INVESTIGADO. Según el ente supervisor, el Banco de Crédito del Perú cometió cuatro infracciones asociadas al registro de operaciones bancarias y a la prevención del lavado.
El Banco de Crédito del Perú (BCP), principal entidad bancaria a nivel nacional, cometió cuatro infracciones vinculadas a deficiencias en la prevención del lavado de dinero y en el registro de las operaciones bancarias ocurridas durante las campañas presidenciales de los años 2011 y 2016, según un proceso administrativo sancionador iniciado este mes por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS).
Según el ente supervisor, durante dichas campañas electorales, el BCP emitió alertas antilavado basados en análisis que carecían de "constancia documental". Además, entre noviembre de 2010 y septiembre de 2019, este banco omitió y cometió errores en "el registro de algunas operaciones". Las normas antilavado precisan que el denominado Registro de Operaciones debe incluir todos los movimientos iguales o mayores a los US$10 mil.
En 2019, Dionisio Romero, entonces director del BCP, reveló que aportó más de US$3 millones a las campañas de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.
El proceso administrativo sancionador también señala que el BCP no conservó de manera "precisa y completa" el Registro de Operaciones antes mencionado, y presentó deficiencias "en el registro contable de operaciones de terceros" en el periodo de noviembre de 2010 a septiembre de 2019. La investigación de la SBS incluye al BCP, Pacífico Seguros y Mibanco, que pertenecen al Grupo Credicorp de la familia peruana Romero.
El inicio de la investigación se basa en las conclusiones del Grupo de Trabajo Ad Hoc, que fue creado por la SBS en noviembre del año pasado para "investigar y evaluar" el rol del BCP y las otras dos subsidiarias del Grupo Credicorp en "los aportes efectuados a campañas electorales presidenciales". Dicho mes, Dionisio Romero, entonces director del BCP, reveló a la Fiscalía que aportó más de US$3 millones a la campaña de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.
La SBS comunció al BCP sobre el inicio del proceso administrativo el pasado 5 de agosto. Ese mismo día, este banco emitió un aviso sobre el procedimiento ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). El documento que registra este hecho de importancia es firmado por Miriam Böttger Egg, representante bursátil y gerente de Secretaría General del BCP.
GRUPO AD HOC. Proceso nace de una investigación sobre el rol del Banco de Crédito y otras empresas del Grupo Credicorp en los aportes de campaña.
Documento: Superintendencia del Mercado de Valores
El inicio de la investigación además ocurre un mes después de que OjoPúblico, en el marco de la investigación Dineroleaks, revelara que la SBS solo ha emitido tres sanciones contra el BCP en casi dos décadas. Estas tres sanciones forman parte de las únicas 15 multas impuestas contra bancos por la SBS por un total de US$530 mil, por infracciones antilavado entre 2002 y febrero del 2020.
Las tres sanciones previas contra el BCP fueron por no implementar adecuadamente el manual de prevención del lavado de dinero; omitir el reporte de alrededor de 300 operaciones que superaron los US$10 mil; y no verificar si sus sucursales en el exterior cumplías las normas antilavado. La multa acumulada de estas tres infracciones alcanzó los S/196 mil, según las resoluciones de la SBS.
En el marco del caso Lava Jato, OjoPúblico también alertó sobre el rol de un segundo banco peruano en los aportes irregulares a Keiko Fujimori: el Scotiabank. El aporte de US$1 millón de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular de 2011 fue canalizado a través de esta entidad bancaria, según reveló Dineroleaks en base a documentos de la Fiscalía.
En casi 20 años, el BCP solo ha sido sancionado tres veces por la SBS por deficiencias antilavado.
Dos años después de estos aportes, en 2013, la SBS concluyó que el Scotiabank cometió "deficiencias en el Registro de Operaciones (RO)" e incumplió "aspectos establecidos [...] en la Prevención del Lavado de Activos" en el mes de agosto de 2011, poco después de culminada la campaña electoral, aunque sin brindar más detalles. La multa por esta infracción ascendió a alrededor de US$30 mil.