Actualización: 1 de junio de 2023 - 12:29 p.m.

 

Fausto Aduviri, de 48 años, residió la mayor parte de su vida en el Centro Poblado Titire, una pequeña comunidad de 300 habitantes, carente de servicios básicos, ubicada en la sierra de Moquegua, a 4.363 metros sobre el nivel del mar. Para él, vivir en esta zona se volvió aún más difícil desde la puesta en marcha y posterior cierre de la unidad minera Florencia Tucari, propiedad de la Minera Aruntani S.A.C.   

Los pasivos ambientales que generó esta operación, que inició el cierre de operaciones en 2019, cambiaron el día a día de la población asentada en su zona de influencia. "Tenemos un río muerto, donde ya no se puede pescar nada. A veces, cuando los animales [alpacas y llamas] caminan por el río, su lana se ensucia con un lodo de color amarillento. En los mercados no quieren recibir la carne del ganado que procede de esta zona", señaló Fausto Adiviri a OjoPúblico. 

En julio de 2021, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) encargó a la empresa pública Activos Mineros (Amsac) —responsable de reducir o eliminar los efectos de los pasivos ambientales del país— la ejecución de acciones de mitigación para evitar que el drenaje ácido de la mina discurra hacia las cuenca de los ríos Coralaque y Tambo, que dotan de agua a la población de las regiones de Moquegua y Arequipa.

Sin embargo, este trabajo no se realizó de forma inmediata. Recién en diciembre de ese año, el Minem transfirió una partida de S/21 millones para empezar con las acciones de mitigación.

RETRASO. Inicio de tareas de mitigación en unidad Florencia Tucari demoró varios meses.

Foto: Amsac. 

 

Además, funcionarios de Amsac fueron cuestionados por la Contraloría General de la República por irregularidades en la entrega de la buena pro a las empresas subcontratadas para llevar adelante las tareas de remediación, lo que ha causado más retrasos en el proceso de atención del problema ambiental. 

Este no es el único caso que presenta irregularidades. OjoPúblico analizó los contratos suscritos, entre enero de 2020 y abril de 2023, por Amsac con 41 empresas para realizar remediaciones ambientales, e identificó a 14 compañías que ganaron las licitaciones pese a tener antecedentes de sanciones por malas prácticas en el Tribunal de Contrataciones del Estado, como falsificación de documentos y retrasos injustificados en la elaboración de proyectos.

Además, nueve de las 41 empresas subcontratadas en dicho periodo no tienen experiencia en tratamiento y eliminación de residuos peligrosos o actividades de descontaminación. Entre estas, hay empresas que se dedican a los rubros de arquitectura, construcción de edificios y alquiler de maquinaria, entre otros.

 

Licitaciones cuestionadas en la atención de los pasivos de Moquegua

 

La afectación de los ríos ya ha traspasado las fronteras de Moquegua. La contaminación se ha extendido desde Titire y la cuenca del río Coralaque, en dicha región, hasta la cuenca del río Tambo, en Arequipa.

Miguel Meza Igme, dirigente del Valle de Tambo, en Arequipa, relató a OjoPúblico que, cuando ocurre la temporada de estiaje —el periodo en el que el río tiene su caudal más bajo, entre setiembre y octubre—, la contaminación es más notoria y, en los canales y riberas, se acumula un sarro amarillento rojizo.  

En 2021, un estudio de monitoreo realizado a los ríos Queullijahuire, Titire, Coralaque y Tambo por parte de la Autoridad Nacional del Agua concluyó que existían 42 fuentes contaminantes. Entre ellas había 25 vertimientos de aguas residuales de distintos tipos, cuatro fuentes contaminantes por residuos sólidos y 13 fuentes potenciales de contaminación dentro de la unidad minera Florencia Tucari. 

Asimismo, el análisis encontró que el agua de los ríos tenía un pH ácido y presencia excesiva de metales pesados como aluminio, cadmio, hierro, manganeso, cobre, arsénico, boro, cobalto y litio.

