Con la mayoría del equipo trabajando a distancia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) continúa con su labor de prevención del lavado de activos durante la Emergencia Nacional. “La lucha contra el lavado de dinero siempre tiene que ser prioridad, no se trata de reactivar la economía como sea”, declaró el jefe de esta entidad desde hace 11 años, Sergio Espinosa, a OjoPúblico en su primera entrevista con un medio nacional desde el inicio de la pandemia en marzo último.

Espinosa dijo que, por el Estado de Emergencia, la cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) emitidos por los sujetos obligados a la UIF han disminuido. Las cifras oficiales de esta unidad, revisadas por OjoPúblico, detallan que entre marzo y julio de este año las entidades susceptibles de ser infiltradas por el lavado de dinero han emitido 2.724 ROS, una cifra menor en 41% con respecto al año pasado, en el mismo periodo de tiempo.

Aún así, la Covid-19 ha ocasionado el incremento de operaciones sospechosas vinculadas a presuntos casos de corrupción. Uno de los sectores de riesgo durante la Emergencia son las compras públicas, según dijo Espinosa, por la “fuerte presión por comprar rápido, sobre todo medicamentos”. El jefe de la UIF agregó que el riesgo de lavado durante la crisis se extiende al comercio electrónico, el transporte de dinero y el tráfico de especies naturales.

Las cifras de la UIF además subrayan un aumento de los ROS vinculados al presunto financiamiento del terrorismo. Solo entre junio y julio de este año se han emitido 32 alertas a la UIF, lo que representa un incremento del 700% con respecto al año anterior, en el mismo periodo. Estos ROS están vinculados a 28 ciudadanos y empresas distintas, aunque la totalidad de las alertas fueron emitidas por una sola notaría, según precisó la UIF.

Un tercer delito que registra un incremento en los ROS reportados es la minería ilegal. Este año se han emitido 455 alertas asociadas a esta actividad ilícita desde enero de 2020. De este grupo, 197 ROS fueron emitidos por una sola agencia de aduana en el mes de julio. Estos centenares de ROS apuntan a una sola empresa exportadora de oro desde Perú, y cada reporte obedece a una sola exportación, según precisión de la UIF.

"La revelación de la lista de beneficiarios de Reactiva Perú no viola el secreto bancario".

En el contexto de la pandemia, OjoPúblico detectó que la banca entregó préstamos del plan Reactiva Perú a empresas bajo sospecha, como la firma legal de Horacio Canepa, procesado por el Caso Lava Jato; NIISA Corporation, cuyo gerente general fue sentenciado en primera instancia por colusión; y Petro Royal, cuya dueña es una empresaria investigada por presunto lavado de minería ilegal, entre otras. Ambos beneficiarios están vinculados a los sectores calificados como de riesgo por la UIF durante la pandemia.

El sistema financiero entregó créditos en el marco del plan Reactiva Perú a investigadas por los Casos Lava Jato y Panama Papers, o incluidas en reportes de la UIF. En dichas situaciones, ¿considera que hubo errores en la aplicación de los manuales antilavado?

No necesariamente un banco está en capacidad de saber si hay una investigación fiscal o un informe de la UIF, o si otro banco ha reportado a un cliente común, por ejemplo. Hay otros casos que son públicos por alguna noticia. En estos hay que ver, primero, las condiciones de Reactiva Perú. Luego ver el criterio en la aplicación de los manuales y motivos por los cuales un banco decide prestarle dinero, por ejemplo, a una persona que reportaron en el pasado. Un ROS no es una denuncia, y un banco puede emitir reportes porque hay indicios clarísimos de un delito, o porque solo hay algo raro. Tenemos también el otro lado de la moneda: bancos que no quieren trabajar con alguien con investigaciones archivadas por la Fiscalía.

Por ejemplo, algunos beneficiarios de Reactiva tienen investigaciones públicas, como el abogado Horacio Cánepa (Caso Lava Jato), o ciudadanos mencionados en los Panama Papers.

Hoy en día, debido a las normas tributarias y antilavado, las empresas tienen que trabajar con los bancos, no les queda otra. Sin embargo, un banco puede decidir no trabajar con alguien que apareció en los Panama Papers o cualquier otro reportaje. ¿Qué pasa con una empresa que no encuentra un banco con el cuál trabajar? Si decimos que una empresa no puede trabajar con un banco por estar investigada, estamos anticipando condena y el futuro económico de la empresa. El banco tiene que ser muy cuidadoso. No digo que deba ser libre, para nada, pero el mero hecho de estar investigado debe ser evaluado por el banco, y no será necesariamente el único factor que determina la entrega de un crédito.

