El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) confirmó que cinco empresas editoriales formaron un cártel para repartirse los servicios de impresión de textos escolares. Se trata de Metrocolor S.A., Corporación Gráfica Navarrete S.A., Quad/Graphics Perú S.A. y las compañías vinculadas Empresa Editora El Comercio S.A. y Amauta Impresiones Comerciales S.A.C., las cuales concertaron para favorecerse en procedimientos de contratación que impulsó el Ministerio de Educación (Minedu) entre los años 2009 y 2016.

La investigación incluyó el análisis de documentos, declaraciones, archivos, correos electrónicos e información económica extraída de las propuestas y resultados de los procesos de contratación. "Se trató de acuerdos secretos, concretados durante reuniones entre representantes de Amauta-El Comercio, Metrocolor, Navarrete y Quad Graphics, realizadas en hoteles o restaurantes de Lima. Todo ello, previo a las fechas de presentación de propuestas en determinados procedimientos de contratación", señaló el Indecopi en una nota de prensa.

Según el Indecopi, se trató de acuerdos secretos, concretados durante reuniones realizadas en hoteles o restaurantes de Lima".

En total, este cártel afectó la contratación de 87 ítems correspondientes a veinte procedimientos de selección en el Minedu y uno en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los cuales tenían como fin la impresión de textos para educación inicial, primaria y secundaria, en los cursos de Matemática, Comunicaciones, Ciencia y Ambiente, Comprensión Lectora, Personal Social e incluso guías de trabajo sobre dichos cursos para profesores.

Por estos hechos, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi (CLC) resolvió, en primera instancia, sancionar con más de S/25 millones a las tres primeras empresas; mientras que El Comercio S.A. y Amauta Impresiones Comerciales S.A.C. fueron exoneradas de la multa porque se ampararon en el Programa de Clemencia y delataron la operación.

SIN MULTA. La Empresa Editora El Comercio y su vinculada Amauta fueron exonerados de una multa de S/20,5 millones por acogerse a la confesión en el Programa de Clemencia.

Foto: Andina.

Este programa, previsto en el artículo 26 del Texto Único Ordenado de la Ley de Libre Competencia, permite exonerar de multa al primero que solicite acogerse a la confesión y brinde las pruebas necesarias para conocer cómo se desarrollaron los hechos.

Según el Expediente 002-2019/CLC, la sanción económica que se había calculado para ambas empresas del Grupo El Comercio era de 4.664 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/20,5 millones. Casi el monto total con que se multó al resto de empresas. Sin embargo, ahora solo deberán implementar un programa de cumplimiento de las normas de libre competencia por un periodo de tres años.

La modalidad que emplearon fue reunirse días previos a la convocatoria de contratación, con el fin de definir qué ítems o productos les convenía contratar, y quiénes serían los que renunciarían a participar para dejarles el camino libre. Para ello, diseñaban propuestas con el objetivo de perder. De esta manera, simulaban competencia.

Según el Indecopi, el valor referencial total de los servicios de impresión que se licitaron en las convocatorias públicas fue de S/359,6 millones, mientras que las ofertas que ganaron lo hicieron por el 83% de ese valor, es decir, S/ 301,4 millones. En base a ello, la entidad reguladora estima que el porcentaje de beneficio que las empresas de cartel obtuvieron o esperaban obtener por estas operaciones alcanza los S/56'879.464.

Exgerentes también fueron multados

Según el Expediente 002-2019/CLC, la investigación de oficio que inició el Indecopi confirma que cuatro exejecutivos del Grupo El Comercio participaron de esta colusión. Ellos son Renzo Mariátegui Bosse, quien fue Gerente de Servicios Empresariales de El Comercio de enero de 2009 a julio de 2016; Guillermo Armando Stanbury Titinger, Gerente Comercial de Impresiones de El Comercio y Gerente General de Amauta entre mayo de 2010 a enero de 2015.

Además de Javier Wong del Águila, Ejecutivo de Ventas de Amauta-El Comercio y Gerente General de Amauta, cargos que ocupó entre diciembre de 2014 a julio de 2016; y Linda Brigitte Portocarrero Aniceto, Ejecutiva de Ventas de Amauta-El Comercio de agosto de 2013 a julio de 2016. Los cuatro exejecutivos fueron multados con S/191 mil.

A través de un escrito enviado a OjoPúblico por el equipo de prensa de este grupo mediático, Empresa Editora El Comercio S.A. y Amauta Impresiones Comerciales S.A.C. se ratificaron en haber optado por la delación y aseguran que no apelarán, sin embargo, no ponen en evidencia su nivel de participación en estos hechos.

"Hicimos lo correcto al ser proactivos y denunciar esta mala práctica de algunos exejecutivos cuando la detectamos, en setiembre de 2017, y al cooperar irrestrictamente con el esclarecimiento de los hechos. Mantendremos la misma línea de conducta íntegra, no apelaremos la resolución y asumiremos las consecuencias que correspondan, incluso la reparación económica a la entidad estatal afectada”, indica el comunicado.

“Indecopi ha sido explícito respecto a la cooperación de EEEC [Empresa Editora El Comercio] y Amauta como evidencia de su compromiso con la libre competencia”, añaden.

Ocho exejecutivos de las compañías involucradas fueron multados por un total de S/655 mil.

En la Resolución 015-2021/CLC-INDECOPI se señala con claridad que ambas compañías, así como las tres multadas, "incurrieron en una práctica colusoria horizontal en la modalidad de establecimiento de posturas o abstenciones para el reparto de ítems en licitaciones, concursos y otras formas de contratación o adquisición pública".

También se encontró responsabilidad en otros cuatro ejecutivos y se les multó con S/464 mil. Estos son: Pedro Isasi Rivero, gerente general de Quad Graphics entre mayo de 2010 a mayo de 2016; Emilio Presentación Malpartida, Jefe de Ventas de la misma empresa, de febrero de 2011 y mayo de 2016; Carlos Alberto Ramos Chuez, Ejecutivo de Ventas de Metrocolor entre diciembre de 2010 a julio de 2016; y Juan José Monteverde Bussalleu, representante Legal de Corporación Gráfica Navarrete, entre febrero de 2011 a julio de 2016.

Este último es hermano de Gonzalo Monteverde Bussalleau, investigado por el Equipo Especial del caso Lava Jato por presunto lavado de activos de Odebrecht para el pago de sobornos y financiamiento de campañas políticas en Perú y el extranjero. Según las pesquisas, él y sus coprocesados constituyeron diversas empresas donde recibían depósitos ilícitos de Constructora Internacional del Sur, Klienfeld Services Ltd y otras vinculadas a la firma brasileña.