Marcos López es un ingeniero químico chileno que ha cotizado durante 37 años a una AFP y gana USD 6.000 al mes. Debería jubilarse en 2024 y estar tranquilo, luego de tanto tiempo de aporte al sistema privado de pensiones con un salario considerado alto. Sin embargo, no podrá dejar de trabajar porque la jubilación que recibirá será el equivalente a solo el 15% de su sueldo, unos USD 870, y solo la cuota de la hipoteca de su casa cuesta la mitad de ese monto. 

La situación es peor para las personas que ganan menos. En Chile, la pensión promedio de los jubilados por edad es de USD 322, pero incluso hay quienes cobran menos de USD 100. La misma situación se replica en países como Perú y Colombia, que tienen el mismo sistema de capitalización individual. 

En Perú, más del 90% de afiliados a las AFP que llegan a la jubilación deciden retirar casi la totalidad de sus ahorros y no optan por recibir una pensión mensual porque el cálculo arroja montos bajos que no les alcanzaría para cubrir sus necesidades básicas. 

Aunque las AFP siempre han señalado que han multiplicado el valor de los ahorros, el problema de las pensiones en la región es la baja densidad de cotización, es decir, la cantidad de meses que el trabajador aporta a su fondo es menor al tiempo que estuvo afiliado durante su vida laboral. Esto debido a la alta informalidad.

Así, el actual sistema no se hace cargo de los períodos de no cotización, denominados “lagunas previsionales”. 

Un sistema basado en capitalización individual en países con salarios bajas y alta informalidad arroja pensiones bajísimas.

El experto en AFPs, Hugo Castro, de Chile, señala que un sistema basado en capitalización individual, con el solo aporte del trabajo en países donde la mediana de los sueldos es baja y existe altísima rotación del empleo e informalidad, es una mezcla negativa que arroja pensiones bajísimas, pero que sigue siendo un excelente negocio para las administradoras que “nunca pierden”.

Colombia y Chile van más avanzados en su debate para reformar el sistema previsional dominado por las AFP. Ambos países toman como base el proyecto que sus respectivos gobiernos presentaron ante el Legislativo, y se encuentran en proceso de realizar algunos ajustes hasta llegar al consenso. 

Una situación muy diferente ocurre en Perú que, ante las demoras del Ejecutivo –que recién prepublicó una propuesta el 20 de junio–, fue el Congreso quien tomó la batuta del tema. Pero no se logró un consenso en las instancias parlamentarias y hay dos dictámenes –completamente opuestos en el fondo– que se disputan por someter a votación por separado en el Pleno.

En los últimos días, la discusión entre las propuestas de las dos comisiones del Congreso que plantean la reforma tocó pico, ya que la congresista de Fuerza Popular Rosangella Barbarán reunió firmas para agendar el debate en el pleno de solo su dictamen (Comisión de Economía) y dejar afuera la propuesta de Sigrid Bazán, de la Comisión de Trabajo. Bazán denunció el hecho y diversas bancadas retiraron su firma, con lo que al final ningún proyecto quedó agendado. 

Cuatro décadas con un modelo fallido

El modelo pensionario de las AFP se gestó en 1980 en Chile, con la dictadura de Augusto Pinochet. Antes, el régimen previsional chileno funcionaba como un sistema de reparto; es decir, las imposiciones de los trabajadores iban a un fondo común que se sumaba a los aportes del Estado. Así se financiaba la pensión de cada persona. 

Años después otros países de Latinoamérica, como Perú y Colombia, replicaron el modelo chileno de las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) administradas por empresas privadas: las AFP. A diferencia de Chile, que su sistema pasó a ser totalmente privado, en Perú y Colombia, las AFP funcionaron como competidoras a las gestoras públicas.

En Perú, desde 1973 en el Gobierno de Velasco Alvarado, funcionaba el régimen previsional público administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) con un modelo solidario de reparto que implica que los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados. 

