Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la economía del 90% de los países del mundo está enfrentando su mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial, debido a la crisis generada por la pandemia. Su impacto en la región incrementará la pobreza en un 37% y dejará a 44 millones de personas sin empleo.

Debido a esto, los gobiernos han previsto diversos planes económicos para ayudar a sus ciudadanos, y en países de América (Chile y Estados Unidos) y Europa (Reino Unido, Suecia y Suiza) se han diseñado planes para inyectar liquidez a las compañías con el fin de evitar su quiebra. En nuestro país, una de estas iniciativas es Reactiva Perú, que ofrece créditos avalados por el Estado, a tasas de interés mínima, con el objetivo de que mantengan su capital de trabajo y continúen con la cadena de pagos de empleados y proveedores.

El programa fue promulgado el 6 de abril, y contempla la entrega de préstamos que serán pagados en cuotas de 36 meses, con un periodo de gracia de un año. Son S/60 mil millones los fondos dispuestos en dos etapas. De acuerdo con el proceso, el Banco de Central de Reserva (BCR) subasta parte de este dinero de manera periódica entre las entidades financieras, en donde ganan las que ofrecen las tasas de interés más bajas.

Por su parte, antes de elegir a un beneficiario, los bancos y las cajas municipales deben evaluar a los solicitantes, no solo verificando las exclusiones en el marco del reglamento de Reactiva Perú, sino obedeciendo a las normas de prevención de lavado de dinero. Luego de ello, se envía la lista de elegidos a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), que es la que decide si otorga el aval del Estado. Recién entonces, las financieras solicitan los fondos adjudicados y los canalizan a las empresas.

Segunda fase, nuevas condiciones

El pasado viernes 17 se puso en marcha los desembolsos de la segunda fase de Reactiva Perú, con la aprobación de las primeras 45 mil garantías por parte de la Cofide, las mismas que serán canalizadas por los bancos en forma de créditos. Las subastas para esta segunda etapa se iniciaron el 30 de junio y hasta el 17 de julio se habían colocado S/20.541 millones de los S/30.000 millones disponibles, a una tasa de interés promedio de 1,6%.

Los datos alojados en la página web del BCR permiten conocer que el 57% del monto ofertado a la fecha corresponde a los créditos más pequeños, destinados a las Micro y Pequeñas empresas (Mypes). Una situación diferente a lo que sucedió al principio de la primera fase, donde apenas el 12,2% de los subastado correspondía a los negocios más pequeños.

A través de un comunicado público, el director de Mercados Financiero y Previsional Privado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Graham, dijo que este bloque de créditos cumple con los nuevos requisitos. “Incluyen las coordinaciones con la Procuraduría para implementar los mecanismos de identificación de las empresas bajo investigación por corrupción y delitos conexos, y la implementación de un Sistema de Atención de Denuncias en Cofide relacionadas con incumplimientos en el programa”, señaló.

Graham se refiere a los cambios hechos por el Ejecutivo al reglamento de Reactiva Perú, luego que OjoPúblico revelara que el 71% del valor de los créditos fueron entregados a grandes empresas , así como a 14 compañías bajo sospecha de las autoridades por casos de defraudación tributaria, lavado de dinero y corrupción. Entre junio y julio se hicieron precisiones textuales a los filtros que deben aplicar los bancos para no beneficiar a empresas –o sus representantes– procesados o condenados por estos delitos.

Actualmente, el marco legal del programa está conformado por un paquete de 18 resoluciones ministeriales, circulares, decretos supremos y legislativos, emitidos para complementar la norma inicial. Ocho de ellos tuvieron como objetivo corregir o aclarar la aplicación de la garantía estatal, definir las instancias encargadas de aprobar un trámite determinado, señalar responsabilidades, o afinar los requisitos y condiciones para ser beneficiario.

El primer cambio en Reactiva Perú lo realizó el MEF a través del Decreto Legislativo 1457, seis días después de su promulgación. Esta norma modificó varios de sus artículos. Por ejemplo, el original decía que el Estado retiraba su aval en caso se detecte que la persona jurídica o natural había conseguido el préstamo gracias a documentación falsa. Sin embargo, en la variación, se indica que la anulación de la garantía solo ocurriría si se confirma que el banco es responsable de la falla.

Otra modificación importante en la norma original es la referida a la prohibición de dar estos préstamos a empresas que tengan vínculos corporativos con entidades bancarias. Esta relación se presenta principalmente en grupos económicos que tienen inversiones en diferentes rubros. Pero el MEF lo cambió para permitir que estas compañías sí puedan acceder a un crédito siempre que acudan a una entidad financiera diferente a la su mismo conglomerado, tal y como ha sucedido.

¿Quiénes se beneficiaron en la primera fase?

Si bien los desembolsos de la primera fase de Reactiva Perú iniciaron el 5 de mayo, hasta el 10 de julio todavía no se habían entregado la totalidad de los S/30 mil millones dispuestos para dicha etapa. Hasta esa fecha, los bancos habían canalizado préstamos por S/ 28.140 millones, quedando por concretar un 6% de lo dispuesto por el Ejecutivo. El BCR terminó de subastar dichos fondos el 11 de junio, pero el monto restante se encontraba pendiente de aprobación en la Cofide o en las entidades financieras.

