Seis demandas de amparo presentadas por empresas de juegos de azar y máquinas tragamonedas se encuentran en trámite en el Tribunal Constitucional (TC) y el Poder Judicial para anular el cobro del impuesto selectivo al consumo (ISC), un tributo que se aplica a este tipo de juegos con el fin de desincentivar la ludopatía. Sus promotores son compañías registradas en Huánuco, Ucayali, Loreto y Lima, que iniciaron procesos en la vía judicial entre 2018 y 2019. 

Las acciones fueron interpuestas contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), y forman parte de una cadena de intentos impulsados por este sector empresarial contra el Decreto Legislativo 1419, aprobado en 2018 por el Ejecutivo. La norma incorpora este tipo de actividades al régimen del ISC y establece un cobro fijo por cada máquina y mesa de juego, según el nivel de ingresos que generen de forma mensual. 

Cuatro de los casos fueron desestimados el año pasado en sus respectivas Cortes Superiores, pero los abogados de estas empresas acudieron al Tribunal Constitucional y, entre abril y junio de 2021, se publicó la admisión de sus expedientes. Las otras dos demandas se mantienen en apelación en el Poder Judicial, a la espera de un pronunciamiento en segunda instancia.

Cuatro de los pedidos de amparo se encuentran en el TC y otros dos fueron apelados en el Poder Judicial".

Entre los procesos que aguardan en el TC están el de River Gaming S. A. C., una sala de juegos con licencia para operar 109 máquinas tragamonedas en el local Conttento, en la región Huánuco, a unas cuadras de la Plaza de Armas. La empresa tiene como gerente general a Juan Guevara Benavides, quien ocupa el mismo cargo en Mesac Slot S. A. C., razón social registrada en la primera cuadra del jirón Risso, en el distrito limeño de Lince.

Mesac Slot S. A. C es una de las empresas que mantiene su caso en el Poder Judicial. Según la base de datos del Mincetur, administra 449 máquinas tragamonedas en cinco sedes de los establecimientos Real Slot y Slot and Fiesta, ubicados en las avenidas Bolivia, 28 de Julio y Argentina, en Lima. La otra razón social que apeló ante la Corte Superior es El Dorado Casinos S. A. C., de Juan Rodríguez de la Torre, que opera en Loreto.

RIVER GAMING. Esta empresa registrada en Huánuco administra la sala de juego Contentto y es una de las promotoras de amparos.

Foto: OjoPúblico/Geraldine Santos.

La segunda empresa que aguarda en el TC es VBH Victoria Boutique Hotel S. A. C., que administra tragamonedas en el Hospedaje Río, en Ucayali, y tiene como gerente general a Alex Alejos Sosa. Su nombre aparece en la información del Mincetur como representante importador de máquinas de juego a través de la misma razón social y de otra compañía vinculada: Lightning Entertainment S. A. C., la autora del tercer pedido de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Esta última opera también en Ucayali, en el hospedaje El Dorado Pucallpa, y tiene como gerenta general a Maria Yrene Guerra Coronado. Finalmente, se encuentra Inversiones Río Amazonas S. A. C. Su gerente general es José Barrera Ruiz, y administra tragamonedas en el hotel Safari, ubicado en Iquitos, Loreto; y en los establecimientos El Parral y Fortuna, en las provincias de Maynas y Alto Amazonas, en la misma región.

Una antigua relación con los casinos

De acuerdo con la documentación archivada en el Poder Judicial y en el TC, cinco de los seis amparos -con excepción de Inversiones Río Amazonas- cuentan con el patrocinio legal del Estudio Otárola & Prialé Abogados, del exministro de Defensa y reciente candidato a la vicepresidencia por el Partido Nacionalista Peruano, Luis Alberto Otárola Peñaranda. En 2011, antes de convertirse en funcionario público, Otárola Peñaranda fue abogado del emporio que dirige Félix Rosenberg Guttman, conocido como el Rey de los casinos.

En 1998, Rosenberg Guttman inició un acción judicial que derivó en una masiva presentación de recursos de amparo por parte de diferentes empresas del sector para que el Ejecutivo no regule su actividad ni se les aplique impuestos. En 2007, el TC declaró nulos los procesos y el sector inició su formalización. En 2016 su nombre apareció en la investigación Panama Papers como cliente del bufete Mossack Fonseca, y en diálogo con OjoPúblico él insistió en que ninguna de estas abrió cuentas bancarias ni realizó operaciones. 

Las demandas impulsadas desde Huánuco, Ucayali, Loreto y Lima, que actualmente aguardan su pronunciamiento en el TC y el Poder Judicial, están suscritas por los abogados Gisella Milagros Otárola Almandoz y Jorge Sandino Otárola Sotomayor. En entrevista con este medio, Luis Alberto Otárola Peñaranda -socio principal del estudio jurídico- confirmó que ambos trabajan con él y son sus familiares, pero que estos casos no están relacionados con Rosenberg Guttman.

