La crisis económica del año 2008 puso de manifiesto la participación de los paraísos fiscales en la inestabilidad financiera global, pues en muchos casos se usaron para la fuga de capitales y de plataforma para ocultar el endeudamiento real que tenían los bancos. La actual crisis generada por la pandemia ha elevado las alertas de organismos internacionales para que los gobiernos frenen esta vía de elusión tributaria y se aseguren que los recursos fiscales se mantengan en sus países.

En el informe Tax Justice in the time of Covid-19, difundido en noviembre pasado por la Red Global de Justicia Fiscal y Tax Justice Network, se estima que estos flujos financieros ilícitos le cuestan a América Latina y el Caribe unos US$ 43 mil millones anuales, que representa el 20,4% de los presupuestos nacionales de salud pública en la región. Se trata de un capital que es retirado de sus países de origen por personas y empresas que buscan eludir el pago íntegro de sus tributos, y los desvían a otros territorios donde las tasas son mínimas o nulas.

En otros casos, estas mismas compañías de fachada son usadas para transferencias de dinero de origen ilegal, proveniente del lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, corrupción y otros, como reveló la investigación global Panamá Papers y Paradise Papers.

INVESTIGACIÓN. La investigación periodística Panama Papers y Paradise Papers reveló a los personajes que trasladaron sus millones a paraísos fiscales.

Foto: ICIJ

En la última década, el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha impulsado la coordinación internacional para transparentar la información financiera que ciudadanos y empresas, de 161 países, mantienen fuera de sus territorios. Para llevarlo a cabo, sus ejes principales son el levantamiento del secreto bancario, la identificación del beneficiario real en las compañías y el intercambio de datos entre países.

Este mecanismo considera tres documentos claves a los que pueden acceder los estados miembros: el Reporte País por País (CBC, por sus siglas en inglés), que contiene los estados financieros de los grupos empresariales que operan en cada jurisdicción; el Reporte Financiero (CRS, por sus siglas en inglés), que comparte los movimientos bancarios de las personas naturales y jurídicas que negocian en el extranjero; y el Reporte de Beneficiario Final, que la autoridad tributaria solicita a cada compañía para que identifique a sus verdaderos dueños.

Los avances del Perú en transparencia fiscal

Desde el año 2016, el Perú viene adaptando su legislación a las exigencias de la OCDE y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, paulatinamente ha logrado compartir y acceder a este tipo de información.

En febrero, durante un foro organizado por la Cámara de Comercio Canadá - Perú, el titular de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Enrique Vera Castillo, informó que hasta diciembre de 2019 unos 12 mil principales contribuyentes habían completado el Reporte de Beneficiario Final. La pandemia postergó la actualización de estos datos el año pasado. 

Dicho reporte permite conocer a los verdaderos dueños de una compañía que poseen más del 10% de participación, ya sea a través de holdings, offshores o de vínculos familiares. Incluso, saber quiénes controlan los activos y bienes de una corporación, realizan operaciones financieras o reciben ganancias de fideicomisos y fondos de inversión, pues en algunos casos estos permanecen ocultos bajo la titularidad de apoderados o de accionistas de fachada.

Hasta diciembre de 2019 unos 12 mil principales contribuyentes habían completado el Reporte de Beneficiario Final".

De acuerdo con el Decreto Legislativo 1372-2018 y su reglamento, las grandes empresas que no cumplan con presentar dicha declaración serán multadas con 50 UIT, estarán impedidas de realizar trámites notariales, y la responsabilidad solidaria de sus actos se extenderá a los representantes legales y directores.

De igual forma, a diciembre de 2020, la Sunat sistematizó los datos de cerca de 500 bancos, cooperativas y cajas municipales para completar el Reporte Financiero. El documento contiene información de 542 empresas, subsidiarias y filiales de multinacionales, que realizaron transacciones por S/ 106 mil millones en el país; además de 28 mil ciudadanos extranjeros que realizaron operaciones en Perú por cerca de S/ 14 mil millones.

El intercambio automático de información entre países que participan del Foro Global de la OCDE rige desde hace tres años y permite obtener datos financieros actualizados de forma anual. Por ejemplo, en 2019, las entidades tributarias de 97 jurisdicciones pudieron acceder a datos sobre 84 millones de cuentas bancarias que sus ciudadanos mantenían en el extranjero, por un total de US$11,3 billones. 

