras que tienen más de 100 trabajadores de manera inmediata; mientras que las de menor tamaño deberían tener este beneficio por cinco años y, después, alinearse al impuesto del 29,5% del régimen general.

Por su parte, el economista Arias dijo que otro de los puntos a revisar es el relacionado con el aporte del 4% a EsSalud, pues para el resto de empresas es del 9%. “Los exportadores agrarios también deben pagar 9%. No puede haber subsidio ni privilegio en eso”, afirmó. 

Al respecto, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli Aristondo, dijo en su cuenta de Twitter que a diciembre del 2019 los empleadores del sector agroexportación aportaron poco más S/ 220 millones al seguro social. Sin embargo, el uso de los servicios de salud de sus trabajadores equivale -en el mismo periodo- a más de S/ 578 millones. 

La funcionaria precisó que, debido a que los empresarios no aportaban el 9% como los demás empleadores, la diferencia debía ser cubierta por el resto de aportantes, lo cual perjudicaba la atención en general. “Por cada S/ 100 de aporte, los trabajadores del sector agrario consumen S/ 262”, precisó. Asimismo, explicó que, en la actualidad, EsSalud registra a 509.992 trabajadores dependientes del sector agroexportación, que pertenecen a 2.398 empresas, la mayoría de ellas localizadas en La Libertad, Piura, Ica, Lambayeque y Lima.