“En mi estudio hay un área que defiende a empresas dedicadas a casinos y tragamonedas. Esas demandas no las he hecho yo directamente (...) No están vinculadas con el señor Rosenberg (...) Al señor Rosenberg sí lo defendí hace muchísimos años, sí, lo conozco y sé que tiene un negocio lícito de casinos y tragamonedas en el país (...) No lo veo hace mucho tiempo, pero actualmente no tengo ningún caso judicial con él”, añadió.

Los vínculos de Otárola Peñaranda con los casinos, como él mismo reconoce, vienen de hace años. En 2005 se presentó ante la comisión del Congreso que lideró Jorge Mufarech para investigar la regulación de los juegos de azar. Dicha intervención la realizó como asesor de la Cámara de Operadores de Máquinas Tragamonedas, una organización fundada por Rosenberg Guttman.

En la sesión se reveló que 12 de las empresas afiliadas a dicho gremio operaban con acciones de amparo, pero el abogado manifestó que tales medidas eran irreversibles, por lo que no necesitaban de una autorización ministerial para seguir funcionando.

Quince años después, el 12 de agosto de 2020, mientras su estudio jurídico impulsaba los actuales pedidos de amparo, Otárola Peñaranda se presentó de nuevo en el Congreso. Esta vez, en una sesión virtual como “asesor jurídico de la Asociación Pro Derechos Civiles - Aprodeci” para abogar ya no solo por las empresas, sino por los trabajadores de estas salas de juego que no podían retornar a sus labores debido a la pandemia. 

Consultado por OjoPúblico sobre sus conexiones con ambas organizaciones, el exfuncionario dijo no ejercer actualmente la representación legal de la Cámara de Operadores de Máquinas Tragamonedas. Respecto a Aprodeci, en un primer momento negó haber tenido algún vínculo, pero tras recordarle su reciente presentación en el Congreso argumentó que se trató de un “informe en defensa del derecho de los trabajadores”. 

El largo historial de acciones legales

En 2018 Alpamayo Inversiones S.A.C. y Nevada Entretenimientos S.A.C, dos de las empresas que Rosenberg Guttman mantiene actualmente en el rubro de casinos y tragamonedas, fueron protagonistas de otra demanda de cumplimiento contra el MEF y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) con el mismo fin: anular la aplicación del impuesto selectivo al consumo (ISC).

Hasta ahora se desconocía que las compañías del empresario habían impulsado una nueva acción judicial. El caso se presentó ante el Primer Juzgado Civil de Juliaca, en Puno, pero fue declarado nulo porque se presentó en una región distinta al del domicilio fiscal de la compañía, que es en Junín. El proceso se cerró el 12 de diciembre de 2019 y los demandantes informaron al juez su desistimiento.

EXMINISTRO. Alberto Otárola Peñaranda fue ministro de Defensa y ahora dirige un estudio de abogados especializado en empresas de juegos de azar.

Foto: Andina.

OjoPúblico se comunicó con Félix Rosenberg Guttman, quien en un primer momento negó que sus compañías hayan impulsado demandas desde que entró en vigencia el cobro por el ISC.

—¿Desde alguna de sus empresas se han entablado acciones legales desde 2018 a la fecha?

—No, en absoluto ninguna de nuestras dos empresas, Nevada y Alpamayo, han presentado algún amparo, no tienen nada vigente ni nada corriendo. Estamos nosotros obedeciendo y pagando todos nuestros impuestos.

—Pero Alpamayo sí registra un proceso judicial reciente, una acción de cumplimiento...

—Todo eso ha sido desfasado, pero desde el año 2006 nosotros nos hemos acogido a la Ley 28945 [Ley de Reordenamiento y Formalización de la Actividad de Explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas], que permitió solucionar todo (sic), nosotros venimos cumpliendo todos los impuestos, no tenemos ningún amparo ni juicio con el Estado.

—Lo decía porque Alpamayo Inversiones SAC, registrada en Junín, tiene un proceso judicial del año 2018. Es reciente.

—Bueno, pero como le digo (....) Lo que le quiero decir es que a la fecha nosotros hemos desistido, si es que ha habido, de cualquier acción de amparo. No hay nada corriendo ni vigente en este punto.

Rosenberg Guttman aseguró que no tiene conexiones actuales con Alberto Otárola  Peñaranda ni con las nuevas demandas impulsadas por su estudio de abogados. Es más, dijo que el ISC es un impuesto justo, pero que podría ser revisado porque ya tienen otros gravámenes vigentes como el impuesto al juego que aporta “más de 300 millones de soles al año” al Estado. “Pero en este momento, en que se inicia un nuevo gobierno, queremos apoyar a que el gobierno pueda trabajar bien, y que las reglas estén claras”, añadió.

