Hace unas semanas se conoció que dos de las principales mineras del país, Compañía de Minas Buenaventura y Sociedad Minera Cerro Verde, cancelaron por anticipado las deudas tributarias que tenían con el Estado desde hace más de una década. Esta decisión, si bien es positiva porque genera mayores recursos para el Estado, implicó un millonario ahorro por el tipo de cambio y en intereses que recientemente habían sido fraccionados.

Los estados financieros, memorias anuales y balances económicos registrados ante la Bolsa de Valores de Lima y la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos dan cuenta de los compromisos asumidos entre ambas mineras y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para que estas paguen sus obligaciones fiscales en cuotas durante un máximo de seis años. Esto debido a que perdieron los reclamos iniciados en instancias administrativas.

El acuerdo con Cerro Verde se adoptó en 2019, pero parte de la deuda fue sujeta a una última reprogramación en agosto de 2020; mientras que la solicitud de Buenaventura se aceptó en enero de este año, con cargo a que los abonos se empiecen a realizar en julio. Los documentos detallan los montos que debían ser pagados en 66 cuotas y con un interés de 0,8 % mensual a favor del Estado.

Los planes de pago en cuotas cambiaron para Buenaventura en mayo, tras las elecciones en primera vuelta".

Sin embargo, los planes cambiaron tras las elecciones presidenciales en primera vuelta, y a fines de mayo Buenaventura aprobó la búsqueda de fondos para cancelar por anticipado sus deudas fiscales. El pasado 30 de julio y el 13 de agosto, Buenaventura y Cerro Verde, respectivamente, desembolsaron un total de S/ 3.164 millones a favor de la Sunat por los tributos que mantenían en controversia por sus operaciones del 2007 a 2013.

Solo en el caso de Buenaventura, OjoPúblico pudo identificar que la operación representó un ahorro de S/ 16,2 millones en intereses programados por este concepto. Además, el abono se realizó en un contexto en que la moneda nacional se ha devaluado a niveles históricos, un escenario conveniente para los gigantes mineros que exportan y facturan en dólares.

CANCELACIÓN. El 30 de julio, Buenaventura comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la decisión de no continuar con el fraccionamiento y saldar la deuda exigida.

Documentos: SMV.

Cuando se aprobó el acuerdo de fraccionamiento, en enero de 2021, el dólar estaba S/ 3,6 y Buenaventura declaró en sus estados financieros que el monto que pagarían en soles bordearía los USD 560,3 millones al cambio. Pero el 30 de julio, el día en que la minera canceló sus obligaciones por anticipado, la moneda extranjera había llegado a un valor de S/ 4,07. Con ello, según los datos de OjoPúblico, el monto estimado en dólares se redujo a USD 524,3 millones, es decir, se produjo una reducción de USD 36 millones en su contabilidad.

Los informes financieros analizados por este medio detallan el largo litigio que impulsaron Buenaventura y Cerro Verde a través de sus equipos jurídicos, con el fin de evitar el cobro de impuestos. Una pugna que continúa a través de siete procesos contenciosos administrativos y medidas cautelares en el Poder Judicial, además de dos demandas iniciadas en tribunales internacionales.

Precisamente, el desembolso anticipado de ambas mineras se realizó bajo la modalidad de protesto, un mecanismo por el que se puede seguir litigando el cobro y posteriormente, en caso obtengan un fallo favorable, recuperar el dinero. 

Los pagos fraccionados de Buenaventura

Minas Buenaventura es una de las principales compañías de extracción de oro, plata y cobre en el Perú, con proyectos activos en seis regiones. La empresa cotiza sus acciones en las Bolsas de Valores de Lima y Nueva York, y tiene como presidente de directorio a Roque Benavides Ganoza, extitular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

La minera de Benavides Ganoza, además, es dueña del 19,58 % de acciones en Sociedad Minera Cerro Verde, la empresa líder en producción de cobre que opera en Arequipa. Los otros copropietarios son la estadounidense Cyprus Climax Metals Company (53,56 %), registrada en el paraíso fiscal de Delaware y subsidiaria de una de las cupríferas más grandes del mundo, Freeport McMoran (53,56 %); y SMM Cerro Verde Netherlands B.V (21 %), constituida en los Países Bajos y parte de la japonesa Sumitomo Metal Mining.

El caso materia de este reportaje es uno de los múltiples reclamos administrativos y litigios judiciales que impulsó Buenaventura en materia tributaria. Su origen corresponde a procesos de fiscalización del Impuesto a la Renta que realizó la Sunat en los contratos comerciales y pagos por entregas físicas de oro, en 2007 y 2008, así como a las compensaciones de pérdidas tributarias que declaró la empresa en 2009 y 2010. 

