El Tribunal Constitucional admitió el habeas corpus presentado por la defensa del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia contra la orden de prisión preventiva por 18 meses aprobada por el juez Richard Concepción Carhuancho.

Ambos son procesados por lavar dinero procedente de las constructoras brasileñas del Caso Lava Jato y también del gobierno de Venezuela, entre los años 2006 y 2011.

La decisión, aprobada con cuatro votos a favor, se había postergado en dos ocasiones por desacuerdos entre los magistrados. La posición del séptimo miembro del TC, Eloy Espinosa, quien estuvo de vacaciones la semana pasada, inclinó la balanza a favor de Humala.

En el proceso contra la pareja, el fiscal Germán Juárez presentó 38 evidencias, entre las que se encuentran las declaraciones de Marcelo Odebrecht, director de la empresa brasileña, de Jorge Barata, exsupervisor en el Perú de la constructora, y un informe de la Policía Federal de Paraná que confirman que Humala recibió US$3 millones en la campaña electoral en la que resultó electo.

En la víspera, Luiz Mameri, exjefe de Odebrecht para América Latina, confirmó ante los fiscales Juárez y José Domingo Pérez que la constructora entregó US$3 millones para la campaña de Humala y US$500 mil a la de Keiko Fujimori en el 2011.

Según su versión, Marcelo Odebrecht le pidió por teléfono que le entregue el dinero procedente de la Caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas.

El presidente del TC, Ernesto Blume, anunció que la resolución será colgada en las próximas horas, por lo que Humala y Heredia recuperarán su libertad de inmediato y continuarán sus procesos con comparecencia restrigida.

Con esta decisión, la Justicia ha levantado las medidas restrictivas dictadas por Concepción Carhuancho contra nueve procesados en el caso Lava Jato.

La Sala Penal de Apelaciones ordenó la libertad de José Graña Miroquesada, Hernando Graña Acuña, Fernando Camet Piccone y José Castillo Dibós, procesados por su participación en el pago de coimas al expresidente Alejandro Toledo por el pago de la carretera Interoceánica; y la orden de impedimento de salida del país contra los dirigentes fujimoristas Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, así como el ex presidente de la Confiep Ricardo Briceño.

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