Actualizado: 26 de abril de 2021

Dos proyectos de ley buscan quitarle al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la facultad para fijar la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), un tributo que se aplica para desalentar la compra de productos nocivos para la salud y el medio ambiente, como el tabaco, las bebidas alcohólicas y azucaradas, el combustible, y también el uso de los casinos y tragamonedas. 

La propuesta coincide en parte con las demandas de los gremios empresariales que representan a estas industrias: la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) que, desde 2018, cuestionan que el MEF pueda incrementar el cálculo de dicho impuesto, cada año. De prosperar la iniciativa, esta responsabilidad recaería en el Congreso, y cualquier cambio al tributo requeriría de una votación mayoritaria en el Pleno. 

Los proyectos de ley ingresaron al Legislativo en junio y julio de 2020, en el pico de la primera ola de la Covid-19. Un virus cuya prevalencia, además de la edad, está asociada al sobrepeso y la obesidad causados, precisamente, por el consumo excesivo de alimentos procesados y bebidas azucaradas. Hasta agosto de 2020, el 85,5 % de pacientes con comorbilidades que fallecieron por el nuevo coronavirus tenían obesidad, según el reporte del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

El primero de estos es el Proyecto de Ley 5635-2020, del congresista de Acción Popular por Cusco, Jorge Vásquez Becerra. La propuesta tiene como objetivo incluir a los alimentos sólidos con alto contenido de sodio, azúcares o grasas saturadas en la lista de productos que deben ser gravados por el ISC. Incluso en la sustentación de motivos se desarrolla con amplitud el vínculo entre enfermedades y alimentos procesados.

Sin embargo, en sus últimas páginas plantea cambiar el artículo 61 del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e ISC, la norma que autoriza al MEF a emplear decretos supremos para modificar el tributo. La propuesta pretende que este posible aumento dependa del Congreso. 

EMBOTELLADORA.Arca Continental Lindley controla las principales bebidas azucaradas: es dueña de Inca Kola y subsidiaria de la segunda embotelladora más grande de Coca Cola en América Latina.

Foto: Arca Continental.

“Cualquier variación a las tasas, montos fijos, bienes o sistemas de aplicación del impuesto deben efectuarse mediante ley, y en base a informes técnicos que consideren el desenvolvimiento del consumo que genera la externalidad negativa que se pretenden combatir con el ISC”, se lee en el texto.

El segundo proyecto de ley es el N° 5805-2021, de la representante de Frepap por Loreto, Luz Milagros Cayguaray. El objetivo de la iniciativa legislativa, como indica su nombre, es reducir las emisiones de carbono y mitigar los efectos del cambio climático, para lo cual plantea fijar impuestos a los combustibles fósiles en función a la cantidad de dióxido de carbono que emiten.

Pero incluye un artículo que también modifica el artículo 61 del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e ISC, suprimiendo a los juegos de casino y máquinas tragamonedas de la lista de productos a los que se les puede aplicar el impuesto, además de anular el rol del MEF.

Ambos proyectos buscan modificar el artículo 61 de la ley tributaria, que le ha permitido al MEF aumentar la tasa del ISC cada año.

OjoPúblico contactó a la congresista Cayguaray para saber por qué en el texto propuesto no se sustenta este punto. Sin embargo, fue su asesora, Lisset Guillermo, quien respondió algunas de las interrogantes. Ella explicó que el motivo principal de la norma es incentivar el uso de combustibles más limpios, y que el texto puede perfeccionarse. 

“Si bien [el rol del MEF] se omitió en la propuesta, ese no era el sentido del proyecto, pero en la lectura del texto se entiende que la modificación de tasas [por parte del Ejecutivo] debe hacerse bajo ciertos parámetros”, añadió. La asesora pidió que se le envié un cuestionario para que pueda ampliar sus respuestas, pero hasta el cierre de edición, no contestó dichas consultas.

CASINOS. Los casinos y tragamonedas son gravados con el ISC para disuadir su uso, por generar ludopatía. El proyecto de ley de Frepap retira a esta sector del impuesto.

Foto: Palacio Wan Wha

La propuesta se encuentra en las comisiones de Economía y en la de Pueblos Andinos y Amazónicos, y la semana pasada ha retomado su debate recibiendo la opinión de expertos e instituciones públicas. Entre estos, un informe técnico del MEF al cual OjoPúblico tuvo acceso, indica que, solo en 2019, el impuesto a los casinos y tragamonedas permitió recaudar S/81 millones. 

“El diseño del ISC requiere evaluación especializada permanente y una implementación oportuna de las modificaciones, lo cual se perdería si se requiriera su aprobación a través de una Ley o Decreto Legislativo. [El proyecto] elimina el impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, intentando lograr por vía del Congreso lo que no se ha podido lograr por vía constitucional”, indica el informe. En este punto hace alusión al fallo N° 00001-2019 del Tribunal Constitucional, que rechaza la demanda que iniciaron más de 5 mil ciudadanos contra el cobro a estos juegos.