CRISIS.Vista de la cuenca del río Tambo, en Arequipa, en 2021. 

Foto: Miguel Meza. 

 

A pesar de la gravedad de la contaminación, las acciones de remediación demoraron varios meses en comenzar. Finalmente, el 21 de abril de 2022, Amsac otorgó la buena pro del servicio de implementación y operación inicial de pozas para separar los sólidos de las aguas de escorrentía superficial de la unidad minera Florencia Tucari. 

El beneficiado con el contrato de S/ 820.148 fue el Consorcio Tucaruma, integrado por las empresas Geotec Ingenieros S.A.C. y Grupo Geotec S.A.C.

Meses después, el 5 de julio, la Contraloría General de la República informó a Amsac que había detectado que el consorcio falsificó un documento para acreditar la experiencia del supervisor de seguridad, una posición considerada clave para el proyecto. 

La documentación presentada por el grupo indicaba que el obrero Hardy Omar Agurto Hurtado, quien tenía el cargo de supervisor de seguridad, era graduado de ingeniería industrial. Sin embargo, Agurto Hurtado no estudió esa carrera, sino ingeniería agroindustrial e industria alimentaria en la Universidad de Piura, de acuerdo al registro de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). 

La Contraloría General de la República había detectado que el Consorcio Tucaruma falsificó un documento".

Según la Contraloría, también se falsificó, por lo menos, una constancia de trabajo, que servía para garantizar la experiencia de un empleado del consorcio.

El 27 de diciembre pasado, la Contraloría emitió un informe de control posterior que brindó más detalles de la irregularidad y estableció posibles responsabilidades penales para funcionarios de la entidad. 

En el documento se indica que, cinco días antes del otorgamiento de la buena pro, el comité de licitación de Amsac—integrado por funcionarios de experiencia en la empresa— conoció sobre la presunta falsificación y, pese a ello, se firmó el contrato con el consorcio Tucaruma. Luego, el área legal recomendó no anular el contrato.

Estos actos manifiestan “la actitud del comité de selección de favorecer al Consorcio Tucaruma al validar la formación académica del personal clave (supervisor de seguridad) del referido consorcio, pese a la verificación realizada en el registro de la Sunedu”, indica el informe. 

Wenceslao Colca Hidalgo (miembro del comité de selección y jefe del departamento de Administración y Logística), Teodosio Chipoco Villalva (miembro del comité de selección), Johann Fuster Antonio (presidente del comité de selección y coordinador del proyecto Florencia Tucari), y Luis Millones Soriano (gerente de Administración y Finanzas) fueron comprendidos en las investigaciones de la Contraloría por la irregularidad.

Además de esta anomalía, las empresas que conforman el Consorcio Tucaruma tienen un historial que muestra que gran parte de sus contrataciones públicas son con esta entidad, aunque su actividad principal es la construcción de obras de ingeniería civil y las actividades profesionales científicas y técnicas, en lugar de la remediación o mitigación de fuentes de contaminación. 

AFECTADOS. Ciudadanos de Titire son parte del área de influencia del proyecto de Aruntani.

Foto: Amsac

 

Geotec Ingenieros S.A.C, una de las dos empresas que integran el consorcio, tiene ocho contratos suscritos con entidades del Estado entre 2014 y 2022, según el registro del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). El 62% de ese total corresponde a licitaciones de Amsac. 

Grupo Geotec, la otra empresa que conforma el consorcio, registró seis contratos públicos entre 2017 y 2022. De estos, el 67% fueron con Amsac.

A la vez, estas empresas están relacionadas entre sí, ya que el gerente y socio de Geotec Ingenieros, Elmer Acuña Bustamante, también es accionista en Grupo Geotec. Ambas suscribieron contratos por S/4'953.314 con Amsac entre 2018 y 2022.

