El Ejecutivo creó en abril pasado el Plan Reactiva Perú para que las empresas –grandes, medianas, pequeñas o microempresas– accedan a créditos del sistema bancario con aval del Estado y eviten así romper la cadena de pagos con sus empleados y proveedores. En su paquete normativo, el Gobierno estableció que una persona jurídica o natural puede ser beneficiaria de un préstamo si cuenta con buena calificación crediticia y no tiene deudas coactivas con la Sunat.

También se estableció que no se entregarían créditos a las compañías o sus representantes que tengan condenas firmes por corrupción, lavado y conexos; hayan admitido participación en estos hechos en el marco de la Ley 30737 del 2018, o estén bajo un proceso de investigación. Además, se definió una lista de exclusión para empresas involucradas en afectación de poblaciones indígenas, minería y tala ilegal, o comercialización de especies amenazadas, entre otras. Sin embargo, el Estado dejó en manos del sistema financiero el cumplimiento de las normas de prevención del lavado.

Conversamos al respecto con Gerardo Freiberg Puente, gerente general de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), la empresa pública que brinda el visto bueno al aval estatal en los préstamos bancarios, y aseguró que: “Quien debe hacer bien su trabajo [en temas de compliance] es el banco”. Además, depositó en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) la tarea fiscalizadora en el rubro de prevención de lavado de activos.

Las empresas o sus representantes con condena por corrupción o lavado no son elegibles para el crédito.

¿Cuáles son los filtros que aplicó Cofide para aprobar las garantías de los préstamos entregados por el sistema financiero?

Tenemos que entender cómo es el proceso. Primero, Cofide firma un contrato de adhesión con los bancos, donde se comprometen a verificar la información entregada por los clientes que califican al crédito. Para darle velocidad al proceso, las entidades no nos envían los documentos físicos de evaluación, sino un listado que contiene 39 campos con la información relevante del cliente, y eso incluye las condiciones exigidas por Reactiva Perú. Cofide verifica cuatro de estas: que la empresa no tenga deuda coactiva en la Sunat por encima de 1 UIT [S/4.300], que el tope de garantías sea el correcto, y que su clasificación crediticia esté dentro del rango permitido por la norma. Además, de cotejar que el cliente no esté incluido en los parámetros de la Ley 30737.

El Decreto Legislativo que crea Reactiva Perú dice que las empresas comprendidas en esa ley, que involucra a vinculados a casos de corrupción y delitos conexos como el lavado, no pueden acceder a los préstamos. ¿Cómo cruzan la información para saber cuáles son?

Tenemos esa base de datos del Ministerio de Justicia. Es un reporte que se actualiza mensualmente para poder cotejar las empresas involucradas en esta norma, pero es la única lista formal a la que accedemos.

La norma se refiere a condenados con sentencia firme, pero también a aquellos que admiten la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos u otros conexos. ¿La lista que ustedes tienen incluye este segundo grupo?

No tenemos una lista de los que admiten estar vinculados a estos delitos. En el Decreto Legislativo 1508 también se establece que aquellas empresas o sus representantes investigados o que se hayan acogido a la colaboración eficaz no pueden recibir Reactiva Perú. La pregunta es ¿dónde está el listado de empresas que se han acogido a la colaboración eficaz? No existe, porque es información confidencial que no está al alcance de casi nadie. Hay requisitos que no podemos verificar. Necesitamos una lista oficial, más allá de que podamos tener casi certeza del tema.

COFIDE. El gerente general de esta institución pública, Gerardo Freiberg, indicó que analizarán un grupo aleatorio de clientes beneficiados para confirmar que cumplieron los requisitos y el correcto uso de los fondos.

Foto: Andina.

¿Cofide no tiene herramientas para filtrar a personas como el abogado Horacio Cánepa [en proceso de colaboración eficaz por el Caso Lava Jato], cuyo estudio recibió un préstamo del Banco de Crédito del Perú (BCP)?

Así es. No teníamos cómo. Sabemos que en este caso se extornó la garantía al beneficiado y ahora el cumplimiento del crédito está en manos del banco [BCP]. Hemos enviado una comunicación a las entidades financieras consultando por la situación de otros clientes.

