El empresario peruano Juan Moisés Yi Lee (67), integrante del conglomerado que controla los casinos Wan Wha y Bingo Palace, aportó más de S/138 mil a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), para la campaña de segunda vuelta de Keiko Fujimori Higuchi. El aporte de Yi Lee fue realizado el mismo día y por el mismo monto que su madre Sil Yok Lee, quien es investigada por presunto lavado de dinero por el Equipo Especial ‘Lava Jato’. 

El 2 de junio de 2011, madre e hijo aportaron S/138.850 cada uno, según el reporte financiero presentado por el partido fujimorista a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Actualmente, Sil Yok es sospechosa de colaborar en el lavado del dinero entregado por la constructora brasileña Odebrecht; mientras que Juan Yi está citado para declarar ante el fiscal José Domingo Pérez Gómez el próximo 27 de enero.

APORTES. Fuerza 2011 registró los aportes de Sil Yok Lee y Juan Yi Lee -ambos por S/138 mil- el 2 de junio de 2011. El Ministerio Público asegura que la aportante fue colaboradora en el esquema de lavado de dinero de Odebrecht.

Documento: La Ley

Yi Lee es hijo de los ciudadanos de ascendencia china Sil Yok Lee y An Chion Yi, además de medio hermano de Luis Lam Lee, personaje clave en el grupo del sector de casinos. Desde 1975, Juan Yi ha ocupado diversos cargos gerenciales en por lo menos seis empresas del grupo empresarial y familiar Lee, que controla las salas Wan Wha en el Callao y Bingo Palace en Surco. 

El último sábado, OjoPúblico detectó un local inhabitado que está registrado como domicilio fiscal por nueve empresas de este grupo familiar; aumentos millonarios de capital de una de sus principales compañías; y vínculos de sus socios con cuatro offshore en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, administradas por el estudio de abogados Mossack Fonseca.

LOCAL. Nueve empresas del grupo familia de Sil Yok Lee y Juan Yi Lee registraron como domicilio fiscal este inmueble que, a la fecha, está inhabitado.

Foto: OjoPúblico / Ernesto Cabral

Las investigaciones del Equipo Especial ‘Lava Jato’ alcanzan a un sector considerado de riesgo para el lavado de dinero en el Perú, según organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Hasta noviembre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado cerca de US$215 millones en operaciones sospechosas dentro de este sector, que involucran a 15 empresas y 26 empresarios casineros.

De Lima a Miami

Juan Yi Lee inició su participación en el grupo familiar con la fundación en 1975 de Wan Wha y en 1996 de Consorcio Palace (hoy, ambas dadas de baja). Desde ese entonces, el empresario también ha ejercido la gerencia general de las compañías familiares Inmobiliaria Poas, entre 2005 y 2009, y Coral Investment, entre 2010 y 2013. Yi Lee incluso es apoderado de Inversiones Durika, administrador del Bingo Palace, desde septiembre de 2011.

El financista fujimorista es además gerente desde 2006 de Navi International, una empresa fundada por su hermano Enrique Alberto Yi Lee (66). Esta empresa registró su domicilio ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en el mismo local que otras ocho empresas de la familia Lee, ubicado al frente de la sala de juegos Bingo Palace.

MIAMI. Camioneta con el logo de Navi International estacionada en frente de un local registrado a nombre de Enrique y Katherine Yi, en Florida.

Foto: OjoPúblico / Ernesto Cabral

OjoPúblico detectó una empresa del mismo nombre registrada desde 2002 en el estado de Florida, en Estados Unidos, por una persona identificada como Iván Muñoz. Desde 2007, Katherine Vanessa Yi Yi Choy -sobrina del empresario Juan Yi- accedió al directorio de esta compañía con solo 25 años. A la fecha, ella comparte el cargo junto con su padre Enrique Yi, y registran un local en la ciudad de Doral, en Miami.

Navi International en Miami ha exportado bienes al Perú por cerca de US$9 millones en diferente rubros desde enero de 2012, y de estos un total de US$69 mil corresponden a máquinas tragamonedas y sus accesorios. Entre las compradoras de estos equipos destinados a salas de juego están dos empresas peruanas del grupo familiar Lee: Coral Investment (US$62 mil) y Coral Technology (US$7 mil).

OjoPúblico intentó contactarse, nuevamente, con Juan Moisés Yi Lee o algún representante del conglomerado económico alrededor de los casinos Wan Wha y Bingo Palace, a través de llamadas telefónica a sus principales negocios. Sin embargo, al cierre de edición, no recibimos respuesta.

Riesgos de lavado en el sector

Además de Sil Yok Lee y su hijo, el Equipo Especial ‘Lava Jato’ ha puesto bajo sospecha al empresario José Sam Yuen, uno de los líderes visibles del conglomerado comercial Samcorp, que es dueño de los casinos Golden Palace y Hacienda, así como las salas de máquinas tragamonedas Tropicana, Copacabana y Silver Moon, entre otras. El diario La República informó que, según la fiscalía, este empresario reclutó a 11 falsos aportantes. 

