Este año, el Perú dejará de recaudar unos S/30 mil millones debido al impacto económico que está generando la Covid-19. Para recuperar los ingresos fiscales, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha planteado cuatro ejes de acción en el mediano plazo: mejorar la recaudación de impuestos vigentes, extender la facturación electrónica, racionalizar las exoneraciones tributarias y recuperar los pagos que se eluden y terminan en paraísos fiscales.

La propuesta se encuentra en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2021-2024, documento que el MEF publicó la semana pasada, con las proyecciones de crecimiento del país para los próximos años. En este se descarta el aumento o creación de nuevos impuestos, y se apuesta por hacer más efectivos los mecanismos de recaudación y fiscalización existentes. 

Por ejemplo, para el 2021 se prevé mejorar el cobro del impuesto predial, pues el 41,7% de su recaudación se concentra en tan solo 19 distritos de dos regiones del país. Para ello, el MEF está diseñando una base de datos que integrará las áreas tributarias de todas las municipalidades, a fin de monitorear sus metas de recaudación. Además, se regulará el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) en las empresas de comercio digital y se incluirá a más Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) al sector formal. 

El texto también propone poner topes a las exoneraciones tributarias que se crearon a favor de determinados sectores económicos y grupos de empresas, con el aparente fin de dinamizar el empleo, pero que se continúan prorrogando sin evaluar su efectividad. “Un primer punto de partida sería continuar con la reducción y sustitución de exoneraciones no efectivas a cambio de gasto público focalizado”, se lee en el informe.

“Se debe procurar la racionalización de los tratamientos tributarios preferenciales, ya que estos suelen ser regresivos y se concentran en pocos contribuyentes, generalmente los de mayores ingresos, por su mayor capacidad de consumo y de generación de rentas; así como mejor habilidad para aprovechar la normativa”, añade.

Sin embargo, más allá de estas intenciones, no hay planes ni plazos específicos para saber qué beneficios serán observados. De acuerdo con los datos fiscales analizados por OjoPúblico, actualmente se encuentran vigentes 22 beneficios de este tipo, sin contar con inafectaciones, devoluciones y deducciones de impuestos, que le impedirán al Estado recaudar unos S/8.926 millones este año.
 

Recuperar los millones que se fugan a paraísos fiscales

La evasión y la elusión fiscal son obstáculos que impactarán en la recuperación de nuestra economía. El primero contempla acciones ilícitas para dejar de pagar impuestos, mientras que el segundo busca reducir las obligaciones tributarias aprovechando los vacíos legales; para ello necesita contadores, auditores y abogados que diseñen esquemas con los cuáles burlar al Estado. 

El monto eludido, suele ser trasladado a paraísos fiscales, territorios que captan dinero extranjero a cambio de tasas tributarias nulas o ínfimas. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) estima que ambos factores ocasionarán pérdidas por S/58 mil millones por incumplimientos en el pago de IGV e Impuesto a la Renta, equivalentes a aproximadamente 7,5% del PBI.

Para enfrentarlo, el Marco Macroeconómico Multianual asegura que “se continuará la lucha contra la evasión y elusión fiscal por parte de empresas multinacionales, a través del intercambio de información con otras jurisdicciones y el uso de herramientas de fiscalidad internacional”. El foco estará puesto en este tipo de compañías, pues su esquema de negocios les permite tener sedes o hacer transferencias en sociedades offshores.

“Se planea dictar medidas que fortalezcan la base tributaria, mejoren la progresividad del impuesto a la renta y combatan los esquemas o prácticas elusivas, con la finalidad de alcanzar mayor neutralidad y equidad. Para ello se tomarán en cuenta las recomendaciones del marco inclusivo del proyecto BEPS (del inglés Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE”, añade el informe.

De acuerdo con el MEF, al cierre del 2021 se prevé obtener el 0,8% del PBI con las herramientas antielusivas que están vigentes en el país. Una de estas es el Decreto Legislativo N° 1372, que regula la obligación de las empresas de identificar a sus beneficiarios finales, es decir, quiénes son las personas naturales que efectivamente poseen o controlan la compañía. 

En diciembre se recibieron los primeros reportes bajo la ley del beneficiario final, y corresponde a grandes compañías incluidas en la lista de Principales Contribuyentes (Pricos). Esto se suma al catálogo de esquemas de elusión que la Sunat publicó en febrero para advertir las artimañas financieras que serán sancionadas en el marco de la Norma XVI, el dispositivo legal que permite detectar y recuperar el dinero que se filtra a los paraísos fiscales.