Casi 20 años después, en 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori, en un contexto de privatización de diversos sectores de la economía, se impulsaron las AFP. Al inicio hubo ocho competidoras: Integra, Profuturo, Horizonte, Unión, Nueva Vida, El Roble, Providencia y Megafondo (estas últimas solo duraron un año). 

Luego, en 1995, el gobierno fujimorista creó un Bono de Reconocimiento, que sirvió de incentivo para que los trabajadores se trasladen de la ONP (público) a las AFP (privados). A partir de entonces se incrementó potencialmente el número de afiliados a las AFPs, que actualmente administran los ahorros previsionales de casi 9 millones de peruanos. 

Con el pasar de los años algunas AFP dejaron de operar y unas absorbieron a otras. En la actualidad están vigentes solo cuatro administradoras privadas: Integra (grupo Sura), Prima (grupo Credicorp), Profuturo (Grupo Scotiabank) y Habitat (de capitales chilenos). 

El sistema de las AFP se gestó en 1980 en Chile; años después otros países de Latinoamérica como Perú y Colombia replicaron el modelo.

En Colombia, el modelo de fondos privados de pensiones llegó en 1993 con el objetivo de dar solución a un sistema que era “inviable financieramente, inequitativo y que impedía ampliar la cobertura”, que para entonces solo llegaba al 20% de los colombianos. Sin embargo, tres décadas después, los problemas siguen siendo los mismos: a 2019, solo uno de cada cuatro colombianos forma parte del sistema previsional, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el régimen público sigue creando un hueco fiscal cada vez más grande.

Especialistas y voceros de gremios de afiliados consultados para este informe, recuerdan que entre los años 80 y 90, cuando se promocionaba las AFP en estos tres países, hubo diversas promesas sobre la rentabilidad de los fondos y sobre la tasa de reemplazo; es decir, prometían dar pensiones adecuadas.

“Se hicieron muchas promesas, yo creo que hubo mucha sobreexpectativa. No solamente se dijo que las rentabilidades iban a ser maravillosas, sino que también las tasas de reemplazo iban a ser maravillosas”, señaló la economista de la Universidad del Pacífico, Noelia Bernal a OjoPúblico. 

En Chile se prometió rentabilidad y jubilaciones con una tasa de retiro del 100% del sueldo percibido durante su vida laboral.

“AFP Cuprum ha ido creciendo a lo largo de todo el país hasta ser una gran AFP. Desde 1981 ha logrado aumentar los fondos de sus afiliados más que ninguna otra”. “Por su tamaño, por su rentabilidad, su servicio, Provida. Su futuro en primer lugar”, decían los comerciales televisivos de los años ochenta, invitando a potenciales afiliados chilenos a ser parte de la administradora.

La realidad, 40 años después, es distinta. Según la Superintendencia de Pensiones de Chile, se pagaron más de un millón de pensiones por vejez en el mes de abril de 2023. De este grupo, 896.528 pensionados por jubilación reciben un monto de USD 322 en promedio. Al cierre de ese mes se identificaron más de 11,6 millones de afiliados en las siete AFP existentes. 

 

El economista e investigador en temas previsionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Javier Olivera, enfatiza que las expectativas prometidas quedaron cortas frente a un sistema actual que no está cumpliendo su rol de protección social. 

Actualmente en Perú solo uno de cada 10 afiliados decide jubilarse con una pensión mensual, el otro 90% opta por retirar casi la totalidad de sus fondos, principalmente porque al hacer los cálculos de la mensualidad que les corresponde no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. 

Sumado a ello, las rentabilidades no han sido las mejores en el último año, ya que se registraron las mayores pérdidas con caídas de hasta -9,69% en términos nominales. Y considerando el rendimiento que mide el impacto real, este cayó hasta en -16,95%. 

