Un informe regional de la Electronic Frontier Foundation (EFF), creada en EE.UU. para proteger derechos de libertad de expresión y privacidad en la era digital, reveló que 12 gobiernos de Latinoamérica, incluido el peruano, han utilizado herramientas tecnológicas -en el marco de la lucha contra el crimen organizado en la región- para incrementar sistemas de vigilancia sobre sus ciudadanos y reprimir la oposición política de sus respectivos países.

La EFF, de acuerdos a los reportes hechos públicos hoy en inglés y español, cita a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y a la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro) como órganos vinculados a casos públicos de seguimiento ilegal e interceptación de las comunicaciones en Perú. Además menciona el Decreto Legislativo 1182 (llamada Ley 'Stalker') que amplía los poderes de la policía para acceder sin orden judicial a la ubicación de cualquier usuario de teléfono en tiempo real.

Las tecnologías de vigilancia masiva estatal en Latinoamérica van desde sofisticados artefactos de escucha telefónica, simuladores de torres -que interceptan señales de celulares imitando torres de redes móviles- hasta malware, un tipo de software que se utiliza para invadir el ordenador del usuario, recopilando información sensible y accediendo a los sistemas privados de las computadoras.

MAPA DE VIGILANCIA. Los reportes de la Electronic Frontier Foundation sobre la vigilancia masiva en Latinoamérica.

“La gran cantidad de comunicaciones que creamos y la facilidad con la que pueden recolectarse, permiten que los gobiernos realicen una vigilancia sofisticada y sean capaces de crear perfiles de nuestras vidas, incluyendo nuestras condiciones médicas, puntos de vista políticos y afiliaciones religiosas”, dijo a Ojo-Publico.com la abogada Katitza Rodríguez, Directora Internacional de Derechos de la EFF y coautora de algunos de los reportes.

"Las comunicaciones que creamos permiten que los gobiernos sean capaces de crear perfiles de nuestras vidas"

Los reportes regionales de la EFF –que repasan los diferentes contextos políticos de Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México- indican que en Perú existe un “forado en las garantías al derecho a la privacidad” por el Decreto Legislativo 1182 del 2015. Esta norma, emitida en el gobierno de Ollanta Humala, permite que la policía exiga a cualquier operadora (Telefónica, Claro, Entel, Bitel y Virgin Mobile) el acceso a los datos de localización de celulares u otros dispositivos electrónicos.

La EFF además presenta un reporte que compara las legislaciones de países latinoamericanos sobre vigilancia de comunicaciones privadas y en cada caso destaca los retos y debilidades. En el caso del Perú, el informe fue elaborado por el abogado Miguel Morachimo de la ONG Hiperderecho.

“Cada Constitución en Latinoamérica reconoce el derecho a la privacidad, pero la mayoría de países de la región no lo implementan. Al mismo tiempo, las normas que autorizan la vigilancia o que ordenan la retención de datos son adoptadas sin ninguna discusión ni aporte del público y en secreto”, indica el informe de la EFF, que además alertó sobre la necesidad de reformas legales urgentes para frenar la vigilancia masiva en América Latina.

Texto: Nelly Luna Amancio

PORTADA: Recreación de interceptación telefónica. AméricaTv.