En ambos casos, las investigaciones del Equipo Especial ‘Lava Jato’ han alcanzado a un sector considerado de riesgo para el lavado de dinero. Gafilat, ente supervisor a nivel regional de la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, asegura que el sector de salas de juego en el Perú es un sector crítico por “el contexto geográfico del país, la alta informalidad económica, las amenazas como la corrupción” y otros riesgos asociados.

INVESTIGADO. El empresario José Sam Yuen (derecha), uno de los líderes del grupo Samcorp que administra diferentes casinos y salas tragamonedas, es sospechoso de reclutar falsos aportantes para la campaña de Fuerza Popular, según la Fiscalía. 

Foto: Samcorp

Hasta noviembre de 2019, la UIF ha detectado operaciones sospechosas por más de US$214 millones, vinculadas a casinos y tragamonedas. Las cifras oficiales de esta entidad adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) precisa que este monto fue determinado a través de 20 informes, que involucran a 15 compañías del sector, y a 26 socios o directores de alguna empresa del rubro. 

A pesar de estas cifras, los dueños de los casinos y salas de máquinas tragamonedas “aún no han comprendido de forma integral los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los que se encuentran expuestos”, según señala la última evaluación realizada por Gafilat al Perú. “El sector casinos se considera de bajo riesgo [...] lo cual no parece consistente con el elevado manejo de efectivo”, explicó el ente regional.

ALERTA. Tras su visita al Perú, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica concluyó que los casinos en territorio peruano "no han comprendido" los riesgos de lavado de dinero en su sector, sobre todo por el elevado uso de dinero en efectivo.

Foto: Casino Wan Wha

El informe de la evaluación al Perú, que fue publicado en febrero de 2019, además detectó deficiencias de los casinos en la debida diligencia para conocer a algunos de sus clientes en zonas geográficas de difícil acceso; manuales de prevención de lavado de dinero que no reflejan los riesgos específicos del sector, sobre todo en zonas geográficas de mayores amenazas; y falencias “en la identificación e implementación de factores de riesgo”.

Finalmente, Gafilat concluyó que los casinos y tragamonedas han emitido pocos reportes de operaciones sospechosas (ROS). Según cifras de la UIF, este sector ha emitido 181 ROS desde el 2009 hasta el año pasado, que involucran un total de US$64 mil. Sin embargo, la entidad supervisora solo utilizó cinco de estos reportes para elaborar informes de inteligencia, de acuerdo a las precisiones de la propia institución al ser consultada por OjoPúblico.

Los casinos y el fujimorismo

La vinculación entre el fujimorismo y el sector de casinos y tragamonedas se remonta por lo menos a 1999. Aquel año, el expresidente Alberto Fujimori promulgó una ley que impuso un impuesto específico del 12% de la ganancia bruta mensual de estos negocios; es decir, la diferencia entre el ingreso neto de cada mes y los gastos por mantenimiento de sus equipos y medios de juego. Sin embargo, el mismo año, Fujimori inafectó a este sector del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

En cuanto al primer tributo, la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo determinó que el Estado peruano recaudó más de S/310 millones en el año 2019. Hoy, esta dirección supervisa a 17 casinos y 732 salas de tragamonedas a nivel nacional, que son administradas por 329 operadoras en todo el país, según información oficial del sector entregada a OjoPúblico. 

Debido a la inafectación del IGV, en cambio, el Ministerio de Economía y Finanzas ha calculado que el sector de los juegos de azar y apuestas (loterías, bingos, rifas, sorteos y eventos hípicos) ha dejado de pagar anualmente alrededor de S/400 millones desde 2017. Para el año 2020, el Marco Macroeconómico Multianual proyecta que el Estado peruano dejará de recaudar el 0,05 del Producto Bruto Interno (PBI), alrededor de S/420 millones.

En cuanto al ISC, el gobierno de Martín Vizcarra incluyó a este sector en su ámbito de aplicación, a través de un decreto legislativo en 2018. El Ejecutivo precisó que este impuesto combate la ludopatía, y que es calculado en base al ingreso neto mensual de cada máquina tragamoneda o mesa de juegos de casino. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que la medida implicará una recaudación anual de S/135 millones. 

IMPULSOR. El congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, impulsó la derogatoria del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para los casinos, alegando que el tributo afecta las ganancias de los negocios y la carga fiscal no es trasladada a los consumidores.

Foto: Andina

Sin embargo, Fuerza Popular y el Partido Aprista aprobaron un dictamen en la Comisión de Constitución del Congreso para derogar la aplicación del ISC a los casinos, alegando que el impuesto afecta las ganancias de los negocios, y no traslada la carga fiscal a sus consumidores, como exige la naturaleza de este tributo; es decir, que es asumido por la empresa y no por los clientes, como ocurre con el aumento del precio de los cigarros. 

El principal promotor de la derogatoria del ISC para los casinos fue el entonces congresista fujimorista Miguel Torres Morales. Sin embargo, OjoPúblico y otros medios informaron los vínculos del legislador con el estudio de abogados Torres y Torres Lara hasta 2016, que defiende a importantes negocios del sector de juegos de azar. Hasta el momento, el dictamen está a la espera de ser revisado por el Pleno del Congreso elegido el próximo 26 de enero.