 

Las fallas del sistema

A lo largo de los años, mientras iba creciendo potencialmente el número de afiliados en el Sistema Privado de Pensiones –y con ello las AFPs manejaron mayores cantidades de dinero–, se fueron visibilizando fallas en un sistema previsional que no cubre su función principal de garantizar una pensión justa para la jubilación. 

Luego de entrevistar a especialistas en los tres países y analizar la información de desempeño del sistema previsional, OjoPúblico y Cuestión Pública identifican en este reportaje las tres principales fallas o cuestionamientos al modelo de las AFP en Perú, Chile y Colombia. 

Uno de los puntos más cuestionados es la prioridad del negocio de las AFP antes que el fin de protección social. En los tres países se conocieron casos muy mediáticos de malas inversiones de los fondos, ya sea a empresas cuestionadas por casos de corrupción,  compañías a punto de quebrar que generaron pérdidas a los afiliados, empresas señaladas de atentar contra el ambiente y los derechos humanos, o millonarias inversiones a empresas vinculadas a sus mismos grupos económicos. 

En Colombia, por ejemplo, las administradoras han invertido en empresas involucradas en desfalcos financieros, hechos de corrupción y compra de votos. En Serfinanza, un banco que pertenece a una de las familias más ricas del país, de la que es miembro un expresidente del Congreso, todas las AFP han mantenido inversiones. Un préstamo otorgado por la entidad habría ingresado de manera ilegal a la campaña de la exsenadora Aida Merlano, condenada por compra de votos. Esta alianza le consultó a Colfondos por qué mantienen sus inversiones en el banco, a lo que respondió:  “durante la última evaluación al emisor Serfinanza no existe un resultado de la investigación en curso en contra de la compañía, por tanto, no se ha procedido con la venta de las posiciones en el portafolio, ni con el cierre del límite por parte del Comité de Riesgos”. 

 

En el caso de Chile, Álvaro Gallegos, exsuperintendente de pensiones, señaló a OjoPúblico que a las AFP se les ha permitido, a similitud de los bancos, ser propietarias de empresas que apoyan su giro, como es el caso –en este país– de Previred y el Depósito Centralizado de Valores. 

En Previred, que presta servicios de recaudación de las cotizaciones de los trabajadores afiliados, las AFP son dueñas exclusivas. En el DCV, que presta servicios de custodia y registro de transacciones, comparten la propiedad con bancos, compañías de seguros y otros actores del mercado financiero. 

“Se trata de un arreglo de integración vertical que busca economías de escala aunque reducen la competencia. En el caso de Previred, llama la atención que esa sociedad esté fuera del perímetro de supervisión de la Superintendencia, cuestión que no ocurre con el DCV, que es fiscalizado por la CMF, al igual que las otras sociedades de apoyo al giro de la banca”, señala Gallegos. 

Otro de los aspectos más reclamados por los afiliados es la alta comisión que se les paga a las AFP por administrar los fondos, esto pese a que las inversiones generen rentabilidad negativa. El descontento surge porque, al ser obligatorias las comisiones cada mes, las AFP siempre ganan, de hecho sus principales ingresos se dan por concepto de las comisiones; mientras que los afiliados son los únicos que asumen las pérdidas en la reducción de sus ahorros cuando hay rentabilidad negativa en los fondos. 

La ministra de Trabajo de Chile, Jeannette Jara, enfatiza que las AFP ganan utilidades sin ninguna condición que apunte a que los fondos también tengan buenos resultados. 

En Perú, las comisiones que los afiliados pagan mensualmente a las AFP varía entre 1,47% y 1,69% y se calculan en base al sueldo mensual del afiliado o al valor del fondo de su cuenta individual.

“Actualmente el 100% del riesgo lo asume el afiliado porque la AFP cobra una comisión fija, ya sea un porcentaje de tu salario que no se ve afectado por el rendimiento financiero o un porcentaje de tu saldo en la AFP que siempre es positivo, con lo cual tampoco se ve afectada”, acotó la investigadora Noelia Bernal. 

