El periodismo de investigación ha demostrado que el abuso fiscal de las empresas transnacionales es sistemático y necesita ser renovado, explicó Magdalena Sepúlveda, miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRIC), grupo de trabajo que agrupa entre sus integrantes a renombrados economistas como Thomas Piketty y Joseph Stiligtz. 

En entrevista con Ojo-Publico.com durante la conferencia anual del Tax Justice Network, Sepúlveda abordó los problemas de desigualdad que generan sistemas tributarios "obsoletos", las obligaciones fiscales de los principales grupos económicos y explicó por qué las mujeres son las más afectadas por las políticas de austeridad. 

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¿Por qué estamos ante una oportunidad urgente y sin precedentes para reformar el sistema internacional de impuestos a las grandes empresas?

Tras la crisis económica del 2008, Latinoamérica adopta medidas de austeridad con un enorme impacto en la población más vulnerable, particularmente en las mujeres. A raíz de esto, aparece un movimiento social en la región que reconoce que los gobiernos sí tienen la capacidad de recaudar mayor cantidad de recursos. Los Panama Papers y Paradise Papers ayudaron a entender que el abuso fiscal es sistemático y que los impuestos que no pagan las multinacionales afecta al ciudadano común. El sistema tributario para las corporaciones es obsoleto e injusto, por esto desde ICRICT promovemos una mayor recaudación fiscal. 

Sin embargo, el debate fiscal suele ser poco inclusivo.

Es un tema que no debería ser dominado sólo por técnicos. Por ejemplo, en el Perú -donde las mineras transnacionales no pagan los impuestos que corresponden- la recaudación se hace a través de impuestos indirectos, como el Impuesto General a las Ventas (IGV). En promedio, el 20% más pobre de la población en Latinoamérica utiliza 13,7% de sus ingresos para pagar el IGV, mientras que las familias más ricas sólo usan el 5,8%.

FILTRACIÓN. La investigación Panama Papers y Paradise Papers revelaron información sobre sociedades offshore y paraísos fiscales. 

Imagen: ICIJ

Tenemos un sistema de impuestos en el que el más rico paga menos que el más pobre. Por eso desde ICRICT queremos que la gente entienda que los temas fiscales nos conciernen a todos. Llevamos una década de medidas de austeridad que en la práctica afectan a la población más vulnerable. El gobierno tiene que buscar de dónde recaudar fondos para políticas públicas. Basta de los abusos de las élites económicas. Hay que hacer cambios al sistema de recaudación de impuestos para las transnacionales y no pedir sólo sacrificios a la población más débil.

¿Cómo promover reformas fiscales si los países buscan tener impuestos más bajos para asegurar las inversiones privadas en sus territorios?

Los países en desarrollo por sí mismos pueden hacer muy poco respecto al cambio del sistema tributario internacional. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no todos los países tienen voto, mientras que las transnacionales tienen una representación muy alta. Las empresas tienen muchísimo poder y amenazan con irse a otro país que tenga una tasa impositiva más baja. Necesitamos que Latinoamérica actúe en bloque para cambiar las reglas de juego, conseguir una mayor participación en las mesas de la OCDE y crear un órgano ‘con dientes’ en las Naciones Unidas para trabajar el tema fiscal.

El Caso Panama Papers impactó considerablemente en la última evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a Panamá. ¿Cómo influyen estas investigaciones al debate fiscal internacional?

Estas filtraciones provocaron una movilización social que obligó a los países a tomar medidas importantes. El gran desafío es mantener la presión sobre los gobiernos para incentivar una transformación del sistema fiscal sin esperar otra filtración. Los grupos económicos están detrás del lobby que obstaculiza las reformas necesarias para tener una sociedad más justa. En un contexto donde el poder económico tiene un nivel de acceso al poder político que el resto de la población no tiene, o nos movilizamos todos juntos o no lo logramos. Es necesario que los gobernantes entiendan que la población está harta y quiere cambios.

EVALUACIÓN. Los Panama Papers tuvieron un fuerte impacto en el informe elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre Panamá. 

Foto: El Capital

El International Bar Association explica que si un Estado frustra el desarrollo de políticas para luchar contra la evasión y elusión tributaria, puede incurrir en la violación de sus obligaciones internacionales sobre derechos humanos.

El derecho internacional abarca las acciones de un país que afectan los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de otro país, como una invasión o el secuestro de un ciudadano extranjero. Recién en los últimos años este concepto alcanzó a los derechos económicos, sociales y culturales. Muchas veces las políticas fiscales o económicas de un país impactan en la posibilidad de otro para recaudar. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) tiene un caso contra Suiza, donde explica que el secreto bancario de esta jurisdicción permite la evasión fiscal en países en desarrollo; es decir, está impidiendo que otros países dispongan de recursos para políticas sociales.

Este enfoque de derechos humanos para analizar las políticas tributarias, ¿también puede ser aplicado a las prácticas de las empresas privadas?

