El Estado Peruano mantiene una dura campaña contra los defensores del medioambiente a través de denuncias penales, campañas difamatorias y un marco legal que favorece los desalojos forzosos, a la vez que celebra acuerdos para dar seguridad a las más importantes empresas de las industrias extractivas, según un informe de Amnistía Internacional publicado hoy.

La organización puso especial atención a los casos del proyecto Conga, en Cajamarca; Las Bambas S.A., en Apurímac y Cusco; y a la mina Tintaya en el Cusco.

"Una de las principales preocupaciones de la sociedad civil se debe a la percepción de falta de imparcialidad ya que la autoridad presta sus servicios a las empresas, en particular, en el contexto de manifestaciones públicas y protestas sociales", señala el informe titulado Una receta para criminalizar. "Como resultado de la prestación de dichos servicios han ocurrido diversas violaciones de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica".

Uno de esos casos se refiere a la detención del excalcalde provincial de Espinar, Óscar Mollohuanca Cruz. En mayo del 2012 Mollohuanca fue retenido por una treintena de policías sin orden judicial en el edificio municipal. Luego fue trasladado a un local policial instalado dentro del campamento minero Tintaya, y horas después fue enviado en helicóptero a la capital regional, Cusco. 

Según información del Ministerio del Interior citada por AI, la Policía Nacional ha suscrito 31 convenios para brindar seguridad a instalaciones estratégicas de empresas extractivas y de la industria de energía e infraestructura, pero no ha dado detalles específicos sobre cada uno.

Amnistía Internacional señala además que al menos 78 personas han muerto en los últimos cuatro años debido al uso indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para reprimir protestas en el país.

"En la mayoría de los casos no hay registro de progreso en la pesquisa sobre estas muertes ni se tiene conocimiento de que elementos policiales hayan sido suspendidos mientras se conduce la investigación", indica la organización. 

Por otro lado, recogió diversos casos en que defensores del medioambiente han sido hostilizados o acosados legalmente para neutralizar sus protestas. Entre esos casos se cuenta el de Máxima Acuña, acusada en su momento por usurpación de un terreno reclamado por la trasnacional minera Yanacocha. También se recoge el caso de César Estrada, comunicador y miembro de las rondas campesinas de Cajamarca, acusado inicialmente por secuestro y hurto agravado y luego por extorsión por una intervención de las rondas contra cuatro personas, en la que según diversas evidencias no participó. 

Uno de los casos más notorios señalados por AI es el de 16 líderes y lideresas sociales de Cajamarca denunciados por secuestro agravado, coacción y en un caso hasta de ultraje a los símbolos patrios en el contexto de las protestas contra el proyecto Conga.

"Tras acceder a algunos de los audios de las audiencias dentro del debate oral y público, Amnistía Internacional no pudo encontrar prueba alguna presentada por la Fiscalía que vinculara a las personas defensoras de derechos humanos con el crimen de secuestro o coacción", indica el reporte.

"El fundamento de las acusaciones de la fiscalía se restringía únicamente a testimonios de los propios agraviados y de otras personas que entraron en contradicciones, y de personal policiaco que admitió que no constató directamente la información presentada en el acta e incluso señaló que su fuente de
información eran 'infiltrados' en la marcha".

El informe también se refiere a situaciones parecidas en Paraguay, donde defensores de derechos humanos relacionados al territorio y el medioambiente han visto su defensa legal obstaculizada por la falta de acceso a sus propios expedientes judiciales.

Amnistía Internacional pidió el reconocimiento público de la legitimidad del trabajo de los defensores de derechos humanos relacionados al territorio y el medio ambiente, y que las autoridades de Perú y Paraguay dejen de usar indebidamente el sistema de justicia para hostigarlos y desacreditarlos. También reclamó acciones judiciales para los responsables de los ataques y amenazas que reciben de manera constante.