En Colombia, las AFP cobran una comisión de administración sobre los aportes que hacen los afiliados. Esta varía dependiendo de la administradora y se actualiza cada tres meses. Para el primer trimestre de 2023, el monto osciló entre 0,47%, cobrado por Protección, y 2,05%, de Skandia. 

Aunque este monto podría ser determinante al momento de escoger una AFP o la otra, en realidad el descuento es el mismo. Por reglamento, el valor de la comisión se suma con un cobro por el seguro previsional de muerte e invalidez, y juntos no deben superar el 3% de la base de cotización. Y todas las AFP siempre descuentan ese tope.

En Chile el cobro de comisiones de la renta imponible de las y los trabajadores oscilan entre el 0,69% y el 1,44%, esta varía según cada AFPs que cobra una comisión distinta.

Un gran problema en los tres países es la baja cobertura: en Perú y Colombia solo alrededor del 30% de la población están afiliados a un sistema previsional, por lo que no tienen acceso a una pensión futura. 

En Chile, la cobertura es mayor porque en este país el aporte de todo trabajador es obligatorio, incluidos los independientes, que desde el 2019 aportan a través de sus impuestos; sin embargo, las pensiones siguen siendo bajas como en los otros dos países. 

Según datos oficiales, en Chile el 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y uno de cada cuatro jubilados recibe una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza.

 

Los intentos de reformas

Durante los últimos 10 años se ha hablado de reformas pensionales, que van desde aumentar la edad de pensión o el porcentaje de cotización, hasta eliminar el régimen administrado por el sector público. 

Solo en los últimos cuatro años, desde 2019, en Colombia se han presentado 30 intentos de modificar al sistema pensional, tanto del régimen de prima media –el componente público administrado por Colpensiones–, como del régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por las AFP.

La mitad de estos intentos de reforma han sido enfocados a ampliar la cobertura de la población colombiana que no accede a pensiones en su vejez, pero también se han propuesto mejoras en las condiciones de los cotizantes y soluciones a los problemas de transición entre regímenes, entre otros.

Chile lleva cinco gobiernos sin ser capaz de reformar su sistema previsional. La última reforma, con cambios puntuales, fue en el 2008 durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la que tenía por objetivo dirigirse al 60% de la población más vulnerable  con la creación del Pilar Solidario que contempló una pensión básica y un aporte previsional, tanto para la vejez como para la invalidez. 

En 2021, a meses del término de su mandato, el Presidente Sebastián Piñera reemplazó el Pilar Solidario por la Pensión Garantizada Universal (PGU), extendiendo el beneficio al 80% de la población más vulnerable. Si bien esta no alcanzó a tener la envergadura de una reforma, es el último cambio relevante del sistema previsional, ya que es el único instrumento a través del cual el sistema chileno logra ser "mixto", dado que complementa la capitalización individual con aportes del Estado. 

 

En Perú, en la última década se integraron tres comisiones multisectoriales para una reforma del sistema de pensiones. Una planteaba mejoras generales al sistema previsional con incentivos para atraer a los trabajadores independientes; otro proponía crear una entidad centralizadora que recaude y pague pensiones, y a la par crear gestoras que se encarguen de las inversiones para rentabilizar los fondos; y el último buscaba reestructurar el sistema nacional de pensiones con la migración hacia un modelo de pilares múltiples. Ninguno de ellos logró un consenso. 

“Lo que yo he visto en general es que cuando se ha querido hacer una reforma estructural siempre han habido peros, no ha habido mucha motivación política para hacerlo y siempre se ha terminado por hacer reformas muy parciales, muy específicas. Luego se ha llegado a pasar a tener grupos que quieren reformar, pero queda en el papel. Al final del día si no tienes el apoyo político, ya sea del Gobierno o del Congreso no se puede hacer nada”, apuntó el economista Javier Olivera, quien ha realizado un análisis de estos intentos de reforma para la Defensoría del Pueblo. 

