LATINOAMÉRICA. El Tax Justice Network organizó, por primera vez, su conferencia anual sobre desigualdad e injusticia fiscal en el Perú.
Una nueva filtración del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca ha vuelto a exponer hoy secretos del mundo offshore vinculados a poderosos personajes como el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev; famosos como el joyero francés Pierre Cartier y el astro del fútbol Lionel Messi; millonarios como el inversor ruso Vitaly Malkin; e incluso empresarios peruanos. Sin embargo, la importancia de esta nueva entrega de documentos radica en que revela el desorden en el manejo de la información y otras irregularidades en los procedimientos de este bufete gestor de empresas en paraísos fiscales de todo el mundo.
En este contexto, Ojo-Publico.com publica una entrevista exclusiva a Alex Cobham, director del Tax Justice Network, entidad encargada de elaborar cada año el reconocido ranking de los principales paraísos fiscales.
Cobham explica las amenazas del alto secretismo financiero de jurisdicciones como Islas Vírgenes, Suiza e incluso Estados Unidos en el desarrollo económico y los derechos humanos de los ciudadanos de países como el Perú. Esta conversación tuvo lugar días antes de la nueva filtración, durante la conferencia anual del Tax Justice Network sobre desigualdad e injusticia fiscal, organizada por primera vez en nuestro país con la colaboración de Latindadd y la Fundación Friedrich Ebert.
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El debate fiscal ha puesto mucho énfasis en los flujos financieros ilícitos desde África hacia otras jurisdicciones offshore, pero poco se ha discutido sobre Latinoamérica. ¿Cuál es la evaluación del TJN sobre nuestra región?
África y Latinoamérica comparten dos problemas: el proceso de elusión de impuestos de las grandes empresas y la evasión offshore de la gente más rica. La diferencia es que aquí el nivel de desigualdad es más alto que en otras regiones, lo cual provoca que el problema tributario empeore. Los más ricos de Latinoamérica son los responsables del grueso de la evasión offshore. Desde el TJN hemos propuesto políticas internacionales para reducir estas dificultades, pero sólo funcionan si hay un deseo de cambio a nivel nacional. En este contexto, la labor del periodismo para comunicar este debate a la gente es muy importante.
Tras la publicación de las investigaciones Panama Papers y Paradise Papers, ¿ha cambiado el rol de los países de Latinoamérica en el debate fiscal internacional?
Hay dos grupos importantes en este debate. Uno es el G77, conformado por países en vías de desarrollo, donde los Estados africanos han reclamado con más fuerza la necesidad de cambios. El otro es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo progreso no es suficiente para los países más pobres. Latinoamérica aún no está comprometida con el debate fiscal. Aunque países en la región como Ecuador han liderado la discusión durante un par de años, aún es poco en comparación con el movimiento africano.
FILTRACIÓN. La investigación Panama Papers, que reveló millones de documentos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, marcó un cambio crucial en el debate fiscal internacional.
Imagen: ICIJ
¿Los países africanos ingresaron al debate como un solo bloque?
Sí. La decisión más importante fue impulsar un Panel de Alto Nivel en las Naciones Unidas, gracias al esfuerzo de muchos años por parte de diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (Uneca) y la Unión Africana. Los resultados sentaron las bases para una serie de lineamientos de desarrollo sostenible, que incluyen la reducción de los flujos financieros ilícitos. Necesitamos que dos o tres gobiernos de Latinoamérica impulsen el mismo trabajo aquí.
Usted ha mencionado en diferentes oportunidades que la OCDE no es un espacio adecuado para impulsar reformas fiscales globales. ¿Sería un retroceso en materia tributaria que el Perú ingrese a esta organización?