La oposición de los gremios empresariales

El Proyecto de Ley 5635-2020, del congresista Jorge Vásquez, sostiene que el artículo 61 del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e ISC es “inconstitucional e ilegal”, pues la Constitución Política señala que los tributos solo pueden ser fijados por ley o por decreto legislativo, no por decretos supremos. Este es el mismo argumento en el que basa su oposición la Cámara de Comercio de Lima.

Consultado al respecto, el congresista Vásquez aseguró que no ha recibido la opinión ni influencia de estos gremios y que, por el contrario, busca incrementar el ISC a los alimentos nocivos. “El proyecto tiene como objetivo la alimentación saludable (...) Se tiene la idea equivocada de que en el Congreso la gente es ignorante o que todo lo hace mal, y que en el MEF hay gente iluminada o erudita. Pero tenemos técnicos, asesores, y podemos hacerlo mejor”, dijo a OjoPúblico. 

Desde el 2018, año en que el MEF empezó a realizar incrementos anuales en el tributo, ComexPerú y la CCL alertaron de un posible aumento en los precios de la canasta familiar, que surjan más productos adulterados o se afecten a las Mypes. Pero la crítica principal de la CCL se centra en dos puntos: que el ISC fue creado para disuadir el consumo, no para aumentar la recaudación; y que el Tribunal Constitucional (TC), sostiene, se ha pronunciado contra la norma que permite las variaciones en el impuesto.

Sin embargo, lo que existe en el TC son dos fallos, uno del 2006 y otro del 2007, a favor de la tabacalera British American Tobacco del Perú S.A.C. y la importadora de vehículos Import Export Vizcar S.A., respectivamente; donde se confirma que, en esos casos concretos, el Estado aplicó de forma indebida el artículo 61 de la ley tributaria. No obstante, precisaron que el Ejecutivo puede modificar el ISC, siempre que fije rangos o porcentajes de aplicación.

CONGRESISTAS. Los autores de los proyectos son Jorge Vásquez, de Acción Popular; y Milagros Cayguaray, del Frepap. Sus propuesta están en la Comisión de Economía y en la de Pueblos Andinos y Amazónicos. 

Composición: OjoPúblico

Los primeros voceros de los gremios opositores al impuesto fueron Sandro Fuentes, extitular de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y expresidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima (CCL); y el tributarista Leonardo López, socio del Estudio Hernández y Cía Abogados, y actual titular de la mencionada comisión.

En una entrevista con la revista de la CCL, del 7 de setiembre de 2020, López mencionó el proyecto de ley del congresista Vásquez y su conveniencia. “Hay un interesante Proyecto de Ley No. 5635/2020-CR que está en el Congreso, que esperamos se apruebe y que el Parlamento recupere esa facultad que inconstitucionalmente le ha sido atribuida al Ejecutivo en el caso del ISC. Es un mal precedente que felizmente no se ha aplicado respecto de otros impuestos como el IR o el IGV”, dice.

El 26 de noviembre de 2020, el viceministro de Economía, Mario Arróspide, suscribió el Informe N° 0129-2020-MEF para advertir los riesgos de este proyecto. El documento, al cual tuvimos acceso, indica que es falso que exista algún vicio de inconstitucionalidad en el citado artículo, y su posible modificación le costará al fisco unos S/90 millones.

"La delegación al Poder Ejecutivo de la facultad para modificar montos y tasas de impuestos especiales no se da únicamente en el Perú. En América Latina, otros países también la contemplan, es el caso de Argentina, Uruguay y Ecuador. El riguroso trabajo técnico de este ministerio en materia del Impuestos Selectivo ha merecido el reconocimiento internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la American Cancer Society, entre otros", señala el informe.

OCTÓGONOS. Desde mediados de 2019, en el país rige el etiquetado con octógonos para aquellos productos con exceso de socio, azúcar y grasas. La medida forma parte de la Ley de Alimentación Saludable.

Foto: La República.

En diálogo con OjoPúblico, López insistió en la necesidad de que el Poder Legislativo asuma esta función tributaria, pues el sector empresarial teme que el Ejecutivo pueda extender esta práctica y decidir de forma unilateral el incremento del Impuesto a la Renta y del IGV. “El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución: sí, interpreta, pero también se equivoca. Decir que está permitido gravar a un producto, con solo poner un rango de 0% a 300%, es como darles un cheque en blanco”.

El presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, indicó que su gremio ha enviado un informe técnico al Congreso en el que se opina de forma favorable sobre su aprobación. Cabe indicar que el Estudio Hernández y Cía Abogados, del cual López es socio, representa a la empresa Backus, la cervecera que concentra el 98% de la comercialización de cerveza en el país y principal afectada por el incremento del mencionado impuesto.

