Las firmas de abogados y las instituciones financieras son facilitadoras globales de las operaciones de lavado de dinero y elusión tributaria, advierte el informe provisional publicado esta semana por el grupo de trabajo sobre integridad financiera de las Naciones Unidas. El reporte concluye que para los bancos es “rentable” el ingreso de dinero originado en “abusos tributarios, praćticas corruptas y otros crímenes”, mientras que los abogados y contadores no son fiscalizados de manera efectiva, sobre todo en los denominados paraísos fiscales.

Las operaciones de lavado de activos, según explica el informe, son facilitadas por redes de abogados, contadores y entidades financieras, así como agentes inmobiliarios, comerciantes de arte y vendedores de metales preciosos y joyas de alto valor. El rol de estos facilitadores ha quedado registrado en investigaciones periodísticas como los Panama Papers -proyecto del que fue parte OjoPúblico- según enfatiza el grupo de trabajo de las Naciones Unidas. 

Las sanciones contra entidad financieras aún son “raras”, señala Panel de las Naciones Unidas.

El informe fue elaborado por el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales (FACTI), cuyo objetivo es presentar recomendaciones para alcanzar la denominada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El grupo es liderado por el exprimer ministro de Nigeria, Ibrahim Assane, y la expresidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite.

El grupo de trabajo FACTI además subraya que el lavado de dinero y los delitos tributarios, así como la corrupción transnacional, atentan contra la posibilidad de los gobiernos para proveer servicios básicos a la población, sobre todo en situaciones de emergencia como ocurre ahora con la pandemia de la Covid-19. Estas prácticas “socavan la capacidad [de los gobiernos] para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos”, dice el reporte.

El rol de los bancos y abogados

El informe provisional de FACTI también pone énfasis en cinco alertas vinculadas a los bancos y estudios de abogados, que deben atenderse para reducir el riesgo de lavado de dinero. “Los facilitadores [como el sistema financiero] son cruciales para blanquear los productos de la corrupción y otros crímenes [...] los Panama Papers y otras recientes investigaciones han mostrado que aún queda mucho por hacer”, asegura el informe.

Las dos primeras alertas están relacionadas a la poca fiscalización desde el Estado sobre los facilitadores del lavado de dinero. “El incumplimiento de los requisitos antilavado debe dar lugar a sanciones administrativas y penales”, explica el reporte. Sin embargo, las sanciones aún son “raras” y aquellas que se llegan a imponer tienen muy poco efecto: “los lavadores profesionales de dinero a menudo salen impunes”.

FACILITADOR. En 2016, las autoridades intervinieron las oficinas de Mossack Fonseca en Perú, luego de revelarse que creó red de offshore para empresarios peruanos.

Foto: OjoPúblico / Audrey Cordova

Este año OjoPúblico reveló, por ejemplo, que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) solo ha impuesto 17 sanciones contra bancos por deficiencias antilavado en dos décadas. Ante la falta de supervisión, señala el reporte del panel de las Naciones Unidas, “las instituciones financieras pueden concentrarse en aparentar el cumplimiento [de las normas] en lugar de realmente tratar de detectar el lavado de dinero”.

En la serie investigativa Dineroleaks, se reveló también el papel de la banca y cómo alrededor de US$2.200 millones de dinero de operaciones sospechosas ingresó al sistema financiero de manera legal. Se advirtió también que los bancos no cumplían con una serie de prácticas para prevenir el lavado de dinero, como no conocer el alto perfil de riesgo de sus clientes y acusaciones en contra de algunos de sus funcionarios por nexos con grupos delictivos. 

En tercer lugar, el informe alerta que “los abogados y las firmas legales suelen abusar de su privilegio profesional” para rechazar la imposición de estándares antilavado en sus trabajo diario, que incluye la creación de empresas offshore. En Perú, por ejemplo, los estudios de abogados están obligados a reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solo desde el año 2016.