Se cuenta, además, con el Estándar Común de Reporte (ECR), un documento desarrollado por la OCDE que define el tipo de información que deben intercambiar las administraciones tributarias de los países, a fin de combatir el fraude fiscal. Debido a la pandemia, se prorrogó la entrega de este reporte y las empresas lo concretaron en agosto pasado.

El exjefe de la Sunat y del Banco de la Nación, Luis Arias Minaya, sostiene que en lo queda del año no se pueden realizar reformas tributarias porque recién se está reactivando la economía. Esto corresponderá al segundo semestre del 2021, con una nueva gestión presidencial. Sin embargo, considera que el marco macroeconómico debió detallar cuál será el mecanismo para incrementar la recaudación con la eliminación de las exoneraciones y enfrentar la elusión fiscal.

“El marco macroeconómico peca de optimista en ingresos y gastos. Pero, sobre todo, no incluye propuestas concretas sobre qué exoneraciones deberían eliminarse. No define una hoja de ruta. Se hace mención, también, a que el Perú ya cuenta con un paquete de normas antielusivas, pero este es un combate multinacional, que depende de otros países. Nadie puede asegurar que se va a recuperar o va a llegar tal cantidad de dinero”, añadió.

¿Nuevos alivios tributarios en pandemia?

Entre las normas aprobadas por el Ejecutivo durante el estado de emergencia, OjoPúblico identificó 13 decretos y resoluciones creadas para otorgar alivios tributarios a personas. Pero, sobre todo, a empresas que vieron reducidos sus ingresos. Entre ellos hay  fraccionamientos y facilidades a deudores, mayores tasas para calcular los descuentos que se aplican a la depreciación de equipos en el sector construcción y a las edificaciones en el sector turismo; así como prórrogas en el Impuesto a la Renta y en el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV.

Estas ayudas tuvieron como objetivo no restarle liquidez a las empresas, y han significado una reducción de S/16 mil millones en la recaudación de este año, lo que equivale al 2,3% del Producto Bruto Interno (PBI). No obstante, varias de estas medidas empezaron a caducar entre julio y agosto y, en los próximos meses, dichos tributos volverán a ingresar a la contabilidad nacional.

Sin embargo, en la conferencia de prensa del pasado martes, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, señaló que están evaluando eliminar el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), como parte de las medidas para aumentar la recaudación. La propuesta no se encuentra en el marco macroeconómico, pero Alva indicó que existen “medidas adicionales” que se aprobarán con rango de ley.

ALIVIOS TRIBUTARIOS. El Ejecutivo emitió trece resoluciones y decretos para otorgar prórrogas y ayudas tributarias a personas y empresas durante la pandemia.

Captura: MEF

El ITAN es un impuesto al patrimonio que grava a las compañías que tienen activos netos superiores al millón de soles. Es decir, grandes empresas. Se cobra de manera anticipada y sirve como un adelanto del Impuesto a la Renta, por lo que omitir su recaudación también reducirá este margen de liquidez del Estado.

“En la actual circunstancia crear nuevos impuestos no es recomendable, pero tampoco eliminar los que ya existen, como el ITAN, que se enfoca en grandes empresas. Este impuesto establece una suerte de piso para el Impuesto a la Renta. No cobrarlo disminuirá [esa base]. Lo importante, ahora, es hacer una reestructuración y recortar  gastos de viajes, publicidad, consultorías y otros similares”, sostiene Arias Minaya.

Por su parte, el abogado tributarista Luis Durán considera que sí es necesaria la suspensión del ITAN, porque las empresas están produciendo menos de lo que permite su capacidad instalada. “Este impuesto fue pensado como un factor antielusivo, para evitar que el contribuyente hiciera ventas negras o sin factura. Pero hoy las compañías no cuentan con liquidez y, al final, este tributo será más alto que el pago correspondiente por renta”.

Durán considera que el Estado necesita cuidar a las 50 empresas más grandes, porque lamentablemente un gran sector de las Mypes ya quebró. “No queremos la fuga de capitales, pero también debemos asegurarnos que no incurran en medidas antielusivas”, indica.

El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elaborado pautas para apoyar a los países a recuperar su espacio fiscal durante la emergencia por la Covid-19. Una de ellas es considerar el aumento de tasas en los tramos superiores del Impuesto a la Renta, a la propiedad y al patrimonio. “Quizás a modo de sobretasa solidaria”, señalan. En abril, el presidente Martín Vizcarra mencionó la posibilidad de crear un impuesto solidario a la riqueza, pero el debate no se reflejó en un proyecto de ley.