¿Entonces cómo Cofide verifica que no se cuelen las empresas de riesgo señaladas en la Ley 30737?

No existe un listado consolidado de las personas y empresas involucradas en procesos de corrupción y delitos conexos. También necesitamos precisar de qué tipo de corrupción se habla, porque son varias las modalidades. Por ejemplo, el lavado de dinero no es corrupción, puede derivar de este delito, pero no necesariamente lo es. Y si una persona es investigada por lavado de dinero no entraría en esta restricción.

¿Quiere decir que un investigado por lavado de dinero puede acceder a los préstamos bancarios de Reactiva Perú?

Así es.

¿Se necesitaba una restricción literal antilavado en la norma de Reactiva Perú?

Sí, pero mientras más filtros se ponga, más se entorpece el proceso. Por unos pocos no se puede perjudicar a muchos en un contexto de emergencia. Las entidades financieras, por un tema de compliance, deberían vetar a las personas que están bajo sospecha y tienen procesos por lavado de dinero. Es parte de la labor natural de una institución financiera y de la regulación bancaria. Quien debe hacer bien su trabajo es el banco. Lo que a nosotros nos corresponde, de forma posterior, es hacer un muestreo para analizar el otorgamiento de préstamos, y si surge alguna deficiencia se les pide las explicaciones del caso. Si vamos a hacer el trabajo del banco, deberíamos ser ellos y tener su capacidad instalada.

Las entidades financieras, por un tema de compliance, deberían vetar a las empresas que están bajo sospecha

Entonces muchas de las restricciones para acceder a los préstamos no se están aplicando.

Supongamos que hay una empresa con 50 trabajadores, cuyos dueños o gerentes tuvieron malos manejos y generaron situaciones ilegales que están siendo investigadas. Frente a una crisis como esta, ¿la idea es cerrar la empresa? Porque si es así, no les permitamos financiamiento, pero si el objetivo es castigar a los responsables, lo que los fiscales deberían hacer es solicitar medidas de intervención para que ingresen administradores judiciales a fin de que ellos no puedan seguir lucrando a costa de sus empresas. Pero no se le puede encargar eso a Cofide o al Ministerio de Economía y Finanzas, en una pandemia donde el objetivo es llegar al mayor número de compañías.

Se entiende que los requisitos fueron simplificados para que el sistema financiero acelere la entrega de créditos ¿Pero de qué manera se cautelan los recursos?

Para evitar riesgos, el reglamento operativo de Reactiva Perú establece condiciones que permiten anular las garantías otorgadas por el Estado y define las responsabilidad de los bancos, en caso hayan sido negligentes. Una vez se termine el otorgamiento de préstamos o baje la presión de solicitudes, haremos una revisión muestral de los expedientes físicos aprobados por las entidades financieras, que debe bordear el 10% del total. En una tercera etapa, si el deudor incumple el pago por tres meses, y nos vemos obligados a honrar el crédito, haremos una análisis exhaustivo del caso para asegurarnos de que esto no se pudo evitar.

¿Y cómo se realizará la fiscalización posterior para identificar a empresas de riesgo?

Se revisarán los expedientes de los clientes que fueron aprobados por los bancos, los mismos que deberán contener los formatos de información antilavado. Puedo asegurar que las normas de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) son bastante estrictas en ese sentido. El filtro antilavado es una condición en la actuación de los bancos, y es transversal a Reactiva Perú.

La norma también restringe la participación de personas jurídicas que realicen actividades contra el medio ambiente, los recursos naturales, incurran en explotación de personas y otros delitos ¿Tampoco hay forma de cotejar esto?

Cuando se entreguen las garantías nosotros revisamos el expediente físico, la ficha RUC y los datos del cliente. Es imposible contratar personas para que viajen e investiguen a cada empresa. Tras la revisión documental, si identificamos que la actividad declarada es diferente y está incluida en la lista de exclusión, se notifica a la institución financiera. En caso que su descargo no sea aceptado, se anula la garantía y el Banco Central de Reserva (BCR) puede cobrar ese dinero de las cuentas que tiene el banco. A partir de ahí, el préstamo se convierte en un producto habitual de la entidad financiera. Y no es que el infractor se la lleva fácil. Las consecuencias implican embargos y otras modalidades de recuperación.