ROQUE BENAVIDES. Buenaventura tiene como presidente del directorio al empresario Roque Benavides Ganoza, además, es socia de Cerro Verde.

Foto: Andina.

La empresa inició tres reclamos paralelos ante el Tribunal Fiscal, ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y última instancia administrativa en el país para este tipo de controversias. El 10 de noviembre de 2020 este Tribunal confirmó el fallo en contra de Buenaventura por los períodos fiscales 2007 y 2008, y Sunat procedió a notificar la cobranza coactiva de S/1.567 millones. 

Entre noviembre y diciembre de ese año, la minera pagó bajo protesto poco más de S/72 millones (USD 19,9 millones al cambio de entonces), pero en paralelo, el 26 de noviembre de 2020, solicitó una prórroga de seis meses y que el monto restante sea fraccionado en 66 cuotas. La Sunat aceptó el pedido el 5 de enero de 2021, y fijó julio como fecha de inicio de los desembolsos hasta el año 2027, con un 0,8 % de interés mensual.

En 4 y 17 de diciembre de 2020 el Tribunal Fiscal falló a favor de la Sunat por los tributos en controversia de los años 2010 y 2009, respectivamente. En consecuencia, se emitieron dos nuevas cobranzas coactivas y Buenaventura efectuó dos desembolsos bajo protesto: el primero de S/1,8 millones (USD 498.000), en diciembre pasado; y el segundo, de S/18,8 millones (USD 15,1 millones), en enero de este año. El mismo mes, la minera obtuvo el fraccionamiento del saldo restante, también para los próximos seis años.

Fueron tres los fraccionamientos que solicitó Buenaventura. En julio debía empezar a pagar la primera cuota".

Es por la suma de estos tres montos fraccionados, S/2.030 millones, que Buenaventura decidió cancelar de forma anticipada. Hasta el 29 de enero la operación en cuotas y a largo plazo estaba confirmada. Incluso, para asegurar el compromiso, la compañía obtuvo cartas fianzas bancarias poniendo como garantía algunas de sus acciones en Empresa de Generación Huanza S.A., Sociedad Minera El Brocal S.A.A. y Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Pero los planes cambiaron. 

El 21 de mayo de 2021, a dos semanas de la segunda vuelta presidencial, la Junta General de Accionistas acordó buscar liquidez en el mercado internacional. El Directorio de la minera concretó el trámite el 12 de julio e informó de la emisión de bonos por USD 550 millones en la Bolsa de Valores de Singapur.

Este nuevo compromiso se fijó a una tasa de 5,5 % anual, hasta 2026. A través de una nota de prensa difundida aquel día, el director general de Buenaventura, Leandro García, confirmó que el dinero se destinaría a cubrir la exigencia del ente tributario. “La transacción contribuirá a fortalecer el perfil crediticio de Buenaventura, ampliando vencimientos, reduciendo costos de financiamiento y liberando líneas de crédito”, añadió.

Con ese dinero, el 30 de julio, justo cuando debía empezar a honrar sus cuotas, la empresa canceló los S/ 2.134 millones adeudados a la Sunat, incluidos los intereses de S/104 millones que se generaron entre enero y julio. Sus estados financieros indican que hasta el mes del fraccionamiento, el cargo representaba unos USD 560,3 millones (considerando un tipo de cambio de S/3,6), pero el día del desembolso la moneda nacional llegó a S/4,07, por lo que el cálculo en dólares se redujo a USD 524,3 millones.

Compañía de Minas Buenaventura respondió por escrito las consultas de OjoPúblico. En el documento confirmaron que tras la cobranza coactiva de la Sunat ingresaron a un proceso de aplazamiento y fraccionamiento de los S/ 2.030 millones exigidos, pero los intereses asignados y el valor de las cartas fianzas representaban costos más elevados para la empresa en comparación a emitir bonos y cancelar todo.

La minera reconoció que los intereses del fraccionamiento y de las cartas fianzas eran muy elevadas para la empresa".

La tasa anual que le fijó el Estado fue de de 8,64 %, acorde con lo establecido en las normas tributarias. "Además, para acogerse al fraccionamiento descrito, la empresa tuvo que otorgar cartas fianza emitidas por un sindicato de bancos en garantía del monto total de la cobranza más el 5 %, las cuales tenían un costo de 2,5 % anual en promedio. La suma de ambos intereses significaba costos financieros bastante elevados para la empresa".