 

Empresas con antecedentes negativos y poca experiencia

 

Estos hechos no son aislados. Una revisión de OjoPúblico a los contratos realizados por Amsac entre enero de 2020 y abril de 2023 da cuenta de que, en muchos casos, la remediación de los pasivos ambientales mineros está en manos de empresas con antecedentes de malas prácticas en licitaciones públicas o que no tienen experiencia en el rubro de remediación. 

Según el Minem, en el país hay 6.903 pasivos ambientales mineros. Para dar solución a parte de ellos, en 2006, se creó la empresa pública de régimen privado Amsac. Esta, a su vez, subcontrata a otras compañías para realizar los trabajos de mitigación.

En el periodo monitoreado por este medio, Amsac firmó contratos con 41 empresas para que realicen labores de remediación ambiental, los cuales fueron entregados a OjoPúblico mediante el mecanismo de acceso a la información pública. 

Al analizar los mismos, este medio pudo identificar que, de las 41 empresas subcontratadas, 14 registran sanciones en el Tribunal de Contrataciones del Estado por malas prácticas, como falsificación de documentos o retrasos en el cumplimiento de sus contratos. 

 

Además, nueve de las 41 compañías subcontratadas tienen poca o nula experiencia en el campo de la remediación y desarrollan actividades diferentes, como arquitectura, construcción de edificios y alquiler de maquinaria, entre otras.

Solo el año pasado, la Contraloría identificó seis licitaciones en las que los postores ganadores presentaron documentos falsos sin que Amsac detectara estas irregularidades durante el proceso de contratación.

Por ejemplo, en marzo de 2022, Amsac entregó la buena pro del servicio de mantenimiento de pasivos ambientales de la exmina de carbón de Goyllarisquizga y la relavera Quiulacocha, en la región Pasco, al Consorcio Pucará. El monto asignado para la tarea fue de S/3’763.876.

 

Este consorcio —constituido por la Constructora VRB EIRL y Constructora Rodeo EIRL— presentó contratos con la Minera Aurífera Calpa S.A. para acreditar su experiencia. Los mismos fueron suscritos por Lenny Teresa Guazotti Campos, quien en el primer párrafo de dichos documentos figura como directora de Logística. Pero, en la parte final, suscribe como apoderada.  

Para resolver esta inconsistencia, el consorcio presentó supuestas declaraciones juradas y cartas firmadas por Guazzotti Campos con fechas 4, 5 y 20 de abril de 2022, en las cuáles afirmaba que las empresas suministraron servicios para Calpa S.A. 

Sin embargo, estos documentos serían falsos, según la Contraloría, ya que un acta de defunción, emitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, corroboró que dicha persona falleció el 3 de julio de 2019. 

“Los documentos recibidos durante el proceso de fiscalización posterior no pudieron ser emitidos por la mencionada señora, y por lo tanto, no tendrían validez alguna”, concluye el organismo fiscalizador. Pese a esta observación, el contrato con el consorcio no fue resuelto. 

DESECHOS. La relavera Quiulacocha contiene alrededor de 70 millones de toneladas de relaves.

Foto: Amsac.

 

Al igual que en el caso de las empresas subcontratadas para remediar los pasivos de la unidad minera Florencia Tucari, la experiencia de las compañías que conforman el Consorcio Pucará en el área es casi nula. 

Como indica su nombre, la Constructora El Rodeo EIRL se dedica al rubro actividades especializadas de construcción e inició sus actividades el 13 de enero de 2022 —dos meses antes de ganar el concurso de Amsac—, según información del Seace. Esta adjudicación es la primera y única ganada por dicha empresa. 

Constructora VRB, la otra compañía que integra el consorcio Pucará, también se especializa en el rubro construcción. Entre 2013 y 2022, la misma registró siete contrataciones con instituciones públicas, según el Seace. De todas ellas, el 66% fue suscrita con Amsac.

Aún con estos antecedentes, se les encargó el mantenimiento de dos importantes pasivos ambientales ubicados en Pasco: la exunidad minera de Goyllarisquizga y la relavera Quiulacocha. 