El panel Facti agrega, en cuarto lugar, que casi todos los grandes bancos han sido vinculados a grandes escándalos por administrar fondos de la corrupción y del lavado. “Cuando cada gran banco está contaminado y son cómplices, es probable que ninguno de estos sufra un daño reputacional”, dice el reporte.

INVESTIGADO. El Banco de Crédito del Perú está bajo la mira de la Superintendencia de Banca y Seguros por deficiencias antilavado durante las campañas electorales.

Foto: Leslie Searles

El mismo año, Dineroleaks alertó que el Scotiabank recibió dinero ilegal de Odebrecht que estaba destinado para la campaña de Keiko Fujimori; mientras que, hace tres meses, nuestro medio alertó que entidades financieras como el Banco de Crédito del Perú (BCP) y el BBVA entregaron S/52 millones del programa Reactiva Perú a sospechosos de lavado de dinero. El reporte subraya los peligros de que no exista un elemento disuasorio contra los bancos. 

Finalmente, el informe alerta sobre el peligro de que los facilitadores del lavado y la elusión tributaria adquieran poder político, pues “podrían debilitar los regímenes regulatorios y de supervisión”. En 2018, por ejemplo, OjoPúblico alertó que el congresista Miguel Torres de Fuerza Popular promovió una norma para reducir los impuestos a los casinos, a pesar de que el estudio donde laboró tuvo como clientes a negocios del sector de juegos de azar.

El crimen, la Covid-19 y el periodismo

El informe de FACTI también llama la atención sobre los riesgos de corrupción y lavado en emergencias como la pandemia por la Covid-19. En primer lugar, el reporte alerta sobre las compras públicas con sobreprecio. Durante la pandemia, cuatro países latinoamericanos adquirieron mascarillas N95 por un precio superior al promedio de la región, según reveló una investigación de OjoPúblico como parte de la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción, .

En segundo lugar, el grupo de trabajo asegura que las ayudas sociales pueden estar sujetas a actos de corrupción o robo, sobre todo cuando el sistema de protección social gubernamental es débil. El Ministerio Público de Perú inició una investigación contra diversos municipios que compraron canastas básicas para grupos vulnerables a una compañía sentenciada en primera instancia por corrupción, luego de que OjoPúblico reveló este hecho.

El Panel de las Naciones Unidas, en tercer lugar, señala que los apoyos del Estado al sector privado pueden ser manipulados para beneficio político o ganancias privadas. En esa línea, nuestro medio informó que el rescate financiero del Gobierno peruano benefició sobre todo a un grupo de grandes compañías, entre ellas subsidiarias del banquero más rico del Perú, clínicas con sanciones y empresas que despidieron trabajadores durante la pandemia. 

Reporte concluye que para los bancos es “rentable” el ingreso de dinero originado en “abusos tributarios".

En este contexto, el informe provisional resalta que el periodismo de investigación cumple un rol fundamental en casos internacionales como locales de corrupción y crímenes financieros. “Los periodistas juegan un papel importante en el ecosistema de instituciones y actores” que generan la voluntad política para crear sistemas de rendición de cuentas y transparencia en el sector financiero, según concluye el informe.  

En ese sentido, los periodistas y sus fuentes denunciantes “necesitan el apoyo y protección” de sus derechos, asegura el Panel de las Naciones Unidas. “Los principales casos de corrupción y otros crímenes financieros”, continúa el reporte, “son comúnmente hechos públicos por periodistas, denunciantes y ONG [...] muchas revelaciones se han basado en documentos filtrados, con medios trabajando en alianzas internacionales”.

El grupo de trabajo FACTI de la ONU tiene programado publicar una versión final de este informe a inicios del próximo año, donde presentará recomendaciones específicas para atender los riesgos vinculados al sistema financiero y estudios de abogados, además de otros aspectos relacionados a los flujos financieros ilícitos. Las propuestas, según declara FACTI, serán “técnicamente factibles y políticamente viables”.