Actualmente, en el cuarto intento de reformar el sistema de pensiones en Perú, desde el Ejecutivo se formó una Comisión Multisectorial para la Reforma del Sistema de Pensiones  el cual fue anunciado por el gobierno de Pedro Castillo en agosto del 2021 y recién se oficializó su creación en julio del 2022. Como resultado de ello, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó una propuesta que aún será revisada para oficializar su presentación ante el Congreso. A la par, en el Parlamento actualmente se impulsan dos dictámenes de diferentes comisiones, y hay una tercera propuesta del Grupo de trabajo para el fortalecimiento de los sistemas de pensiones creado en la Comisión de Economía. 

Así, luego de hasta 30 intentos de cambios puntuales en el sistema de pensiones, ahora Perú, Chile y Colombia buscan la reforma integral de un modelo que ya no se sostiene y requiere un cambio estructural. 

Perú en su accidentado cuarto intento 

Ante las demoras del Ejecutivo para presentar su proyecto, el Congreso tomó la batuta en el tema de la reforma del sistema de pensiones en Perú, sin embargo, no primó el diálogo en esta instancia y se aprobaron dos dictámenes totalmente opuestos en dos comisiones diferentes. 

El primero que se aprobó fue el dictamen de la Comisión de Trabajo, impulsado por la congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático). Este plantea migrar hacia un sistema de tres pilares, con la participación de un gestor público complementado por las AFP. 

Estos pilares clasifican a los afiliados según su condición socioeconómica. Parte de un primer pilar “no contributivo” para las personas de menores recursos, que actualmente ya existe a través de los programas sociales Pensión 65 y Juntos, el cual es financiado y administrado por el Estado.  

El segundo pilar es el “contributivo”, administrado por un gestor público, donde aportaría la gran mayoría de la población, ya que está dirigido a los afiliados con ingresos menores a cinco remuneraciones mínimas vitales, equivalente a S/5.000 con el cálculo actual. Y el tercer pilar es el “complementario”, donde estarían los trabajadores con mayores ingresos. En este último caso, el afiliado podría elegir si sus fondos son administrados por el gestor público o alguna de las AFP privadas.

“Este modelo parte de propuestas del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización Internacional Del Trabajo (OIT), Defensoría del Pueblo. Va en línea de que haya un sistema ya no alternativo como en Perú sino complementarios: el sistema público como base y que sea complementado con pensiones del sistema privado, pero no que se manejen de forma separada porque sino no funcionan bien”, explicó a OjoPúblico Fernando Cuadros, exviceministro de Promoción del Empleo y asesor de la reforma de pensiones de la Comisión de Trabajo del Congreso. 

En tanto, la propuesta de la Comisión de Economía, impulsado por la parlamentaria de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, plantea mantener el modelo actual de las cuentas individuales de las AFP y eliminar el  modelo de reparto de la ONP, lo que la convertiría en una “AFP estatal”. Además, abre el mercado a que otro tipo de entidades financieras administren los fondos.

Esta iniciativa también plantea destinar el 3% del Impuesto General a las Ventas (IGV) de todas las adquisiciones que realice el afiliado con su documento nacional de identidad (DNI). Y, respecto a los trabajadores independientes, busca que aporten el 10% de su ingreso mensual. 

Sin mayor consenso, las presidentas de ambas comisiones manifestaron que la votación de los dictámenes se haría por separado en el Pleno del Congreso. El proceso era el siguiente: se sometía a votación primero el dictamen de la Comisión de Economía, y en caso de no aprobarse, se pasaba a votar la de la Comisión de Trabajo. 

Sin mayor consenso, las presidentas de ambas comisiones manifestaron que la votación de los dictámenes se haría por separado en el Pleno.

No obstante, esta figura cambió debido a que el 16 de junio la presidenta de la Comisión de Economía, Rosángella Barbarán, reunió 81 firmas para dejar de lado el proyecto de la Comisión de Trabajo y así solo someter a votación del Hemiciclo su dictamen, según denunció la congresista Sigrid Bazán. 