Una de las grandes limitaciones del derecho internacional es que establece obligaciones para los Estados. Una de las principales obligaciones estatales, por ejemplo, es tomar medidas para proteger a la población frente a los actos de terceros, que en este caso serían las compañías multinacionales. Sin embargo, el derecho internacional es mucho más suave en términos de obligaciones para las empresas privadas. No hay un mecanismo para llevar a una empresa a juicio o ante un órgano de supervisión de tratados internacionales.

"Las empresas tienen mucho poder y amenazan con irse a otros paises con tasas impositivas más bajas".

Tras la publicación de los Panama Papers y Paradise Papers, los grupos empresariales aseguraron que el uso de esquemas offshore es legal. ¿Hay un impacto real por el uso de paraísos fiscales en los derechos humanos de los ciudadanos?

Es cierto que tener una offshore no es ilegal, pero lo importante es el aspecto ético. Las compañías nutren su desarrollo de las inversiones públicas en muchas formas. Por lo tanto, la principal responsabilidad social de una empresa es pagar impuestos. En esto todavía hay mucho que trabajar. Las empresas tienen fundaciones de responsabilidad social, pero la caridad no va a cambiar el sistema. Necesitamos que no cometan abusos sistemáticos y que contribuyan de manera justa a los bienes públicos.

¿Hay un doble discurso?

Totalmente. Es una hipocresía enorme por parte de las empresas. El consumidor tiene un arma poderosa y puede apoyar a las empresas que paguen impuestos. El problema es que en muchos casos el mercado es dominado por pocas compañías y es muy difícil que el consumidor logre un boicot. Por otro lado, la autocrítica al propio movimiento de derechos humanos al que yo pertenezco es que nos tardamos muchos años en analizar el tema de la generación de recursos. Los fondos públicos son esenciales para tener un sistema judicial que funcione bien o una policía que no cometa abusos y torturas.

Usted ha mencionado en diversas publicaciones que los abusos tributarios afectan sobre todo a las mujeres. ¿Los gobiernos de nuestra región están aplicando políticas fiscales con enfoque de género?

La política fiscal tiene un impacto diferenciado para las mujeres. En Latinoamérica tenemos una carga de trabajo doméstico mucho mayor que los hombres. Incluso cuando una mujer aumenta sus ingresos, disminuye levemente su carga de trabajo doméstico porque puede comprar los servicios de otra mujer más vulnerable: migrante o indígena. En cambio, el hombre, cualquiera que sea su clase social o nivel de ingreso, tiene una cantidad de trabajo doméstico que no varía. Existen además muchas políticas tributarias que impiden a la mujer el ingreso al mercado laboral.

ENFOQUE DE GÉNERO. Magdalena Sepúlveda del ICRICT explica que la poca recaudación fiscal de las empresas tiene un impacto en las políticas públicas destinadas a las mujeres y grupos vulnerables. 

Foto: ICRICT

Otro de los problemas es el que ocurre en países como Perú, donde la recaudación fiscal está basada en impuestos indirectos; es decir, el impuesto está agregado en el consumo y es la mujer quien gasta día a día en la comida a causa de los roles de género. Cada vez que hay medidas de austeridad, disminuyen los servicios públicos de protección social destinados sobre todo a las mujeres, como el acceso a guarderías. Si existen menos fondos públicos en un país, aumenta la carga de trabajo doméstico a la mujer. Es muy importante que los países vinculen el impacto de género a las medidas fiscales para no perpetuar la desigualdad.

¿La recaudación directa de impuestos es un mejor sistema?

Es más progresiva, porque pagas más impuestos a medida que tienes más ingresos. El IGV es igual para todos, ricos y pobres pagan lo mismo. Ahí es donde las mujeres y los grupos vulnerables en general son perjudicados. A la mujer le es mucho más difícil competir, mantener su trabajo y llegar a cargos directivos porque tiene dos jornadas de trabajo: la jornada normal y la que tiene en casa.

En el Perú existe una propuesta para otorgar una remuneración mínima a las mujeres dedicadas al trabajo doméstico.

No conozco esta medida pero, en general, no estoy de acuerdo con estas propuestas porque no se trata de dar unos pocos soles a las mujeres que realizan trabajos domésticos. Necesitamos políticas públicas que reduzcan el trabajo en casa para las mujeres, como licencias de paternidad para los hombres, quienes tienen también derecho de tener tiempo libre para estar con sus hijos y colaborar con el cuidado de ellos; o mejorar la infraestructura para que las madres no demoren cinco horas en llevar a su hijo enfermo a un centro médico.

¿Es posible un futuro sin evasión y elusión tributaria?

Una medida necesaria es aumentar los recursos de las oficinas fiscales, que hoy no tienen la capacidad de competir con los abogados y contadores de las transnacionales. Desde mi punto de vista, necesitamos crear conciencia entre los empresarios y lograr un pacto fiscal social donde ellos participen. En caso contrario, siempre van a encontrar la forma de pagar menos impuestos.