Recién en octubre de 2020, Perú logró cumplir los requisitos de este organismo y firmó el acuerdo multilateral para no solo entregar datos, sino también recibirlos. Por ello, el pasado 10 de marzo, la Sunat informó que hasta la fecha se han detectado 43 mil peruanos y empresas con operaciones locales que, a su vez, poseen cuentas bancarias o realizan operaciones comerciales en el extranjero. Las transacciones identificadas superan los US$12.000 millones de dólares, y serán supervisadas para determinar si cumplieron con el pago de tributos al fisco nacional.

Entre las jurisdicciones que reportaron sus datos aparecen Bélgica, Eslovenia, Italia, Japón y Países Bajos, entre otros, pero destacan el país europeo de Suiza y las Islas Caimán, un territorio de ultramar del Reino Unido. Ambos han demostrado ser los lugares favoritos de los peruanos que buscan esconder sus excedentes, pues concentran el 58% (US$ 7.000 millones) del monto detectado por la Sunat.

Suiza y las Islas Caimán, esta última considerada por el gobierno peruano como un territorio opaco, han sido protagonistas del ocultamiento de varias de las fortunas develadas en la investigación Panamá Papers. En tanto, el Índice de Secreto Financiero 2021, de la organización Tax Justice Network, la clasifica entre los tres principales paraísos fiscales del mundo, junto a Bermudas y las Islas Vírgenes Británicas. En la lista le siguen los países europeos de Países Bajos, Suiza y Luxemburgo.

En esta isla británica, rodeada del mar Caribe, uno de los edificios más conocidos por albergar a importantes sociedades offshore es el Ugland House, en South Church Street PO Box 309, donde solo opera la firma de abogados Maples Group, experta en asesoría financiera a grupos económicos. Por ejemplo, según los reportes internacionales de Credicorp -compañía vinculada a la familia Romero- este inmueble funciona como sede de su accionista Atlantic Security Holding Corporation.

OjoPúblico ha revelado en varios reportajes, cómo los principales conglomerados han registrado sus sedes en estas jurisdicciones. Y, según la data anonimizada de la OCDE al 2016, se confirmó que 22 grupos económicos con matrices en los paraísos fiscales de Bermuda y Luxemburgo operaban en el Perú a través de 59 subsidiarias.

El debate por el secreto bancario

En el marco de estas iniciativas contra la elusión y evasión fiscal, el 1 de enero de este año el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el Decreto Supremo 430 que define qué tipo de datos bancarios de los peruanos podrá conocer la Sunat, a fin de sumarlo al intercambio automático de información con otros países. Se trata del reglamento de una norma que esperaba su aplicación desde el 2018 (D.L 1434), pero que generó reacciones en contra de un sector de tributaristas, empresas, financieras y políticos, pues alertaron de una posible violación del derecho al secreto bancario.

“La información es la misma que reportan los bancos sobre extranjeros en Perú (...) No tendremos acceso automático al detalle de las operaciones, el monto ni quiénes intervienen en la transacción, tampoco las fechas en que estas realizaron. Lo que va a ser informado es el saldo a final de mes y el rendimiento que han tenido dichas cuentas (...) El objeto de esta norma es que empiecen a tributar los que generan ganancias y no cumplen con el pago de impuestos”, explicó Enrique Vera en su ponencia.

La norma pedía reportar todas las cuentas de connacionales que registren saldos superiores a los S/10 mil, pero, ante los cuestionamientos, el MEF retrocedió y el 26 de enero elevó la valla a S/30 mil. Según estadísticas de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), 665.397 personas y 119.568 empresas registran cuentas con saldos superiores a los S/50.389, por lo que se encuentran en la lista de clientes cuyos datos serán recopilados.

SBS y cooperativas. La supervisión financiera a través del pago de ITF no alcanza a las cooperativas, entidades que están bajo sospecha en la UIF.

Foto: Alonso Balbuena/Ojo Público.

Pero la oposición a esta norma se mantiene. Entre el 6 de enero y el 11 de febrero, congresistas del Frente Amplio, Podemos Perú, Acción Popular y Nueva Constitución presentaron cuatro proyectos de ley que piden derogar el Decreto Legislativo 1434 originario, del año 2018. Las propuestas se mantienen en las comisiones de Constitución y Economía, y su principal cuestionamiento es una presunta vulneración al derecho a la intimidad y secreto bancario.