“Sí, somos abogados de varias empresas gravadas con impuestos en general, y con el ISC. Somos abogados de Backus (...) hace tres o cuatro años. [La empresa] podría plantear alguna acción de inconstitucionalidad o un amparo contra el cobro, pero no lo han hecho”, señaló.

Backus y Lindley

Los reclamos de los gremios empresariales se intensificaron en mayo de 2018, luego que el Ministerio de Economía, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, publicó un paquete de decretos supremos que actualizó las tasas de este impuesto “para alinearlo a las externalidades que el consumo de dichos productos generan en la salud y bienestar de las familias peruanas”. 

El cambio fue en concordancia con el pedido que hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2016, para que los países eleven los impuestos a las bebidas azucaradas en al menos 20%, a fin de reducir la incidencia de obesidad y diabetes. Con este primer cambio, el Perú aumentó de 17% a 25% la tasa a gaseosas y bebidas que contienen 6 gramos o más de azúcar, edulcorante o aromatizadores por cada 100 mililitros.

Al año siguiente, el 15 de junio de 2019, el MEF publicó el Decreto Supremo N° 181-2019-EF que cambió el método para calcular el monto del impuesto y elevó sus porcentajes. Es así que, la cerveza pasó de tener una tasa escalonada a un monto fijo de S/2,25 por litro, sin distinción entre marcas populares y artesanales.

Desde que el MEF empezó a aumentar el impuesto, la Cámara de Comercio busca que el Congreso asuma la función tributaria.

Lo mismo sucedió en 2020 y este año, cuando se oficializó una nueva actualización a través de la Resolución Ministerial 035-2021-EF/15. Actualmente, a las cervezas se les aplica una tasa fija de ISC de S/ 2,31 por litro, cada unidad de cigarrillos de tabaco negro y rubio paga S/ 0,35; y el tabaco o tabaco reconstruido S/ 0,30 soles por unidad. El pisco tiene un impuesto de S/ 2,22 por litro y bebidas con más de 20 grados de alcohol, como la cerveza de malta, vinos, sidra, sake, tequila, ron, whisky, vodka y otros abonan S/ 3,55 por litro.

Las principales empresas impactadas por estos cambios son Arca Continental Lindley, dueña de Inca Kola y subsidiaria de la segunda embotelladora más grande de Coca Cola en América Latina; y Backus, filial peruana de la multinacional belga AB InBev, que concentra el 98% del mercado de venta de cerveza, y que se resistió a paralizar su producción durante la cuarentena sanitaria.

BACKUS. Esta empresa controla el 98% del mercado de la venta de cerveza, y es la principal afectada con el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Foto: Andina

En su memoria anual de 2019, Backus sostuvo que los cambios en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) “lesionan el principio de predictibilidad y la seguridad jurídica fundamentales para el crecimiento de la inversión privada y decisiones relevantes de negocio para el futuro”. Según indican, más de dos terceras partes del valor de venta son por impuestos y tuvieron que subir el precio de sus botellas en un 10%.

Los estados financieros auditados de ese año muestran que, pese al nuevo pago que debió hacer al Estado, la cervecera registró ventas por S/4.947 millones y utilidades netas por S/ 1.948 millones; y en plena pandemia facturó S/ 3.727 millones y obtuvo ganancias líquidas de S/ 1.264 millones. 

En tanto, Arca Continental Lindley, que desde el 2019 está regulada por la Ley de Alimentación Saludable, y debe etiquetar sus bebidas con octógonos de advertencia, alcanzó ingresos por S/ 2.855 millones ese año. El 80% fue por la venta de gaseosas.

El gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, Rafael Zacnich, iba participar de este reportaje, pero a última hora se excusó por problemas de tiempo. Durante la pandemia, dicho gremio ha emitido comunicados públicos para advertir del riesgo de seguir incrementando el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). En uno de ellos, de enero pasado, señaló incluso que el nuevo aumento “perjudica la recuperación económica de sectores severamente golpeados por la crisis de la Covid-19”.

ComexPerú ha emitido críticas al rol que cumple este impuesto al tabaco, a los vehículos y, en general, a la actualización del tributo que realiza el MEF. Sin embargo, enviaron un escrito para señalar que no apoyan el proyecto legislativo. "La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) no respalda el proyecto que busca restarle atribuciones al MEF para fijar la tasa del ISC y entregársela al Congreso. En el pasado nos hemos pronunciado acerca de lo poco conveniente de elevar el ISC en el marco de la crisis económica que vivimos, para no afectar la recuperación, sobre todo de las Mypes del sector restaurantes y otros negocios asociados al sector turismo, ya que estas serían las principales empresas perjudicadas con una medida de este tipo", indicaron.