La emisión de bonos que les permitió obtener liquidez para cancelar sus obligaciones se emitieron a una tasa de 5,5% anual, "cifra muy por debajo de lo que hubiera significado hacer el referido pago de forma fraccionada", indicaron. Sin embargo, Buenaventura descartó tajantemente que el adelanto efectuado tenga relación con el tipo de cambio o cualquier otro hecho coyuntural. 

"La decisión de la emisión de bonos para pagar a la Sunat y no entrar al fraccionamiento fue estrictamente financiera (...). Fue aprobada por la Junta General de Accionistas del 21 de mayo, pero se tomó mucho tiempo antes de la primera vuelta electoral. No tiene sustento vincular esta operación con otros factores externos", añadió la minera.

La maniobra legal para impedir el cobro

Los informes financieros registrados ante las Bolsas de Valores de Lima y de Nueva York reconstruyen los procedimientos legales en paralelo que emprendió Buenaventura. Entre 2018 y 2019, ésta entabló siete demandas judiciales y medidas cautelares en el Poder Judicial para desconocer el cobro. Dos de ellas, respecto a los tributos de 2009 y 2008, se mantienen pendientes de resolver en el 22 Juzgado Contencioso Administrativo. 

Otra acción judicial, referida a los impuestos del año 2007, fue declarada infundada, pero ha sido apelada en la Corte Superior el 11 de enero de 2021; y una cuarta demanda afronta un recurso de casación en la Corte Suprema desde el 21 de enero de 2021. Junto a estos cuatro procesos, Buenaventura impulsa tres medidas cautelares para suspender las acciones de cobranza y que están pendientes de resolución en el 22 Juzgado y en la Corte Superior.

La estrategia que adoptó Cerro Verde, en cambio, ha sido distinta. La productora de cobre no reconoce las regalías e Impuesto Especial a la Minería que le exige la Sunat por las actividades que realizó su planta de flotación Sulfuros Primarios, desde 2006 a 2013, en pleno auge internacional del precio de los metales. La compañía alega que dichas operaciones también están protegidas por el Contrato de Estabilidad que firmó años atrás con el Estado peruano.

Entre 2008 y 2019 el Tribunal Fiscal rechazó sus reclamos y la solicitud de exención de las multas e intereses, pero la minera decidió no insistir en el Poder Judicial con miras a un plan mayor. “Pese a no estar de acuerdo con la decisión del Tribunal Fiscal, la Sociedad no la cuestionó ante la rama judicial con el fin de dar cumplimiento a los requisitos del APC [Acuerdo de Promoción Comercial] para dar inicio al arbitraje internacional en contra del Perú”, se lee en su memoria anual.

Buenaventura mantiene cuatro juicios y tres cautelares contra los cobros. Cerro Verde impulsa dos demandas arbitrales".

Entre octubre de 2018 y enero de 2019, la Sunat aplicó los fallos administrativos a su favor y empezó a exigir los pagos de regalías en tres bloques. Cerro Verde consiguió que la deuda fuera prorrogada por seis meses, luego de lo cual empezó a hacer los desembolsos bajo protesto y a través de cuatro fraccionamientos de 66 meses cada uno. Una parte de los tributos exigidos fue sometido a una nueva reprogramación en agosto de 2020, a razón de 30 cuotas mensuales.

A diferencia de Buenaventura, y debido a los múltiples reclamos tributarios que se estuvieron pagando bajo protesto, en la contabilidad de Cerro Verde no se puede distinguir cuántos millones en intereses ya se abonaron por este concepto y cuántos otros faltaban por honrar hasta el 13 de agosto de 2021, fecha en la que decidieron cancelar en una sola armada los S/ 1.041 millones requeridos.

Pero mientras la minera efectuaba los pagos mensuales bajo protesto, sus principales accionistas llevaban el reclamo a tribunales internacionales. El 28 de febrero de 2020, el socio mayoritario de Cerro Verde, Freeport McMoran Inc., comunicó el inicio de un arbitraje contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por supuestos incumplimientos en el tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos.

Según los registros de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el 13 de mayo, otra de sus accionistas, la holandesa SMM Cerro Verde Netherlands B.V, presentó una segundo arbitraje contra Perú invocando el Tratado Bilateral de Inversiones Países Bajos-Perú. Ambas demandas cuestionan el cobro de regalías y se mantienen vigentes.

CERRO VERDE. La minera de cobre ya había realizado desembolsos fraccionados desde 2019, pero el 13 de agosto también decidió cancelar el saldo restante.

Documento: SMV.

Para el abogado tributarista Francisco Pantigoso, las operaciones de pago adelantado realizadas por Buenaventura y Cerro Verde son legítimas y forman parte del juego económico que permite amortizar o cancelar inversiones si el contexto es favorable. Sin embargo, dijo que aún están pendientes las demandas judiciales y arbitrales que podrían obligar a la Sunat no solo a devolver el monto, sino a sumar el pago de intereses por el tiempo que conserven el dinero.