Siempre hemos dicho que la OCDE no puede ser representante de todos los Estados, porque es un club de socios de los países más ricos. Tampoco tiene el nivel de transparencia que demuestran los procesos de las Naciones Unidas. La OCDE tiene que seguir mejorando y estamos en un momento en que países con otras prioridades y con gran presencia de multinacionales en sus territorios, como Perú, tienen la oportunidad de ingresar a esta organización. La OCDE nunca va a ser una organización perfecta, pero siempre hay posibilidad de mejora, sobre todo si hay más miembros de África y Latinoamérica.
Estados Unidos ocupa el segundo lugar en el ranking de paraísos fiscales elaborado por el TJN y es hogar de jurisdicciones como Nevada, uno de los destinos offshore preferidos por los capitales peruanos según los Panama Papers. ¿Cuál es la responsabilidad de Estados Unidos sobre los flujos financieros ilícitos en Latinoamérica?
Estados Unidos es la amenaza más grande del mundo de los secretos financieros. Este país está escalando en nuestra lista porque ha empeorado en los últimos años. Actualmente es el lugar perfecto para ocultar dinero porque nunca van a otorgar información a nadie. Desde el TJN estamos impulsando un movimiento de justicia fiscal en esta jurisdicción, aunque aún estamos muy lejos de un cambio real. ¿Qué puede hacer un país como Perú? El Gobierno peruano puede restringir en el mercado nacional la presencia de empresas cuya matriz está en países con un nivel de secretismo financiero muy alto. Eso se puede hacer desde aquí, pero se necesita coraje para hacerlo.
PARAÍSO. La jurisdicción de Nevada, Estados Unidos, fue uno de los paraísos fiscales preferidos por los empresarios peruanos, según la investigación Panama Papers.
Foto: Ronda Churchill, McClatchy
El índice de secretismo fiscal del TJN es liderado por Suiza, cuyos bancos albergaron gran parte del dinero de la corrupción peruana en los años 90.
Suiza ha aceptado participar en el intercambio automático de información, pero sólo con los países que son capaces de hacerle frente. En ese sentido, la situación es más difícil para el Perú. Necesitamos que países como el suyo, en alianza con otras jurisdicciones, pongan condiciones comerciales con Suiza para provocar un cambio. Eso sí tiene impacto.
El ranking del TJN también incluye a diversos territorios de ultramar del Reino Unido, incluidas las Islas Vírgenes Británicas (BVI), uno de los paraísos fiscales más usados por empresarios peruanos.
La historia tiene dos caras. La Unión Europea es el único ente capaz de regular a los Estados Unidos. De hecho, el Parlamento Europeo tiene a Estados Unidos en la mira. Si hasta julio del 2019 la situación no cambia, este país ingresará a la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Sin embargo, la situación del Reino Unido es totalmente diferente. Por desgracia, durante medio siglo hemos permitido que las islas de la corona implementen sus servicios financieros, mientras no tengan un efecto negativo para la península. Para el resto, haz lo que te dé la gana. La gente tenía confianza de resguardar su dinero en estas jurisdicciones porque, a comparación de cualquier otro paraíso fiscal, estas islas tenían el apoyo del Reino Unido. Hoy la península está elevando los estándares, sobre todo por presión del parlamento.
Algunas de estas jurisdicciones, lideradas por BVI, incluso han amenazado con independizarse.
BVI, las Islas Caimán, Bermuda y el resto de estas islas pequeñas han existido como paraísos fiscales con el apoyo directo o indirecto del Reino Unido y de los Estados Unidos. Existen porque son útiles. Ahora tienen que decidir entre afrontar políticas de mayor transparencia fiscal o perder el apoyo de estas dos potencias. BVI es la jurisdicción con mayores probabilidades de apostar por la independencia, porque su modelo está enfocado sobre todo en el negocio offshore. Acoplarse a las exigencias del Reino Unido implicaría cambiar su modelo completamente, generando mucho daño a la isla.
"Panamá y Estados Unidos, con sus sistemas offshore y paraísos fiscales, están dañando gravemente los derechos humanos"
En este contexto, ¿cuál es el principal aporte del índice elaborado por el TJN, en comparación con la lista de paraísos fiscales publicada por la Unión Europea?
