A inicios de abril, el Perú anunció su principal proyecto de rescate financiero para aquellas compañías afectadas por la crisis económica ocasionada por el brote del Covid-19. Aunque este financiamiento excluye a aquellas empresas bajo sospecha de estar involucradas con delitos como la minería ilegal o el tráfico de madera, este millonario rescate no impone limitaciones a personas jurídicas vinculadas a sociedades offshore en paraísos fiscales.

"No debemos apoyar a las compañías cuyos modelos de negocios no paguen impuestos", aseguró Alex Cobham, jefe del Tax Justice Network, reconocida organización internacional que lucha contra los paraísos fiscales, en entrevista con OjoPúblico. Los gobiernos de Argentina, Francia, Dinamarca y Polonia han excluido de sus rescates financieros a las compañías registradas en jurisdicciones de baja o nula imposición tributaria.

"El objetivo de estos rescates es proteger a los trabajadores, no a los dueños de las compañías".

En marzo de este año, nuestro medio detectó diversas corporaciones peruanas con subsidiarias o filiales en territorios de opacidad tributaria. En esta lista figuran la gigante del sector alimenticio Alicorp, el Banco de Crédito del Perú (BCP), y diversas subsidiarias del grupo peruano Intercorp, dirigido por el empresario más rico del Perú, Carlos Rodríguez Pastor.

"El objetivo de los rescates [financieros en el contexto del Covid-19] es que se proteja a los trabajadores, no es para proteger a los dueños de las compañías", dijo Cobham desde el Reino Unido. La conversación ocurre además mientras se discute en nuestro país un posible impuesto a la riqueza, medida recomendada por el Fondo Monetario Internacional, y a los ingresos altos.

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Las críticas contra los paraísos fiscales han aumentado durante el brote del Covid-19. ¿Por qué es importante discutir sobre este tema en el contexto de la pandemia?

Primero, porque los rescates financieros utilizan dinero público y este debe ser bien utilizado. No tiene sentido dar dinero a compañías para que estas lo canalicen hacia sus accionistas, y no para proteger al empleo, a sus trabajadores. No tiene sentido financiar compañías que luego envían el dinero a sociedades offshore. El capital tiene que quedarse en la economía [local] y proteger el trabajo.

Segundo, la población tiene que estar segura que, durante estos tiempos difíciles, todos están cumpliendo su rol. Si la gente tiene que quedarse en casa, muchas veces en circunstancias difíciles y con menores ingresos, debemos saber si las compañías que reciben dinero público se están comportando bien, que los fondos se están usando de manera responsable. 

Hay una demanda de mayor transparencia.

Nuestros gobiernos no deberían repetir sus errores. Tenemos una oportunidad para estar seguros de que tenemos mercados competitivos, que las grandes compañías no compiten de manera injusta porque evaden impuestos. Los rescates financieros deben hacer responsables a las compañías con mayores ingresos, especialmente en el aspecto tributario. Así, cuando salgamos de esta crisis, tendremos la oportunidad de que la economía funcione mejor.

"No tiene sentido financiar compañías que luego envían el dinero a sociedades offshore".

¿El Covid-19 ha demostrado que la evasión fiscal y el ejercicio de los derechos humanos, como el acceso a la salud pública, están relacionados?

Para nosotros esta relación siempre ha sido clara, pero creo que ahora hay una mayor visibilidad pública. Al mismo tiempo que nuestros servicios de salud pública están luchando para recibir financiamiento, las grandes compañías obtienen ganancias que luego son trasladadas hacia empresas offshore para no pagar impuestos, para no contribuir al sistema de salud. Esta situación demuestra el daño que genera la evasión y la elusión fiscal.

¿Por qué Tax Justice Network asegura que las compañías con sedes en paraísos fiscales no deben recibir apoyo financiero del gobierno, durante la crisis del Covid-19?

Nuestros gobiernos deben proteger a los trabajadores. De hecho, lo más probable es que si trabajas para una empresa que no paga impuestos, tampoco estará interesada en sus empleados. No debemos apoyar a las compañías cuyos modelos de negocios no paguen impuestos. Si estas compañías ya no existen cuando acabe la pandemia, probablemente tendremos una mejor economía, y los trabajadores encontrarán lugares alternativos y más productivos donde laborar. Mientras los trabajadores sean protegidos durante la crisis, creo que no tendremos que preocuparnos mucho por las malas compañías.

Es decir, la discusión específica no es sobre los paraísos fiscales, sino sobre el impacto de estos en los trabajadores y el sistema de salud pública. ¿Ese es el foco de la discusión?

En el futuro nos preguntaremos: ¿estamos dispuestos a tolerar jurisdicciones cuyos modelos de negocios se benefician al debilitar nuestros sistemas de impuestos, al debilitar nuestros sistemas de salud pública? No creo que sea el momento de condenar a los paraísos fiscales, porque estas jurisdicciones también están sufriendo [por el Covid-19]. Pero necesitamos una conversación seria en los próximos años al respecto.

¿Las empresas que están pagando dividendos a sus accionistas deberían ser incluidas en los rescates financieros de los gobiernos ante el Covid-19?

Una condición directa de los rescates financieros debería ser que [las compañías beneficiadas] no realicen estos pagos por el momento. No deberíamos ver pagos de dividendos ni la recompra de acciones. El objetivo de estos rescates es que se proteja a los trabajadores, no es para proteger a los dueños de las compañías. Ellos están bien, son gente que por definición tienen el nivel económico para protegerse [durante la crisis]. Son los trabajadores a quienes debemos proteger.

"No debemos apoyar a las compañías cuyos modelos de negocios no paguen impuestos [a través de offshore]".

En Perú se discute la implementación de un impuesto a la riqueza a raíz de la crisis económica ocasionada por la pandemia. ¿Es una medida adecuada?

Absolutamente. Mientras el ingreso de muchas personas ha caído bruscamente, el impacto a la riqueza no ha sido terriblemente significativo, y en algunos casos incluso la riqueza ha aumentado. Es importante que redistribuyamos una parte de las ganancias de los más ricos para proteger a los que tienen bajos ingresos. También existe una razón política: necesitamos dejar en claro que todos estamos en esto juntos. El único problema es que un impuesto a la riqueza depende de datos sobre la riqueza offshore, y muchos gobiernos no los tienen. 

¿No cree que un impuesto a la riqueza provocará una fuga de capitales? Recientemente se difundió que una familia peruana compró departamentos de lujo en Nueva York porque siente que su dinero está más seguro ahí que en un banco.

Las crisis proveen oportunidades para personas que son oportunistas antes que solidarias. Es claro que alguien viviendo en Perú, en estos momentos difíciles, no necesita un departamento en Nueva York; y que hay peruanos que necesitan ingresos adicionales para asegurarse que sus familias puedan comer. Este caso da un ejemplo claro de por qué los gobiernos deben asegurar que los más ricos contribuyan a brindar seguridad a las personas de bajos ingresos. Las personas deberían pensar ahora qué tipo de contribución social desean hacer, en vez de buscar formas de evitar el cobro de impuestos sobre su patrimonio.