OjoPúblico obtuvo el detalle de la distribución de estos fondos hasta el cierre de junio, fecha en que los beneficiados por Reactiva Perú se contabilizaban en 83.877. De este total, el 91,1% de los que accedieron a un crédito eran Mypes, pero el grueso de los fondos (64,8%) se concentraron en la gran empresa. Una tendencia similar a la que identificó este medio cuando el MEF liberó la lista de las 71 mil empresas favorecidas hasta fines de mayo, y donde nueve de cada diez empresas eran Mypes, pero el 71% del dinero estaba en manos de grandes empresas.

Tras profundizar en base de datos, identificamos 228 empresas que forman parte de 78 grupos económicos que tienen inversiones en diferentes sectores. Algunas de ellas ya han sido analizadas por este medio, como es el caso de Intercorp y su dueño Carlos Rodríguez Pastor, y de las clínicas del Grupo San Pablo; pero hay otros conglomerados que lideran el mercado y también aparecen en la relación de créditos obtenidos.

La concentración de fondos en las grandes empresas se debe a que las normas de Reactiva Perú indican que el monto al que se puede acceder está directamente relacionado al tamaño del negocio. En la primera fase, todos podían solicitar una suma similar a su facturación mensual, pero con el Decreto Supremo 124-2020 se amplió la disponibilidad de recibir fondos equivalentes a tres meses de ventas. En el caso de las microempresas, esto puede ser canjeado por la suma de dos meses de deuda.

En el último reporte de inflación, el BCR informó que -hasta fines de mayo- Reactiva Perú ayudó a compañías que generaban 1,8 millones de puestos de trabajo antes de la cuarentena, una cifra que representa el 49,5% del empleo formal en el sector privado. De acuerdo al informe, ello permitió “sostener la cadena de pagos y evitar que cayeran los préstamos en sectores intensivos en mano de obra (servicios y comercio)”.

El documento destaca que detrás de esta cifra de empleo están principalmente las grandes empresas, pues son las que registran el 55% del total de empleos mencionados; a diferencia de las Mypes beneficiadas, cuyo número de trabajadores representa el 19%. Sin embargo, la data no permite afirmar que estos fueron los puestos de trabajo salvados por Reactiva Perú, pues corresponde a las planillas declaradas por compañías hasta enero pasado.

Según, los reportes de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), es recién entre marzo y abril que se empieza a reflejar la reducción de personal en las empresas. Precisamente, estas empezaron a acceder al programa de créditos con aval del Estado en mayo, cuando ya contaban con menos empleados.

Mypes históricamente relegadas

En su informe mensual, el BCR destaca que otro de los efectos de Reactiva Perú fue el mayor acceso a créditos en el sector privado, algo que en un contexto de crisis como la actual hubiera significado una caída del 0,8%. Este cambio se evidencia principalmente porque las Mypes han estado históricamente relegadas de los créditos bancarios, debido a las altas tasas de interés. 

Las tarifas que les cobran por recargo mensual llega en promedio a un 33%, por lo que cada vez que estos negocios, formales, pero de menor envergadura, necesitan financiamiento acuden a las cajas municipales o prestamistas. Con el programa estatal, los intereses para las Mypes bajaron entre el 3% y 7%.

Pero ¿cuántos y quiénes necesitaban Reactiva? Hasta el 2017, el Ministerio de la Producción tenía registrados en todo el Perú a 1.8 millones de Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) formales y a 9.245 grandes compañías. En base a este universo, el programa de créditos estatales alcanzó a cubrir el 3,9% de los negocios más pequeños y al 63% de las más grandes que operan en el país.

Las empresas de mayor envergadura dan trabajo a 100 o más trabajadores; a diferencia de las microempresas que cuentan con uno a diez empleados en sus filas. Sin embargo, estas últimas han sido las más golpeadas por la crisis del Covid-19 entre abril y junio, según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El informe señala que, solo en Lima, se perdieron el 65% de puestos de trabajo en las microempresas, un porcentaje que representa a 1,9 millones de personas desempleadas. Los datos indican que en las compañías que mantienen entre 11 y 50 trabajadores la reducción laboral alcanzó el 51% (221 mil trabajadores) y en las empresas con mayor número de empleados la pérdida fue del 36,5% (560 mil).

La última modificación al paquete normativo de Reactiva Perú detalla las prohibiciones respecto al uso de los fondos, por ejemplo, el dinero no puede ser destinado a cancelar la misma deuda que se genera al acceder al programa. La empresa beneficiaria tampoco puede prepagar otros préstamos bancarios antes de cumplir con esta obligación, ni distribuir entre sus accionistas dividendos ni aprobar y/o repartir utilidades durante la vigencia de los préstamos.

También se establece que la compañía que recibe un crédito no puede adquirir activos fijos, ni comprar acciones, bonos o hacer aporte de capital mientras sean deudores del plan. La norma, sin embargo, sigue dejando una interpretación amplia sobre la posibilidad de que estas sí puedan acogerse a otro tipo de apoyos estatales o subsidios y, aún así, aplicar despidos masivos o incumplir pagos a proveedores.

La recepción de solicitudes para acogerse al programa vence el 30 de septiembre. Luego de que se terminen de desembolsar los fondos, la Cofide iniciará la inspección aleatoria para saber si los recursos fueron empleados para los fines previstos.