BUSCADOR. OjoPúblico creó esta aplicación para saber cuáles son las personas jurídicas y naturales que accedieron al programa estatal

Ilustración: Claudia Calderón.

Básicamente esta parte de la normativa de Reactiva Perú sería imposible de verificar.

Claro. Pero existe una declaración jurada que firma el cliente, y un pagaré en blanco de la institución financiera para acreditar que están entregando información veraz, y si fuera falsa sus representantes legales serán responsables y procedería una denuncia penal ante la Procuraduría del MEF. Esto tendría que ser detectado por actores externos.

Otros países que han aplicado programa semejantes en la pandemia, excluyeron a las compañías con matrices en paraísos fiscales. ¿Este factor será incluido en la fiscalización?

No se consideró. Creo que es válido este punto, pero recordemos que así tengan matrices en territorios de baja o nula tributación son empresas que se rigen bajo las normas peruanas y pagan sus impuestos acá. Además, está prohibido que los beneficiarios de Reactiva se repartan dividendos y utilidades.

Una de las principales tareas que tiene Cofide es supervisar el correcto uso de los fondos. El programa se crea para no romper la cadena de pagos, pero hemos visto que algunas de las compañías que se acogieron promovieron despedidos o solicitaron la suspensión perfecta ¿Esto es incompatible?

Reactiva Perú ofrece capital de trabajo para continuar operando. Si la empresa interrumpe sus actividades, entonces, está haciendo un uso inadecuado de los recursos. Es importante entender que la suspensión perfecta, salvo que alcance a todo su personal, no es incompatible. Veamos el caso de los restaurantes: tenían un número de trabajadores, pero cuando reinicien sus actividades no podrán atender la misma cantidad de clientes y, por lo tanto, no todo su personal va a producir. Si en el marco de Reactiva Perú le obligo a mantener a todos, estaría reduciendo la viabilidad de la empresa Y la razón por la cual existe el programa es que la empresa recupere capacidad. La pérdida de empleo se debe mitigar con la CTS, seguro de desempleo y otros.

Si la empresa interrumpe sus actividades, entonces está haciendo un uso inadecuado de los recursos.

¿Esto no contradice lo dicho por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, respecto a que los fondos son para proteger a los trabajadores?

Es para proteger a la gran mayoría. Si no le das Reactiva, en lugar de que salgan 30 o 40, en el mismo ejemplo, saldrían los 100 a la calle. Entonces, lo que se está buscando es recuperar la actividad económica de forma viable. Si fuera un subsidio, un regalo para mantener la planilla, ahí se podría decir eso. El capital de trabajo es para todos los gastos vinculados al desarrollo del negocio. Pago de proveedores, planilla, servicios, pero también si hay créditos que tienen vencimiento mensual, todo eso revisaremos en el muestreo aleatorio.

¿Qué medidas han adoptado tras el informe de la Contraloría que detecta errores en los RUC de algunos beneficiados?

Nosotros pedimos al órgano de control que verificaran las falencias para corregirlas. Solo para que tenga una idea a lo que nos enfrentamos: el 44% de las 90 mil garantías otorgadas a la fecha han sido devueltas a los bancos por problemas de forma. Así como nosotros estamos corriendo, las instituciones financieras también tienen un gran volumen de data que procesar y se pueden dar errores de tipeo. Es más que evidente que esos 307 casos fueron errores de digitación. Se han cursado documentos a los bancos para que precisen esa información y esto derivará en otras 307 solicitudes de rectificación de garantía.

El informe de Contraloría advierte de un procesamiento manual en la información de Cofide.

Gran parte del trabajo aún se hace de forma semi manual. Al principio esto no generaba mayores problemas porque la base de datos con la que cotejamos era pequeña, pero conforme fue creciendo se hizo más complejo. La plataforma iba a entrar en marcha blanca la semana pasada, pero regresó al laboratorio porque se aprobaron cambios a los requisitos de Reactiva Perú. La próxima semana debemos retomar esta fase, pero los bancos van a demorar más en tener sus plataformas listas.