Ante las denuncias de Bazán, el 20 de junio, la portavoz del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina Hermosilla, retiró la firma de su bancada. De esta manera, ya no se alcanzó el número de firmas requeridas para agendar el dictamen de la Comisión de Economía. Aunque, luego, la bancada de Podemos Perú se adhirió al pedido y volvió a agendar el dictamen, pero este fue impedido por el retiro de firmas de Acción Popular y Somos Perú. Así, al cierre de la reciente legislatura que acabó el 23 de junio, ninguno de los proyectos de reforma de pensiones quedó en agenda. 

En ese contexto, el Ejecutivo recién prepublicó el último martes 20 de junio la propuesta de la Comisión Multisectorial para la reforma del sistema de pensiones, con el aval del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Sin embargo, este proyecto todavía no ha sido presentado oficialmente ante el Congreso -para su posterior evaluación y búsqueda de consenso-, ya que aún se seguirán afinando detalles, según señaló el MEF a OjoPúblico.  

La propuesta del Ejecutivo establece la afiliación universal al sistema previsional, una pensión mínima de jubilación, reduce el costo de la comisión y reduce las comisiones que pagan los trabajadores a las AFP. Además, permite que los bancos, cajas y otras empresas compitan en la administración de los fondos. 

No obstante, el proyecto del gobierno no plantea un cambio estructural al sistema previsional. Aunque contempla cuatro pilares, mantiene el mismo modelo actual de competencia entre la ONP (pública) y las administradoras privadas. 

“Siguen existiendo separadamente ONP y SPP, con dos distintos recaudadores. Los afiliados pueden ir y venir entre ambos sistemas. Esto va a costar mucho porque se darán pensiones mínimas y proporcionales sin que haya financiamiento solidario. Es el Estado el que pondrá los complementos para esas pensiones, que serán sobre todo reclamadas por aquel 20% de trabajadores de ingresos medios y medios-altos en Perú que puede ahorrar en un sistema de pensiones, lo que sería regresivo”, cuestionó el especialista Javier Olivera. 

El especialista en temas pensionarios hizo un llamado al MEF y el Congreso para presentar las simulaciones de costos fiscales de las reformas que plantean. “No se puede decidir ninguna reforma si no se evalúan bien los costos y quienes pagarán por ello”, apuntó. 

Por su parte, la economista Noelia Bernal manifestó que, más allá del tema político, desde el aspecto técnico el sistema de cuentas individuales no puede ser un sistema de protección social por su diseño mismo y que la recomendación más objetiva es reformar el sistema integralmente. 

“Hay espacio para el manejo de los fondos por parte de las AFP, de fondos de inversión del exterior, de diferentes entes financieros, pero creo que el Estado sí tiene que asumir un rol más sin que se le llame a eso ‘estatización’ de las pensiones, esos son adjetivos innecesarios”, apuntó. 

Las propuestas de reforma de Chile y Colombia 

Chile y Colombia están más avanzados en su debate, a finales del año pasado los gobiernos de Gabriel Boric y Gustavo Petro presentaron ante el Legislativo una propuesta para la reforma de pensiones. 

En noviembre de 2022, Boric anunció la propuesta de su gobierno que incluye: mantener la capitalización individual de cada trabajador con una cotización del 10,5%; aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU) que es financiada por el Estado para los más vulnerables, crear un seguro social en forma de fondo solidario —también conocido como cuenta nocional, aunque ya fue descartada por el Gobierno— financiado por los empleadores en un 6% de cotización adicional, que generará una nueva pensión a población; y una disminución de las comisiones y mejoramientos de la rentabilidad en la capitalización individual. 