En 2007, el TJN decidió crear el índice de secretismo financiero por dos motivos. Primero, porque los índices de percepción de corrupción ubican entre los mejores del mundo a aquellas jurisdicciones sobre las que tenemos mayores preguntas, como Suiza, Singapur y Hong Kong. Hay otras maneras de generar corrupción. Segundo, porque las diferentes listas responden sobre todo a un juego político. Los países grandes tenían la capacidad de exigir no aparecer en estos registros. La lista de la Unión Europea es mejor, pero no perfecta. Incluye criterios poco transparentes. Hay que países que estaban en la lista y ya salieron, y nadie sabe exactamente qué ha pasado.
Perú, por ejemplo, aparece en la lista gris de la Unión Europea.
Exacto. Hay otros casos como el de Namibia, que ya nadie considera como un paraíso fiscal, pero aún está en la lista. Nadie sabe qué debe hacer para salir del registro. En cambio, la metodología de nuestro índice es transparente y los indicadores pueden ser reutilizados por cualquier persona. Es usada por agentes bancarios internacionales, unidades de investigación y otras organizaciones.
¿Por qué el índex del TJN incluye a países de Latinoamérica como Bolivia (88), Brasil (73), Chile (60), Paraguay (62) y Uruguay (67) en el fondo de la lista?
Empezamos el índice del TJN con 40 o 50 Estados y cada dos años añadimos nuevos territorios. Nuestro objetivo es poder incluir en el ranking a 200 jurisdicciones, casi todo el mundo. En el índice medimos el nivel de secretismo y su importancia a nivel global. Un país con altos niveles de secretos financieros pero con poco dinero involucrado no aparecerá al inicio de la lista. Esto ocurre en algunos casos de Latinoamérica, sobre todo cuando los capitales prefieren ir al Caribe, Panamá o Estados Unidos.
SECRETOS. El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos ocultó dinero de origen ilícito en bancos de Suiza, jurisdicción ubicada en el primer puesto del índice elaborado por el Tax Justice Network.
Foto: World Finance
El International Bar Association hace énfasis en el impacto de las offshore y paraísos fiscales en los derechos humanos. ¿Usted coincide con esta posición?
Claro que sí, esa es la razón de este evento. Si el sistema tributario funciona no solo genera dinero, también crea la posibilidad de disminuir la desigualdad. Si las personas pagan sus impuestos, tienen la posibilidad de reclamar resultados al Estado. Sin eso, el proceso de corrupción avanza. La desigualdad de género, religión y grupo lingüístico, todo eso mejora cuando tienes un sistema tributario efectivo. Aunque las offshore y paraísos fiscales pueden parecer temas muy lejanos para la vida diaria de las personas, el bienestar de los ciudadanos depende de cómo funcione el sistema tributario de cada Estado.
¿Los gobiernos y empresas tienen responsabilidades en materia de derechos humanos cuando promueven o participan de la elusión y evasión tributaria?
Por supuesto. Después de años de trabajo, hemos llegado a un punto donde, por ejemplo, el Comité contra la Discriminación de la Mujer ha interpuesto un proceso contra Suiza porque el secreto financiero de su jurisdicción está afectando los derechos humanos de las mujeres de otros países. Estamos estableciendo precedentes. Los países tienen que ser más conscientes del daño que están ocasionando al pueblo a través de estos sistemas de poca transparencia fiscal.
¿Hay un daño al peruano promedio?
Sí, claro. Panamá y Estados Unidos, con sus sistemas offshore y paraísos fiscales, están dañando gravemente los derechos humanos. Aún así, es difícil medir la gravedad exacta del daño. Podemos evaluar en promedio el dinero perdido, pero eso es solo una parte del problema. Una parte pequeña comparada con los problemas de desigualdad.