Por otro lado, hay bancos que emitieron préstamos de Reactiva Perú a personas jurídicas que fueron reportadas como sospechosas a la UIF por ellos mismos en el pasado. ¿Un ROS no es suficiente argumento para negar un préstamo bancario?

El hecho de que un banco emita un ROS no impide al cliente reportado tener relaciones con el banco en el futuro. El ROS agrega una línea más en la información del cliente, una línea que puede ser pequeña o grande dependiendo del contenido del reporte. Los bancos tienen que evaluar al cliente en cada caso concreto, porque hay ROS profundos y llenos de información, y otros que solo apuntan a una transacción.

REACTIVA. El Banco de Crédito entregó préstamos de este programa a 10 empresas bajo sospecha de la Unidad de Inteligencia Financiera, Fiscalía y Poder Judicial.

Foto: Leslie Searls

La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) es la encargada de verificar la información presentada por los beneficiarios de Reactiva Perú. ¿Hubo alguna coordinación entre esta entidad con la UIF?

No, pero volvemos al tema de la naturaleza de la información. Si Cofide pide cruzar la lista de beneficiarios con los reportados, no puedo hacerlo porque es confidencial. Además, si Reactiva Perú excluyera a las empresas con un ROS sería peligroso, porque supone que todos los ROS están bien hechos y tienen información concluyente, y esa no es la realidad necesariamente. Hay ROS que sí lo son, pero otros reportan a Juan Pérez porque salió en un programa de televisión. No tienen mayor contenido. Nosotros estamos trabajando desde hace tiempo con el sector financiero, sobre todo, para mejorar la calidad de los ROS.

¿El Ministerio de Economía y Finanzas no pudo solicitar un cruce con sus informes de inteligencia? El Congreso tiene esa potestad, por ejemplo, y sus informes hacen un filtro de los ROS en base a su calidad.

El Congreso lo puede hacer solo a través de una comisión investigadora, y si la persona sobre la cual me están pidiendo la información es uno de los investigados. La legislación regula qué entidades tienen acceso a información de la UIF, y esta no lo permite [en el caso de Reactiva Perú]. Si lo permitiera, hay que discutir para qué se va a usar esa información. Insisto: puede haber un caso con admisión de culpa anticipada como en Lava Jato, pero en la mayoría de los casos vamos a tener discusiones en curso entre la Fiscalía y el defendido.

Da la impresión de que la UIF está atada de manos con su información: recibe ROS de entidades que, en algunos casos, no están bajo su supervisión; y elabora informes que no puede ejecutar, solo remitir al Ministerio Público.

No diría que eso es estar atado de manos. Es una garantía del sistema. Las investigaciones del Ministerio Público tienen una serie de mecanismos de garantía, en los que interviene el Poder Judicial, y eso genera un adecuado balance. Sí hay otros problemas. Si recibimos un ROS del “Banco A”, la UIF no puede revisar si el ciudadano reportado tiene cuentas en el “Banco B” porque hay secreto bancario. Eso sí es una atadura de manos.

"La sanción [contra bancos] tiene que ser más cara que la infracción, las sanciones tienen que ser disuasivas".

Un sector de la política argumenta que la publicación del listado de beneficiarios de Reactiva Perú, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, es una violación del secreto bancario.

La revelación de la lista de beneficiarios de Reactiva Perú no viola el secreto bancario. En el Perú, el secreto bancario está definido en función de las operaciones pasivas: están cubiertas las cuentas de una persona, pero no los préstamos. Por eso existen las centrales de riesgo. Esa información no forma parte del secreto bancario en el Perú desde hace más de 20 años.

Otra de las prerrogativas que no tiene la UIF es la supervisión y sanción a bancos. Sin embargo, en 20 años, la SBS, que sí tiene dicha competencia, solo ha sancionado 17 veces a estas entidades financieras por deficiencias antilavado.

Cuando la UIF se integró a la SBS el 2007 [en el gobierno de Alan García], una de las discusiones fue si la supervisión de los temas antilavado debía centrarse en la UIF. Se decidió que no fuera así porque la UIF tenía a cargo un montón de sujetos obligados pequeños, difíciles de monitorear, y eso ya implicaba suficiente esfuerzo. El número de sanciones de la SBS es un tema que se estudia desde hace tiempo, y hay grupos internos de trabajo para proponer mejoras.