La primera de ellas se localiza a 37 kilómetros de Cerro de Pasco y  fue una de las minas de carbón más importantes del Perú, entre 1907 y 1993, cuando se abandonó la operación tras agotarse las reservas. 

La exunidad minera de Goyllarisquizga se localiza a 37 kilómetros de Cerro de Pasco".

La relavera Quiulacocha, mientras tanto, es un pasivo ambiental que contiene alrededor de 70 millones de toneladas de desechos abandonados, en aproximadamente 110 hectáreas del distrito de Simón Bolívar, provincia y región de Pasco. 

OjoPúblico solicitó una entrevista a Amsac para conocer más detalles sobre este caso y otros observados por la Contraloría General de la República. Sin embargo, la empresa solo contestó por correo que, respecto al Consorcio Pucará, "no se evidenció que la documentación presentada fuera falsa". No obstante, precisaron que el contrato con el consorcio Tucaruma se rescindió tras la publicación del informe de control.

Otros contratos de Amsac observados por la Contraloría están vinculados con el servicio de mantenimiento de componentes forestales en las zonas rurales de Calioc y Chacrapuquio, distrito de La Oroya, en la región Junín. 

En este caso, la licitación fue ganada, en 2022, por la Constructora y Consultora D & M, por un monto de S/1’707.708. La misma falsificó información referida a su personal especializado para la obra, según el organismo de fiscalización.

El mismo año, el Consorcio LDZ —integrado por Constructora Zamora Jara SAC y Empresa LDV EIRL— ganó la licitación para el servicio de mantenimiento post cierre de los pasivos ambientales El Dorado, Michiquillay, La Pastora y Los Negros, en Cajamarca. El monto del contrato fue de S/2'407.399. 

INFORME. La Contraloría detectó que empresas presentaron documentos falsos para trabajos en relavera Quiulacocha.

Foto: Amsac

 

Según información del Seace, el contrato con este consorcio no se rescindió, aunque presentó documentos inexactos y adulterados para acreditar su experiencia en la especialidad, al igual que la dos empleados: el responsable de medio ambiente y un ingeniero de seguridad.  

En paralelo, el Consorcio Azulmina —integrado por Constructora Meneses S.R.L. y NKMS— también fue cuestionado por presentar documentación falsa en el proceso de selección para el servicio de recuperación de los servicios ecosistémicos en la parte alta de la quebrada Randa, en la región de Pasco, por la suma de S/38’588.570.

El común en estos casos es la presentación de documentos falsos para acreditar una experiencia que no se posee. Si se trata de la remediación de pasivos ambientales, es aún más importante contar con la destreza necesaria para tratar elementos que resultan tóxicos al medioambiente, advirtió Silvia Rosas Lizarraga, directora de la carrera de Ingeniería Geológica de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Si, durante la operación de una mina, se realiza la remoción de material sin contar con la tecnología necesaria para proteger el ambiente circundante, es muy probable que se genere contaminación. Por eso, los Estudios de Impacto Ambiental resultan cruciales para tener un control adecuado durante toda la operación y el cierre de una mina.

Los Estudios de Impacto Ambiental resultan cruciales para contener la contaminación".

"En un país como el nuestro, donde existe minería desde la época preinca, naturalmente hay gran cantidad de pasivos mineros, porque no se tomaron en cuenta una serie de aspectos para su operación", explicó Rosas Lizarraga. 

La especialista detalló que los efectos de estos pasivos al ambiente son variados. Pero, por el tipo de minería que se desarrolla en el país, uno de los más comunes es el drenaje ácido, es decir, un fluido que contiene metales pesados. Cuando estos elementos son distribuidos al medio ambiente, causan efectos nocivos para la salud.

 

Otros cuestionamientos a licitaciones de Amsac

 

OjoPúblico también detectó casos de empresas que cometieron conductas cuestionadas de manera reiterada. Ese es el caso, por ejemplo, de la Constructora VRB, que presentó documentos falsos para ganar la buena pro del mantenimiento de pasivos ambientales de la exmina de carbón de Goyllarisquizga y de la relavera Quiulacocha, en 2022. 