El Colegio de Abogados de Lima Sur fue más allá y, el 27 de enero, presentó una acción de inconstitucionalidad contra las modificaciones a la Ley del Sistema Financiero que se aprobaron en 2017 y 2018, y que precisamente le dieron a la Sunat mayores facultades para obtener la información bancaria de los ciudadanos sin la intervención de un juez o una investigación que lo justifique, siempre que sea para fiscalizar o cumplir requerimientos internacionales. De prosperar la demanda, también se anularía el Decreto Supremo 430 que desató la polémica. 

El 18 de febrero, la iniciativa fue aceptada a trámite por el Tribunal Constitucional (TC), donde se espera un largo proceso. De acuerdo al escrito que ingresó a mesa de partes, el caso cuenta con el patrocinio de la empresa Baxel Consultores, especializada en derecho de la competencia y solución de controversias. Sus fundadores son los abogados Raffo Velásquez, Christian Chávez, Juan Chang y Mario Draggo, exsocios del estudio Miranda & Amado y CMS Grau Abogados.

En enero se presentó una acción de inconstitucionalidad contra las modificaciones a la Ley del Sistema Financiero".

El abogado tributarista, Miguel Carrillo, señala que existen tres precedentes del TC donde se explica que el secreto bancario no es un derecho inherente ni absoluto. Y si bien él cree probable que la demanda sea rechazada, bajo el argumento de que se persigue un fin mayor como la lucha contra la evasión y elusión fiscal, considera que sí se está vulnerando la Constitución.

“Siendo estrictos con lo que dice la Constitución en su artículo 2, la Sunat está transgrediendo el secreto bancario, y esto amerita una reforma legislativa. Existen otros mecanismos para recabar datos, como la identificación de movimientos a través del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), verificación de flujos de efectivo, libros de caja, registros contables, solicitar cruce de información a proveedores. Estos tienen mayores dificultades, pero existen”, señala.

Carrillo refiere que la mayor complicación con la norma es el bajo monto que se han propuesto fiscalizar, pues alcanza a emprendedores e informales que se animaron a formalizarse y tramitar un RUS para hacer negocios por Internet. “Muchos tienen montos acumulados que pueden llegar a los S/30 mil establecidos, y si les piden sustentos puede que no los tengan porque se han manejado en la informalidad. Ya están sacando su dinero de los bancos. Se debió establecer un control para saldos acumulados desde la fecha en adelante”, agregó.

DEBATE. El reglamento del D.L 1434  permitirá a la Sunat acceder a la información bancaria que ya se obtiene de ciudadanos extranjeros que realizan operaciones financieras en el país.

Foto: Andina.

La Sunat ha señalado que esta nueva facultad no implica embargos o sanciones automáticas, sino orientación tributaria, y solo cuando existan sospechas de operaciones de elusión o desvío de dinero se investigará. Si bien el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) permite identificar los retiros y depósitos que se realizan en el sistema bancario, no se pueden conocer los saldos acumulados en las cuentas, ni a quienes fraccionan sus movimientos bancarios en operaciones menores a los S/1.000.

Además, tampoco aplica a las transferencias que hace una empresa o persona entre sus propias cuentas o fondos de inversión y, sobre todo, al dinero que se moviliza a través de cooperativas y fundaciones. OjoPúblico pudo conocer que, entre las instituciones que llenaron el Reporte Financiero, declarando tener ahorros de extranjeros, se encuentran cooperativas creadas en zonas vulnerables para ayudar a campesinos en pobreza extrema.

De acuerdo con la SBS, desde el 2007, la Fiscalía ha recibido 40 informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra 21 Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac), por transacciones irregulares que lindan con el lavado de dinero. Se trata de entidades que operan, principalmente en Ayacucho y en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Los paraísos fiscales son solo un eslabón

Los paraísos fiscales ofrecen opacidad a quienes sacan los recursos de sus países de origen, pero, como explica el economista colombiano Sergio Chaparro, oficial de programa del Center for Economic and Social Rights (CESR), estos son piezas de un engranaje mayor que facilita los flujos financieros ilícitos. “La transparencia financiera y fiscal no es una discusión técnica, desconectada de la ciudadanía. Con el dinero que se pierde bajo este sistema se hubieran podido comprar 2 mil millones de dosis de vacunas contra la Covid-19”.

