Con colaboración de Santiago Sánchez, periodista de la diaria (Uruguay).

Un grupo comercial del emporio textil de Gamarra, la familia Guizado Portillo, acusó a Fidel Sánchez Alayo de liderar una presunta organización criminal vinculada a la invasión de grandes extensiones de tierra en Chilca (Cañete), al sur de Lima. Actualmente, este último viene enfrentando una acusación fiscal de 28 años de prisión en el marco de un proceso por lavado de dinero del narcotráfico internacional, junto a otros integrantes de su familia.

El 2017, el Poder Judicial condenó al invasor material de terrenos en Chilca, José Chávez Alcalde, a cinco años de prisión efectiva y a sus coprocesados a prisión suspendida. Sin embargo, Nemesio Guizado indicó recientemente –a través de su defensa legal– que Sánchez Alayo fue el responsable final de la invasión del 2013, que ocupó un terreno de su propiedad en dicha zona, con una extensión 50 hectáreas, equivalente a ocho veces el Estadio Nacional; y también los de su vecina, una anciana llamada Zoila Zapata Camacho.

"Detrás de [José] Chávez Alcalde se encuentra [Fidel] Sánchez Alayo", dice abogado de los Guizado Portillo.

La familia Guizado Portillo es dueña, desde los años ‘90, de la galería Guizado, ubicada en Gamarra, y administra un hotel campestre en Cañete. Sin embargo, a inicios de este año, un equipo de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción allanó los inmuebles de los Guizado Portillo, en el marco de una investigación penal por corrupción contra los funcionarios de la Municipalidad de la Victoria, denominada ‘Los Intocables Ediles’.

Hoy dicha familia, por intermedio de su abogado Luis Morey, acusó a Sánchez Alayo de estar detrás de los traficantes que se posesionaron de sus terrenos en Chilca el 2013. Para reforzar su posición y formular estos cargos de manera pública se valieron de una denuncia presentada el mes pasado, ante la mesa de partes de las fiscalías de crimen organizado, contra dicho personaje. La denuncia penal fue planteada por Modesto Huayapa, vigilante de la familia Guizado Portillo, en los terrenos invadidos.

JUICIO. Fidel Sánchez (izq.) y su abogado Luis Reyna (der.). Este último asistió legalmente a representante que dice ser dueño del terreno en disputa.

Foto: OjoPúblico / Paul Vallejos 

El abogado Morey dijo a OjoPúblico que la familia Guizado Portillo está detrás de la coordinación de la acusación contra Sánchez Alayo ante el Ministerio Público porque son los agraviados por la invasión de los terrenos del 2013. “Lo que se sostiene en la denuncia, en esta ocasión por crimen organizado, es que detrás de Chávez Alcalde se encuentra Sánchez Alayo, [y] tenemos los documentos que lo acreditan”, dijo el letrado en un video difundido públicamente en los últimos días.

Actualmente, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca ha ordenado que el desalojo de los terrenos de Chilca se ejecute hoy viernes 16 de octubre. Sin embargo, el abogado de la familia explicó a OjoPúblico que una tercera empresa, identificada como Inversiones Las Arenas, dice ser la legítima dueña de las tierras. Según la defensa legal de los Guizado Portillo, esta es una empresa de fachada de Sánchez Alayo.

Indicios apuntan a empresas y a la
familia Sánchez Alayo

Cuatro son los presuntos hechos que vinculan a Sánchez Alayo con la invasión de tierras de los Guizado Portillo en Chilca el 2013, según la denuncia formulada por Modesto Huapaya ante las fiscalías de crimen organizado. Este último, como se dijo inicialmente, es vigilante de esta familia en Chilca.

El primer vínculo está en la experiencia laboral del cabecilla de los invasores, José Chávez Alcalde, condenado a cinco años de prisión efectiva. Entre junio de 2010 y noviembre de 2011, dicha persona fue supervisora de seguridad y de campo de la empresa Protección de Hoteles SRL, dedicada a la seguridad privada y que está vinculada a la familia Sánchez Alayo.

En dicho período, Protección de Hoteles SRL pagó entre S/1.200 y S/1.500 de sueldo mensual a Chávez Alcalde, según información del Ministerio de Trabajo, a la que accedió la defensa de la familia Guizado Portillo a través de una solicitud de acceso a la información pública. Dicho documento se adjuntó a la denuncia penal presentada a las fiscalías de crimen organizado.

RELACIÓN. José Chávez Alcalde, condenado a prisión por la invasión del terreno en Chilca, prestó servicios a empresa asociada a los Sánchez Alayo.

Documento: Ministerio de Trabajo.

OjoPúblico constató que los hermanos Carlos y Manuel Sánchez Alayo son apoderados, por lo menos desde el 2004, de la empresa Protección de Hoteles SRL, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Según archivos de la Dirección de la Policía Antidrogas (Dirandro), que investigó a esta familia desde el 2008, dicha empresa y ambos hermanos fueron considerados en las pesquisas por lavado de dinero que se iniciaron en aquella época.

En su manifestación ante la Dirandro en 2009, Manuel Sánchez Alayo dijo que Protección de Hoteles SRL brindaba servicios de seguridad a la Compañía Minera San Simón, que pertenece a esta rama de la familia Sánchez Paredes. A pesar de las pesquisas iniciales, la fiscalía no incluyó a Carlos y Manuel Sánchez Alayo ni a Protección de Hoteles SRL en su acusación final contra dicha familia.