Dos años antes de eso, la empresa fue sancionada en otra licitación de Amsac para el mismo proyecto y por la misma irregularidad. 

En esa oportunidad, según el Tribunal de Contrataciones del Estado, la constructora presentó información falsa para ganar el proceso de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas de mina del túnel Pucará, las filtraciones de las bocaminas de Goyllarisquizga, y de la planta de neutralización de las aguas ácidas de la relavera Quiulacocha. 

Desde noviembre pasado, la constructora se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado. La medida regirá hasta diciembre de 2025. 

Otro caso similar es el de Construmack E.I.R.L, una empresa sancionada que volvió a ser contratada por Amsac. Esta constructora tiene cuatro amonestaciones en el Tribunal de Contrataciones del Estado. La última la recibió en 2017 por ocasionar la anulación de un contrato de actualización del estudio definitivo de cierre del desmonte de la mina Michiquillay, que había suscrito con la empresa pública.

ANTECEDENTES. Empresas previamente sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado fueron contratadas por Amsac.

Foto: Amsac

 

Según el Tribunal de Contrataciones del Estado, Construmack E.I.R.L demoró la entrega de documentos técnicos para la firma de la buena pro, por lo que el proceso se anuló. Entre enero de 2021 y diciembre de 2022, la empresa registra una facturación total con Amsac de S/ 9’651.591

Karla Gaviño, especialista en gestión pública, explicó a este medio que las compañías sancionadas por el Tribunal de Contrataciones no están impedidas de volver a presentarse en un proceso público, una vez cumplido su periodo de suspensión. Sin embargo, remarcó que las entidades deben tener en cuenta estos antecedentes al evaluar sus propuestas. 

El análisis de las contrataciones de Amsac realizado por este medio revela, además, que Construmack E.I.R.L, Constructora Zamora Jara S.A.C., Idea Gestores S.R.L., Globalcon Constructores y Consultores S.R.L. (sancionada), Constructora y Consultora D & M S.R.L., Empresa LDV E.I.R.L. y Servial Perú SAC (sancionada) formaron nueve consorcios entre sí, y ganaron 11 procesos con Amsac, por un monto acumulado de S/17'203.279. 

 

Constructora Zamora Jara S.A.C. y Servial Perú S.A.C. , que integraron el Consorcio Servi-Forestal, han sido cuestionadas por realizar un trabajo deficiente en el mantenimiento de componentes forestales y de pasivos ambientales de los proyectos a cargo de Amsac, en las regiones de Lima y Junín, en 2021. Por esta tarea cobraron una suma de S/ 1'979.799.

Karla Gaviño dijo a OjoPúblico que una consecuencia de la poca diligencia para la elección de proveedores, es que se genera un perjuicio en la calidad del servicio prestado, que afecta a la institución y a la población en general. “En estos casos, hubieron elementos controversiales y discutibles, que la Contraloría advirtió, pero la institución está prefiriendo no mirar más a fondo”, refirió.

Este medio se comunicó, a través de correos electrónicos, con todas las empresas mencionadas en este informe para solicitar sus descargos. Sin embargo, solo se obtuvo respuesta de la Constructora Zamora Jara. La misma indicó, vía telefónica, que presentaría una denuncia a este medio si se hacía referencia a los cuestionamientos consignados en los informes de la Contraloría hacia la empresa.

 

* El 1 de junio, luego de la publicación de este informe, Geothecnical & Environmental Laboratory —una de las compañías mencionadas en el listado  “Empresas contratadas por Amsac con poca experiencia”— indicó a OjoPúblico que tenía experiencia tanto en el sector privado como el estatal, adjuntando una relación de 18 contratos desde el 2011, de los cuales 12 corresponden a compañías del sector privado y el resto a Amsac.  Se precisa que dicho listado señala a empresas que tuvieron contrataciones en el sector público, casi de forma exclusiva con Activos Mineros.