Hay que tener en cuenta que el hecho de conocer hoy un caso de lavado, no significa que el banco falló en el momento. Por ejemplo, Gerald Oropeza tenía una cobertura en el sistema bancario a través de una empresa que prestaba servicios incluso al Estado. Entonces, no había suficiente información sobre otras actividades. Otro problema son los máximos que establece la ley para las sanciones, que son muy bajos en comparación con estándares internacionales.

El reglamento de infracciones señala multas hasta de 200 UIT.

Correcto. La sanción tiene que ser más cara que la infracción, las sanciones tienen que ser disuasivas; y para que lo sean no pueden ser de aproximadamente S/860 mil.

"Que un banco emita un ROS no impide al cliente reportado tener relaciones con el banco en el futuro".

Es decir, ¿las 200 UIT no son un monto disuasivo?

Depende del tipo de infracción y del supervisado. No es lo mismo un banco grande que una caja, una empresa de transferencia de fondos o una cooperativa. Pero el hecho de que el tope máximo para todo concepto sea 200 UIT queda muy corto. No quiere decir que a todos los casos vamos a aplicar este máximo, porque otro principio es que la sanción no puede quebrar a una entidad y sacarla del mercado. Claramente tenemos un techo muy bajo, que debe ser subido, independientemente del proceso interno que tiene que mejorar para que las sanciones se hagan en el plazo correspondiente.

Con 11 años como jefe de la UIF, usted podría decirnos si 16 sanciones contra bancos por deficiencias antilavado reflejan el accionar de estas entidades.

Es una buena pregunta. Si le dijera que no, entonces la pregunta sería: ¿cuántas hubieran sido las sanciones? Hay que distinguir el número y las circunstancias, y evaluar si las sanciones fueron pocas, pero potentes. Hay una serie de elementos para evaluar la política sancionadora, y el número es una de ella. No conozco el número ideal. Sí puedo decirle que hubo casos en los cuales yo hubiera esperado otra respuesta y no se dio, pero tampoco soy el dueño de la verdad, y puedo tener percepciones inclinadas hacia mi rol.

¿Ustedes emiten reportes sobre el accionar de entidades financieras?

Cuando tomamos conocimiento que un banco, por ejemplo, reportó un caso solo cuando salió en la prensa a pesar de haber tenido los elementos suficientes para alertar 18 meses atrás, yo mando un memorándum interno al área de riesgos de lavado de la SBS para que lo tengan en cuenta en su supervisión. También ocurre a la inversa: las áreas de supervisión nos envían información cuando, en su rol de supervisión, detectan alguna operación sospechosa.

En entrevistas anteriores ha mencionado que las offshore son un problema estructural. ¿Debió excluirse del rescate financiero a empresas con sedes en paraísos fiscales?

Si bien, desde la perspectiva de una UIF o una autoridad de impuestos, tener sede en estas jurisdicciones es complicado, también es cierto que la ley peruana no lo prohíbe. La solución legislativa que hemos adoptado es la creación de un registro de beneficiarios finales a cargo de la Sunat, que apunta a saber quién está detrás de una corporación en última instancia. Hay muchas razones para tener una empresa en una de estas jurisdicciones, y no necesariamente por un tema de impuestos o corrupción. El registro de beneficiarios finales no es público, solo estará a disposición de las autoridades. ¿Debería ser público en el futuro? Yo creo que sí.

¿En qué etapa se encuentra la implementación de este registro de beneficiarios finales?

El año pasado empezó la recolección de información por parte de la Sunat con los Principales Contribuyentes Nacionales (Pricos). Quedó pendiente integrar a los demás contribuyentes, pero empezó la pandemia y probablemente hoy no sea una prioridad, que es entendible.

Estamos en un proceso de reactivación económica. En ese sentido, ¿la lucha contra el lavado de activos tiene que ser prioridad durante una pandemia?

Siempre tiene que ser prioridad. No se trata de reactivar como sea. No debemos relajar las obligaciones en materia de prevención, de conocimiento del cliente. Además, debemos completar lo que nos falta en términos legislativos, que no es mucho, porque el Perú no tiene un problema de leyes antilavado más allá del tema del secreto bancario. Debemos operar más y mejor.