Más de 50 personas y seis empresas investigadas por los sobornos pagados por las constructoras del Caso Lava Jato a autoridades regionales y municipales del Perú han sufrido el embargo e inhibición de sus bienes por casi S/80 millones. Aunque los procesados se mantienen en posesión de las propiedades, las órdenes judiciales se inscribieron en Registros Públicos a fin de impedir su venta y garantizar el pago de las reparaciones civiles por el daño causado al erario público por actos de corrupción.

Los procesos de embargo e inhibición de la venta de bienes –obtenidos con fondos legales– de los procesados del Caso Lava Jato corren en paralelo a las medidas de incautación solicitadas por el Ministerio Público de propiedades adquiridas con fondos ilícitos, como las casas del expresidente Alejandro Toledo en Casuarinas, Punta Sal y la oficina de Surco.

Ojo-Publico.com tuvo acceso a la lista de medidas cautelares tomadas contra los investigados en los casos denominados: Vía Evitamiento Cusco y Hospital Antonio Lorena (Cusco), Costa Verde Callao y Remodelación de Av. Néstor Gambetta (Callao), Vías Nuevas de Lima (Lima) y Carretera Chacas-San Luis (Áncash), solicitadas por la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato.

El detalle de las medidas contra los investigados se revela luego de que el Poder Judicial ordenara la inhibición de la vivienda en San Isidro del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski por los depósitos que recibió procedentes de Odebrecht. Con esta medida, la propiedad no podrá ser vendida ni transferida hasta que finalicen las investigaciones por lavado de activos en su contra.

En el primer proceso, la Procuraduría del Caso Lava Jato logró el embargo y la anulación de las transferencias como adelanto de herencia de las propiedades de los tres principales involucrados en el pago de sobornos por S/3 millones de Odebrecht a cambio de la adjudicación de la Vía Evitamiento Cusco.

Ellos son el expresidente regional de Cusco, Jorge Acurio, el empresario Gustavo Salazar Delgado –sobre el que pesa un proceso de extradición de los Estados Unidos– y el abogado José Francisco Zaragozá Amiel. Por este caso, la defensa del Estado ha pedido S/32 millones de reparación civil a los procesados.

PRISIÓN. Jorge Acurio, involucrado en el Caso Odebrecht, recibió 18 meses de prisión preventiva por lavado de activos y tráfico de influencias.

Foto: Andina.

El juez Manuel Chuyo, titular del Tercer Juzgado Nacional de investigación preparatoria para delitos de corrupción, ordenó anular las transferencias de dos propiedades en Surco y el exclusivo balneario de Asia que el prófugo Gustavo Salazar Delgado –investigado por facilitar las cuentas de su empresa offshore Wircel para recibir el pago de sobornos– realizó a sus dos hijas, en enero del 2017. Ambos bienes están valorizados en S/5,2 millones.

Aunque las diligencias preliminares contra Salazar Delgado empezaron en mayo del 2017, la resolución indica que los hechos por los que se le imputa el presunto delito de lavado de activos datan del 2013. Las transferencias disminuyeron el patrimonio del investigado perjudicando el cobro de la reparación civil.

Además, el Poder Judicial también ordenó el embargo de un departamento, tres estacionamientos y dos depósitos en el jirón Cerros de Camacho, en Surco; terrenos en Ollantaytambo y Asia, y tres automóviles marca Porsche y Mercedes Benz de Salazar Delgado, por un total de casi S/2,4 millones.

El juez Chuyo también accedió a anular las transferencias de dos departamentos, dos estacionamientos y un depósito –valorizados en S/726 mil– realizadas por otro de los investigados en este caso: El abogado José Francisco Zaragozá Amiel, exsocio del estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas Abogados Financieros e investigado por lavado de activos por actuar como intermediario para el pago del soborno a la exautoridad regional.

MALECÓN GRAU. La justicia anuló las transferencias de un departamento, estacionamiento y depósito frente al mar, de propiedad del abogado José Zaragozá Amiel, involucrado en el caso de corrupción del Cusco.

Foto: Jonathan Castro.

