Un grupo de grandes empresas está a la expectativa del fallo que emitirá este martes el Tribunal Constitucional (TC) en torno a la aplicación del Decreto Legislativo 1421, pues de ser anulado, el Estado perdería la opción de exigirles el pago de S/11 mil millones en impuestos. OjoPúblico ha expuesto en artículos anteriores los intereses detrás de esta demanda de inconstitucionalidad, y esta vez detallamos las 158 compañías que podrán beneficiarse con la medida.

Este medio accedió a dos listas de empresas que litigaron el pago de sus obligaciones tributarias. La primera de ellas la conforman 26 compañías que piden la prescripción de las deudas que se mantienen en discusión en la Sunat, Tribunal Fiscal o Poder Judicial, alegando que ya transcurrió el tiempo necesario para ser cobradas.

La segunda lista la integran 132 empresas que también llevaron sus controversias a sede administrativa o judicial, por no estar de acuerdo con los montos exigidos, pero que son un poco más recientes y no pueden alegar, todavía, la caducidad de los plazos de cobro.

Precisamente, el D.L 1421, sobre el que el Tribunal Constitucional se pronunciará, fue promulgada el 2018 con el fin de aclarar que el plazo para realizar las labores de fiscalización, sanción y cobro de deudas tributarias no se contabilizan de manera lineal. Pues los 4 años de tiempo que tiene la Sunat para exigir los pagos, se cuentan desde que la infracción ha sido fijada y notificada.

Las empresas, y los que impulsan la inconstitucionalidad de dicho decreto, sostienen lo contrario. Ellos señalan que el periodo de 4 años empieza a correr desde que se inicia la inspección. De ser aprobada la demanda, el primero en beneficiarse será el grupo de 26 compañías que ya están alegando la prescripción. El segundo grupo, de 132, podrán plegarse a esta nueva interpretación cuando sus procesos avancen.

Las compañías que piden la prescripción

La información obtenida por OjoPúblico consta en los archivos de la Intendencia de Principales Contribuyentes de la Sunat. Corresponde a empresas que operan en Lima y que son líderes en los sectores minería, banca, transporte, alimentos, salud, entre otros, y concentran S/9.256 millones de los impuestos que el Estado no puede cobrar. Las 26 compañías que han pedido acogerse a la prescripción acumulan controversias fiscales por S/3 mil 209 millones.

En este grupo, la mayor deudora es Minas Buenaventura, con S/2 mil 83 millones en litigio. Esta productora de oro, plata y cobre es propiedad de Roque Benavides, el expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), un gremio que no ha escondido su oposición al decreto 1421.

Incluso el 23 enero del 2019, cuando todavía estaba en el cargo, una de sus representantes acudió al Congreso para pedir su anulación. Se trata de Lourdes Chau, socia de PriceWaterhouseCoopers (PWC), una de las cuatro firmas de auditoría fiscal más grandes del mundo, quien participó a nombre de la Confiep en la sesión del Grupo de Control Constitucional, que encabezó el entonces congresista Miguel Torres.

Roque Benavides realizó la transferencia del cargo el 30 de abril, pero ni su gremio ni Buenaventura transparentaron el conflicto de intereses que tenían al cuestionar la norma mencionada. Pese a las gestiones, no lograron que el Legislativo anule el decreto, por lo que su última opción es el Tribunal Constitucional.

Otras mineras identificadas en este grupo son la productora de cobre Southern Copper, que pertenece al millonario Grupo México, y cuyo proyecto Tía María ha generado conflictos sociales en Arequipa; y Laytaruma, productora de oro gerenciada por José Manuel Zegarra Freund.

La segunda mayor deudora es la multinacional de capitales chilenos, Latam Airlines, que busca la prescripción de S/332 millones en impuestos, y tiene otros S/18 millones en litigio. El 2016 la Sunat informó al Congreso que la aerolínea tenía más obligaciones fiscales pendientes, pero ésta envió un comunicado asegurando que dichos montos no pueden ser considerados deuda exigible hasta que culmine su revisión en instancias administrativas. 

INTERESES. Roque Benavides fue presidente de la Confiep cuando el gremio acudió al Congreso para pedir la nulidad del D.L 1421, una norma que afecta a su empresa: Minas Buenaventura.

Foto: Andina

Este es el argumento que emplean las empresas para referirse a las obligaciones impagas que detecta y notifica la Sunat, luego de una fiscalización. En la jerga fiscal se les denomina reparos tributarios. No lo llaman deuda hasta que se confirma en última instancia, la cual puede extenderse hasta la vía judicial.

La tercera compañía mencionada es Telefónica; la firma española que pide borrar la exigencia de S/301 millones y mantiene controversias en trámite por otros S/57 millones. Otra empresa que pide la anulación de sus causas tributarias es la constructora brasileña Odebrecht, investigada en el marco del caso Lava Jato por el pago de sobornos para adjudicarse obras públicas, y que busca prescribir S/62 millones en impuestos. 

La lista incluye a dos bancos: Pichincha, miembro de uno de los principales grupos financieros de Ecuador; Interbank, la compañía emblema del conglomerado Intercorp que dirige el millonario peruano Carlos Rodríguez Pastor. A estas se suman la Clínica Ricardo Palma, que tiene el 50% de sus acciones en manos del grupo español Quirónsalud y registra una facturación anual de US$ 100 millones.

Otras 132 empresas con controversias

Las otras 132 compañías mantienen sus deudas en litigio en la Sunat, Tribunal Fiscal o Poder Judicial, por un total de S/6 mil 47 millones, pero aún no han pedido, de manera expresa, acogerse  a la prescripción; o les falta más tiempo en el proceso para invocar esa figura.