Al crear este nuevo seguro social, el proyecto integra una serie de beneficios: un esquema de solidaridad intergeneracional —mecanismo que poseen diversos sistemas previsionales del mundo—, agregando una garantía de 0,1 Unidad de Fomento (UF) por año cotizado, con un máximo de 30 años. Además genera una compensación a las mujeres por expectativas de vida, maternidad y tareas del cuidado. 

También entrega una compensación por eventuales lagunas previsionales, puesto que cada vez que se use el Seguro de Cesantía, pagará las cotizaciones del 10% y el 6%. El sistema mixto, según el proyecto, contará con un gestor público de inversión y actores privados, en el que los ciudadanos podrán elegir quién gestionará sus ahorros. 

Sin embargo, el Ejecutivo descartó la idea de generar cuentas nocionales, debido a las críticas emitidas por parlamentarios de los sectores más conservadores. Buscando un nuevo instrumento, dentro de la línea de la seguridad social, para distribuir ese 6% de cotización añadido. La Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, presentará una nueva propuesta al parlamento. 

JUBILACIÓN. En la reforma de Chile se plantea aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU) que es financiada por el Estado para los más vulnerables. 

Imagen: Gobierno de Chile 

Luis Mesina, profesor de historia y vocero del movimiento No+AFP en Chile, señaló a OjoPúblico que la propuesta anunciada por el presidente Boric en noviembre de 2022 es absolutamente insuficiente. “No cumplía con lo que había prometido el propio Gabriel Boric en su campaña, que era acabar con las AFP. Acabar con la capitalización individual y avanzar hacia un sistema público de seguridad social”, dijo.

Mesina también es crítico del tipo sistema mixto que aumentaría la contribución que hoy día tiene Chile, de un 10% a un 16%. “Ese 6% tenía una forma bastante rara. Consistía en que de ese 6%, un 4,2% iba a establecerse como cuentas nocionales. El otro 1,8% iba a lo que ellos llamaron un seguro social, que parecía muy bien y eso se iba a destinar a pagar a mejorar las pensiones de los actuales pensionados”.

El pasado 16 de junio, la Coordinadora No+AFP criticó al oficialismo por haber cedido ante las presiones de la derecha chilena, dado que el punto de las cuentas nocionales tuvo que ser eliminado de la propuesta ante la negativa del sector más conservador del Congreso.

“Las cuentas nocionales nos parecía que era transitoriamente para avanzar un sistema de reparto solidario. Nos parecía que iba en la dirección, por lo tanto era un paso pequeño que dio el gobierno con la propuesta”, explicó Mesina.

La petición de la agrupación activista es la de un sistema de previsión público, solidario y universal para el largo plazo. Para el corto plazo, exige un reajuste de la Pensión Garantizada Universal a 250.000 pesos (USD 312,5) y garantizar su universalidad.  También exigen entregar dicha pensión a las mujeres a partir de los 60 años, en vez de hacerlas esperar hasta los 65 años, edad de jubilación para mujeres en Chile. Por último, piden que quienes perciban una pensión inferior al ingreso mínimo, puedan hacer el retiro total de sus fondos al momento de la jubilación.

Por su parte, en Colombia, la reforma del actual gobierno apunta a fortalecer el sistema público. En su lugar, reduce la tajada de las AFP en el mercado, que actualmente controlan un 73%. De ser aprobada en el Congreso, 9 de cada 10 afiliados cotizarían en la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Además, esta entidad pública también entraría a competir por el 10% restante en calidad de AFP.

Así, la reforma colombiana plantea un modelo de tres pilares y mezcla los regímenes privado (AFP) y público (Colpensiones) que existen actualmente. Los pilares funcionan dependiendo de la cantidad de aportes que pueden realizar las personas: uno plenamente subsidiado (Pilar solidario); uno semicontributivo para quienes logran aportar al sistema más de tres años pero que no cumplen con el total de requisitos para acceder a pensión; y uno contributivo. Este último pilar a su vez se divide según el monto de los aportes y tiene una parte administrada por una entidad pública y otra por una AFP. 