“En este caso puntual, el beneficio estuvo en el ahorro de intereses y el tipo de cambio. Se cortaron los pagos de intereses mensuales, lo que tendrá un impacto significativo para sus estados financieros dado que les iba a significar un gasto por varios años. Las mineras exportan en dólares, obtienen sus ingresos en esa moneda, por lo que convertirlo en soles en la coyuntura actual le resulta más que conveniente para pagar una deuda”, explicó el docente de la Universidad del Pacífico.

Fuentes de la Sunat indicaron que no registran antecedentes de devolución de impuestos por pagos indebidos, que involucren montos tan grandes como los que acaban de cancelar ambas mineras bajo la modalidad de protesto.

Los otros grandes deudores

Esta semana el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Iván Merino, informó en un medio local que la empresa china MMG Limited, que opera la mina Las Bambas en las regiones de  Cusco y Apurímac, empezará a abonar el Impuesto General a las Ventas (IGV) pendiente de los años 2011 y 2012, por un total de S/690 millones. El monto corresponde a los últimos años en que el proyecto estuvo en manos de la suiza Glencore, y el fallo ha sido confirmado por el Tribunal Fiscal en 2020.

Adicional a ello, Merino aseguró que MMG pagará por primera vez el Impuesto a la Renta (IR), y que ello representa un gesto de confianza de la empresa privada. “Según su programación, recién debía ingresar el 2023, pero ahora va a ingresar para que el Estado lo pueda disponer el 2022. No es un logro de nuestra gestión, sino es un gesto de confianza", dijo. Sin embargo, no es novedad que Las Bambas iba a empezar a generar renta y, por lo tanto, canon en esos años.

Epifanio Baca, economista y coordinador ejecutivo de la ONG Propuesta Ciudadana, explicó que la renta se paga siempre que haya utilidades, no por un acto de voluntad o confianza. “En 2015 Las Bambas se encontraba en fase preoperativa, por lo tanto no estaba obligado a pagar renta. Luego ha entrado en un periodo de recuperación, entre 2016 y 2020, donde ha empezado a producir y cubrir sus gastos, pero sin poder generar utilidades. Se estima que eso ya le corresponde ahora, es un procedimiento habitual y no debe haber un aprovechamiento político en su ejecución”, añadió.

Además de Buenaventura, Cerro Verde y Las Bambas, en un reportaje anterior OjoPúblico reveló que hasta setiembre de 2020 habían otras 155 empresas, de diferentes sectores económicos, que están registrados como grandes deudores tributarios y mantienen litigios en la Sunat, Tribunal Fiscal o Poder Judicial porque no reconocen el cobro. Un grupo de 26 de estas, entre las que también se encuentra Buenaventura, había solicitado la prescripción alegando que ya transcurrió el plazo previsto en la legislación.

Se trata de compañías líderes en los sectores minería, banca, transporte, alimentos, salud, entre otros, y sus expedientes concentran S/9.256 millones en impuestos que el Estado no puede cobrar. Entre estos encontramos a Scotiabank, una de las cuatro entidades financieras que concentra el mercado de créditos en el Perú, y que el año pasado registraba una deuda de  S/1.076 millones en impuestos. 

También aparece Compañía Minera Antapaccay S.A., subsidiaria de la gigante suiza Glencore que explota cobre en la región Cusco; y la empresa de capitales españoles Telefónica, que según su memoria anual mantiene litigios por S/ 11.128 millones debido a inspecciones en el pago de Impuesto a la Renta e IGV, efectuadas entre 1998 y 2010, entre otros.

En este contexto, el presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Leonardo López, plantea pedir al Congreso de la República que apruebe un mecanismo que incentive el pago de las deudas tributarias de las grandes empresas. En una nota publicada en su revista institucional, propuso que se les aplique diferentes paquetes de rebajas, en multas e intereses, “a cambio de que el contribuyente pague y se desista de sus procesos administrativos o judiciales.”.

Por el contrario, el Grupo de Justicia Fiscal –integrado por Oxfam, el Grupo Propuesta Ciudadana y CooperAcción– plantea algunos cambios para acabar con los largos juicios tributarios. Entre ellos, identificar la ruta crítica en la cadena de reclamos e impugnación, en sede administrativa y judicial; fortalecer la capacidad de la Sunat y el Tribunal Fiscal, y establecer responsabilidades en los representantes legales de los contribuyentes que dilatan sin sustento los procesos.