“Se ha argumentado que como [el uso de paraísos fiscales] no es estrictamente ilegal, no sería reprochable desde el punto de vista ético, pero hay una confusión: muchos de los mecanismos en que se realiza la elusión fiscal están en el límite de lo ilegal, y su propósito es privar a los Estados de los recursos necesarios para financiar los derechos del resto de la población: salud, educación, transporte. Las empresas deben cumplir sus obligaciones tributarias”, sostiene.

La elusión priva a los Estados de los recursos para financiar los derechos de la población: salud, educación, transporte".

Las operaciones de elusión no existiría sin estudios de abogados que rediseñan las declaraciones tributarias de sus clientes para no levantar sospechas. Precisamente, el 25 de febrero la OCDE publicó el documento “Ending the Shell Game: Cracking down on the Professionals who enable Tax and White Collar Crimes”, donde recomienda a los gobiernos una serie de acciones para detectar y desarticular a los grupos de abogados corporativos que facilitan la evasión fiscal y delitos financieros, en plena pandemia.

“Los delitos a menudo son facilitados por abogados, contadores, instituciones financieras y otros profesionales que ayudan diseñar las estructuras legales y financieras que se ven en la evasión fiscal compleja y los delitos financieros. El pequeño segmento de profesionales que generan oportunidades para facilitar la comisión o encubrimiento de tales delitos socavan no solo el estado de derecho, sino también su propia profesión, la confianza del público en el sistema financiero, así como la igualdad de condiciones entre contribuyentes”, señala el informe.

Jurisdicciones de baja o nula tributación, como las Islas Caimán y Suiza participan del intercambio de información porque son integrantes del Foro Global de la OCDE y, recientemente, fueron retiradas por la Unión Europea de la lista de jurisdicciones que fomentan las prácticas fiscales abusivas. Una decisión que ha sido cuestionada por las organizaciones civiles que luchan contra la elusión. Incluso en su informe 2021, Tax Justice Network también evidencia que los seis mayores facilitadores del abuso fiscal corporativo son, a su vez, países o dependencias de la OCDE. 

PARAÍSOS. Los paraísos fiscales, conocidos como territorios de baja o nula tributación, ofrecen opacidad financiera a personas y empresas que trasladan sus ganancias burlando los controles de sus países.

Foto: ICIJ

En este intento por cambiar su imagen, en 2020, el gobierno de las Islas Caimán aprobó ocho disposiciones y modificaciones legales para transparentar la conformación de sus sociedades e identificar a los titulares reales de las empresas que poseen más del 25% de acciones y/o derechos de voto en su territorio. Según las normas revisadas por OjoPúblico, estas acciones se acentuaron luego del respaldo de la Unión Europea y coincide con las inspecciones que ha programado en los próximos meses el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre sus avances contra el lavado de dinero.

Es más, el pasado 15 de febrero Paul Inniss, director de Cumplimiento del Registro General del Ministerio de Servicios Financieros de las Islas Caimán, reveló que la República de China impuso 19 multas de $5.000 cada una (unos S/ 22 mil al cambio) contra empresas inscritas en la isla que incumplieron los requisitos para identificar a sus beneficiarios reales. Si estas reinciden, explicó, se les retirará la inscripción.

Sergio Chaparro señala que los indicadores de riesgo se han flexibilizado en territorios que mantienen características de paraísos fiscales, y cada país define su propia lista de jurisdicciones opacas. “Lo importante aquí son las características y facilidades que dan estos países para recibir fortunas extranjeras. América Latina ha demostrado ser un foco de distribución de estos recursos, los mismos que hacen falta para recuperar las economías y recaudación afectados por la Covid-19”.

Por lo pronto, el Grupo de Rendición de Cuentas, Transparencia e Integridad Financiera de las Naciones Unidas (FACTI, por sus siglas en inglés) se ha sumado como un actor paralelo a la lucha contra la elusión y evasión, y está identificando los vacíos en la arquitectura fiscal mundial, e incluso el comité técnico de la ONU ha presentado una propuesta para gravar a las empresas digitales.