La decisión judicial anula las transferencias realizadas por Zaragozá a sus dos hijas en modalidad de adelanto de herencia, realizadas en junio del 2017, un mes después de haber sido detenido. Además, le han embargado un terreno en Tambogrande (Piura) y dos camionetas marcas Subaru y Honda por un total de S/175 mil.

En tanto, a la exautoridad regional Acurio Tito se le embargó dos camiones Volvo, valorizados en S/469 mil, por el caso Vía Evitamiento Cusco; y además una casa y un terreno en San Jerónimo de Cusco, y un volquete por S/768 mil, por el segundo proceso que complica su gestión: la construcción del Hospital Antonio Lorena, a cargo del consorcio integrado por la constructora brasileña OAS.

Embargos a empresas

La gestión de Acurio es investigada por haberse coludido con el Consorcio Salud Lorena, integrado por OAS y las empresas Constructora OAS, Dextre+Morimoto Arquitectos y Motlima, y la empresa supervisora Cesel para favorecerlos en la adjudicación de la obra, el aumento del presupuesto mediante una adenda y el cobro de pagos adelantados. Por este caso, el procurador del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, ha pedido una reparación de S/39 millones a todos los involucrados.

Hasta el momento, se ha trabado embargo de bienes de los procesados por S/11,6 millones. Entre los afectados están funcionarios contratados por el gobierno regional de Cusco: Carlos Malpartida Mendoza, coordinador del proyecto de la construcción, a quien le embargaron bienes en Cusco y Lima por S/1,8 millones; Ruffo Gaona Moreno, Director de la oficina de asesoría jurídica, dos tiendas y una oficina en Cusco, y dos autos por S/1,2 millones; y Winston Vargas Maldonado, gerente regional de infraestructura, una casa y un vehículo por S/770 mil.

CLUB LAJAVATO. En diciembre del 2016 Odebrecht confesó ante la justicia de EE.UU. que pagó sobornos por un total de US$788 millones en 12 países de Latinoamérica y África.

Captura: Ojo-Publico.com.

La escasa cantidad de bienes que tienen las empresas consorciadas Constructora OAS, Dextre+Morimoto Arquitectos y Motlima, encargadas de la construcción del Hospital Antonio Lorena, ha hecho difícil el embargo de bienes: se ha bloqueado la venta de un departamento, un estacionamiento y seis vehículos, valorizados por un total de S/648 mil, de estas compañías.

Sin embargo, las medidas cautelares tomadas por la defensa del Estado pudieron ser más agresivas contra Cesel, empresa supervisora de la construcción del Hospital Lorena. Solo se le embargó una flota de 31 vehículos valorizada en S/1,8 millones. Además, se bloquearon los bienes de su representante, Jesús Abugattás Abuid, un departamento, una azotea y un estacionamiento en el balneario Santa María del Mar (Lima), otra propiedad en San Borja y dos vehículos por S/970 mil; y del gerente de proyectos, Ricardo Endo Sasaki, un chalet en Pueblo Libre y dos vehículos por S/640 mil.

Cobros en el Callao

El tercer proyecto relacionado a actos de corrupción de autoridades regionales es el presunto pago de US$4 millones al gobernador regional del Callao, Félix Moreno, por la adjudicación de la Costa Verde tramo Callao a la empresa Odebrecht. La autoridad regional no registra propiedades a su nombre, pues desde el 2007 inscribió el régimen de separación de patrimonios con su esposa Rosmery Segura Neyra, cuando ya era alcalde chalaco.

Al operador de los pagos y candidato a colaborador eficaz, Gil Shavit, le han embargado propiedades por casi S/13 millones, monto que cubre lo solicitado como reparación civil en este caso. Entre los inmuebles bloqueados se encuentra el edificio de la Av. Almirante Grau 513, en Barranco, donde funciona el supermercado Metro de la empresa Cencosud; un departamento, tres estacionamientos y un depósito en el mismo distrito; cuatro casas, cinco departamentos y tres oficinas en Callao, además de dos camionetas.

CENCOSUD. La propiedad de Gil Shavit, en donde se encuentra el supermercado Metro, también se encuentra embargada. Esta valorizada en S/5 millones.

Foto: Jonathan Castro.

El cuarto caso sobre el que se ha trabado embargos por S/8,5 millones comprende a los funcionarios de la región Callao que, a raíz del ilegal acuerdo entre Félix Moreno y Odebrecht, llevaron a cabo una licitación dirigida para favorecer a la constructora brasileña e incrementaron el presupuesto inicial de la obra.

