Seis de los 19 partidos que participan en las elecciones presidenciales del 10 de abril han incluido propuestas puntuales para investigar y combatir los casos de elusión tributaria y la fuga de capitales a los principales paraísos fiscales del mundo sin pagar impuestos en el Perú.
Ojo-Publico.com, que reveló el papel del congresista Luis Iberico en el bloqueo de la Norma XVI, la principal medida legislativa antielusión, revisó los 19 planes de gobierno de los candidatos y halló que solo Peruanos por el Kambio, Alianza Popular, Todos por el Perú, Perú Posible, Acción Popular y Perú Nación han propuesto medidas para frenar esta práctica empresarial.
El resto de partidos no consideró importante incluir este tema en sus planes de gobierno aun cuando el jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Martín Ramos Chávez, dijo el año pasado -en la reunión de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI)- que el Perú “viene trabajando a fin de enfrentar con éxito las prácticas elusivas que realizan las empresas multinacionales”.
JUNTA DEL BM Y FMI. A la derecha, el jefe de la Sunat, Martín Ramos, en la reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional realizada en Lima el 2015. Allí aseguró que el Perú estaba luchando contra la elusión.
Una de las organizaciones que no hace ninguna referencia sobre el tema es Fuerza Popular de Keiko Fujimori, la puntera en las encuestas electorales. Ayer lunes, en el Foro Anticorrupción que organizó la ONG Proética, se le preguntó cuál era su posición sobre la Norma XVI debido a que uno de los integrantes de su partido, el congresista Luis Galarreta, también apoyó a Iberico en el bloqueo de la medida antielusiva en el 2014.
Fujimori solo dijo: “El congresista Galarreta se está uniendo a nuestras filas recién este mes y la posición que él tuvo en la Comisión de Economía, imagino, es una posición personal. Ahora que él está formando parte de nuestro partido político vamos a coordinar como debe ser (…) Por parte de nosotros existirá la firme convicción de que estos proyectos de ley sean viables”.
Lo mismo ocurre con Alianza para el Progreso de César Acuña, socio político de Iberico. En las 97 páginas de su plan de gobierno solo hace referencia a “erradicar la evasión tributaria” como una forma de mejorar “la administración pública afectada por actos de corrupción”.
Sin embargo, ambos temas no tienen relación: la evasión tributaria es la forma ilícita de no pagar impuestos, trabajando sin Registro Único de Contribuyente (RUC), falsificando comprobantes de pago o usando a proveedores fantasmas, entre otros, pero no es un delito vinculado a la actividad de funcionario púbico.
Los que sí se acordaron
Pedro Pablo Kuckzynski, de Peruanos por el Kambio, sí plantea metas para luchar contra la elusión tributaria, como priorizar el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), espacio que promueve políticas económicas y sociales entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Una de estas es “asegurar la adopción de los instrumentos fijados en el marco del Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios”, propuesta hecha por esta organización contra lo que conocemos como elusión tributaria. Según la OCDE, esta práctica genera pérdidas de entre 100.000 y 240.000 millones de dólares anuales en el mundo.
Alfredo Barnechea, de Acción Popular, también aborda el tema en su plan de gobierno. El candidato plantea una reforma para ampliar la base tributaria y la recaudación fiscal para “alcanzar en el mediano plazo el 22% del PBI y en el largo plazo el 30% del PBI”, y dice que para ello se compromete a “reducir la elusión tributaria, evitar la evasión fiscal y combatir el contrabando”, entre otras medidas. Y Alejandro Toledo, de Perú Posible, escuetamente propone ampliar el número de contribuyentes con “la reducción sustancial de la evasión y elusión”.
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Julio Guzmán, de Todos por el Perú, detalla una lista de propuestas para reformar el rol coercitivo de la Sunat y remarca que esta institución tiene que estar al servicio del ciudadano por lo que debe respetar sus derechos “salvo que haya indicios de elusión o evasión... las facultades que más privan las libertades del contribuyente no pueden usarse indiscriminadamente”, dice en su plan de gobierno. En este sentido promete “reforzar los convenios ya suscritos, así como la cooperación interinstitucional, con el fin de detectar las operaciones sospechosas realizadas desde o hacia paraísos fiscales”.
Alan García, de Alianza Popular, resume en su plan de gobierno las propuestas anteriores. Coincide en que es “imperativo aumentar la base tributaria con medidas que eliminen la evasión y elusión, en línea con las recomendaciones de la OCDE y con medidas amigables para las pequeñas empresas, y en general para todas las personas que generan su propio empleo, con una Sunat al servicio del contribuyente”. Francisco Diez Canseco, de Perú Nación, también plantea la “adopción de medidas innovadoras destinadas a desmotivar la elusión y evasión tributaria”, pero no especifica cuáles serían estas.
El problema de la elusión es grave para el país. Solo el 2013, la Sunat revisó aleatoriamente 187 transacciones hechas entre empresas nacionales y filiales en el extranjero el 2013, y encontró que en 27 de estas se había eludido tributos por un valor de US$105 millones.