De ellas, la que concentra la deuda más alta es Scotiabank: con S/1.076 millones en impuestos que el Estado no puede cobrar hasta que concluyan los procesos administrativos en los que se encuentra.

La sede chilena de esta entidad financiera tiene como vicepresidente ejecutivo a Francisco Sardón de Taboada, hermano de José Luis Sardón, uno de los magistrados del Tribunal Constitucional que resolverá la causa el martes. En una demanda constitucional anterior, que también involucró a Scotiabank, Sardón pidió abstenerse, pero en este caso todavía no ha presentado una solicitud similar.

En este grupo encontramos a otras 19 mineras que, según la Sunat, adeudan un total de 2 mil 933 millones. Como Antapaccay, propiedad de la gigante suiza Glencore, y protagonista de un conflicto latente con los habitantes de Espinar, en la región Cusco, quienes reclaman la consulta previa en la ampliación de su proyecto Coroccohuayco. 

También está el proyecto Las Bambas, de la corporación china MMG; la Sociedad Minera Cerro Verde; la misma Glencore y su proyecto Los Quenuales, Volcan Compañía Minera, y otras más.

El sector educación tiene cinco centros de estudio que apelaron sus tributos y los mantienen en litigio por un total de S/306 millones, y son la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Inca Garcilaso de la Vega, Universidad Tecnológica del Perú, ESAN y la Universidad San Ignacio de Loyola. El dueño de esta última es el empresario y político Raúl Diez Canseco.

Otras empresas conocidas son la tienda por departamentos de capitales chilenos, Saga Falabella; la filial de la multinacional belga AB InBev, Backus y Johnston, que concentra el mercado de la cerveza; y Gloria, la segunda empresa nacional que controla el sector alimentos.

Reactiva Perú

En ambas listas, llama la atención que un total de 45 firmas deudoras accedieron a Reactiva Perú, el programa creado para facilitar liquidez a los sectores más golpeados por la pandemia.

Una de las condiciones del plan estatal es no otorgar préstamos a las compañías que tengan deudas coactivas vigentes en la Sunat, por montos mayores a los S/4.300 (US$1.228). Sin embargo, como sus millonarias controversias están en curso, la prohibición no les aplica.

Por ejemplo, a la líder del sector alimentos, Alicorp, del Grupo Romero; y la productora de carne de aves, San Fernando. Así como la tienda por departamentos Ripley y la embotelladora Lindley, autorizada a comercializar las bebidas gaseosas Inca Kola y Coca Cola. El grupo constructor Unión Andina de Cementos (Unacem), de la familia Rizo Patrón; y la empresa de transporte Dinet, del Grupo Sandoval. Todas ellas recibieron préstamos de S/10 millones. 

Proceso sin cliente

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el Colegio de Abogados de La Libertad en febrero del 2019, y tuvo su más importante audiencia el pasado 29 de noviembre, en la denominada vista de la causa. Ese día fue la última oportunidad para que los abogados de ambas partes puedan exponer sus argumentos ante los magistrados del tribunal.

En representación del demandante acudió Silvia Muñoz, socia del Estudio Gálvez & Dolorier, sin embargo, no le notificaron a su cliente el día en qué sería la audiencia ni coordinó con ellos el sustento de su exposición. Carlos Gonzáles, vicedecano de este colegio profesional, indicó a OjoPúblico que recién hace un mes se enteraron de estos hechos y han iniciado una investigación interna.

SOCIOS. José Gávez y Silvia Muñoz, del Estudio Gálvez & Dolorier, representan al Colegio de Abogados de la Libertad en esta demanda. Pero actuaron de manera individual en la última audiencia ante el TC.

Foto: Estudio G & D

“El mencionado estudio de abogados no cuenta con una carta poder, solo tienen la representación procesal, pero no quisiera adelantar opinión hasta que terminemos de indagar lo que sucedió. Lo que sí podemos confirmar es que la actual Junta Directiva acordó desistir de la demanda. Analizamos el caso con nuestros expertos y confirmamos que un reducido grupo de empresas se beneficiará con el fallo, no la mayoría de ciudadanos. El tema es: ¿Se ha usado a este colegio?, ¿Por qué no fueron a otro? Todo eso estamos investigando” comentó. 

De acuerdo a la jurisprudencia del tribunal, el desistimiento no procede en acciones de inconstitucionalidad, pues se entiende que hay un interés público que debe ser protegido. Cabe recordar que el Colegio de Abogados de La Libertad inició la demanda junto a una abogada agremiada de su institución, Martha Bringas Gómez.

Ella conocía a José Gálvez Rosasco, socio del Estudio Gálvez & Dolorier, y decidieron unirse en el caso. Este es uno de los bufetes de abogados más grandes del Perú, especializado en derecho tributario y laboral, y entre sus clientes también hay empresas que mantienen controversias tributarias con el Estado, como lo señaló el mismo Gálvez en una nota anterior.

El pasado 4 de agosto, el decano de este colegio profesional, Marco Moreno, recibió el Informe 02-2020 de su Oficina de Contabilidad, donde confirman que no existen pagos realizados a la abogada Muñoz ni a su estudio. Tampoco se encontraron gastos canalizados por terceros para sustentar la inversión que conlleva impulsar una demanda como esta, por lo que se desconoce cuál fue la fuente de financiamiento.

OjoPúblico se comunicó con la firma legal y pidió contactarse con Muñoz y Rosasco, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta. Sin embargo, a través de otros canales de comunicación, esta indicó que su apoyo técnico en el proceso es gratuito.