Desde 1999 los juegos de casinos y tragamonedas están inafectos al impuesto general a las ventas (IGV), un beneficio que solo en 2021 les permitirá ahorrar S/174,8 millones según cifras de la Sunat. En contraposición, están gravadas las contribuciones propias de cualquier empresa, con el 12 % por impuesto al juego y con el ISC aprobado en 2018 por el entonces presidente Martín Vizcarra, haciendo uso de la delegación de facultades legislativas.

Solo en 2021 los juegos de casinos y tragamonedas no pagarán S/174,8 millones por IGV".

Las demandas de amparo que actualmente están en trámite en el Poder Judicial y en el TC cuestionan que el D.L 1419 fije un cobro por cada máquina y mesa de juego, pues consideran que con ello se impone un tributo al patrimonio y no al consumo, y que eso excede los límites de la delegación de facultades legislativas por las que el expresidente promulgó la norma y vulnera la naturaleza del mencionado impuesto.

Ese fue el argumento que usó la Comisión de Constitución del Congreso en 2018, entonces dirigida por Miguel Torres, de Fuerza Popular, para aprobar un dictamen que declaraba la  inconstitucionalidad del decreto y pedía su derogación. Aunque la iniciativa no prosperó en el Pleno, los actuales amparos patrocinados por el Estudio Otárola & Prialé citan el informe del excongresista.

IQUITOS. La sala de juego Safari, de la empresa Inversiones Río Amazonas, es el único promotor de amparos que no cuenta con la asesoría legal del Estudio Otárola.

Foto: Google Maps.

El 24 de enero de 2019, el TC recibió una demanda de inconstitucionalidad contra el mismo D.L 1419 firmada por 7.554 ciudadanos, representados por Carlos Fonseca Sarmiento, socio de Varela & Fonseca Abogados. En la misma se cuestionó que la norma cree un impuesto al patrimonio sobre una base de la que no se pueden deducir los gastos realizados para la obtención de utilidades, un hecho sobre el que el Tribunal Constitucional se pronunció en contra hace 20 años, en el expediente 009-2001-AI/TC. 

Además, se denunció que las empresas de casinos y tragamonedas eran sometidas a un trato desigual porque no ocurre lo mismo con los juegos de apuesta en línea. En abril de 2020 se desestimó el pedido debido a que no se llegó a los cinco votos necesarios para aprobar este tipo de reformas. Sin embargo, obtuvo el apoyo de cuatro de los siete magistrados: Augusto Ferrero Costa, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez y José Luis Sardón de Taboada.

Sardón de Taboada fue el ponente en aquella ocasión y nuevamente ha sido designado como tal en las cuatro demandas de amparo que hoy están pendientes de resolver en el TC, contra el mismo decreto. El abogado Jorge Sandino Otárola Sotomayor, sobrino de Otárola Peñaranda y quien impulsa los casos de River Gaming, VBH Victoria Boutique Hotel y Lightning Entertainment, considera que el fallo del TC significó una victoria para el sector de casinos y tragamonedas por la mayoría de votos que obtuvo.

José Luis Sardón de Taboada es el ponente designado en el TC para resolver los nuevos casos".

“Nuestras demandas vienen con sentencia improcedente en primera y segunda instancia, y ejerciendo nuestro derecho hemos interpuesto estos recursos. Nosotros consideramos que [con este fallo] acertadamente el TC ha revocado, de alguna manera, los pronunciamientos anteriores (...)  El TC debería mantener una línea con los magistrados que se encuentren ahí y dilucidar una controversia que nos genera agravio”, señaló a OjoPúblico.

Otárola Sotomayor, que también es representante legal de las comercializadoras de máquinas tragamonedas Amelic Inversiones S.A.C. y Daso Recreativos S.A.C., explicó que las tres empresas que mantienen las demandas de amparo buscaron la asesoría del estudio jurídico porque están especializados en materia constitucional y tienen un área especializada en este tipo de negocios. “Este tema estrictamente los he movido yo”, indicó.

Días antes de la última sentencia del TC, el magistrado Sardón de Taboada se pronunció en La República sobre un posible conflicto de interés en el caso, pues su cuñado Javier Bisso López de Romaña fue cercano colaborador del empresario José Sam Yuen, dueño de los casinos Golden Palace y Hacienda, y de las salas de juego Tropicana, Copacabana y Silver Moon. Sin embargo, el magistrado no se abstuvo.

Para entonces, en febrero de 2020, Bisso López de Romaña ya había declarado ante el Equipo Especial Lava Jato que Sam Yuen le ordenó reclutar a falsos aportantes para canalizar S/270.000 a favor de la campaña de Keiko Fujimori, en 2011. De acuerdo a la investigación fiscal, el proyecto de ley que se gestó en la Comisión de Constitución contra el D.L 1419 y el impuesto selectivo al consumo (ISC) fue parte de una estrategia para “favorecer a grupos de poder empresarial vinculados a la organización criminal” por la que es investigada la candidata de Fuerza Popular.