Sobre las comisiones, se cambiarían las reglas de juego. De entrada, el tope de estas sería de 0,8 puntos y se calcularían de manera propia, no en relación al seguro previsional como se hace actualmente. 

 

Un debate mediático  

En Perú y Chile los voceros de las AFP se niegan a reestructurar el modelo del sistema actual. Se han difundido campañas publicitarias en televisón que alarman sobre una posibilidad de que el Estado gestione los fondos de pensiones.

En el mismo Congreso de la República de Perú, hay dos propuestas dictaminadas que son muy contrarias. Uno que busca un sistema complementario entre el gestor público y privado, y otro que está más alineado a los intereses de mantener el modelo actual y fortalecer a las AFP. 

La congresista Sigrid Bazán, denunció la existencia de un lobby de las AFP a través de la propuesta de la Comisión de Economía impulsada por la congresista de Fuerza Popular Rosángella Barbarán. Esto debido a que Barbarán impulsó estrategias para bloquear el dictamen de la Comisión de Trabajo y que solo se someta a debate en el Pleno su propuesta que está alineada a mantener el actual modelo de las AFP. 

En Perú no hay muchos visos de consenso en instancias de los poderes del Estado y por eso tiene tres propuestas diferentes en busca de ser aprobadas, a diferencia de Chile y Colombia que toman de base un solo proyecto de reforma presentado por su gobierno para sobre ello debatir los ajustes en el parlamento. 

Por su parte, el debate público de la reforma levantada por el gobierno chileno está en su punto más político, debido a la negociación que se realiza en el Congreso. La Asociación de AFP de Chile, organización gremial que reúne a las Administradoras de Fondos de Pensiones, ha pronunciado abiertamente su desacuerdo con la reforma en múltiples ocasiones a través de su presidenta, Paulina Yazigi.

Diversos gerentes también se han sumado a esta campaña en los medios de comunicación. El Presidente de AFP Cuprum, Pedro Atria, aseguró el pasado 13 de abril que había que priorizar mejorar las AFP en vez de refundarlas.

Ante las presiones de un sector, el presidente Boric realizó cambios en la propuesta inicial para avanzar con la reforma previsional y contar con votos de la oposición en el órgano legislativo, pero esto generó descontento en las agrupaciones sociales que han convocado a una movilización para el próximo 23 de julio. La coordinadora No+AFP apunta a poner fin al modelo de capitalización individual y consolidar un sistema público, solidario y universal.

En Colombia, las AFP están de acuerdo con la propuesta del gobierno, pero piden hacer algunos ajustes. 

En Colombia en tanto, el panorama varía. Las AFP están de acuerdo con la propuesta del gobierno y migrar hacia un sistema de pilares múltiples, pero piden hacer algunos ajustes. 

Daniel Wills, vicepresidente técnico de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) dice que la reforma está bien enfocada porque fortalece el pilar no contributivo que alberga a los que hoy en día no pueden acceder a una pensión, acaba con la competencia entre el régimen privado y el público y reduce los subsidios a las pensiones altas. Aun así, cree que no es sostenible financieramente a largo plazo y que va a terminar en un nuevo hueco fiscal o desmontando algunos de los beneficios que promete.

Sobre el pilar contributivo, donde entran a participar las AFP, Wills señala que no resulta siendo del todo contributivo porque hay subsidios que no se alcanzan a pagar con las cotizaciones de las personas. 

La reforma pensional en Colombia ya pasó su primer debate en el Congreso y le esperan otros tres. Las discusiones se retomarán a partir del 20 de julio con el inicio de una nueva legislatura. Aunque hay voces en contra, incluyendo la del expresidente Iván Duque, para el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, es la más viable de ser aprobada en comparación con las demás reformas del gobierno. 

 Ahora que en Perú, Chile y Colombia coinciden en el debate de los cambios al modelo pensionario, se espera lograr un consenso que finalmente favorezca a los afiliados.