Además, OjoPúblico identificó que Protección de Hoteles SRL e Inversiones Las Arenas, la empresa que actualmente asegura ser dueña del terreno invadido en Chilca, compartieron el mismo domicilio fiscal: el número 364 de la calle Juan Acevedo, en Pueblo Libre.

Inversiones Las Arenas y empresa de los Sanchez Alayo registraron el mismo domicilio fiscal.

El segundo vínculo entre Sánchez Alayo y la posesión ilegal de tierras en Chilca, según la denuncia presentada ante la fiscalía de crimen organizado, se basa en la declaración del vigilante Modesto Huayapa, quien dijo que la invasión fue apoyada por una camioneta pickup de propiedad de la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), pues vio la placa del vehículo esa mañana. Esta es una empresa histórica de la familia Sánchez Paredes, la misma que está incluida en el juicio por lavado de dinero contra el clan liberteño.

La tercera conexión entre dicho personaje y la invasión en Cañete incluye a la empresa Inversiones Las Arenas, que actualmente indica ser la legítima dueña del terreno. Según los Registros Públicos de Perú, esta compañía nació de la escisión de Inversiones Crooke, gerenciada desde 2010 por Luis Rodríguez Estrella. Aquel año, este personaje fue señalado por la revista Caretas como trabajador de la Compañía Minera San Simón, de la familia Sánchez Alayo.

Además, por lo menos hasta febrero de 2019, Inversiones Crooke fue accionista de la minera de oro Corporación del Centro (CDC), con operaciones en los alrededores del cerro El Toro, una zona emblemática de la minería ilegal en la sierra de La Libertad. Una investigación de OjoPúblico reveló el año pasado que las autoridades de Nueva Zelanda –en base a correos y documentos internos de dicha minera– descubrieron que aquella empresa era realmente controlada por Sánchez Alayo a través de una offshore en Uruguay.

MINERA. Summa Gold registró a Inversiones Crooke como accionista. Autoridades de Nueva Zelanda revelaron vínculo de esta minera con Fidel Sánchez.

Foto: Summa Gold.

Finalmente, la denuncia ante la fiscalía indica que Inversiones Las Arenas fue fundada por el ciudadano uruguayo Emanuel Francisco Núñez Fernández, quien es administrador de empresas. La denuncia penal apunta a dicho uruguayo, quien hoy trabaja en la Unión de Rugby del Uruguay, como supuesto "brazo empresarial" de la organización.

En conversación telefónica con el medio uruguayo la diaria, para este reportaje, Núñez Fernández aceptó que hizo trabajos de asesoramiento a empresas peruanas como parte del estudio MM&A Global Consulting Network, por lo menos “hasta mediados de 2012 o inicios de 2013”. Además, confirmó haber tenido algunas reuniones con “alguien de Perú”, pero sin aceptar relación alguna con Sánchez Alayo.

Cabe indicar que el estudio donde trabajó este administrador de empresas, MM&A Global Consulting, fue fundado por el contador uruguayo Martínez Bernie. En el proceso seguido en Nueva Zelanda, los correos de la minera Corporación del Centro revelaron que Martínez Bernie fue representante de la principal accionista de CDC: una offshore en Uruguay que actuaba bajo los intereses de Sánchez Alayo.

Otros indicios que apuntan al entorno de Fidel Sánchez Alayo

En agosto de este año, Inversiones Las Arenas consiguió una medida cautelar en contra de la orden de desalojo, programada para esta mañana. La resolución, que fue emitida por un juzgado de Santiago de Chuco, tierra natal de los Sánchez Paredes, asegura que Chávez Alcalde transfirió el terreno en disputa a Inversiones Las Arenas como pago de una deuda de US$2 millones. Dicho préstamo fue avalado por el criador de gallos Luis Hudtwalcker Schmidt, quien declinó hacer comentarios para este reportaje.

OjoPúblico halló en el portal del Galpón de los Eucaliptos, de propiedad de Hudtwalcker, una fotografía suya, sin fecha, junto a Fidel Sánchez, quien también difunde sus actividades como criador de gallos. El vínculo de Hudtwalcker con este caso, como aval de la deuda de Chavez Alcalde con Inversiones Las Arenas, quedó registrado en la resolución del 18 de septiembre de 2018, emitida por el Juzgado Civil Transitorio de Lurigancho y Chaclacayo.

GALLOS. Luis Hudtwalcker, quien otorgó aval en préstamo recibido por condenado en caso de invasión de terreno, y Fidel Sánchez en evento de crianza de gallos. 

Foto: Galpón de los Eucaliptos

A esto se sumó la visita en septiembre del abogado Luis Reyna Alfaro –miembro de la firma legal Caro & Asociados y defensor de Fidel Sánchez Alayo en su proceso por lavado– a la Corte Superior de Cañete, en donde se siguió el juicio por usurpación del terreno. En diálogo con OjoPúblico, Reyna dijo que asistió a dicha dependencia para brindar “un servicio profesional específico” a un representante legal de Inversiones Las Arenas. Esta semana, la Corte Superior de Cañete suspendió los efectos del recurso que obtuvo Inversiones Las Arenas en La Libertad. El desalojo, por lo tanto, parece inminente.