Por este proceso, el ingeniero de Odebrecht, Carlos Theodorico Sobral de Freitas, sufrió el embargo de bienes por casi S/5,7 millones; así como los funcionarios Roberto Sandoval, jefe de la oficina de construcción y viabilidad, Nancy Villela, gerente de infraestructura, por S/308 mil y S/179 mil respectivamente, entre otros.

La gestión de Moreno acumula un caso más en la lista de Lava Jato: El proceso por el mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, desarrollado por las Constructora Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, por el que se han bloqueado bienes por un total de S/36 millones, la cifra más alta hasta la fecha.

La Constructora Queiroz Galvao ha sufrido el embargo de una flota de 25 camiones y camionetas por S/5 millones. En tanto, al representante de Andrade Gutiérrez, Ricardo Unzueta Zegarra, le embargaron una casa en Surco valorizada en S/2 millones. Además, a la empresa JNR Consultores, integrante del consorcio que supervisó la obra, le trabaron medidas cautelares contra una casa por S/2,8 millones y 16 vehículos.

Aunque a Félix Moreno no le han podido afectar sus bienes, sus funcionarios sí han sido comprometidos. El vicegobernador, general PNP (r) Walter Mori Ramírez, se le embargó un departamento en La Victoria y dos autos por un total de S/150 mil; y al exgerente de abastecimientos y actual candidato a la alcaldía de La Perla por Vamos Perú, Andrés Villareyes Dávila, un chalet y dos camionetas por S/120 mil.

Procesos pendientes

Ojo-Publico.com también tuvo acceso a las medidas tomadas contra la exalcaldesa Susana Villarán, el exgerente de la Municipalidad Metropolitana de Lima José Miguel Castro Gutiérrez, y Domingo Arzubialde Elorrieta, exgerente de Promoción de la inversión privada, por el caso Vías Nuevas de Lima.

Se ordenó la inhibición de venta de 16 tiendas familiares de Villarán de la Puente en el pasaje Suche, de Miraflores. Tres de ellas son en copropiedad con su exesposo Manuel Piqueras, y las trece restantes pertenecen a la herencia que comparte con sus hermanos. La exalcaldesa es investigada por los delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos relacionado a las empresas Odebrecht y OAS.

PASAJE SUCHE. El Poder Judicial ordenó bloquear 16 tiendas de propiedad familiar de Susana Villarán en Miraflores en el marco de la investigación del Caso Vías Nuevas de Lima.

Foto: Jonathan Castro.

Además, se ordenó la misma medida cautelar contra dos inmuebles en Miraflores y Cusco y una camioneta de José Miguel Castro. A Arzubialde le embargaron un departamento, dos estacionamientos y una camioneta por S/91 mil por el caso en el que se investiga el aumento de la tarifa del peaje del Proyecto Línea Amarilla.

Durante la campaña contra la revocatoria a la exalcaldesa, Arzubialde firmó un proyecto con el consorcio Rutas de Lima –integrado por Odebrecht– para otorgar la concesión por 30 años del cobro del proyecto Vías Nuevas de Lima.   

El último caso referido a autoridades regionales está relacionado a la construcción de la Carretera Chacas-San Luis, a cargo del gobierno regional de Áncash, durante la gestión del encarcelado exgobernador César Álvarez Aguilar. Al igual que en el caso de Moreno, Álvarez no posee bienes que se le puedan embargar.

En tanto, el Poder Judicial ordenó medidas cautelares contra las propiedades en Tarapoto y San Juan de Lurigancho de su exgerente Germán Martínez Cisneros, por casi S/1,5 millones; las viviendas en Surco y Miraflores de Ricardo Paredes Reyes, funcionario de Odebrecht; el chalet de La Molina de María Esther Basurco, representante del Consorcio Huaylas, encargado de supervisar la obra, por S/2,4 millones, entre otros investigados.

En ninguno de los casos se ha embargado los bienes de Odebrecht, principal investigada del Caso Lava Jato en América Latina, pues debe acogerse al fideicomiso establecido en la Ley 30737 para garantizar el pago de su reparación civil.